POLITICA
Caso $LIBRA: dos entidades piden que se indague a Milei por negociaciones incompatibles con la función pública

Horas después de que el lobista Mauricio Novelli pidiera el apartamiento de los inversores afectados de la “causa $LIBRA”, dos entidades reconocidas como “amicus curiae” en el expediente penal solicitaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que llame a indagatoria al presidente Javier Milei por la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) sostuvieron que la Justicia puede -y debe- avanzar sobre la actuación presidencial, aun cuando persistan medidas de prueba pendientes vinculadas con la trazabilidad del dinero que se encuentran demoradas por limitaciones técnicas y presupuestarias del Ministerio Público Fiscal.
“A fin de evitar la prolongación de demoras innecesarias, se solicita que se deslinde el objeto procesal, a fin de preservar la investigación penal relacionada con la eventual participación del Sr. Presidente de la Nación ante la hipótesis de configuración del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”, indicaron Inecip y Cipce, en un escrito firmado por sus directores, Julián Alfie y Pedro Biscay.
El planteo de las entidades se apoyó, además, en estándares de celeridad procesal y en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra la corrupción, que —según señalaron— imponen una “debida diligencia reforzada” para evitar dilaciones que puedan derivar en escenarios de impunidad.
Tras sostener que “se han podido reunir múltiples elementos probatorios sobre la razonabilidad de citar a prestar declaración indagatoria” al jefe de Estado, Inecip y Cipce afirmaron que esas evidencias permiten sostener la hipótesis de un interés directo del Presidente en negocios privados vinculados a tecnologías de criptoactivos.
El planteo de los “amicus curiae”, que deberán evaluar el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Martínez de Giorgi, se presentó horas después de que Novelli solicitara la exclusión del expediente de los inversores que habían sido aceptados como querellantes. Argumentó que, transcurridos más de 15 meses desde el inicio de la pesquisa, no lograron acreditar una estafa ni su condición de víctimas.
Novelli planteó una “excepción de falta de acción”, al afirmar que la investigación judicial “se ha convertido en un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria, sin identificar una falsedad concreta, un error típico o una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño”. Según el lobista, durante el último año y medio no se logró identificar “una sola afirmación objetivamente falsa” atribuible a él, a Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy o al presidente Milei, entre otros.
Para el Inecip y el Cipce, sin embargo, esa interpretación resulta incompatible con la evidencia reunida hasta el momento, que —según indicaron— surge de informes técnicos, peritajes sobre dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y otras fuentes incorporadas al expediente.
Tras repasar esos elementos, los amicus curiae argumentaron que la intervención del Presidente en la gestación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, mediante un posteo en su cuenta de la red social X, “no se habría limitado a la mera reproducción de información de acceso público, sino que podría haber implicado un grado de vinculación o conocimiento previo que debe ser esclarecido en el marco de la presente investigación”.
Entre los elementos mencionados figura un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip), que analizó metadatos de una imagen hallada en el teléfono de Novelli con la frase en inglés “hola muchachos, este es el acuerdo final tal como se discutió con H.””. Según los amicus, ese texto detallaba un acuerdo por unos US$ 5 millones que incluía un pago atado a que Milei anunciara como su asesor a Hayden Davis en la red social X y otro por la firma del presidente y el estadounidense de un contrato de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para el Gobierno.
Complicaciones
El otro informe mencionado por los “amicus curiae” es de la Superintendencia de Investigaciones Federales (Dirección General de Cibercrimen) de la Policía Federal, que concluyó que $LIBRA tuvo “un origen único” en la red Solana, con una asignación inicial concentrada en una sola dirección, lo que evidenciaría “control primario absoluto” por parte de un actor no identificado.
A partir de ese dato, Inecip y Cipce sostuvieron que la dirección del contrato difundida por Milei el 14 de febrero no se encontraba disponible previamente en circuitos públicos, lo que —según plantearon— constituye un indicio de acceso anticipado a información relevante, lo que refuerza la necesidad de avanzar sobre las responsabilidades del presidente . En otras palabras, llamarlo a indagatoria.
