POLITICA
Causa por la mansión de Pilar: la Fiscalía rechazó un pedido para trasladarla a Campana y ahora define la Cámara de Casación
La causa que salpica a la AFA por la compra de una mansión de 105.000 metros cuadrados en Pilar, con helipuerto y un galpón donde se hallaron 54 vehículos de alta gama, entró en momentos de definición. La fiscalía rechazó un pedido de los supuestos testaferros de Pablo Toviggini, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, para trasladar el expediente a Campana.
En su dictamen, el fiscal Mario Villar solicitó a la Cámara que rechace el recurso de casación presentado por la defensa de los propietarios del inmueble, que está a nombre de Real Central SRL, firma que integran Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. El fiscal pidió que se confirme la resolución que mantiene la causa en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10.
La causa arrastra ya un largo recorrido por distintos tribunales: pasó por el juzgado federal de Daniel Rafecas, generó una contienda de competencia con la justicia de Campana, fue resuelta por la Cámara Federal de San Martín a favor de Campana, y terminó siendo reasignada al fuero Penal Económico porteño tras la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.
La defensa de Pantano y Conte había apelado esa decisión con varios argumentos: que la competencia territorial debía fijarse en Campana por ser el lugar donde está ubicado el inmueble investigado, que la instrucción del caso se fue “reformulando” para retener artificialmente la causa en la Ciudad, y que eso vulneraba la garantía del juez natural. Incluso acusó a los denunciantes —Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, autores de la denuncia original— de haber incurrido en “forum shopping”, es decir, de haber elegido a propósito el fuero que les resultaba más favorable.
Villar rechazó uno por uno esos argumentos. Sostuvo que la investigación nunca se limitó a la compra del inmueble de Pilar, sino que desde el inicio apuntó a una maniobra de lavado de activos de mayor escala, con sociedades, ampliaciones de capital y movimientos de fondos que tienen su centro de gravedad en la Ciudad de Buenos Aires. Como sustento, señaló que Real Central SRL —la firma que compró la propiedad— tiene su sede social en Paraná 861, en Buenos Aires, al igual que su antecesora, Central Park Drinks SRL; que la escritura de compraventa del inmueble se firmó en un domicilio porteño; y que la propia AFA, entidad alrededor de la cual se habría estructurado la maniobra, tiene su sede en Viamonte al 1300, en esta ciudad.
El fiscal también apuntó al circuito por el que, según la hipótesis fiscal, se habría desviado y reingresado dinero de la AFA: mencionó financieras de la avenida Corrientes, un estudio jurídico de la calle Lavalle vinculado a Juan Pablo Beacon, la facturación de la firma Recomi SA y un domicilio en Montevideo y Quintana señalado como el lugar donde se habría entregado efectivo, un punto sobre el que además recordó que hubo un robo denunciado en la zona de Parera y Quintana, en Recoleta, durante uno de esos supuestos traslados de dinero.
Sobre la acusación de “forum shopping”, Villar la calificó de improcedente: explicó que se trata de un concepto propio del derecho internacional privado, ajeno al proceso penal argentino, y sostuvo que si alguna de las partes buscó de manera insistente un fuero determinado fue, en todo caso, el propio Juzgado Federal de Campana. El fiscal enumeró una serie de pedidos de inhibitoria presentados por ese juzgado durante los últimos meses —incluso después de haber remitido el expediente principal al fuero Penal Económico— para intentar retener causas conexas vinculadas a la AFA, como la investigación por presunta defraudación a la entidad y otra por los balances de la asociación entre 2022 y 2025.
Con ese argumento, Villar buscó dar vuelta el planteo de la defensa: para el fiscal, es Campana el tribunal que “manifestó objetivamente” —recurriendo al mecanismo procesal de la inhibitoria— la intención de concentrar bajo su órbita cualquier expediente vinculado a la AFA, mientras que la Justicia porteña ya tiene resuelta o en trámite ante la Corte Suprema buena parte de esos conflictos de competencia. En consecuencia, pidió que el fuero Penal Económico —especializado en estructuras societarias complejas y delitos económicos— continúe con la investigación.
