POLITICA
Causa Sur Finanzas: el ex presidente de Banfield pidió su sobreseimiento mientras avanza la investigación
En el tramo final del Mundial de Fútbol 2026 en el que Argentina defenderá el título ante la selección española, avanza la causa judicial que vincula a la financiera Sur Finanzas con la AFA y genera novedades en el abultado expediente a cargo del juez federal Luis Armella, que impulsa la fiscal Cecilia Incardona.
En las últimas horas volvió a ser indagado Eduardo Juan Spinosa, ex presidente del Club Atlético Banfield, esta vez en representación del “Fideicomiso Reconstrucción Banfileña”; como ya hizo en su primera declaración indagatoria, negó todo tipo de responsabilidad en los delitos que se le imputan, entre otros, integrar una red ilegal junto al responsable de Sur Finanzas, Maximiliano Ariel Vallejo—amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia— para lavar activos en el fútbol criollo.
En la causa sólo falta tomar declaración indagatoria a Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero del Club Atlético Banfield durante los años que se cometieron los presuntos delitos que se investigan.
Después del acto procesal defensivo, previsto para el 5 de agosto, la fiscal estará en condiciones de emitir su dictamen sobre los imputados y el magistrado estará en condiciones de evaluarlo y de dictar los procesamientos o falta de mérito de los imputados.
La defensa de Spinosa
La investigación tiene como eje central la relación entre el holding Sur Finanzas Group SA y varios clubes afiliados a la AFA. La fiscalía sostiene que el grupo financiero ligado a la AFA diseñó una estrategia de penetración en el deporte, mediante la cual se habría aprovechado del estado de necesidad de los clubes de fútbol y se instaló como proveedor de fondos para integrar capitales de origen presuntamente espurio, bajo la apariencia de asistencia financiera legítima.
Eduardo Spinosa presidió el Club Atlético Banfield en tres períodos: 2012-2015, 2015-2018 y 2021 hasta octubre de 2024, cuando la lista encabezada por Matías Mariotto ganó las elecciones. La fiscalía lo ubica en el centro de la maniobra: sostiene que permitió que el club fuera convertido en un eslabón de integración de capitales ilícitos mediante contratos de sponsoreo y mutuos con empresas del holding de Vallejo, con pagos canalizados a través del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, señalado como “vehículo de opacidad”.
El eje del planteo defensivo de Spinosa es que la fiscalía tomó “piezas sueltas de una operatoria compleja y las reconstruyó como si pertenecieran a un esquema simple, lineal y clandestino”, cuando la realidad que surge de la propia documentación acompañada es radicalmente distinta.
La defensa identifica cuatro bloques de negocios cuestionados —el contrato con Auriga League S.A., el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, dos mutuos con Sur Finanzas Group S.A. y una operatoria de sponsoreo con sociedades del mismo grupo— y los analiza uno por uno para demostrar que cada uno tuvo existencia real, respaldo documental e inserción institucional dentro de la vida orgánica del club.
Para los abogados del imputado, Diego María Olmedo y Hernán Guaita, la acusación que pesa sobre el ex presidente de Banfield no describe ningún acto personal de engaño, ocultamiento o desvío patrimonial ejecutado por él, sino que proyecta sobre su figura una sospecha derivada de la posición institucional que ocupaba. Allí se sostiene que la fiscalía no consiguió mostrar que Eduardo Juan Spinosa haya actuado por fuera de los órganos de decisión del Club.
El escrito concluye con un pedido expreso de sobreseimiento en los términos del art. 336 del Código Procesal Penal de la Nación.
Sobre el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, la defensa aportó documentación que acredita su constitución el 18 de diciembre de 2012 —años antes de los hechos investigados—, su aprobación por la Asamblea Extraordinaria de socios del 10 de mayo de 2013 y sus sucesivas prórrogas en 2015/2016, 2018 y 2021.
El descargo también cita el acuerdo de rescisión y reconocimiento de deuda de septiembre de 2024 (Anexo T), que vuelve a dejar constancia de la constitución del fideicomiso en 2012, su aprobación en 2013 y sus sucesivas renovaciones. La defensa concluye que “la utilización del fideicomiso no oscurece el circuito; lo explica. No lo aparta de la institucionalidad; lo inserta en ella. Y no revela clandestinidad; revela que el Club operaba a través de una herramienta creada, debatida, aprobada y sostenida durante años”.
