POLITICA
Caso Siemens: los nexos judiciales que salvaron a los Corach

A pesar de que ejecutivos alemanes de la empresa Siemens declararon en 2013 haber pagado coimas, el exministro Carlos Corach y otros exfuncionarios involucrados fueron beneficiados en reiteradas oportunidades por la Justicia. El juez Ariel Lijo procesó a los empresarios alemanes por los sobornos, pero nunca indagó a los menemistas como contraparte de ese mismo delito y archivó el caso sin contemplar las apelaciones de distintos organismos del Estado. Ahora se suma que la aparición de US$16 millones en poder de Corach, que reveló ayer , no fue aceptada como prueba dentro del expediente conocido como el caso Siemens.
Los ejecutivos alemanes habían entregado la prueba ante la fiscalía de Múnich: una nota manuscrita que indicaba que Carlos Menem y Corach (por sus siglas) habían recibido US$16 millones y US$9,75 millones cada uno por habilitar el millonario contrato para hacer los nuevos DNI.
Pero hubo más inconsistencias en el expediente: el fiscal Eduardo Taiano fue cuestionado por su inacción hasta que dejó el caso y, en su última resolución, el juez Lijo rechazó en marzo incluir los datos sobre el supuesto lavado de casi US$10 millones de los Corach que publicó ayer y el consecuente congelamiento de esos fondos.
¿Pero qué pasaba más allá del expediente? Los Lijo y los Corach eran algo más que juez y acusados: el exministro los recibía para los asados familiares en su casa del country Highland Park, compartían con su hijo Maximiliano -ahora funcionario público- vacaciones de verano en Punta del Este, pero también reuniones sociales en su departamento sobre Avenida del Libertador y hasta cumpleaños infantiles, según pudo reconstruir entre fuentes judiciales y documentos fotográficos.
Abril de 2005. El juez Lijo y el fiscal Eduardo Taiano, que ya estaban al frente del expediente que debía investigar a los exfuncionarios, compartían un cumpleaños familiar. Hubo bromas, sonrisas y familiaridad en los registros fotográficos que consiguió este medio. La relación más estrecha -por afinidad y por edad- se había forjado con el hijo menor de los Corach, otro de los denunciados por el lavado que estaría vinculado al caso Siemens.
Lijo apenas había desembarcado el año anterior en el Juzgado Federal Nº 4, después de desempeñarse como secretario letrado de la camarista Luisa Riva Aramayo, una mujer de máxima confianza para Corach dentro de la Justicia cuando era ministro del Interior.
Pero aun antes de ser juez las familias ya mantenían una relación social: el juez Lijo, su hermano Alfredo, el excamarista Gabriel Cavallo (entonces cuñado de Lijo) y Maximiliano Corach, entre otros, ya habían posado en una foto allá por septiembre de 2003 para celebrar el cumpleaños de Freddy, el operador judicial. Los Lijo y los Corach también se veían en Punta del Este, en la playa o para jugar a las cartas en el after. Ante la consulta de , desde el entorno del juez Lijo y el fiscal Taiano negaron mantener una relación con la familia Corach más que encuentros sociales «ocasionales».
El expediente
¿Qué pasó en el expediente? Más de 20 años después, el caso está a punto de extinguirse. Mientras en Alemania y en Estados Unidos la Justicia encontró pruebas por los sobornos de Siemens, la acusación contra los funcionarios nunca prosperó en la Argentina. La Oficina Anticorrupción (OA) hizo numerosos pedidos para indagar a los exfuncionarios, pero el juez consideró que las solicitudes eran «arbitrarias e infundadas».
La Cámara Federal le llamó la atención a Lijo al entender que había hecho una interpretación «antojadiza» de la prueba y le encomendó que citara a indagatoria a los exfuncionarios. Pero el juez sostuvo que no era posible esclarecer la identidad de los exfuncionarios que recibieron coimas, cuyas iniciales aparecen en esa nota manuscrita, «ya que sus nombres están cubiertos por la confidencialidad del acuerdo entre los acusados y el abogado» en Estados Unidos. Pero con ese material, en cambio, procesó a los empresarios alemanes.
La acusación contra los exfuncionarios se debilitó más cuando el fiscal Taiano, en lugar de impulsar la investigación, avaló el pedido de Corach y sostuvo que el delito había prescripto. A pedido de la OA, Taiano se apartó del expediente. Sin fiscal, Lijo archivó el caso por falta de pruebas, una decisión ratificada por la Cámara. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas intentó mantener con vida el expediente y apeló el archivo, una decisión que está en manos de la Sala III de la Cámara de Casación.
