POLITICA
Los factores que complican los deseos reformistas de Milei y los esfuerzos por motorizar la agenda legislativa

El 1° de marzo y con la Asamblea Legislativa de testigo, el presidente Javier Milei vaticinó un año reformista compuesto por «nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales», que perseguían la intención de “rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina“. Sin embargo, a casi dos meses de aquella promesa, el Poder Ejecutivo se topó con algunos inconvenientes que demoraron los deseos del mandatario.
“Sacamos varios dictámenes. Tampoco es fácil armar una sesión. Somos 95 y los otros 34 requieren su esfuerzo”, planteó un legislador ante Infobae en referencia al esquema de apoyos en la Cámara de Diputados. “Uno se plantea objetivos o ideales a los que aspira, pero la realidad es compleja y no siempre se llega con todo. Cada reforma desde su concepción hasta su implementación implica un proceso largo y lleno de complicaciones”, sintetizó otra fuente libertaria en sintonía.
Desde el anuncio a la fecha, el Congreso solo trató -y aprobó- las modificaciones en la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, con 137 votos a favor y 111 en contra, tras la media sanción obtenida en el Senado durante el período de extraordinarias. A la sesión le sucedió el envío de varios proyectos, algunos que acumulan críticas de la oposición y los aliados como lo es la reforma electoral, y otros cuyos apoyos aún están en estudio.
“Glaciares nos llevó más tiempo del que queríamos, pero era importante sacarlo. Era muy difícil tratar otros temas en paralelo. Ahora viene el informe de Adorni y se nos despeja un poco para meter una segunda tanda”, graficó un integrante del oficialismo a este medio.

En estos casi dos meses, la administración libertaria debió afrontar una serie de sucesos que iniciaron la reedición de las diferencias internas entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, atenuadas durante el receso veraniego y la irrupción de la polémica que gira en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, producto de sus viajes y la adquisición de sus propiedades.
Asimismo, varios interlocutores del espacio admiten que los ruidos internos “complejizan” la situación, y otros tantos añaden el agravante de no contar con mayoría automática en ninguna de las cámaras, lo que obliga a revisar de manera individual cada voto y demora los tiempos. “La interna influye. En lo personal, me tiene un poco harto”, se expidió otra voz del ecosistema violeta.
Al respecto, uno de los integrantes de la mesa política rechazó que haya demoras en los plazos y habló de una decena de iniciativas “en estudio” que podrían accionarse en los próximos meses. “Tenemos 10 proyectos en estudio. No hay demora”, sentenció.
Casi a contramano, otro integrante del selecto grupo designado por Milei atribuyó la quietud a lo que definió como “la dinámica misma”, y expuso además un nuevo elemento marcado por el intenso cronograma de viajes legislativos convocado por las diferentes entidades. “Hay diversos factores que van desde la Argentina Week hasta los viajes de diputados propios y aliados organizados por RAP y AMCHAM en medio del período ordinario”, sostuvo ante este medio una voz del Gabinete.

En la administración libertaria se esperanzan con la reactivación de la actividad legislativa pasado el informe de gestión del jefe de Gabinete previsto para este miércoles 29 de abril al que asistirá el mandatario, pero además el grueso de los ministros. “Veremos cómo sale, calculo que se destraba post informe. Deberíamos poder sesionar hasta el Mundial”, afirmó un legislador a este medio.
Los planes diseñados por la Casa Rosada son ambiciosos e incluyen el envío al Senado de la Reforma Electoral, la Ley de Propiedad Privada, que modifica seis leyes; los cambios en la Ley de Salud Mental; el proyecto de Fraude de Pensiones por Invalidez; el que habilita un acuerdo de pago a los bonistas por el default del 2001; un abultado número de pliegos de jueces y diplomáticos; y la ley de Falsas Denuncias de la senadora Carolina Losada.
Mientras en Diputados esperan tratar la ley de Hojarasca, la adaptación de Financiamiento Universitario y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, uno de los tratados internacionales más importantes en la materia.
Luego de semanas complejas para la Casa Rosada, marcadas por los ruidos económicos, los sucesivos capítulos de la interna y la polémica de Adorni, los bloques aliados parecen plantarse con más fuerza y no esconden las diferencias. No sorprende que tanto el PRO, la Unión Cívica Radical, como gobernadores aliados de la tallada de Osvaldo Jaldo (Tucumán) hayan opuesto resistencia a los deseos del Ejecutivo de eliminar las PASO. Meses atrás, el escenario era otro.
En Balcarce 50 no solo buscan retomar la actividad en el Congreso para cumplir con la hoja de ruta trazada por Milei, quien aseguró tener al menos 10 proyectos por cartera, sino que intentan recuperar la fortaleza política que les permita volver a hacer frente a los reclamos de la oposición y acortar la distancia de los aliados.
POLITICA
La Justicia autorizó a Claudio “Chiqui” Tapia a viajar al mundial de fútbol y la final de la UEFA Champions League

