Javier Milei se refirió este miércoles al debate parlamentario por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre. El mandatario aseguró que “cumplirá con la ley” si el Congreso finalmente extiende la norma, que está en discusión en la Cámara de Diputados.

“Vamos a cumplir la ley como venimos haciendo. Si implica que alguna partida tiene que subir, reasignaremos. No nos corremos un ápice de la ley”, respondió Milei en una entrevista con Neura cuando le preguntaron directamente qué hará el Gobierno si la extensión se aprueba.

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso en 2025 para actualizar el nomenclador que fija cuánto cubre el Estado por las prestaciones y terapias a personas con discapacidad, frente al desfasaje que esos valores acumularon con la inflación. La norma había sido vetada por el Gobierno, pero el Congreso insistió y logró que se promulgara igual. Con la ley cerca de su vencimiento, el próximo diciembre, la oposición impulsa una prórroga para evitar un vacío legal.

Las declaraciones del Presidente se conocieron el mismo día en que la Cámara de Diputados retomó el debate en un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. La sesión de comisión este miércoles estuvo atravesada por el proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno envió al Congreso la noche anterior y que incluye modificaciones a la propia ley de emergencia: elimina el artículo 7 bis, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores según la inflación, y cambia el esquema del nomenclador único, de modo que cada obra social o prepaga podría fijar sus propios aranceles en lugar de un valor universal.

Milei no habló sobre esos cambios que ahora propone el Gobierno en el Presupuesto 2027. El proyecto también reemplaza el criterio de discapacidad basado en el modelo social de derechos humanos por uno de “invalidez laboral”, elimina al Certificado Único de Discapacidad como vía directa de acceso a las pensiones y establece la incompatibilidad absoluta entre cobrar una pensión por discapacidad y tener un trabajo.

La oposición pidió eliminar ese capítulo del Presupuesto, al considerar que “disuelve el sistema de protección de las personas con discapacidad”, en palabras del diputado Juan Marino, quien remarcó que la intención original era llegar a un dictamen por unanimidad sobre la prórroga y que los cambios presupuestarios complicaron ese escenario. El oficialismo mostró divisiones internas: las diputadas libertarias Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado venían trabajando en un proyecto propio que buscaba superar el sistema actual, pero quedó en contradicción con lo planteado en el Presupuesto del Ejecutivo.

Presupuesto 2027: la oposición alertó que el Gobierno quiere aplicar recortes en Discapacidad

Los cambios también generaron sorpresa entre los aliados del Gobierno: legisladores de Pro, la UCR e Innovación Federal señalaron que la modificación “cambia completamente la discusión”, y desde Pro consideraron innegociables tanto la actualización automática del nomenclador como el pago de la deuda acumulada con los prestadores, que supera los $340.000 millones. Desde Provincias Unidas advirtieron además sobre los riesgos legales de que la emergencia caduque sin una prórroga aprobada.

El plenario de comisiones no arribó a un dictamen este miércoles y quedó fijada una nueva reunión informativa para el 23 de septiembre, fecha en la que se buscará cerrar un texto consensuado antes de que la ley vigente pierda vigencia a fin de año.

Javier Milei, Discapacidad

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El Gobierno decidió modificar el procedimiento para acreditar los controles de salud y escolaridad vinculados con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con el nuevo sistema, la información será enviada desde ahora en forma directa a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por los organismos estatales que cuentan con esos registros, para automatizar el trámite que habilita el cobro del 20% retenido de la prestación.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, fue publicada hoy en el Boletín Oficial, y alcanzará a los titulares con hijos de entre 5 y 17 años. El cambio busca reemplazar, en la mayoría de las situaciones, la acreditación presencial en papel por un intercambio directo de datos entre organismos públicos.

En concreto, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación enviarán a ANSES la información sobre el cumplimiento de los controles sanitarios y la escolaridad. El traspaso se realizará mediante un sistema de intercambio seguro entre organismos. Con esos datos, el organismo previsional podrá verificar si se cumplieron las condiciones necesarias para habilitar el cobro del porcentaje retenido de la AUH.