Leer más: El Gobierno mantiene contactos con Colombia por el terremoto y espera una definición para enviar ayuda humanitaria
En un pasaje textual de su dictamen, el fiscal escribió: “Está claro que el Juez a cargo del Juzgado de Campana ha manifestado objetivamente, a través del mecanismo procesal de la inhibitoria, ejercido por las defensas, un accionar por inhibir toda otra jurisdicción en que se pretenda investigar cualquier caso que implique a la AFA”. Y agregó una precisión filológica para reforzar su lectura: recordó que “inhibir” tiene, según el Diccionario de la Real Academia Española, el significado de “impedir o reprimir el ejercicio de facultades o hábitos”, con sinónimos como impedir, reprimir, cohibir, contener, refrenar, represar, coartar y prohibir, además de una segunda acepción —prohibir, estorbar o impedir— que remite a la misma idea de bloqueo. “Sin embargo, luego de los argumentos expresados anteriormente considero que en el caso bajo análisis no corresponde que se inhiba la investigación ante el Fuero en lo Penal Económico de esta Ciudad, siendo éste el competente para llevarla adelante”, concluyó Villar en ese tramo del escrito.
Ahora, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si confirma la resolución que mantiene el expediente en el Juzgado Penal Económico N°10 o si hace lugar al recurso de la defensa de Pantano y Conte. La definición llega en medio de otros frentes abiertos para el entorno de Toviggino, incluida la causa que investiga en Estados Unidos movimientos financieros vinculados a la AFA y a la que Pantano quedó ligado tras un viaje a ese país a fines de junio.
AFA, Pablo Toviggino, Claudio Tapia
POLITICA
El Gobierno reunirá a la mesa política para frenar a la oposición en el Congreso y avanzar en las negociaciones con los gobernadores
Horas antes de que Javier Milei emprenda una nueva gira a los Estados Unidos, el Gobierno volverá a reunir este martes a la mesa política en una semana atravesada por una avanzada opositora en el Congreso y las negociaciones del oficialismo con sus aliados para imponer su agenda legislativa.
El encuentro semanal fue programado como habitual en las oficinas del ex Ministerio del Interior a las 13. Allí volverán a coincidir la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete; Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
En cambio, estará ausente el ministro de Economía, Luis Caputo, quien inicia su agenda de actividades en Tailandia en el marco de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial. A su vez, el cónclave se celebrará antes de la partida de Javier Milei a Washington -pautada para las 23- donde tendrá algunos encuentros con empresarios, hablará en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y participará de un acto contra el antisemitismo organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.
A diferencia de la mayoría de las giras internacionales, Karina Milei decidió no acompañar a su hermano para focalizar su atención en una serie de reuniones y actividades que tiene en Buenos Aires, según explicaron desde su entorno, además de sostener las riendas de la gestión.
Si bien todavía no están en la agenda oficial, en Balcarce 50 adelantan posibles nuevas reuniones del jefe de Gabinete con gobernadores, con el objetivo de acelerar las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que el Ejecutivo se propone tratar en el Senado para fines de octubre.
Para ello, Santilli se reunió personalmente la semana pasada con Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), además de su visita a Salta junto a la secretaria General de la Presidencia para inaugurar una planta de Litio con Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). Un día antes, ambos funcionarios también se mostraron con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el inicio del traspaso de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.
En ese contexto, el Gobierno busca aprovechar la presencia de varios mandatarios provinciales en la capital federal por la Conferencia de Federalismo Fiscal para continuar las conversaciones. Según la agenda del evento, allí se espera la presencia de Jorge Macri, Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta), entre otros.
Por fuera de sumar gestos de buena sintonía política -que iniciaron en París durante la Argentina Week- el oficialismo también apura las conversaciones para evitar que la oposición logre avanzar este jueves con una sesión que se propone voltear el DNU 70/23, además de extender la emergencia en discapacidad y tratar una ley sobre Endeudamiento Familiar.
POLITICA
Con la habilitación formal del penal de Marcos Paz, el Gobierno inició la última etapa del desalojo de presos de Devoto
El domingo, se inició el traslado progresivo de los presos alojados en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto hacia el nuevo establecimiento de Marcos Paz. En las dos primeras jornadas, el operativo ya llevó a 609 internos a la nueva unidad bonaerense.
El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial la resolución que habilita formalmente el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, el nuevo penal federal que recibirá a los detenidos. El nuevo establecimiento está ubicado en el Acceso Zabala y tendrá una capacidad provisoria para 2.232 detenidos.
Según la información oficial, el penal fue construido sobre un predio de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad. También dispone de áreas destinadas a salud, educación, visitas, comunicaciones y otros servicios necesarios para la vida cotidiana de la población penal.
Las obras habían comenzado en 2018, a partir de un convenio entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado en 2020 y fue reactivado en diciembre de 2024 por la administración porteña.
La resolución publicada este martes indica que el complejo reúne las condiciones estructurales y operativas para entrar en funciones, aunque admite que existen observaciones técnicas y tareas pendientes de subsanación. Además, instruye al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a presentar en un plazo de 90 días su proyecto de estructura organizativa y el manual de funcionamiento del penal.