El último movimiento de Lijo volvió a sorprender. La Unidad de Información Financiera (UIF) le entregó un informe con datos de inteligencia internacional que daba cuenta de la fortuna que manejaban los Corach fuera del país, y le advertían al juez que, por su correlación temporal, estaba vinculada con las coimas de Siemens. Pedía, además, una urgente cautela de los activos para un decomiso preventivo. Pero el juez rechazó el pasado 14 de marzo esos datos como prueba en el expediente al entender que la información sobre la red de sociedades offshore que la fiscalía especializada en lavado le atribuye a Carlos Corach -y que incluía a su hijo Maximiliano- no tenía vinculación con las coimas de Siemens.
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POLITICA
Amplio repudio empresario al fallo que absolvió a los jefes sindicales que bloquearon San Nicolás

Cámaras y asociaciones empresarias expresaron hoy su preocupación y repudio por el fallo judicial que esta semana absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo, acusado de haber bloqueado las instalaciones de la empresa Rey Distribución SRL y exigido dinero a sus propietarios.
Las entidades manifestaron su inquietud por el precedente que podría sentar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, que absolvió al sindicalista vinculado al gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano de los cargos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
El juez Alejandro López argumentó que el accionar del sindicalista se enmarcó en el ejercicio del derecho de huelga, a pesar de que la fiscalía había pedido condenarlo a diez años de prisión por varios delitos.
Sin embargo, los propietarios de Rey Distribución SRL, una firma de San Pedro dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados, denunciaron bloqueos ocurridos en 2021 y aseguraron haber sufrido extorsiones por parte del dirigente y otros referentes camioneros desde 2017.
“Constituye un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”, consideraron desde la Unión Industrial Argentina (UIA), en un comunicado difundido este viernes.
Desde el sector advirtieron que, aunque la sentencia del juez López “reconoce la existencia de medidas que impidieron el normal funcionamiento de la empresa”, finalmente se ampara en el derecho a huelga para eximir al sindicalista camionero.
En su sentencia, López argumentó que “no existe la posibilidad de que esos eventos [por los bloqueos] sean considerados típicos de los delitos acusados”.
Además de Cabaleyro, fueron juzgados y también absueltos los exempleados de la distribuidora Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo. Todos ellos acusados de turbación de la posesión.
En relación a ello, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) sostuvo que avalar estas prácticas “representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país”.
La entidad se encargó de reafirmar su “pleno respeto a los derechos laborales y a la huelga”, para luego enfatizar que “ningún reclamo puede justificar impedir el funcionamiento de una actividad productiva ni vulnerar el derecho al trabajo”.
Así, instaron a la Justicia a “aplicar la ley con equidad y revisar esta resolución, resguardando la convivencia, el diálogo y las garantías constitucionales de todas las partes”.
La UIA también ahondó en la importancia de la seguridad jurídica para sostener la actividad empresarial, promover inversiones y generar empleo formal. Y en ese marco, reclamó que “las instancias judiciales correspondientes revisen los alcances de esta sentencia, con pleno respeto por los procedimientos legales y las garantías de todas las partes”.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “más honda consternación” por la absolución del dirigente camionero y los otros seis sindicalistas acusados de bloquear la pyme en 2021, y cuestionó duramente la decisión de los magistrados.
“La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito”, sentenció la entidad.
“La CAC reconoce el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esto en modo alguno implica aceptar que, bajo una interpretación absolutamente deformada, se acepten accionares a todas luces contrarios a la ley y al sentido común”, advirtieron luego.
Pese a que la CAC admitió que revertir problemas estructurales como la elevada carga impositiva y las deficiencias de infraestructura requiere tiempo, aclaró que “la recuperación del imperio de la ley” no admite demora.
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Giro forzado del discurso de Milei frente a la realidad de la economía

La realidad de la economía está remodelando en estas horas el discurso libertario. Y resulta especialmente significativo el giro expuesto por Javier Milei. El cambio más evidente hace a los tiempos prometidos -imaginados- para coronar un crecimiento sin antecedentes históricos y de impacto social amplio, palpable. El oficialismo proyectaba que esos resultados iban a marcar este año, con proyección al 2027, y allanarían naturalmente el camino electoral del oficialismo. Ahora, posterga los tiempos mejores para el 2028 y trata de atarlos al plan reeleccionista.
Es normal o al menos repetido: cuando los números de la economía son negativos o insuficientes para los planes electorales, la política tiene que cubrir ese frente y, más, jugar para sostener expectativas, confianza. El primer paso en esa dirección es el alineamiento de la interna, que en el caso libertario cruje en continuado y coloca el foco de manera creciente en los resultados económicos.