La defensa también cuestiona la lógica fiscal que extiende a Banfield la ilicitud atribuida al grupo Sur Finanzas y a su titular, Maximiliano Ariel Vallejo: “una cosa es la hipótesis penal construida respecto de Vallejo y de las sociedades de su entorno, y otra distinta es la valoración concreta de cada operación celebrada con terceros” sostiene.
Otro de los ejes que la defensa intentó desmontar es la operatoria de sponsoreo con sociedades del universo Sur Finanzas, que la fiscalía presentó como una cobertura formal para justificar flujos económicos sin causa real.
Spinosa presentó documentación en la que se acreditaría la existencia de una oferta de sponsoreo emitida por Sur Finanzas Group S.A. el 12 de diciembre de 2022, documentación cartular con canjes de cheques, facturación y previsión de prestaciones publicitarias concretas.
Más allá del análisis operación por operación, el descargo construye un argumento jurídico-penal de fondo: la imputación no individualiza ninguna conducta personal de Spinosa. “La imputación no logra mostrar que Eduardo Juan Spinosa haya actuado por fuera de los órganos de decisión del Club, al margen de la documentación respaldatoria, ni en contradicción con los mecanismos institucionales que regían la celebración y ejecución de estas operaciones”, sostiene el escrito.
La defensa apunta que la acusación proyecta sobre el ex directivo del club deportivo ubicado en la zona sur del Conurbano Bonaerense una sospecha derivada, esencialmente, de la posición institucional que ocupaba. Pero afirma que “el derecho penal de acto exige individualizar conductas personales concretas y no permite suplir esa exigencia con inferencias asentadas, de modo meramente reflejo, en el cargo ocupado o en la firma de instrumentos que aparecen incorporados al circuito formal del Club”. Ese déficit, señala el escrito, “constituye, precisamente, una de las debilidades estructurales más evidentes de la imputación formulada”.
Incompatibilidad entre acusación y documentación
El descargo dedica un capítulo entero a demostrar que la hipótesis acusatoria choca de frente con la prueba documental del propio expediente. “La acusación no niega la existencia de los documentos; lo que hace es prescindir de su verdadero contenido. Y ese es, precisamente, su defecto más grave”.
La defensa señala que el expediente contiene “contratos, anexos, actas, certificaciones notariales, facturas, cheques, balances, aprobaciones asamblearias y constancias bancarias”, y que sobre esa base “la valoración penal no puede edificarse sobre intuiciones, sospechas globales o extrapolaciones tomadas de otros contextos”.
La conclusión que la defensa extrae de ese análisis es que “cuanto más se observan los instrumentos, las aprobaciones, las certificaciones, los movimientos y la secuencia institucional de los actos, menos plausible resulta la idea de una acción dolosa y clandestina”. Y agrega que el derecho penal “no está llamado a sancionar desaciertos comerciales, decisiones financieras onerosas, contratos complejos ni estructuras institucionales discutibles desde otros planos normativos o económicos”.
Ahora será el turno de la valoración del juzgado y la fiscalía para después resolver sobre su situación procesal.
POLITICA
Milei viajará a EE.UU. en una semana caliente para el Congreso por el Presupuesto 2027 y el DNU 70/23 – Nexofin
En lo que se vislumbra como una semana de intensa actividad en el Congreso Nacional, el presidente Javier Milei realizará un nuevo viaje a Estados Unidos. En esta ocasión, el mandatario argentino asistirá a la Gala Oficial de la Herencia Hispánica, que se llevará a cabo en Washington DC.
El jefe de Estado partirá el martes a la capital del país norteamericano para dar el presente en el evento que se celebrará el miércoles por la noche.
El Gobierno busca reemplazar tecnología china por la de EE.UU. en el funcionamiento del Estado
En paralelo a este nuevo periplo presidencial, se desarrollará la reunión de la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. En ese marco, los legisladores de La Libertad Avanza impulsarán el debate de la llamada “Ley de Leyes”, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, según informó Clarín.
El miércoles tendrá lugar la discusión de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y el jueves, la oposición intentará abrir el recinto para voltear el DNU 70/23 y aprobar la extensión de la Emergencia en Discapacidad y una legislación para otorgar herramientas contra el endeudamiento familiar.
