POLITICA
Causa Hotesur: qué se investiga, cuándo empieza el juicio y quiénes serán juzgados junto a Cristina Kirchner
El Tribunal Oral Federal 5 fijó para el 19 de marzo de 2027 el inicio del juicio oral y público en la causa Hotesur, en la que la expresidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y el empresario Lázaro Báez, entre otros imputados, deberán responder por presunto lavado de activos vinculado a la explotación de hoteles familiares en El Calafate.
El debate será presencial y quedó desdoblado del expediente Los Sauces, que tramitará por separado.
La investigación se inició en noviembre de 2014, un día después del informe del programa Periodismo Para Todos que mostró que Hotesur S.A., que administraba el hotel Alto Calafate, adeudaba balances y no había actualizado ante la Inspección General de Justicia la composición de su directorio.
La denuncia formal la presentó la entonces diputada Margarita Stolbizer. El expediente recayó primero en el juez Claudio Bonadio, quien allanó una sede porteña que resultó vacía. En 2018, el juez Julián Ercolini procesó a los principales acusados y en 2019 elevó la causa a juicio.
La hipótesis fiscal sostiene que empresas del grupo Báez, en especial Valle Mitre SRL, gerenciaron o contrataron plazas y servicios en Alto Calafate y en la hostería Las Dunas, y que esos pagos habrían servido para ingresar al patrimonio familiar fondos originados en la obra pública vial de Santa Cruz.
Pericias de la instrucción indicaron que en 2010 y 2011 las firmas de Báez giraron decenas de millones de pesos de entonces a Valle Mitre, mientras la familia retiraba montos similares en adelantos de dividendos. La acusación describe contratos confidenciales, a veces retroactivos, y una ocupación de los hoteles que no se correspondería con la facturación.
Concretamente, el requerimiento de elevación a juicio, Valle Mitre le pagó a Hotesur más de $28 millones y otros $6,9 millones por Las Dunas entre marzo de 2010 y mayo de 2013, y los accionistas habrían retirado esos fondos bajo la forma de créditos en lugar de dividendos.
Quiénes serán juzgados en la causa
Además de la expresidenta, serán juzgados Máximo Kirchner, Lázaro y Martín Báez, el contador Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia y otros integrantes de directorios y de la operatoria societaria. Florencia Kirchner quedó fuera del juicio por decisión firme de Casación.
El camino procesal tuvo vaivenes desde su inicio. En 2021, el mismo TOF 5, con otra integración, sobreseyó a los imputados antes del debate.
En 2023, la Cámara de Casación revocó esos sobreseimientos y ordenó el juicio. La Corte Suprema confirmó esa decisión a fines de 2024. Recién ahora, con el tribunal integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, hay fecha concreta para Hotesur.
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Por su parte, las defensas niegan simulación. Sostienen que existieron contratos reales, pagos bancarizados, facturas y retenciones, y que la actividad hotelera no prueba por sí sola un lavado.
También plantearon que no puede reabrirse bajo otra carátula lo ya debatido en la causa Vialidad, donde Cristina Kirchner y Báez tienen condena firme por administración fraudulenta en la obra pública santacruceña.
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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participó este viernes en un acto en Tigre, habló sobre la interna del oficialismo en cuanto al cierre de acuerdos con los gobernadores y dijo que el armado político es un “tema muy complejo”. Las declaraciones se dieron luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acelerara sus reuniones con mandatarios provinciales para conseguir su apoyo para la eliminación de las PASO de cara a las elecciones de 2027.
“El tema del armado político es un tema muy complejo”, señaló Menem durante la convocatoria que se publicitó bajo el slogan “Hacia una Argentina próspera”. A su vez, se refirió a quienes apuran la idea de realizar acuerdos con gobernadores y expresó: “Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales”. Al respecto, agregó: “Si queremos que esto dure y perdure en el tiempo tenemos que tener agendas programáticas similares”.