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POLITICA
Habló la periodista española que fue atacada por Milei cuando le hizo una pregunta

El paso del presidente Javier Milei por Madrid generó un particular revuelo en España. No sólo cargó contra su par Pedro Sánchez, con quien nunca se reunió, sino que discutió e insultó a periodistas por preguntas respecto a temas como la ausencia de encuentros con aliados políticos suyos en plena campaña electoral y el estancamiento económico en la Argentina.
La agresión que más llamó la atención en la prensa española fue contra Julia Molina, periodista política de Cadena SER, la radio más escuchada del país ibérico, y quien le había preguntado a Milei si su visita resultaba “incómoda para el Partido Popular y para Vox”. A lo que el presidente argentino, con tono altanero y agresivo, respondió: “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”.
En diálogo con , Molina, que está en ese medio desde hace nueve años, relató su experiencia. “Había mucha expectativa por Milei; es un personaje muy polémico que viene a las puertas de las elecciones [de noviembre]. Además, nos interesaba mucho qué relación llevaba con el Partido Popular y VOX (dos partidos opositores), que parece que han intentado no sacarse una foto con él”, introdujo.
“No puedo saber por qué le pareció mal mi pregunta, porque creo que fue pertinente dentro del debate que se estaba dando en España sobre la forma en la que se estaban comportando el PP y VOX”, agregó Molina, quien formó parte de una guardia periodística en la salida del Real Casino de Madrid, tras el desayuno organizado por Nueva Economic Forum.
La pregunta de la cronista respondía al hecho de que el líder del partido derechista VOX, Santiago Abascal, se excusó de recibir a Milei al aducir actos de campaña en el norte de España, aunque luego se saludaron por videollamada. Y hasta último momento estuvo en duda un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que finalmente lo recibió en una reunión privada.
Por otro lado, insistió en que los dirigentes políticos de España no insultan al periodismo, como sí suele hacer Milei en discursos y mensajes en redes sociales. “Yo soy periodista política y nunca recibí un insulto personal por parte de un dirigente, sea del partido que sea”, marcó Molina.
La foto con dirigentes del PP y VOX podría no ser bien vista por los españoles, ya que Milei pregona políticas de fuerte ajuste que provocaron consecuencias negativas sobre los salarios y el consumo. “Hay parte del discurso de Milei que no encaja con el votante español. Cuando habla de motosierra y de cortar fondos públicos, eso en España está muy arraigado, como la salud, las jubilaciones, incluso para el votante de derecha. Entonces, sus palabras pueden meter a estos partidos en problemas antes de las elecciones”, consideró.
En las oportunidades que tuvo para interactuar con periodistas o responder preguntas escritas, el Presidente profirió más insultos, dardos y cuestionamientos. Entre los destinatarios estuvo un cronista de La Sexta, que le había preguntado por aquellos argentinos que no llegan a fin de mes. “¿Vos podés vivir diez días sin comer y sin beber? Eso es un eslogan barato para afectar a la institucionalidad. Es tan así que después salieron a aclarar que en realidad uno lo que puede tener son privaciones, entonces ahí lo que tenés que mirar es el indicador de pobreza. Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”, le espetó Milei.
Durante el desayuno, los cronistas pudieron enviar preguntas por escrito para que Milei las respondiera. “Los periodistas nos sorprendimos al escuchar palabras tan duras contra colegas argentinos, pero tampoco nos esperábamos que fuese a arremeter contra nosotros cuando lo recibimos a la salida”, completó Molina en diálogo con este medio.
Al llegar el turno de una pregunta del diario Clarín, que también mencionó la supuesta frialdad de Vox y el PP ante su visita, el Presidente llenó de críticas al diario y a la periodista que la había formulado. “¿Esta pregunta quién la hizo? Seguro que un periodista argentino, porque son muy precarios y la lógica no les suele funcionar. Trabajan con falacias, por eso vamos a pasarle la oportunidad al hombre que no es argentino”, dijo para evitar responder algunas de las consultas durante el foro.