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POLITICA
Dura advertencia de la Iglesia por el avance narco en barrios populares: “La ausencia del Estado permite que ocupe su lugar”
La Iglesia lanzó una advertencia por el avance del narcotráfico en los barrios populares y vinculó ese fenómeno con el retroceso de la presencia estatal. El obispo de San Justo, Eduardo García, sostuvo que la falta de servicios, oportunidades y respuestas institucionales favorece a las redes criminales. Sus palabras fueron escuchadas por funcionarios bonaerenses, jueces, fiscales y organizaciones sociales.
“La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas”, alertó García durante la Jornada de Acceso a la Justicia, que se realizó el martes en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), y que llamativamente no contó con la presencia ni del intendente local, Fernando Espinoza, ni de la vicegobernadora y ex mandataria, Verónica Magario. Allí, el prelado describió un circuito que resumió con una fórmula: “Las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio”. Como contrapartida, reclamó fortalecer “las tres C de la vida: colegio, capilla y club”.
El planteo excedió a un distrito específico y apuntó a una problemática presente en numerosos barrios del conurbano bonaerense: la combinación de exclusión social, economías delictivas y dificultades de acceso a derechos. García relacionó la expansión del narcotráfico con la falta de educación, atención sanitaria, cloacas y oportunidades de desarrollo.
También cuestionó el momento en que las instituciones judiciales toman contacto con esas realidades. Según afirmó, la Justicia ordinaria en los barrios populares “suele llegar tarde, interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho y el delito se ha cometido”. La observación expuso la tensión entre la respuesta penal ante hechos consumados y la prevención de las condiciones que facilitan el ingreso de adolescentes y jóvenes a circuitos criminales.
El encuentro se realizó en el Salón de las Américas de la UNLaM y reunió a representantes de la Iglesia, el Poder Judicial, el gobierno de Axel Kicillof y organizaciones territoriales. Participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; el juez federal de Morón Jorge Rodríguez; la fiscal general Patricia Ochoa; el diputado provincial Facundo Tignanelli y el rector de la universidad, Daniel Martínez.
Mena coincidió en ubicar a la desigualdad en el centro de la discusión. “Hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad”, afirmó. También se refirió a la relación entre los sectores más postergados y las instituciones: “La mayoría de los ciudadanos vulnerables conocen el sistema judicial a través de su peor cara, que es la Justicia Penal”.
El ministro defendió la necesidad de modificar ese vínculo y ampliar los mecanismos para resolver conflictos antes de que deriven en un expediente penal. Como ejemplo, destacó las visitas de integrantes del Ministerio Público Fiscal al barrio Puerta de Hierro, donde reciben las inquietudes de los vecinos.
Además, valoró la apertura de espacios de los Hogares de Cristo dentro de la Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esos ámbitos buscan acompañar a personas privadas de la libertad y ofrecer herramientas para reconstruir sus proyectos de vida.
El debate giró en torno a cómo evitar que el sistema penal se convierta en la única presencia estatal reconocible en los sectores marginados. Para los organizadores, acercar la Justicia supone garantizar la intervención de jueces y fiscales, facilitar el acceso a dispositivos de acompañamiento y promover la cooperación entre organismos públicos y organizaciones comunitarias.
La convocatoria fue organizada por áreas académicas de la UNLaM, el Obispado de San Justo, Cáritas, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la Pastoral Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. También participaron el defensor general Marcelo García, el presidente del Colegio de Abogados local, Martín Rivas, y el juez Franco Fiumara, entre otros referentes judiciales.
Durante la apertura, el rector Martínez sostuvo que el debate sobre los tribunales debe partir de las condiciones materiales de vida de la población. “Cuando hablamos de Justicia, lo primero que tenemos que hablar es de vida, de la gente”, expresó. También aludió a la decisión judicial que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y vinculó la educación pública con la garantía de derechos.
Uno de los anuncios políticos de la jornada estuvo a cargo de Tignanelli, vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense. El legislador anticipó que impulsará la incorporación de las denominadas “Reglas del Papa Francisco” como material obligatorio en la Escuela Judicial provincial. La propuesta busca que quienes aspiren a integrar la magistratura conozcan principios orientados a una Justicia cercana a las personas vulnerables y atenta a las desigualdades que condicionan el ejercicio de los derechos.
Tignanelli a su vez destacó el trabajo de la Iglesia a través de los Hogares de Cristo en los barrios más vulnerables de La Matanza: “La Iglesia es el gran articulador de toda esta actividad, es quien convoca a todos los actores que pueden hacer algo para poder dar una respuesta clara a las necesidades que están viviendo hoy los vecinos y vecinas de la Matanza”.