El operativo comenzó el domingo y este lunes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó el envío de otras 283 personas, con lo que el número de detenidos reubicados ascendió a 609. “Sumados a los 326 de ayer, ya son 609 presos trasladados, más del 40% de la población penitenciaria de Devoto”, señaló la funcionaria en sus redes sociales.
El procedimiento está a cargo de un Comando Unificado Federal, creado para planificar los traslados y coordinar el despliegue de seguridad entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Participan el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con apoyo de las fuerzas porteñas y bonaerenses.
Cada contingente se conforma a partir del perfil criminológico de los detenidos y de una evaluación de los riesgos de cada movimiento. Antes de la salida, los internos reciben controles médicos e identificaciones con códigos QR, que permiten registrar su egreso de Devoto y su llegada a Marcos Paz. También se prepararon bolsones para sus pertenencias, con precintos numerados y actas individuales que permiten identificar cada envío.
Los vehículos penitenciarios circulan con seguimiento satelital dentro de convoyes custodiados por móviles policiales y motocicletas. El trayecto entre ambos complejos es de unos 55 kilómetros e implica cortes de tránsito, vallados en las inmediaciones de Devoto y un esquema de custodia durante todo el recorrido. El traslado se realizará en etapas hasta completar la desocupación del penal porteño.
El operativo se realiza de forma escalonada y continuará durante varias jornadas hasta completar el vaciamiento de Devoto. Una vez concluida esa etapa, el plan oficial prevé trasladar a Marcos Paz a otros 350 detenidos alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran a disposición de la Justicia nacional. El objetivo es liberar plazas en esos espacios de detención transitoria.
El traslado responde al acuerdo firmado en 2018 para construir un nuevo penal federal en Marcos Paz y desafectar la cárcel de Devoto, ubicada en una zona residencial de la Ciudad. Una vez que concluya la mudanza de los cerca de 1.500 internos del penal porteño, el plan oficial prevé utilizar parte de las plazas disponibles para alojar a detenidos que permanecen en comisarías y alcaidías porteñas a disposición de la Justicia nacional.
.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}
traslado de los primeros presos de Devoto a Marcos Paz
POLITICA
Tres auditorías detectaron contrataciones irregulares y millonarios sobreprecios en la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo
Tres auditorías sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectaron compras fuera del régimen estatal, fallas médicas, administrativas e informáticas y diferencias de precios de hasta 1.068% durante el primer semestre de 2025, cuando el organismo era dirigido por Diego Spagnuolo. Las auditorías a las que accedió Infobae, abarcaron la adquisición de medicamentos, insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas, además del sistema que gestionaba esas prestaciones.
Los trabajos fueron solicitados en septiembre de 2025 por el entonces interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y se realizaron entre octubre de ese año y abril de 2026. Examinaron el período anterior al corte de gestión del 21 de agosto de 2025.
La revisión también encontró compras de medicamentos para Entre Ríos por $ 11.925 millones y para Neuquén por $ 837 millones sin respaldo documental de convenios o adendas vigentes durante el período bajo análisis. Las adquisiciones realizadas en las provincias de Chubut, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego tampoco tenían la fecha de firma, mientras que otros documentos carecían de los sellos aclaratorios de los responsables.
Compras sin licitación ni comparación documentada de ofertas
El primer informe, fechado en diciembre de 2025, cuestionó el circuito interno denominado “PACBI Circuito Compras”, utilizado para adquirir medicamentos de alto costo y baja incidencia. La auditoría concluyó que el mecanismo no se ajustaba al Decreto 1023/2001 ni a su reglamentación, que rigen las contrataciones de los organismos descentralizados del Estado.
La ANDIS no utilizó el sistema electrónico obligatorio COMPR.AR, no elaboró pliegos de bases y condiciones ni cursó invitaciones formales a proveedores. Tampoco encontró análisis comparativos documentados de las ofertas o causales de excepción que justificaran contrataciones directas.
Los auditores determinaron que la falta de planificación o la imprevisibilidad de los requerimientos no constituían motivos legales para apartarse del régimen general. El procedimiento afectaba “los principios de legalidad, transparencia en los procedimientos, igualdad de trato para interesados y para oferentes, publicidad y difusión de las actuaciones, promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes”.
La misma observación alcanzó a las compras de insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas. Esas operaciones tampoco emplearon el sistema estatal de contrataciones, carecieron de una metodología formal y no previeron controles mediante la oposición de oferentes.
La falta de mecanismos para cotejar propuestas comprometía la comparación de precios y la búsqueda de valores razonables. La conclusión advirtió sobre “el consecuente riesgo de generar un perjuicio económico al erario público”.
