POLITICA
Caso $LIBRA: dos entidades piden que se indague a Milei por negociaciones incompatibles con la función pública
Horas después de que el lobista Mauricio Novelli pidiera el apartamiento de los inversores afectados de la “causa $LIBRA”, dos entidades reconocidas como “amicus curiae” en el expediente penal solicitaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que llame a indagatoria al presidente Javier Milei por la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) sostuvieron que la Justicia puede -y debe- avanzar sobre la actuación presidencial, aun cuando persistan medidas de prueba pendientes vinculadas con la trazabilidad del dinero que se encuentran demoradas por limitaciones técnicas y presupuestarias del Ministerio Público Fiscal.
“A fin de evitar la prolongación de demoras innecesarias, se solicita que se deslinde el objeto procesal, a fin de preservar la investigación penal relacionada con la eventual participación del Sr. Presidente de la Nación ante la hipótesis de configuración del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”, indicaron Inecip y Cipce, en un escrito firmado por sus directores, Julián Alfie y Pedro Biscay.
El planteo de las entidades se apoyó, además, en estándares de celeridad procesal y en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra la corrupción, que —según señalaron— imponen una “debida diligencia reforzada” para evitar dilaciones que puedan derivar en escenarios de impunidad.
Tras sostener que “se han podido reunir múltiples elementos probatorios sobre la razonabilidad de citar a prestar declaración indagatoria” al jefe de Estado, Inecip y Cipce afirmaron que esas evidencias permiten sostener la hipótesis de un interés directo del Presidente en negocios privados vinculados a tecnologías de criptoactivos.
El planteo de los “amicus curiae”, que deberán evaluar el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Martínez de Giorgi, se presentó horas después de que Novelli solicitara la exclusión del expediente de los inversores que habían sido aceptados como querellantes. Argumentó que, transcurridos más de 15 meses desde el inicio de la pesquisa, no lograron acreditar una estafa ni su condición de víctimas.
Novelli planteó una “excepción de falta de acción”, al afirmar que la investigación judicial “se ha convertido en un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria, sin identificar una falsedad concreta, un error típico o una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño”. Según el lobista, durante el último año y medio no se logró identificar “una sola afirmación objetivamente falsa” atribuible a él, a Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy o al presidente Milei, entre otros.
Para el Inecip y el Cipce, sin embargo, esa interpretación resulta incompatible con la evidencia reunida hasta el momento, que —según indicaron— surge de informes técnicos, peritajes sobre dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y otras fuentes incorporadas al expediente.
Tras repasar esos elementos, los amicus curiae argumentaron que la intervención del Presidente en la gestación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, mediante un posteo en su cuenta de la red social X, “no se habría limitado a la mera reproducción de información de acceso público, sino que podría haber implicado un grado de vinculación o conocimiento previo que debe ser esclarecido en el marco de la presente investigación”.
Entre los elementos mencionados figura un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip), que analizó metadatos de una imagen hallada en el teléfono de Novelli con la frase en inglés “hola muchachos, este es el acuerdo final tal como se discutió con H.””. Según los amicus, ese texto detallaba un acuerdo por unos US$ 5 millones que incluía un pago atado a que Milei anunciara como su asesor a Hayden Davis en la red social X y otro por la firma del presidente y el estadounidense de un contrato de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para el Gobierno.
Complicaciones
El otro informe mencionado por los “amicus curiae” es de la Superintendencia de Investigaciones Federales (Dirección General de Cibercrimen) de la Policía Federal, que concluyó que $LIBRA tuvo “un origen único” en la red Solana, con una asignación inicial concentrada en una sola dirección, lo que evidenciaría “control primario absoluto” por parte de un actor no identificado.
A partir de ese dato, Inecip y Cipce sostuvieron que la dirección del contrato difundida por Milei el 14 de febrero no se encontraba disponible previamente en circuitos públicos, lo que —según plantearon— constituye un indicio de acceso anticipado a información relevante, lo que refuerza la necesidad de avanzar sobre las responsabilidades del presidente . En otras palabras, llamarlo a indagatoria.
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POLITICA
El Gobierno suma una función a Cancillería: alinear la política exterior al reclamo por Malvinas
El Gobierno oficializó este viernes la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. La medida busca regular las acciones de todos los organismos públicos que puedan incidir en las relaciones internacionales de la Argentina y reforzar la postura diplomática sobre la soberanía de las islas Malvinas.
A través del Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció que todas las dependencias de la Administración Pública Nacional deberán informar al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre cualquier reunión, comunicación, negociación o acuerdo con autoridades extranjeras u organismos internacionales.
La norma toma como sustento la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” sobre el archipiélago y fija su recuperación como un objetivo “permanente e irrenunciable” del Estado.
El esquema normativo dispone que cada área estatal designe a un enlace institucional para canalizar los datos hacia Cancillería. En caso de detectar actividades que puedan afectar la política exterior, se podrán formular advertencias y recomendaciones “debidamente fundadas”.
Además, las jurisdicciones podrán pedir la asistencia de diplomáticos del Servicio Exterior de la Nación para participar en gestiones estratégicas, mientras que quedan excluidas de este control las gestiones puramente financieras ante bancos multilaterales.
La postura sobre Malvinas
La instrumentación del nuevo mecanismo se conecta con las medidas que anunció el presidente Javier Milei durante una cadena nacional emitida desde el Salón Blanco de la Casa Rosada.
