El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmará para fines de septiembre o principios de octubre que las elecciones provinciales se desdoblarán y se adelantarán respecto a los comicios nacionales, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. En principio, las fechas que se están barajando son de abril a mayo.

La última elección a gobernador se realizó el 7 de mayo de 2023. El actual mandatario resultó electo con el 64% de los votos. La anterior se concretó el 2 de junio de 2019 y en esa oportunidad, Oscar Herrera Ahuad se impuso con el 72,4% de los sufragios. La excepción de estos últimos años fue 2015. En aquel entonces, Misiones votó en forma simultánea con la Nación. Fue el primer mandato de Passalacqua que se impuso con el 63,8%. Maurice Closs ganó en 2011 con el 75% de los votos en una elección hecha el 26 de junio.

En la provincia no hay primarias. Cada fuerza determina su oferta electoral. De allí que reste poco margen para completar todos los pasos institucionales que permiten armar una lista y presentarla. Además, se deben confeccionar los padrones y cumplir con otros pasos formales.

Hasta ahora, son nueve las provincias que han dejado en claro su determinación de desdoblar su elección de los comicios nacionales. Tucumán votará el 9 de mayo. Salta haría lo mismo entre el 16 y el 23 de ese mes. Chubut evalúa ir a las urnas entre julio y agosto, mes en que podría convocar Neuquén.

Santa Fe, en tanto, estudia aún una fecha entre el 13 de junio y el 5 de septiembre. Chaco realizará sus comicios en la segunda quincena de septiembre. Tierra del Fuego tiene mandato constitucional de votar en forma separada 90 días antes de la culminación del actual período. Mendoza anticipó que desdoblará, pero no fijó fecha aún.

El escenario

En Misiones hay dos espacios bien definidos. Uno es el Movimiento de Passalacqua, donde está el 95% de la estructura de lo que fue el Frente Renovador de la Concordia, hegemónico desde principios de siglo hasta su disolución hace unos meses. La otra es La Libertad Avanza, que quedó como segunda fuerza en la elección legislativa provincial y ganó la nacional del año pasado.

El escenario se completa con emprendimientos personales o alianzas transitorias que cumplen su rol opositor, pero no están en condiciones de discutir el poder.

La decisión va de la mano con la estrategia electoral que sigue el gobernador Passalacqua desde la ruptura con Carlos Rovira, quien fuera el hombre fuerte de Misiones durante 20 años. El mandatario provincial quiere ser reelecto, pero viene de una mala experiencia en las legislativas de 2025.

Ahora juega con el tiempo a su favor. Con el sostén de una red de intendentes que también quieren repetir y tras haberse quedado con el 95% de la estructura del oficialismo, cuanto antes se vote, menos margen tendrá la oposición para armarse.

LLA lanzó hace un mes su escuela de dirigentes. El presidente Javier Milei la apoyó en persona. Habrá que ver si el movimiento alcanza para juntar nombres que permitan jugar con las reglas misioneras. En la tierra colorada, gran parte de la elección se define en las intendencias donde se sufraga con ley de lemas.

En este sistema, el sublema que sume más votos de un lema acumula los de los demás. Los libertarios saben que deben presentar al menos dos propuestas en cada ciudad importante para enfrentar al aparato provincial. En cuanto a alianzas con otros espacios, la evaluación que hacen en LLA Misiones es que todavía es “muy prematuro”. Hubo y hay reuniones, pero nada cerrado.

¿Quién enfrentará a Passalacqua? El nombre saldrá de los referentes con mayor relevancia en la provincia. Uno es el legislador provincial Adrián Núñez, presidente del partido misionero. El otro es el extenista Diego Hartfield, actual diputado nacional.

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Javier Milei se refirió este miércoles al debate parlamentario por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre. El mandatario aseguró que “cumplirá con la ley” si el Congreso finalmente extiende la norma, que está en discusión en la Cámara de Diputados.

“Vamos a cumplir la ley como venimos haciendo. Si implica que alguna partida tiene que subir, reasignaremos. No nos corremos un ápice de la ley”, respondió Milei en una entrevista con Neura cuando le preguntaron directamente qué hará el Gobierno si la extensión se aprueba.

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso en 2025 para actualizar el nomenclador que fija cuánto cubre el Estado por las prestaciones y terapias a personas con discapacidad, frente al desfasaje que esos valores acumularon con la inflación. La norma había sido vetada por el Gobierno, pero el Congreso insistió y logró que se promulgara igual. Con la ley cerca de su vencimiento, el próximo diciembre, la oposición impulsa una prórroga para evitar un vacío legal.

Las declaraciones del Presidente se conocieron el mismo día en que la Cámara de Diputados retomó el debate en un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. La sesión de comisión este miércoles estuvo atravesada por el proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno envió al Congreso la noche anterior y que incluye modificaciones a la propia ley de emergencia: elimina el artículo 7 bis, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores según la inflación, y cambia el esquema del nomenclador único, de modo que cada obra social o prepaga podría fijar sus propios aranceles en lugar de un valor universal.

Milei no habló sobre esos cambios que ahora propone el Gobierno en el Presupuesto 2027. El proyecto también reemplaza el criterio de discapacidad basado en el modelo social de derechos humanos por uno de “invalidez laboral”, elimina al Certificado Único de Discapacidad como vía directa de acceso a las pensiones y establece la incompatibilidad absoluta entre cobrar una pensión por discapacidad y tener un trabajo.

La oposición pidió eliminar ese capítulo del Presupuesto, al considerar que “disuelve el sistema de protección de las personas con discapacidad”, en palabras del diputado Juan Marino, quien remarcó que la intención original era llegar a un dictamen por unanimidad sobre la prórroga y que los cambios presupuestarios complicaron ese escenario. El oficialismo mostró divisiones internas: las diputadas libertarias Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado venían trabajando en un proyecto propio que buscaba superar el sistema actual, pero quedó en contradicción con lo planteado en el Presupuesto del Ejecutivo.

Presupuesto 2027: la oposición alertó que el Gobierno quiere aplicar recortes en Discapacidad

Los cambios también generaron sorpresa entre los aliados del Gobierno: legisladores de Pro, la UCR e Innovación Federal señalaron que la modificación “cambia completamente la discusión”, y desde Pro consideraron innegociables tanto la actualización automática del nomenclador como el pago de la deuda acumulada con los prestadores, que supera los $340.000 millones. Desde Provincias Unidas advirtieron además sobre los riesgos legales de que la emergencia caduque sin una prórroga aprobada.

El plenario de comisiones no arribó a un dictamen este miércoles y quedó fijada una nueva reunión informativa para el 23 de septiembre, fecha en la que se buscará cerrar un texto consensuado antes de que la ley vigente pierda vigencia a fin de año.

Javier Milei, Discapacidad