Cuando el presentador quiso retomar el hilo de lo que venía diciendo, Milei le pidió: “Repetímela bien, así les contesto a los corruptos de Clarín. Es un medio corrupto, lleno de periodistas corruptos, que además son mentirosos seriales. Un medio que se puso de acuerdo con un conjunto de delincuentes políticos para voltear un gobierno y que le licúe la deuda. Y que además hizo una ley de medios y además modificó la ley de sociedades para perjudicar a los tenedores”.
Por otro lado, Miguel González, periodista de El País, fue desplazado a la fuerza mientras intentaba grabar las respuestas del Presidente. Los cronistas de y Clarín, que intentaban obtener esa información, tampoco fueron admitidos en la ronda del libertario ante algunos canales de televisión españoles.
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POLITICA
Diputados debate la ley de inviolabilidad de la propiedad privada mientras siguen las negociaciones por Discapacidad

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con un temario atravesado por proyectos sensibles para el Gobierno: endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras.
La oposición había impulsado esos asuntos y el oficialismo convocó una sesión propia para tratarlos, en un escenario donde el número para el quórum y las votaciones aparece ajustado.
Minutos antes de que comenzara la sesión, se conoció una negociación abierta entre el oficialismo, los aliados e incluso el peronismo para aprobar por consenso una nueva ley de Discapacidad.
Se espera un largo debate, de más de 16 horas.
Negocian cambios en Discapacidad
Apenas comenzó el debate por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada muchos diputados de todos los bloques se pararon y se retiraron del recinto.
Esto no tuvo nada que ver con una decisión de vaciar el recinto o de irse a almorzar ya que se fueron a los despachos del último piso del Palacio Legislativo para tratar de acordar un proyecto de ley en Discapacidad. “Si hay acuerdo, se adelanta el tema” que hoy está en el anteúltimo lugar, dejaron trascender.
El acuerdo que se está trabajando es si el oficialismo acepta todos los pedidos del diputado nacional por Misiones y presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad. “Si el oficialismo aceptan todo lo que pide Oscar hay que acompañarlo y en todo caso pelear que saquen el recorte del Presupuesto”, señaló un diputado del peronismo. “Si se acepta todo cuando vayamos a debatir presupuesto se cambia ahí”, señaló un diputado de LLA.

Las conversaciones están centradas en los puntos que pide el misionero. En el caso de las pensiones no contributivas (artículos 5° y 6°) sustituye el artículo 9° de la Ley 13.478. Mantiene los requisitos para acceder a la pensión: Certificado Único de Discapacidad (CUD), DNI, ciudadanía argentina (o residencia de cinco años para extranjeros), ingresos netos inferiores a dos salarios mínimos vitales y móviles, no estar amparado por otro régimen previsional y aprobar una evaluación socioeconómica. El monto de la prestación equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio.
El otro punto es que Financiamiento (artículo 7°). El gasto se afronta con partidas del Ministerio de Salud. Si el crédito no alcanza, se cubre con compensación presupuestaria desde la Jefatura de Gabinete de Ministros, que deberá garantizar la continuidad inmediata de las prestaciones. Se fija que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior en términos reales al del ejercicio anterior.

Además, pide que se mantenga la compatibilidad laboral (artículo 9°). La pensión es compatible con un vínculo laboral formal mientras los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. Si se supera ese monto, opera la suspensión automática, pero el beneficiario puede solicitar la rehabilitación inmediata al finalizar el vínculo laboral o si sus ingresos bajan.
Si hay acuerdo, existe la posibilidad que el proyecto obtenga una muy buena cantidad de votos con el fin de mandar un fuerte señal al Ejecutivo que se opone al proyecto que presentó su propio bloque en Diputados.
Distintas organizaciones se manifiestan en la Plaza del Congreso a la espera de que se debata la nueva ley.