La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a viajar al mundial que se disputará el mes próximo en Estados Unidos, México y Canadá.
La copa del mundo se jugará a partir del 11 de junio próximo. Antes, Tapia fue autorizado a viajar a la República de Hungría, para la final de la UEFA Champions League, que se jugará el sábado 30 de mayo.
El permiso se lo otorgó el juez Diego Amarante, siempre que Tapia cubra una caución de 30 millones de pesos.
El presidente de la AFA está acusado de haberse apropiado de aportes de empleados. La denuncia que motivó la causa fue presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el 13 de diciembre de 2025 por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos. La ARCA acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días.
En su fallo, Amarante relató que la defensa de Tapia se presentó el 12 de mayo y pidió que se lo autorizara a salir del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026, ambos días inclusive, con destino a la República de Hungría y, posteriormente, a los Estados Unidos de América, México y Canadá, “con motivo de los compromisos deportivos e institucionales que aquél debe cumplir en carácter de miembro del Consejo Directivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de presidente de la AFA, en el marco de la final del torneo “UEFA Champions League” y de las distintas actividades oficiales y protocolares vinculadas a la Copa Mundial FIFA 2026″.
La defensa de Tapia dijo que tenía previsto asistir también a los partidos amistosos que la Selección Argentina disputará frente a Honduras e Islandia, el 6 y 9 de junio de 2026, respectivamente, en Estados Unidos, y que participará “de las diversas actividades oficiales y protocolares vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a desarrollarse entre el 10 de junio y el 19 de julio de 2026″.
El juez advirtió que la defensa “hizo saber que, sin perjuicio de la imposibilidad de precisar de modo definitivo todos los destinos, traslados y lugares de alojamiento involucrados en el itinerario proyectado, asumía el compromiso de informar y acreditar de manera inmediata y permanente cada uno de esos extremos conforme fueran confirmados por las entidades organizadoras y según las contingencias propias del certamen”.
Amarante destacó que la fiscalía se pronunció en favor de conceder el permiso, siempre que se dictaran medidas de control suficientes.
El juez consideró que el pedido de Tapia “se encuentra debidamente circunscripto en cuanto a su extensión temporal, destinos, actividades y restantes extremos relevantes para su control jurisdiccional” y dijo que cuando se lo autorizó, en otra ocasión, a dejar el país, él cumplió con las reglas impuestas.
“De este modo, en la medida de que la presente solicitud aparece debidamente justificada, circunscripta a un itinerario determinado con sustento en las constancias arrimadas al expediente no se y resulta susceptible de control jurisdiccional efectivo, advierten circunstancias que conduzcan a apartarse del temperamento adoptado en la anterior oportunidad referenciada y por tanto, corresponde arribar en el presente a igual solución”, dijo Amarante, que procesó a Tapia el 30 de marzo de 2026, sin prisión preventiva, pero con la prohibición del dejar el país.
En su fallo Amarante advirtió que Tapia “deberá dar cuenta de su regreso a la República Argentina, dentro de las 48 horas de su arribo”, acompañando el “Comprobante del último tránsito de ingreso o egreso del país” bajo apercibimiento “de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura”.
El 12 de marzo pasado, Tapia se presentó en los tribunales ante la citación del juez Amarante para defenderse de las acusaciones. El dirigente entregó un escrito con el que se desvinculó de la deuda y pidió su sobreseimiento: sostuvo que las decisiones sobre impuestos y pagos las toman áreas técnicas de la entidad y que él tiene un rol institucional, ajeno a ese manejo.
Argumentó, no obstante, que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.
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POLITICA
Causa por presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia investiga los sueldos del hermano de Adorni en el Ministerio de Defensa