Medicamentos con precios hasta 1.068% más altos
El informe integral de abril de 2026 examinó el recorrido de las compras de medicamentos del Programa Federal de Salud Incluir Salud, desde la solicitud de un beneficiario hasta el pago a un proveedor. El Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, conocido como SIIPFIS, no tenía un módulo ni un registro de valores de referencia para comparar precios de manera objetiva.
El responsable de compras explicó que el cotejo de cotizaciones se realizaba fuera de la plataforma, mediante otras fuentes y planillas de Excel. Sin embargo, no había constancias que permitieran identificar esas fuentes ni reconstruir el método aplicado para evaluar los valores.
La mayor diferencia correspondió al medicamento Macitentán de 10 miligramos, empleado contra la hipertensión arterial pulmonar. La droguería P facturó cada unidad a $ 5.299.081,66 el 20 de febrero de 2025, mientras que la firma UP vendió el mismo producto a $ 453.621 un mes después: una brecha de 1.068%, equivalente a $ 4.845.460,66 por unidad.
Para no interferir en la investigación este medio identificó a las firmas involucradas solo con las siglas.
También se detectaron variaciones en partidas de Pembrolizumab, un medicamento de inmunoterapia oncológica, y de Tacrolimus, un inmunosupresor utilizado, entre otros casos, por pacientes trasplantados. Los auditores también advirtieron sobre la preferencia de algunas droguerías sobre otras sin justificación.
Algunos expedientes tenían la misma fecha de requerimiento, pero se tramitaron de forma separada y terminaron adjudicados a distintos proveedores con precios diferentes para un mismo producto. En el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones tampoco se acreditaron los actos administrativos formales ni informes técnicos que acreditaran la evaluación de las ofertas y los criterios para elegir a cada adjudicatario.
La auditoría relevó $ 110.263 millones en compras de medicamentos Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) durante el primer semestre de 2025, distribuidas en 10.683 expedientes electrónicos de pago. La muestra analizada incluyó 219 expedientes por $ 29.713 millones, el 27% del total.
Dentro de ese universo, hubo 21 expedientes por $ 2.510 millones en los que el domicilio de entrega consignado en la orden de provisión no coincidía con el indicado en el remito de recepción. No existía “justificación o aclaración alguna” para esas diferencias.
Los auditores no pudieron comparar esos precios y procedimientos con los de otros organismos, como PAMI u obras sociales, porque el sistema de la ex Agencia Nacional de Discapacidad no permitía realizar ese control. También establecieron que las compras se tramitaron mediante circuitos internos no autorizados por la Oficina Nacional de Contrataciones y por fuera del Sistema de Gestión Documental Electrónica, que debía centralizar las actuaciones administrativas nacionales.
Falta de controles médicos, provinciales e informáticos
Los auditores también determinaron que las Unidades de Gestión Provincial no dejaron constancias de haber cotejado las solicitudes de medicamentos con las historias clínicas de los beneficiarios. Tampoco se acreditó una intervención formal de la entonces Dirección de Prestaciones Médicas en la evaluación de los pedidos.
El informe señaló un hallazgo de alto impacto: “No se verifica en el sistema la autorización expresa de un profesional médico responsable”. No había descripción técnica de la evaluación ni dictámenes que respaldaran la aprobación o el rechazo de cada solicitud.
La revisión tampoco permitió determinar cuántos proveedores registrados en la base de datos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones fueron convocados a cotizar en cada compra. La ANDIS no realizó auditorías en terreno sobre los efectores de salud provinciales, pese a que los convenios marco y el reglamento de Incluir Salud contemplaban ese control.
Los expedientes examinados incluían remitos con firmas de recepción atribuidas a personas que no figuraban como beneficiarias, apoderadas ni integrantes de las unidades de gestión provincial. También había facturas que no reunían los requisitos formales exigidos para su liquidación.
El segundo informe, elaborado en marzo de 2026, se concentró en los controles tecnológicos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones. La empresa privada GMS tenía accesos de máximos privilegios y a la base de datos, sin que se encontrara un contrato o convenio formal que regulara ese vínculo.
GMS SA, sociedad dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado que aparece nombrada en la causa en la que el juez Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas.
En uno de los cuadernos de Miguel Ángel Calvete que secuestró como prueba el fiscal Franco Picardi figura el nombre de un empresario accionista de varias compañías, entre ellas, GMS SA, dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado desde el gobierno de Alberto Fernández y que continuó con La Libertad Avanza.