En referencia a las cuestiones temporales y la supuesta debilidad que puede implicar esa forma de generar acuerdos que tiene como objetivo la reelección de Javier Milei, el presidente de la Cámara baja planteó: “¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer todo tipo de tensiones en lo que es el armado político. Porque una cosa es querer ganar y otra cosa es querer que la Argentina se desarrolle en los próximos 40 años”.
Además de Menem, también participó del encuentro en Tigre el diputado nacional y armador político de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, del ala afín a Karina Milei del partido.
Por el lado de quienes sugieren llegar a un rápido acuerdo con los gobernadores no solo está el jefe de Gabinete, sino también el ministro de Economía, Luis Caputo. Un poco más alejados de esa cosmovisión se ubican los primos Menem: Martín y Eduardo. Asimismo, los principales laderos de la secretaria general, Karina Milei, muestran vocación de acuerdo pero, según voces que hablaron con , no pretenden pactar a cualquier costo con los aliados y mucho menos poner en riesgo la estructura territorial propia de LLA.
Durante su discurso, Menem enumeró las ventajas de la actual gestión con un tono esperanzador. “Estemos convencidos, encarnemos y sintamos que este es el único modelo posible para llegar a un camino de prosperidad, para que la Argentina salga adelante, no hay otra forma. Es superávit fiscal, inversión y trabajo”, remarcó.
De esta manera, el funcionario libertario no solo apuntó a lo relativo a las discusiones sobre las alianzas electorales, sino también a transmitir la necesidad de seguir por el rumbo de la gestión que comenzó en 2023.
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POLITICA
Malvinas: el lunes vence el ultimátum y el Gobierno prepara un pedido al Tribunal del Mar para frenar Sea Lion
El gobierno de Javier Milei se prepara para abrir una nueva instancia en la controversia con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El próximo lunes vencerá el plazo de dos semanas que la Argentina concedió a Londres para detener las actividades vinculadas con Sea Lion, el proyecto desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte. A partir de entonces, la Cancillería buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar disponga medidas provisionales para evitar que el emprendimiento avance antes de que comience la extracción de crudo, proyectada para 2028.
Según reconstruyó Infobae a partir de información oficial y consultas con especialistas en derecho internacional, la presentación aún no tiene una fecha definida. La estrategia se inscribe en el procedimiento anunciado por el Gobierno el 28 de septiembre y podría derivar en una primera resolución durante noviembre.
La distinción jurídica es central: la Argentina no puede ordenar por sí misma la paralización de Sea Lion. El objetivo oficial es pedir la intervención de una instancia internacional que, tras escuchar a las partes y evaluar los fundamentos, pueda dictar medidas provisorias, imponer restricciones o rechazar el planteo.
La estrategia combina dos vías. Por un lado, el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que contempla la conformación de un tribunal arbitral. Por otro, una intervención previa del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, que puede resolver pedidos urgentes mientras se constituye aquel órgano.
El arbitraje de fondo puede extenderse durante años. El trámite de las medidas provisionales es más veloz, por lo que concentra las expectativas inmediatas del Gobierno.
La decisión fue anunciada el 28 de septiembre por la Oficina del Presidente y ejecutada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. El comunicado informó que Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje contemplado en el Anexo VII para impedir las actividades hidrocarburíferas de Sea Lion y otras medidas que, según la posición argentina, puedan agravar la controversia, como nuevos permisos de explotación.
El documento también señaló que la Argentina intimó formalmente al Reino Unido a adoptar, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de esas actividades. En caso de incumplimiento, anticipó que recurriría al Tribunal para solicitar medidas destinadas a preservar sus derechos.
El Presidente ratificó el anuncio en su cuenta de X. “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”, escribió Milei. Luego agregó: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.
El canciller Quirno también confirmó que el país notificó al Reino Unido el inicio del arbitraje previsto en la CONVEMAR. Además, advirtió que quienes exploren o exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina deberán enfrentar consecuencias.
Qué puede pasar a partir del lunes
El vencimiento del ultimátum constituye un hito diplomático, pero no activa de manera automática la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La Argentina deberá presentar el pedido, exponer sus fundamentos y demostrar la urgencia de las medidas solicitadas.
