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Luego de que el Ministerio de Capital Humano intimara a los rectores de las universidades públicas nacionales a que detallen los planes de contingencia para garantizar el dictado de clases en medio de los paros docentes y no docentes, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, salió a responder.

“Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”, comenzó en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

Al mismo tiempo, sostuvo que el Gobierno Nacional “no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que, además, desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia”.

De la misma manera, Yacobitti señaló que “la garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente”.

Asimismo, aseguró que “las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes”. “Lo saben los 2 millones de estudiantes y toda la sociedad”, insistió.

Sobre el final, envió un mensaje al Ejecutivo: “No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones”. También ratificó la marcha del 12 de mayo y completó: “Vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina”.

El Gobierno intimó a las universidades a garantizar las clases y pidió planes de contingencia ante los paros

El planteo del Gobierno se formalizó a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, con foco en la continuidad del ciclo lectivo y el acceso de los estudiantes, a días de una nueva marcha federal universitaria.

En un comunicado oficial, la cartera que conduce Sandra Pettovello dijo que “observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país” y, en ese marco, pidió a las autoridades universitarias que presenten las medidas previstas para sostener el funcionamiento del sistema.

El requerimiento incluye que los rectores informen qué herramientas prevén implementar y como alternativas menciona las modalidades virtuales, reprogramaciones de clases y esquemas que contemplen a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza.

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Según el comunicado, el objetivo es que los estudiantes pierdan la regularidad y mesas de examen. También pone el foco en el rol de las autoridades universitarias ante los paros prolongados, al señalar que en algunos casos las medidas “abarcan semanas enteras”. La intimación apunta a que cada institución detalle cómo garantizará la continuidad en ese escenario.

Financiamiento y funcionamiento

El ministerio vinculó el planteo con el uso de los recursos públicos destinados a las universidades. En el comunicado sostuvo que “los recursos presupuestarios nacionales se encuentran orientados al cumplimiento de los fines educativos que la normativa vigente impone”.

A partir de esa premisa, advirtió que el sostenimiento financiero requiere como condición “la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”. La referencia aparece en un contexto de tensión con el sector universitario por el financiamiento.

El pedido del Gobierno se da mientras las universidades nacionales avanzan en la organización de una nueva movilización.

La protesta del 12 de mayo tendrá como eje el reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento sancionada por el Congreso. Desde el sector universitario plantean que la norma debe implementarse para garantizar salarios, becas y programas de investigación.

La convocatoria se presenta como la cuarta movilización del sector en lo que va de la actual gestión.

Ministerio de Capital Humano, Emiliano Yacobitti, universidades

El 1° de marzo y con la Asamblea Legislativa de testigo, el presidente Javier Milei vaticinó un año reformista compuesto por «nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales», que perseguían la intención de “rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina“. Sin embargo, a casi dos meses de aquella promesa, el Poder Ejecutivo se topó con algunos inconvenientes que demoraron los deseos del mandatario.

“Sacamos varios dictámenes. Tampoco es fácil armar una sesión. Somos 95 y los otros 34 requieren su esfuerzo”, planteó un legislador ante Infobae en referencia al esquema de apoyos en la Cámara de Diputados. “Uno se plantea objetivos o ideales a los que aspira, pero la realidad es compleja y no siempre se llega con todo. Cada reforma desde su concepción hasta su implementación implica un proceso largo y lleno de complicaciones”, sintetizó otra fuente libertaria en sintonía.

Desde el anuncio a la fecha, el Congreso solo trató -y aprobó- las modificaciones en la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, con 137 votos a favor y 111 en contra, tras la media sanción obtenida en el Senado durante el período de extraordinarias. A la sesión le sucedió el envío de varios proyectos, algunos que acumulan críticas de la oposición y los aliados como lo es la reforma electoral, y otros cuyos apoyos aún están en estudio.

“Glaciares nos llevó más tiempo del que queríamos, pero era importante sacarlo. Era muy difícil tratar otros temas en paralelo. Ahora viene el informe de Adorni y se nos despeja un poco para meter una segunda tanda”, graficó un integrante del oficialismo a este medio.

En estos casi dos meses, la administración libertaria debió afrontar una serie de sucesos que iniciaron la reedición de las diferencias internas entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, atenuadas durante el receso veraniego y la irrupción de la polémica que gira en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, producto de sus viajes y la adquisición de sus propiedades.

Asimismo, varios interlocutores del espacio admiten que los ruidos internos “complejizan” la situación, y otros tantos añaden el agravante de no contar con mayoría automática en ninguna de las cámaras, lo que obliga a revisar de manera individual cada voto y demora los tiempos. “La interna influye. En lo personal, me tiene un poco harto”, se expidió otra voz del ecosistema violeta.

Al respecto, uno de los integrantes de la mesa política rechazó que haya demoras en los plazos y habló de una decena de iniciativas “en estudio” que podrían accionarse en los próximos meses. “Tenemos 10 proyectos en estudio. No hay demora”, sentenció.

Casi a contramano, otro integrante del selecto grupo designado por Milei atribuyó la quietud a lo que definió como “la dinámica misma”, y expuso además un nuevo elemento marcado por el intenso cronograma de viajes legislativos convocado por las diferentes entidades. “Hay diversos factores que van desde la Argentina Week hasta los viajes de diputados propios y aliados organizados por RAP y AMCHAM en medio del período ordinario”, sostuvo ante este medio una voz del Gabinete.

En la administración libertaria se esperanzan con la reactivación de la actividad legislativa pasado el informe de gestión del jefe de Gabinete previsto para este miércoles 29 de abril al que asistirá el mandatario, pero además el grueso de los ministros. “Veremos cómo sale, calculo que se destraba post informe. Deberíamos poder sesionar hasta el Mundial”, afirmó un legislador a este medio.

Los planes diseñados por la Casa Rosada son ambiciosos e incluyen el envío al Senado de la Reforma Electoral, la Ley de Propiedad Privada, que modifica seis leyes; los cambios en la Ley de Salud Mental; el proyecto de Fraude de Pensiones por Invalidez; el que habilita un acuerdo de pago a los bonistas por el default del 2001; un abultado número de pliegos de jueces y diplomáticos; y la ley de Falsas Denuncias de la senadora Carolina Losada.

Mientras en Diputados esperan tratar la ley de Hojarasca, la adaptación de Financiamiento Universitario y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, uno de los tratados internacionales más importantes en la materia.

Luego de semanas complejas para la Casa Rosada, marcadas por los ruidos económicos, los sucesivos capítulos de la interna y la polémica de Adorni, los bloques aliados parecen plantarse con más fuerza y no esconden las diferencias. No sorprende que tanto el PRO, la Unión Cívica Radical, como gobernadores aliados de la tallada de Osvaldo Jaldo (Tucumán) hayan opuesto resistencia a los deseos del Ejecutivo de eliminar las PASO. Meses atrás, el escenario era otro.

En Balcarce 50 no solo buscan retomar la actividad en el Congreso para cumplir con la hoja de ruta trazada por Milei, quien aseguró tener al menos 10 proyectos por cartera, sino que intentan recuperar la fortaleza política que les permita volver a hacer frente a los reclamos de la oposición y acortar la distancia de los aliados.