Eso mismo abre un interrogante sobre a quién le habló el Presidente cuando salió a enfatizar su respaldo a Luis Caputo. Lo planteó como una respuesta a supuestos movimientos en el mundo empresarial -los mercados, en primer lugar- contra el ministro. Pero según la lectura que se hace en medios políticos supera ese destinatario.
Milei dijo que “quieren limar” al jefe de Economía, justo cuando el funcionario busca cerrar las tratativas con el FMI. El eco histórico parece claro, pero las circunstancias no son ni de lejos las que alimentaron operaciones de ese tipo en otras etapas. Y tampoco asoma una oposición que se imagine en los umbrales de la Casa Rosada y pueda mover fichas en el tablero internacional.
El origen del ruido es otro. Y el problema es que, en rigor, las demandas domésticas sobre la política económica no desaparecen a pesar de la dureza presidencial para rechazar cualquier planteo de esa naturaleza. Milei fue más que enfático ante funcionarios y legisladores. Y ni siquiera toleraría señalamientos sobre la necesidad de mejorar “la velocidad” con que se traducirían los “logros” para el común de la gente, bajo el imaginario según el cual la “macro” no impacta aún en la “micro”.
La única voz en público que expuso esa inquietud doméstica fue la de Patricia Bullrich. Otros lo dejan trascender. Pero la cuestión con la jefa del bloque de senadores violetas fue potenciada por un gesto de Milei, al convocarla para mantener un encuentro mano a mano que, por supuesto, no podía tener carácter reservado. Eso colocó a Bullrich en un escalón superior del oficialismo, por el peso que se le estaría reconociendo -más a allá de las tensiones con Karina Milei– y por la preocupación de Olivos frente al impacto externo de este tipo de señalamientos en las filas libertarias.
Milei, en público, busca reducir el tema a un problema de operaciones -externas al circuito violeta- para desgastarlo. Y en ese terreno, se desborda discursivamente y alimenta o genera inquietudes por cuenta propia.
Acaba de hablar de un tema especialmente sensible para desechar cualquier posibilidad de tormentas en el año electoral. Negó cualquier posibilidad de una “corrida” con el dólar, algo que economistas serios, no alineados con el Gobierno, descartan. Visto así, puso de hecho sobre la mesa una cuestión que no aparece como amenaza. Dejó dudas, sí, sobre la carga de la “bazuca” de dólares que -dijo- el Gobierno tendría para enfrentar intentos “desestabilizadores”. Habló en un momento de US$ 75.000 millones. Antes, la cifra mencionada por el Gobierno era de US$ 50.000 millones y últimamente, escaló a US$ 125.000 millones en las declaraciones del Presidemte.
No es el único tramo discursivo que alimenta interrogantes sobre la “estrategia comunicacional” del Gobierno, en sentido amplio, es decir, también gestual. Al hacer su defensa cerrada de Caputo, Milei dijo que tiene una relación “simbiótica” con el ministro y calificó como una “pelotudez del tamaño de una casa” suponer que pueda ser reemplazado.
Como es habitual, sostuvo que las especulaciones de ese tipo son parte de operaciones para desgastarlo. Pero ocurre que aún en esa hipótesis, surge que un ingrediente notable fue aportado por el propio Presidente, cuando decidió convocar al economista Alberto Ades para que exponga ante el Gabinete. Caputo no asistió a ese encuentro.
En un punto, la simbiosis con el ministro se produce. El giro forzado del discurso expone una doble coincidencia: la exposición del tema no sólo aquí sino además fuera del país y el plazo más dilatado para las promesas de una mejora “histórica” de la economía.
Milei lo dijo de diferente modo en declaraciones a la prensa y en sus últimos viajes a Nueva York, París y Washington. Caputo aprovechó también un tramo del encuentro del FMI, en Tailandia. El Presidente afirmó que el 2028 será el “mejor año económico de la historia” argentina, si logra su continuidad en las próximas elecciones. “Si el Gobierno es reelecto, el 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia”, redondeó el ministro.
El implícito de tales declaraciones es que el 2026 va a camino cerrar lejos de los pronósticos optimistas difundidos en el inicio del año. Quedan desdibujadas por completo previsiones incluidas en el actual Presupuesto: entre las más notables, la inflación anual de sólo el 10 por ciento y el crecimiento de 5 puntos porcentuales del PBI. Informes de consultoras privadas y, después, estimaciones del FMI y del Banco Mundial modificaron a la baja las predicciones en esos renglones. Y el INDEC agrega sus informes habituales.
Esta semana, el número más esperado fue el del IPC. El registro de la inflación de septiembre expuso una leve alza sobre agosto: 1,9% intermensual, es decir, dos décimas por encima del mes previo. Anota 33,4% interanual y 23,6% acumulado en nueve meses. El Gobierno dejó trascender cierto alivio porque la medición no superó otra vez los 2 puntos porcentuales, pero para algunos economistas parece difícil que se aleje sólidamente de esa marca.