El procedimiento está regulado por el artículo 290 de la CONVEMAR. Su párrafo quinto establece que, antes de que se constituya un tribunal arbitral, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede disponer medidas provisionales si considera, en principio, que el futuro tribunal tendría jurisdicción y que las circunstancias requieren una intervención urgente.
La norma prevé un plazo de dos semanas desde la notificación a la contraparte de una solicitud de medidas provisionales cuando los Estados no acordaron otro órgano para examinarlas. Ese requisito procesal debe diferenciarse del ultimátum diplomático formulado por Buenos Aires. Para establecer si ambos plazos comenzaron en forma simultánea será necesario conocer el contenido completo de las comunicaciones entre los gobiernos.
Lo confirmado es que la Argentina notificó al Reino Unido el inicio del arbitraje y trabaja en una presentación para obtener medidas provisionales. Si el pedido se formaliza durante octubre, una primera decisión podría conocerse en noviembre, de acuerdo con los plazos que exhiben antecedentes del Tribunal. No se trata, sin embargo, de un término fijo ni automático.
Los jueces deberán analizar si existe una base suficiente para entender que el tribunal arbitral podría tener competencia sobre el caso y si la continuidad de las actividades puede causar un perjuicio que justifique preservar los derechos discutidos.
Los argumentos argentinos apuntarán, entre otros aspectos, al carácter no renovable de los hidrocarburos. Una vez extraído, el petróleo no puede restituirse. El planteo también incluiría los efectos de las perforaciones sobre el lecho y el subsuelo marino.
Si los jueces admitieran el pedido, podrían ordenar medidas para impedir que el proyecto avance mientras se tramita el arbitraje. Las medidas provisionales son obligatorias para las partes, según el artículo 290.6 de la Convención. El tribunal arbitral que se conforme después podrá mantenerlas, modificarlas o revocarlas.
El antecedente de la Fragata Libertad
El caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por una acción de acreedores de la deuda argentina, es el antecedente local que el Gobierno considera relevante. Durante la presidencia de Cristina Kirchner, la Argentina promovió un arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y pidió medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para conseguir la liberación del buque.
La solicitud se presentó el 14 de noviembre de 2012. Tras las audiencias de los días 29 y 30 de ese mes, el Tribunal ordenó el 15 de diciembre que Ghana liberara de inmediato y sin condiciones a la fragata, permitiera la salida de su comandante y tripulación y garantizara las condiciones para que abandonara el puerto.
Entre el pedido argentino y la decisión transcurrió cerca de un mes. La medida permitió alcanzar el objetivo urgente sin esperar el resultado del arbitraje de fondo.
Los fundamentos de ambos casos son distintos. En 2012 se discutía la inmunidad de un buque de guerra; en el conflicto actual se debate la explotación de hidrocarburos en espacios marítimos relacionados con una controversia territorial. El mecanismo para requerir una respuesta urgente, en cambio, es comparable.
También existe un antecedente vinculado con la actividad petrolera. En 2015, Costa de Marfil recurrió a una sala especial del Tribunal en su controversia con Ghana por la delimitación marítima. El litigio incluía perforaciones y explotación de hidrocarburos en un área disputada.
Costa de Marfil pidió la suspensión de las actividades. La sala no aceptó esa pretensión en forma íntegra, pero ordenó a Ghana impedir nuevas perforaciones mientras se desarrollaba el proceso y dispuso otras medidas para proteger los derechos de las partes y el medio marino.
El caso muestra que una jurisdicción internacional puede restringir nuevas actividades hidrocarburíferas sin resolver el fondo de una disputa marítima. En Sea Lion, la primera producción comercial aún no comenzó y las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027, una circunstancia que incidirá en el análisis de la urgencia y el alcance de las medidas.
El abogado especializado en derecho internacional público Leopoldo Godio, doctor por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina y director del Instituto de Derecho Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), consideró positiva la decisión de recurrir al sistema de solución de controversias de la CONVEMAR. “Yo creo que la estrategia es buena”, afirmó a Infobae.