Calvete fue procesado como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita investigada por corrupción en la ANDIS. La Sala II de la Cámara Federal confirmó esa situación procesal en septiembre de 2026, junto con la de Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. La causa investiga presuntas maniobras de direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos vinculados con la adquisición de medicamentos e insumos médicos.
Daniel María Garbellini fue el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cargo que ocupó desde el 3 de junio de 2024 hasta el 21 de agosto de 2025, día en que fue desplazado junto con Diego Spagnuolo tras conocerse los audios que destaparon el supuesto escándalo de corrupción.
La dependencia del organismo respecto de ese proveedor se arrastraba desde 2022. Según reconstruyó la auditoría, GMS realizó la última entrega formal del código fuente del sistema en diciembre de ese año, al finalizar el contrato que lo vinculaba con la entonces ANDIS. A partir de ese momento, y pese a no contar con un nuevo contrato ni con convenios formales que regularan la relación, la empresa continuó a cargo del mantenimiento y soporte técnico del Sistema Integrado de Información del Programa Federal Incluir Salud durante más de tres años, con accesos de máximos privilegios al ambiente productivo del sistema y a su base de datos.
Recién en enero de 2026, en el marco del propio proceso de auditoría y a pedido del área de tecnología del organismo, el proveedor habría entregado una nueva versión del código fuente. Sin embargo, los auditores no pudieron verificar que esa versión “compile y corresponda con la versión que se encuentra operativa actualmente”, según consta en el informe. Es decir, ni siquiera quedó acreditado que el Estado dispusiera de una copia fidedigna y funcional del programa que administra la información de pensiones por invalidez, el Certificado Único de Discapacidad y las compras de medicamentos de alto costo.
La auditoría detectó además cuentas genéricas de usuario, ausencia de controles periódicos sobre los perfiles de acceso, tecnología sin soporte vigente y falta de copias de seguridad externas. El sistema tampoco tenía un plan formal de contingencia ante incidentes informáticos.
Las irregularidades se conocieron mientras avanzaba la causa judicial por el presunto esquema de sobornos y direccionamiento de adquisiciones en la Agencia. En febrero de 2026, el juez federal Ariel Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociación ilícita y cohecho, al estimar un desvío de al menos $ 6.000 millones mediante sobreprecios de medicamentos.
Spagnuolo rechazó entregar una muestra de voz para el peritaje acústico. La Justicia intenta determinar si es el autor de los audios que destaparon el escándalo de corrupción en el área que conducía. La negativa provocó prórrogas en el estudio a cargo de Gendarmería Nacional.
Spagnuolo y otras 18 personas -entre ellas exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios- están procesadas y embargadas por un entramado de corrupción en la ANDIS.
Para una franja significativa de personas con discapacidad que no cuentan con obra social ni prepaga, la ANDIS no es un organismo más: es la institución que determina si acceden o no a un medicamento oncológico, a un inmunosupresor post trasplante o a una prótesis. Las irregularidades detectadas por las auditorías atraviesan, entonces, un circuito del que depende la continuidad de tratamientos médicos de personas que, en muchos casos, no tienen una alternativa fuera del sistema estatal.
El Gobierno reunirá a la mesa política para frenar a la oposición en el Congreso y avanzar en las negociaciones con los gobernadores
Dugarry cuestiona la gestión de Luis Enrique con Dembélé: ‘¿Qué imagen das del Balón de Oro? Esto va a acabar en conflicto’
Con la habilitación formal del penal de Marcos Paz, el Gobierno inició la última etapa del desalojo de presos de Devoto
El dramático estado de salud de Mónica Guido: lleva tres semanas internada y sufre un delicado cuadro
La historia de amor de Claudio Spinelli y Cielo López: de la huida de película de la guerra en Ucrania al romance en Río
El historial de los enfrentamientos entre Boca Juniors y Vasco da Gama
Conciliaciones entre comercios y consumidores resuelven reclamos por más de $12.5 millones en Panamá
Regresos importantes y una duda clave: Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para visitar a Instituto
Cómo evitar multas durante el fin de semana largo: cuál es la documentación que hay que llevar sí o sí al salir a la ruta
El nuevo mapa del mercado automotor: qué marcas ganaron y cuáles perdieron con la apertura de las importaciones
DEPORTE3 días agoCarlos Tevez busca juntar a Cristiano Ronaldo y Leo Messi en su partido de despedida
- POLITICA3 días ago
Régimen Penal Juvenil: la Defensoría Oficial busca que la Justicia porteña revise la baja de la edad de imputabilidad
- CHIMENTOS3 días ago
El dramático accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Burlando, con apenas dos años: “Se abrió la cabeza”