El oficialismo defendió el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada
Con una referencia a una leyenda sobre Alejandro Magno y citas de San Agustín, Santo Tomás de Aquino y John Locke, el diputado Santiago Santurio defendió como miembro informante el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
“Violar la propiedad privada y su discusión viene de los griegos, y está mal si lo hace un grupo de individuos o la fuerza”, afirmó. También sostuvo que “el límite del Estado es importante para el goce de los derechos de los ciudadanos” y planteó que el poder público debe garantizar esa protección.
Durante su exposición, Santurio destacó los cambios previstos en materia de expropiaciones. Señaló que el Estado no puede avanzar “de manera caprichosa” y propuso establecer “parámetros claros” para declarar un bien de utilidad pública, reducir el perjuicio sobre la propiedad privada y garantizar una indemnización acorde con el valor del bien.
Sobre los desalojos, afirmó que, ante la ocupación de un inmueble, el derecho del propietario debe ser restituido con rapidez. “El respetar la propiedad privada debe ser una política de estado, para garantizar que no la sacar ni un delincuente ni un burócrata de turno”, concluyó.
Por el dictamen de minoría, se anotaron los diputados Diego Giuliano, Maximiliano Ferraro y Martín Lousteau para plantear una alternativa a la iniciativa del oficialismo.
Minuto de silencio por luto
La Cámara rindió homenaje a Alberto Frade, padre de la diputada Mónica Frade, tras conocerse su fallecimiento.
Los legisladores se pusieron de pie y realizaron un minuto de silencio como símbolo de luto.
Se desestimaron planteos sobre pymes, universidades, ciencia y riesgo climático
El diputado Gerardo Martínez, de Unión por la Patria, pidió tratar como apartamiento de reglamento un paquete de proyectos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. La moción fue rechazada: obtuvo 114 votos afirmativos y 122 negativos.
Por otro lado, Mariela Coletta, de Provincias Unidas, propuso modificar la Ley de Administración Financiera, en medio de cuestionamientos al uso de esa norma para no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El pedido fue rechazado con 122 votos afirmativos y 116 negativos.
El diputado Diego Giuliano, de Unión por la Patria, solicitó tratar un proyecto de gestión integral del riesgo climático asociado al fenómeno de El Niño. La propuesta prevé un plan de prevención con actualización anual y prioridades definidas para el país. La votación registró 124 votos afirmativos y 113 negativos.
La diputada Adriana Serquis, de Unión por la Patria, pidió el apartamiento del reglamento para girar a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva el expediente 2988-2026, respaldado por 35 firmas. El proyecto establece condiciones para la sostenibilidad y protección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) e incluye una recomposición presupuestaria no inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. La moción fue rechazada con 117 votos afirmativos y 123 negativos.
El debate por la emergencia pediátrica: rechazado
Otro pedido de apartamiento del reglamento fue impulsado el del diputado Pablo Yedlin (UP), para tratar la prórroga de la emergencia pediátrica, cuya vigencia vence este miércoles 21 de octubre. La iniciativa contempla la exención del Impuesto a las Ganancias para las guardias médicas y la asignación de fondos para los hospitales pediátricos, incluido el Hospital Garrahan.
La diputada Silvana Guidici (PRO) sostuvo que no es necesario votar una prórroga de la emergencia pediátrica porque el Presupuesto ya contempla recursos para el área. Durante su intervención, realizó una defensa de la inversión prevista por el Gobierno, lo que generó rechazos de Claudia Palladino (UP) Romina del Plá (FIT-PO).
La votación concluyó con 125 afirmativos y 117 negativos, por lo que fue rechazado el apartamiento.
Se rechazaron pedidos por la Ley Segovia y el FAL
Al inicio de la sesión, el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) pidió un apartamiento del reglamento -que requiere una mayoría agravada de tres cuartos de los votos emitidos – para tratar la denominada “Ley Segovia”, una iniciativa impulsada por legisladores de distintos bloques. El proyecto toma su nombre de Yamila Segovia, una abogada que durante años promovió la búsqueda del padrastro de su hermana, acusado de haber abusado de ella cuando era menor de edad.