Sea Lion ya tiene inversiones comprometidas
El proyecto que el Gobierno busca detener dejó de ser una iniciativa exploratoria. Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y su primera producción está prevista para el primer trimestre de 2028.
Las compañías a cargo son Navitas Petroleum, de Israel, que controla el 65 % y opera el desarrollo, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, con el 35 % restante. Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010; Navitas se incorporó después y asumió el control operativo mediante una subsidiaria británica.
A fines de 2025, ambas empresas tomaron la decisión final de inversión para la primera etapa. El plan contempla once pozos submarinos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO.
Las dos primeras fases utilizarían el Aoka Mizu, una unidad con una capacidad prevista de alrededor de 55.000 barriles diarios. Las compañías, además, impulsan una expansión a través de una segunda unidad flotante.
El 7 de octubre, Rockhopper informó que acordó invertir USD 44 millones para adquirir su participación proporcional del 35 % en la sociedad propietaria de la FPSO OSX-1. La operación integra los preparativos para acelerar el desarrollo de otra zona de Sea Lion. En septiembre, la firma había comunicado la obtención de USD 200 millones mediante mecanismos de ampliación de capital para financiar inversiones relacionadas con el proyecto.
Las acciones de Buenos Aires también tuvieron consecuencias empresariales. El 2 de octubre, la Oficina del Presidente anunció que Halliburton ratificó que ninguna de sus filiales prestaría servicios al proyecto. Tres días más tarde, Navitas reconoció que las actuaciones argentinas afectaban ciertas contrataciones y que procuraba reemplazar a dos contratistas que, según informó, no cumplieron sus compromisos.
La empresa israelí sostuvo, de todos modos, que continuaba con el desarrollo con respaldo del Gobierno británico y de las autoridades de las islas. Además, afirmó que, con la información disponible, no esperaba un efecto material adverso sobre el proyecto.
Los fundamentos jurídicos de la Argentina
El planteo de la Cancillería se apoyará en tres ejes: la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, las obligaciones de la CONVEMAR sobre espacios marítimos y recursos, y la exigencia de evitar modificaciones unilaterales mientras no se resuelva el conflicto.
La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas e instó a ambos países a encontrar una solución mediante negociaciones.
La Resolución 31/49, aprobada el 1 de diciembre de 1976, llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras siguiera pendiente el proceso recomendado por la Asamblea General. La norma cumplirá 50 años en diciembre próximo. El Gobierno sostiene que el avance de Sea Lion contradice esa orientación.
La Argentina también buscará vincular el caso con las obligaciones de protección del medio marino y de los recursos ubicados en el lecho y el subsuelo. En ese marco aparece el artículo 83.3 de la CONVEMAR, que exige evitar acciones que obstaculicen o pongan en peligro una solución definitiva mientras está pendiente la delimitación de una plataforma continental.
Su aplicación a Malvinas será una cuestión discutida. La disposición se refiere a controversias de delimitación marítima y no resuelve, por sí sola, disputas de soberanía territorial.
Esta es una de las principales dificultades de la estrategia argentina. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar no tiene una competencia general para decidir a qué país pertenecen las Islas Malvinas: el sistema de solución de controversias de la CONVEMAR se limita a la interpretación y aplicación de la propia Convención.
Por eso, la Argentina deberá plantear una controversia sobre derechos y obligaciones marítimos sin pedir que el Tribunal resuelva la soberanía. El Reino Unido podría objetar que el reclamo exige definir antes quién ejerce soberanía sobre las islas.
Una discusión de ese tipo apareció en el caso del archipiélago de Chagos. En 2015, un tribunal arbitral examinó una demanda de Mauricio contra el Reino Unido por la creación unilateral de un área marina protegida. El tribunal rechazó algunas pretensiones porque requerían resolver previamente una disputa territorial, aunque concluyó que el Reino Unido incumplió otras obligaciones de la CONVEMAR vinculadas con esa área.
Una argentina en la vicepresidencia del Tribunal
El anuncio oficial coincidió con una novedad institucional en Hamburgo. El 1 de octubre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar eligió como vicepresidenta a la jurista argentina Frida María Armas Pfirter para el período 2026-2029.