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza, sumó nuevas medidas de prueba con un procedimiento realizado en el Ministerio de Defensa para recolectar documentación sobre los cargos públicos que ocupó desde 2023 y los ingresos que percibió.
La orden fue firmada por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Guillermo Marijuán, en el marco de una causa que busca reconstruir la evolución patrimonial del legislador provincial.
Según pudo saber TN, efectivos policiales realizaron una orden de presentación en la cartera de Defensa a fines de la semana pasada y se llevaron documentación vinculada a las designaciones de Adorni, su historial salarial y posibles retenciones.
Durante el procedimiento también se consultó si el funcionario había presentado las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes por los distintos cargos que ocupó. Entre hoy y mañana la fiscalía espera recibir el material completo entregado por el ministerio.
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La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien planteó inconsistencias en la evolución patrimonial de Francisco Adorni luego de su llegada a la función pública tras la asunción de Javier Milei. Según la presentación, el dirigente habría registrado un incremento patrimonial del 84% en un año.
Adorni desembarcó en el Gobierno nacional en 2024 como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Más tarde, en junio de 2025, fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). Ese mismo año encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y consiguió una banca en la Cámara de Diputados provincial.
La documentación incorporada ahora al expediente será analizada en los tribunales de Comodoro Py junto a otras medidas ya ordenadas por la fiscalía. Marijuán había considerado “indispensable” avanzar con información sobre las designaciones, funciones e ingresos del hermano del jefe de Gabinete para determinar si existieron inconsistencias patrimoniales.
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En ese contexto, el fiscal solicitó copias del legajo personal de Adorni, los actos administrativos relacionados con sus nombramientos desde 2023 y las constancias de presentación de declaraciones juradas patrimoniales iniciales, anuales e integrales, tanto en su paso por la Unidad de Auditoría Interna como en el IAF.
La semana pasada, además, Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense. La medida alcanzó información ante organismos tributarios y entidades financieras para profundizar el análisis de sus movimientos económicos.
Como parte de la investigación, la fiscalía ya libró pedidos de informes a más de 30 organismos y entidades públicas. Entre ellos figura la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la que se le requirió información desde 2020 hasta la actualidad sobre declaraciones juradas, pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones aduaneras.
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También fueron requeridos datos a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), con el objetivo de conocer impuestos activos, operaciones y bienes vinculados a Francisco Adorni. En relación con automotores e inmuebles, el fiscal pidió además determinar quién paga esos tributos y si existen deudas asociadas.
La investigación incluye además un pedido de información a Migraciones para reconstruir las salidas del país realizadas por el legislador, sus destinos y, en caso de viajes terrestres, las identidades de las personas que lo acompañaron.
El expediente contra Francisco Adorni tramita por separado de la causa que involucra a Manuel Adorni, también investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Ese expediente está delegada en la fiscalía de Gerardo Pollicita y bajo la órbita del juez Ariel Lijo. En ambos casos, la Justicia analiza movimientos patrimoniales, declaraciones juradas y evolución de bienes de integrantes del entorno familiar del jefe de Gabinete.
Francisco Adorni, Manuel Adorni
POLITICA
Un fiscal pidió que el Gobierno le entregue el expediente de una licitación por trabajos de jardinería en la Casa Rosada y Olivos

El fiscal federal Ramiro González pidió hoy que el Gobierno le entregue el expediene completo de una licitación “para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno”.
Se trata de una medida previa a decidir si debe abrirse una investigación penal. El fiscal escribió: “Dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”.
La denuncia que dio origen a este expediente la presentó la diputada nacional Marcela Pagano contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Es por los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pagano llegó al Congreso de la mano de La Libertad Avanza, pero hoy se distanción del bloque oficialista.
La Licitación Pública cuestionada es la N° 23-0005-LPU26, convocada por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Tomas Cuesta – Getty Images South America
Según relató el fiscal González en su resolución, “se cuestiona que en dicho procedimiento se habrían presentado como oferentes las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, pese a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia mediante dictamen IF- 2024-105621660-APN-CNDC#MEC, concluyó que ambas integran un mismo grupo económico, circunstancia que, según se sostiene, generaría una apariencia ficticia de competencia en el marco de la licitación”.
Fuentes de los tribunales informaron a que tras recibir y analizar la documentación de esta licitación, la fiscalía decidirá si corresponde impulsar una causa penal.
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