En su mensaje, el mandatario advirtió sobre las operaciones de exploración petrolera en el Atlántico Sur y cuestionó la falta de acatamiento británico a las resoluciones internacionales. También denunció el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la plataforma continental argentina.
“Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días”, declaró Milei al respecto.
En ese marco, el Gobierno anunció la ampliación de recursos para el Ministerio de Defensa, destinados a construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
En el plano legislativo, el Ejecutivo enviará un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar la norma 26.659 y sancionar a las firmas sin autorización. Esta iniciativa contempla también la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la inclusión de declaraciones juradas obligatorias en trámites de hidrocarburos y en el RIGI.
Finalmente, como parte de las acciones diplomáticas, el país envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 gobiernos involucrados en proyectos no autorizados dentro de la zona en disputa, tal como informo .
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POLITICA
Causa Sueños Compartidos: hoy se conoce el veredicto contra los hermanos Schoklender, De Vido y José López por presunto desvío de fondos
Hoy se conocerá el veredicto del juicio por el caso Sueños Compartidos. El Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py resolverá si condena a los nueve acusados por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de casas sociales, entre ellos los exfuncionarios Julio De Vido y José López y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. La Fiscalía pidió penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de $206 millones.
La audiencia comenzará a las 9:30 y los acusados podrán hablar por última vez ante los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Después de ese momento, el tribunal definirá el horario en el que dará a conocer el veredicto. El juicio oral lleva seis meses y llega ahora a su etapa decisiva.
El fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron que los nueve acusados sean condenados por administración fraudulenta agravada contra la administración pública. Para Sergio y Pablo Schoklender, De Vido, López y el exfuncionario Abel Fatala solicitaron seis años de prisión.
Para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin pidieron cuatro años. En el caso de los exfuncionarios, además, reclamaron inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los acusadores también solicitaron el decomiso de bienes por $206 millones, el monto que, según la investigación, fue desviado de los fondos destinados al programa. La Fiscalía pidió que esa cifra se actualice por inflación cuando la sentencia quede firme y que el dinero sea destinado a programas de viviendas sociales.
Qué pasó con los fondos de Sueños Compartidos
La causa investiga la ruta del dinero que el gobierno de Cristina Kirchner envió entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales. En ese período se giraron cerca de $900 millones para el programa Sueños Compartidos.
La acusación sostiene que unos $206 millones fueron desviados. Parte de ese dinero, según la investigación, habría terminado en empresas vinculadas a los hermanos Schoklender, que eran los apoderados del programa.
Leé también: Sergio Schoklender pidió ser absuelto en la causa Sueños Compartidos y negó el desvío de fondos a través del programa de viviendas
Las obras se llevaron adelante en distintos puntos del país, entre ellos la ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza. Sin embargo, muchas casas no llegaron a construirse y también hubo trabajadores que no cobraron sus salarios o a quienes no se les hicieron los aportes correspondientes.
Quiénes están acusados
Además de los hermanos Schoklender, entre los principales acusados están Julio De Vido, que fue ministro de Planificación Federal, y José López, exsecretario de Obras Públicas. También están imputados exfuncionarios nacionales y autoridades vinculadas con el área de vivienda de Santiago del Estero.
La investigación apunta a determinar qué responsabilidad tuvo cada uno en el manejo y destino de los fondos. El programa dependía de contrataciones de obra pública para levantar viviendas y hospitales en diferentes provincias.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que existió un esquema coordinado entre funcionarios nacionales y los responsables de Sueños Compartidos. Según el fiscal Velasco, los hermanos Schoklender accedieron a obras mediante contrataciones directas y luego parte de los fondos habría sido desviada.
Qué dijeron las defensas
Las defensas pidieron la absolución de todos los acusados. Uno de sus principales argumentos fue que la causa está prescripta y que, por ese motivo, no corresponde una condena.
El tribunal deberá analizar ahora los argumentos de las partes y determinar si los hechos investigados quedaron probados. También tendrá que establecer, en caso de una condena, qué responsabilidad corresponde a cada uno de los acusados.
El expediente tiene además un segundo tramo por presunto lavado de dinero. Esa investigación apunta al supuesto recorrido de parte de los fondos que fueron desviados y a su llegada a empresas vinculadas con los hermanos Schoklender.
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POLITICA
“¿Dónde está Kicillof?”: Patricia Bullrich cruzó al gobernador por la inseguridad en la Provincia
Un violento asalto a un comisario mayor retirado en El Palomar desató un duro enfrentamiento en redes sociales entre la senadora Patricia Bullrich y el ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso.
La legisladora cuestionó duramente al gobernador Axel Kicillof y criticó el fallo judicial que frenó el nuevo Régimen Penal para adolescentes, advirtiendo que los menores “quedarían libres por la locura de la jueza garantista”.
En su publicación, Bullrich arremetió contra la gestión provincial al preguntar “¿Dónde está Kicillof?” y exigir respuestas sobre la inseguridad, señalando que el mandatario ignora los reclamos porque los ciudadanos “viven con miedo, rodeados de violencia y terror”.
7:14 AM, dejando a su hija en la escuela y termina herido por el tiro de un delincuente.
El colmo: si son menores, quedarían libres por la locura de la jueza garantista.
¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de…
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 10, 2026
Por su parte, Javier Alonso le respondió con dureza a la exministra, exigiéndole explicaciones y cuestionando la falta de transferencias financieras. El funcionario provincial sentenció que las autoridades nacionales “no gestionan, no invierten, no les importa el prójimo”, limitándose a la confrontación digital.
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