Armas Pfirter integra el Tribunal desde 2023. Entre 1997 y 2023 fue coordinadora general de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) y actualmente integra el Comité Ejecutivo del CARI.
El Tribunal está formado por 21 jueces independientes de distintas nacionalidades y es presidido por Maurice Kamga, de Camerún. Un comunicado del 2 de octubre informó la reorganización de sus salas: Armas Pfirter también integra la Sala de Procedimiento Sumario, que puede disponer medidas provisionales en condiciones específicas, por ejemplo, si el Tribunal no está reunido o no cuenta con quórum.
La presencia de una argentina en la vicepresidencia es un dato institucional, pero no anticipa ventajas procesales ni el contenido de una eventual decisión. Los jueces actúan de forma independiente y no representan a sus gobiernos.
Una decisión que podría llegar en noviembre
La discusión inmediata se concentra en el vencimiento del plazo concedido al Reino Unido. La Argentina ya notificó el inicio del arbitraje bajo la CONVEMAR y prepara el pedido para que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar evalúe medidas provisionales.
El Gobierno deberá definir cuándo presentará el escrito y completar los requisitos procesales. Si lo hace durante octubre, los antecedentes permiten contemplar una primera decisión en noviembre. El Tribunal tendrá que determinar si existe competencia preliminar suficiente y si las circunstancias justifican una intervención urgente.
Una resolución podría restringir nuevas actividades, disponer medidas para preservar los derechos en discusión o rechazar la solicitud argentina. No constituiría una definición definitiva sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
El arbitraje de fondo continuará por otra vía y puede demorar años. La meta inmediata de la administración de Milei es conseguir que una instancia judicial internacional preserve la situación actual antes de que Sea Lion avance hacia las perforaciones y la extracción de petróleo.
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POLITICA
Cuáles son los límites que vuelven a regir para la venta de campos a extranjeros tras el fallo de la Corte
Con el fallo de la Corte Suprema, que vuelve a suspender la derogación de la ley de tierras mediante una medida cautelar “interina”, surge el interrogante sobre cuáles son los límites que rigen ahora para la venta de campos a extranjeros.
La confusión radica en las marchas y contramarchas del máximo tribunal sobre esta cuestión. La semana pasada, la Corte revocó una sentencia que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23 de Javier Milei, mediante el cual se derogaba la ley de tierras. Para ello, invocó motivos procesales vinculados con la falta de representatividad del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que había iniciado la causa. Esa decisión dejó sin efecto las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.
Sin embargo, este viernes el Tribunal Supremo volvió a suspender la derogación al responder un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie, que había presentado una acción colectiva para cuestionar la constitucionalidad del mismo artículo. La ONG ambientalista había pedido que se aclarara si el fallo anterior también alcanzaba a su presentación.
Tal como precisó , la Corte devolvió la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició este caso, para que todo eso se discuta allá. Pero mientras tanto, dictó la medida cautelar “interina” que dispuso “suspender los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023 hasta tanto el juez competente [en principio, el de Bariloche] se pronuncie sobre la legitimación de todos los actores y examine su solicitud”.
A partir de ahora y hasta que se resuelva la discusión judicial, vuelven a regir los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
En concreto, la normativa fija un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, y establece que ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese porcentaje.
La resolución de la Corte reabrió la discusión parlamentaria por la extranjerización de la tierra que derivó en la eliminación del Título III del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que aprobó el Senado a principios de agosto, y que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados.
La propuesta libertaria aumentaba el tope al 25% pese a que originalmente apuntaba a borrar cualquier límite. Asimismo, eliminaba el resto de los cupos por nacionalidad y zona núcleo (o equivalente) por titular, y prohibía únicamente la compra de tierras por Estados extranjeros.
Entre otros de los puntos controvertidos que no sumaron avales en ela Cámara alta destacan que autorizaba compras en zonas ribereñas.
En el caso de zonas de frontera, exigía la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.
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