La modificación apunta a simplificar una gestión que hasta ahora podía exigir que el titular reuniera la documentación correspondiente y la presentara ante ANSES. Con el esquema que impulsa Capital Humano, la comprobación deberá resolverse automáticamente cuando la información requerida figure en las bases oficiales de Salud y Educación.

El eje de la medida está puesto en el 20% retenido de la AUH. Para cobrar ese monto, los beneficiarios deben acreditar el cumplimiento de las condiciones vinculadas con la salud y, en las edades correspondientes, con la escolaridad. El Gobierno busca que esa verificación deje de depender, como regla general, de los certificados aportados por las familias y pase a realizarse con registros que el Estado ya posee.

Precisiones del cambio de ANSES

El funcionamiento previsto parte de que cada organismo aportará los datos que produce y administra. La Secretaría de Educación informará sobre la condición de escolaridad y el Ministerio de Salud hará lo propio con los controles sanitarios. ANSES recibirá esa información y realizará el cruce necesario para determinar si los requisitos quedan acreditados.

De esa manera, cuando los datos estén correctamente registrados y puedan asociarse al titular correspondiente, la persona no tendrá que acercarse a una oficina de ANSES para presentar documentación. El trámite quedará resuelto a partir de la comunicación entre las distintas dependencias de la administración nacional.

Capital Humano presentó el cambio como parte de una política de modernización administrativa. La cartera que encabeza Pettovello sostiene que el mecanismo permitirá simplificar las gestiones de los titulares de la AUH, reducir los pasos presenciales y evitar que los ciudadanos entreguen al Estado documentación que ya obra en poder de organismos públicos.

Otro de los objetivos planteados por el Ministerio es mejorar la calidad de la información utilizada para validar el cumplimiento de los requisitos. Al tomar los datos directamente de las fuentes oficiales, el sistema busca reducir errores durante la certificación o la carga manual y limitar el margen para posibles irregularidades.

La eliminación del trámite en papel, sin embargo, no será absoluta. El Gobierno dejó prevista una vía alternativa para los casos en los que el cruce automático no permita comprobar el cumplimiento de las condiciones. Si la información no aparece en las bases, es incompleta o el sistema no logra validarla, el titular conservará la posibilidad de presentar la documentación de manera presencial ante ANSES.

Ese mecanismo funcionará como respaldo para evitar que una falla en el intercambio de datos o la ausencia de un registro impida completar el trámite. En esas situaciones, el beneficiario podrá utilizar el procedimiento habitual y acreditar personalmente la información necesaria.

Por lo tanto, el nuevo esquema tendrá dos vías. La principal será automática y se basará en el intercambio de información entre Salud, Educación y ANSES. La segunda continuará siendo presencial y quedará disponible para los casos en los que el sistema no pueda verificar los datos de manera directa.

La medida se concentra en los titulares con hijos de entre 5 y 17 años, la franja etaria señalada por Capital Humano para este procedimiento. Allí se cruzarán las dos condiciones contempladas en el anuncio: los controles de salud y la escolaridad. El cambio no modifica la vigencia de esos requisitos, sino la forma en que se acreditarán ante ANSES para completar el cobro del monto retenido.

Desde el punto de vista administrativo, la decisión traslada una parte del trámite desde el ciudadano hacia el Estado. La persona dejará de actuar como intermediaria entre organismos cuando la información pueda obtenerse de manera directa a través de los sistemas oficiales. La expectativa del Gobierno es que esa integración reduzca tiempos, evite traslados y elimine presentaciones innecesarias.

La puesta en marcha del sistema dependerá de que los datos puedan compartirse e identificarse correctamente entre los organismos. Cuando el cruce sea exitoso, el cumplimiento de las condiciones quedará acreditado de forma automática. Cuando no lo sea, seguirá disponible la presentación tradicional ante ANSES.

Con esta modificación, el Ministerio de Capital Humano busca que el cobro del 20% retenido de la AUH se apoye cada vez más en el intercambio interno de información estatal. La intención es que Salud, Educación y ANSES integren un mismo circuito de validación, con menos intervención del beneficiario, menos documentación en papel y una comprobación directa sobre los registros oficiales.

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