El imputado, Alberto Martín del Valle, permaneció prófugo durante más de 14 años, lo que abrió un debate judicial sobre una posible prescripción de la causa. La propuesta busca modificar el artículo 67 del Código Penal para establecer que el plazo de prescripción se interrumpa mientras el acusado permanezca rebelde, prófugo o tenga una orden de captura vigente, en casos de delitos sexuales contra menores y en determinadas situaciones de trata de personas.
La solicitud se rechazó con 121 votos a favor y 120 en contra. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, reiteró su compromiso de que la semana que viene citaría a su comisión para iniciar el tratamiento del tema.
Otra de las solicitudes fue retirar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), sancionado durante la reforma laboral, solicitado por la diputada Vanesa Siley. La discusión se centró en si la votación debía realizarse de forma nominal.
Durante el debate, y fuera de micrófono, Siley le gritó al presidente de la Cámara, Martín Menem: “Son burros”.
La moción fue rechazada con 111 votos afirmativos y 126 negativos.
Minutos antes de que comenzara la sesión, los periodistas Maru Duffard y Federico Mayol anticiparon que podría cerrarse un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para aprobar una nueva ley de Discapacidad consensuada.
“El peronismo está analizando los cambios que pidieron los aliados y el Gobierno estaría dispuesto a aceptar en términos de pensiones por discapacidad y nomencladores”, informó Mayol en Infobae en Vivo.
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POLITICA
Gils Carbó fue indagada en el juicio por la compra del edificio de la Procuración

La exprocuradora Alejandra Gils Carbó fue indagada este martes en el juicio oral por presuntas irregularidades en la compra, realizada durante su mandato, del edificio de la Procuración General de Perón 667, en el centro porteño.
Gils Carbó, acusada del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, pidió que se leyera su declaración indagatoria de 2017, dijeron fuentes judiciales, y no respondió preguntas del fiscal Marcelo Colombo ni de los jueces del Tribunal Oral Federal 8.
En aquel descargo, la exprocuradora negó haber tenido participación en la presunta maniobra para direccionar aquella licitación y apuntó contra Guillermo Bellingi, quien se desempeñaba como subdirector general de Administración de la Procuración y había tenido intervención en el proceso de contratación.
Bellingi, que murió antes del comienzo del juicio, era mediohermano del productor de seguros Juan Carlos Thill, que cobró una comisión de $3 millones por su intervención en la operatoria.
El juicio comenzó el 22 de septiembre. Investiga la adquisición, en 2013, del edificio donde funciona actualmente la Procuración General. Según la acusación, a cargo del fiscal Colombo, el proceso de contratación fue direccionado para beneficiar a la empresa vendedora, Arfinsa, mediante una maniobra que permitió el pago de comisiones millonarias a intermediarios privados.
Arfinsa pagó una comisión de $7,7 millones a la inmobiliaria Jaureguiberry por su intervención en la compraventa, y esta, a su vez, transfirió poco más de $3 millones a Thill por supuestas tareas de asesoramiento.
Los investigadores sostienen que el productor de seguros había tenido acceso anticipado a información sobre los pliegos y las fechas de la licitación a través de su medio hermano, que intervenía en el procedimiento de contratación desde la Procuración.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Eduardo Taiano, quien en julio de 2017 pidió la indagatoria de Gils Carbó cuando ella todavía era su jefa.
Junto con Gils Carbó son juzgados otros tres acusados: Thill, Bárbara Jaureguiberry, representante de la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, y Adrián González Fischer, exdirectivo de Arfinsa, la empresa propietaria del inmueble.
Todos llegaron a juicio acusados de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Como abogada, la exprocuradora Gils Carbó defiende en el juicio oral por los cuadernos de las coimas al empresario Gerardo Ferreyra, exvicepresidente y accionista de Electroingeniería.
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