Se suman algunos sobresaltos, como la trepada de precios mayoristas, que anotaron una suba del 3,2% en septiembre, atribuida sobre todo al incremento del petróleo y del gas. También se suceden números previsibles, como los de la producción industrial manufacturera, que marcó en agosto un repunte (1,9%) sobre el muy mal resultado de julio y expone una caída del 3,2% respecto del mismo mes del año pasado. La semana que viene, el foco estará puesto en el estimador de agosto sobre la evolución económica y en los informes sobre ventas en supermercados, mayoristas y shoppings.
Los números impactan sobre el discurso.
Corporate Events,Diplomacy / Foreign Policy
POLITICA
Sturzenegger y Santilli arremetieron contra la gestión de Kicillof, con vistas a la carrera presidencial de 2027

LA PLATA.– El gobierno nacional cuestionó en tandem al gobernador Axel Kicillof. Mientras el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, criticó la gestión provincial por el aumento del costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apuntó contra el mandatario bonaerense como eventual candidato para suceder en 2027 a Javier Milei.
Sturzenegger centró sus críticas en las condiciones de la VTV, el control mecánico para revisar los automotores que está centralizado en la provincia de Buenos Aires, mientras que fue desregulado en el orden nacional.
“Liberamos la VTV para que la puedas hacerla en cualquier taller, concesionaria, o con el service, condiciones que la Ciudad de Buenos Aires ya está instrumentando. Pero la Provincia de Buenos Aires dijo que no. Acá el resultado. Nada, para recordar el año que viene cuando votes en la provincia”, dijo Sturzenegger en las redes sociales.
Se refirió, así, al aumento del 1,6% en la tarifa del trámite que consta de una revisión del estado general del vehículo. El alza rige desde el jueves último. La actualización fue establecida por el Ministerio de Transporte bonaerense, a través de la resolución 361-MTRAGP-2026, publicada en el Boletín Oficial provincial.
Para los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos, la tarifa pasó de $ 97.057,65 a $ 114.105,99, con IVA incluido. La diferencia es de $ 17.048,34 por trámite. Ese valor constituye la tarifa básica del sistema y funciona como referencia para el resto de las categorías: motos, vehículos pesados, remolques y semirremolques.
Las nuevas tarifas se aplican en todas las plantas habilitadas en la provincia de Buenos Aires. La verificación es obligatoria para los vehículos registrados en este territorio y por tanto la ausencia del control vehicular, que incluye frenos, luces y neumáticos, es motivo de multas en las rutas bonaerenses.
El gobierno de Milei habilitó en junio un Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que habilita a talleres privados y concesionarias a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para ampliar la libertad de acción de los usuarios.
Pero la adhesión depende de cada provincia. Buenos Aires se mantiene con el sistema previo de revisión, que es regulado y controlado por el Estado provincial, que a su vez concesiona las plantas vehiculares.
La VTV no fue la única crítica que recibió Kicillof en las últimas horas de parte del gobierno nacional. Santilli acentuó sus cuestionamientos al gobernador, en su condición de posible candidato a presidente de la Nación en 2027.
En tanto, Kicillof se mostró con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; Santiago del Estero, Elías Suárez, y Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en la 2° Cumbre Federal de Logística, destinada a coordinar políticas para mejorar la infraestructura, la conectividad y la competitividad de las provincia, y llamó a construir un modelo alternativo al del presidente Milei.
La cita de los mandatarios provinciales tuvo lugar a instancias del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el Centro de Convenciones de la ciudad de Buenos Aires.
Santilli se anticipó a esa reunión y advirtió: “Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”.
En ese marco, Kicillof afirmó: “La logística cumple un papel fundamental en el desarrollo nacional; por eso no puede pensarse exclusivamente desde el Estado, ni únicamente desde el sector privado. Requiere de la articulación virtuosa y comprometida de todos los actores”.
“En este contexto tan complejo a nivel internacional, en el que todos los países buscan adaptarse a un nuevo escenario, la Argentina no puede privarse de tener un plan de infraestructura y logística”, sostuvo el gobernador.
Además, expresó: “En nuestra provincia impulsamos un plan histórico de infraestructura para potenciar la conectividad en todo el territorio, pero es indispensable construir una perspectiva nacional que garantice una Argentina más integrada y verdaderamente federal”. “Si no planificamos nuestro propio desarrollo de manera soberana, democrática y participativa, terminaremos subordinados a intereses ajenos por haber sido parte de la planificación de otros”, concluyó.
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