El Gobierno promueve la multiplicación de los convenios por empresa, incentivados por la reforma laboral, con el objetivo de descentralizar la negociación colectiva y, en el fondo, quitarle al gremialismo la enorme capacidad de presión que brinda el tradicional unicato sindical.

Por eso en las últimas semanas, a partir del interés de grandes compañías y de pymes, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, mantiene reuniones con empresarios para brindarles más información acerca de la posibilidad de “juntarse con sus empleados y fijar las reglas de la relación laboral en la propia empresa”. “El sindicato no entra, no hay que pagarle peaje a nadie”, como lo destacó el funcionario en el Congreso Nacional de Pymes que se realizó en junio.

“Si un empleado ve un sueldo bruto de un millón y cobra 700.000, tiene que saber que a la pyme le cuesta 1.400.000 -les dijo Sturzenegger-. Siéntense con sus empleados, eliminen esos peajes y armen un convenio mutuo que les sirva a ambas partes”.

Entre quienes colaboran con Sturzenegger para esos contactos empresariales figura la diputada nacional Verónica Razzini, hoy en La Libertad Avanza tras haber llegado a su banca por el PRO, que es toda una especialista en darle pelea al gremialismo: fue la fundadora y presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), donde agrupó a pymes afectadas por protestas sindicales extorsivas y tuvo un papel clave para fallos judiciales que terminaron con procesamientos y detenciones para quienes bloquearon empresas, e incluso para los cambios en la Ley Bases y en la Ley de Modernización Laboral que penalizan los bloqueos.

Una de las claves de la reforma laboral es que antes un convenio de actividad prevalecía sobre uno de empresa o regional, salvo que el inferior fuera más favorable. Ahora, los convenios colectivos de ámbito menor (como los de empresa o región) prevalecen sobre los convenios de actividad, incluso si resultan menos favorables para el trabajador, quitando poder a los sindicatos.

Para la CGT, esa medida apunta a fragmentar la representación gremial y, además, habilita la negociación de convenios “a la baja”, ya que antes la discusión por actividad establecía un piso que podía mejorarse a nivel de cada empresa, pero ahora se convertirá en un techo que les pondrá limitaciones a los trabajadores.

Lo explicitó el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), cuando en febrero pasado, antes de sancionarse la Ley 27.802, advirtió que “hay temas que no se negocian: la ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa y el techo del aporte solidario”, ya que buscan “romper el modelo sindical argentino” y “erosionar derechos colectivos”.

A partir de las consultas a Sturzenegger, varias empresas están analizando la posibilidad que brinda la nueva legislación laboral en este rubro, aunque hay mucha cautela por la reacción negativa del sindicalismo y por las eventuales trabas judiciales que puedan aparecer.

El dilema para el Gobierno es que aun los convenios de empresa, como los de actividad, tienen que ser firmados por los sindicatos que tienen personería gremial y delegados del establecimiento, por lo que la aspiración de debilitar al poder sindical tradicional no será sencilla.

Aun así, la Ley 27.802 de Modernización Laboral facilita la creación de sindicatos de empresa, algo que la legislación hasta ahora permitía, pero no se expandió por el predominio fomentado de los sindicatos por actividad. La nueva norma permite que un sindicato obtenga la personería si al menos por 6 meses tiene más afiliados cotizantes en esa empresa que el sindicato con personería preexistente, aunque este último sea un sindicato de actividad, una unión o una asociación de otro grado.

Para eso hacen falta, en principio, trabajadores que decidan crear un sindicato de empresa, desafiando a a la organización gremial con personería y, además, consiguiendo ventajas concretas que antes no tenían. Eso implica, al mismo tiempo, que los empresarios acepten darles beneficios a esos trabajadores que resuelvan romper con el sindicato que hoy los representa.

Una de las frases que trascendió de los representantes libertarios para promocionar los convenios por empresa, por ejemplo, es: “Depende mucho de las ganas que tengan los trabajadores porque son ellos los que van a tener el poder. Esto no se trata de quitarles el poder a ellos. Por el contrario, esto es empoderarlos a ellos y al empleador, y correr a las cámaras y a los sindicatos”.

La jugada del Gobierno, en realidad, no puede generalizarse ni aplicarse de manera automática en todas las empresas: se podrá intentar en aquellas compañías que tengan una reducida sindicalización ya que la resistencia del gremio con personería a perder su poder dará lugar a un conflicto prolongado.

Si efectivamente se incrementan los sindicatos de empresa será un duro golpe para la dirigencia que lidera los sindicatos por actividad, que son el corazón del modelo sindical argentino acuñado en 1945 por Juan Domingo Perón porque los más representativos reciben por parte del Estado la personería gremial, esa llave decisiva que les otorga derechos exclusivos como firmar los convenios colectivos y administrar las obras sociales.

De todas formas, un asesor legal de empresas advirtió a Infobae sobre un riesgo de esta apuesta de Sturzenegger: “El Gobierno parte de la premisa de que con sindicatos de empresa se debilitan las grandes concentraciones de poder que tienen los sindicatos nacionales, pero no se dan cuenta que eso también generaría un sobrecosto para las empresas. La conducción de un sindicato de empresa van a ser empleados de la misma empresa y, por ende, toda la conducción, comisión directiva más los delegados que pueden llegar a tener, van a tener tutela sindical en la misma empresa y ante un conflicto de lo que puede llegar a ser lograr la representación de ese sindicato de empresa, el conflicto va a ser dentro de los establecimientos de la empresa, no en la actividad, como pasa hoy con la UOM, por ejemplo».

En una frecuencia similar, como anticipó Infobae, la reforma laboral derivó en que cámaras empresariales de unas 10 provincias resolvieran “desengancharse” del convenio colectivo de trabajo que rige en el transporte automotor de cargas a nivel nacional y firmar convenios regionales según la realidad económica de cada zona.

Se trata de una rebelión que afecta a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), una de las tres cámaras del sector, y que pondrá en crisis a esta entidad y también al poder centralizado del Sindicato de Camioneros.

En la CGT interpretan que la ofensiva del Gobierno apunta a quebrar el viejo unicato gremial mediante el incentivo a los convenios de empresa y sindicatos de empresa, con una medida complementaria: jaquear el financiamiento sindical a través de los límites a las cuotas solidarias y aportes especiales. Entre los sindicalistas crece cada vez más la sensación de que la reforma laboral desatará una batalla que, por ahora, es de resultado impredecible.

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