“Es muy importante el trabajo que vienen haciendo en distintos barrios de La Matanza, ahí dónde es más urgente y el Estado abandonó”, afirmó.
La jornada incluyó mesas de trabajo sobre adicciones en el sistema penal juvenil, violencia de género y derecho a la identidad en contextos de marginalidad. Los debates serán sistematizados en un documento académico con conclusiones y propuestas. Según informó la universidad, el material será remitido al papa León XIV y servirá de insumo para continuar el intercambio entre las instituciones participantes.
Los organizadores proyectan conformar una Mesa Territorial de Acceso a la Justicia de La Matanza. La iniciativa busca establecer un ámbito permanente de coordinación para identificar obstáculos, compartir experiencias e impulsar respuestas conjuntas entre los equipos judiciales y las organizaciones que trabajan en los barrios.
POLITICA
Caso $LIBRA: EE.UU. rechazó el pedido de colaboración de la Justicia argentina tras concluir que faltan pruebas de un delito
Un día antes de que una jueza federal de Nueva York desestimara la demanda colectiva (“class action”) que impulsaron afectados por el lanzamiento y colapso de $LIBRA, el gobierno de Estados Unidos había fijado su propia posición, por escrito, que comunicó de manera formal a las autoridades argentinas. Sostuvo que los inversores en criptomonedas asumen los riesgos propios de comprar y vender activos financieros que son especulativos, nuevos y no regulados, y que la publicación viral de un político que promueve un criptoactivo no basta, por sí sola, para demostrar que fueron inducidos a una trampa.
La posición oficial del gobierno estadounidense, que hasta ahora no había trascendido y cuya copia obtuvo , fue más lejos. Tras transmitir su parecer, le informó al Gobierno de Javier Milei que no entregará los registros solicitados por la Justicia argentina porque la información aportada desde Buenos Aires fue insuficiente para demostrar que se había cometido un delito.
“Dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto”, indicó la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal del Departamento de Justicia. Y lo planteó mediante una carta de una carilla que remitió al Ministerio de Justicia argentino para que la presente ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de instruir la investigación criminal por presunto fraude en los tribunales federales de Comodoro Py.
La requisitoria argentina había comenzado a tramitarse hace más de un año y medio y el Departamento de Justicia la recibió el 8 de abril de 2025. El pedido buscaba acceder a “registros de suscriptor” para avanzar en la investigación por fraude en torno a $LIBRA, el criptoactivo que impulsaron el estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y que contó con el apoyo del presidente Milei, quien posteó en su cuenta de la red social X el código de 44 letras y números indispensable para adquirirlo.
Según surge de la respuesta oficial remitida desde Washington, funcionarios estadounidenses solicitaron información adicional a los tribunales argentinos en dos ocasiones —el 24 de abril y el 31 de julio de 2025— para evaluar si daban curso a la requisitoria. La primera respuesta argentina llegó el 31 de julio de 2025; la segunda, recién el 7 de mayo de 2026, más de nueve meses después. Pero, al final, la respuesta fue negativa.
“Lamentablemente —indicó la carta, redactada en inglés, con traducción oficial en español, y firmada por la fiscal Mari Aponte—, la información fue insuficiente para obtener los registros solicitados, ya que no había pruebas suficientes que demostraran que se había cometido un delito”.
“Deben existir pruebas suficientes para demostrar que existe una conexión clara entre los sujetos de la investigación y los delitos objeto de investigación y las asistencias solicitadas”, abundó el texto, que en su cuerpo no aludió por sus nombres a Davis, Novelli y Terrones Godoy, entre otros acusados, ni a Milei, que sí figuró en la carátula de la misiva.
“Los inversores de criptomonedas asumen los riesgos de activos financieros especulativos nuevos y no regulados”, fijó como pauta general el Departamento de Justicia. “Las campañas agresivas en las redes sociales sobre un criptoactivo altamente volátil y una publicación viral de un político que lo promueve, por sí solas, no son suficientes para demostrar que los inversores fueron inducidos a invertir mediante falsedades”.
Aunque el texto no aludió a político alguno, esa descripción podría aplicarse a figuras como el presidente Donald Trump, su esposa Melania y Milei, quienes han utilizado sus redes sociales para difundir “memecoins” y otros criptoactivos con sus nombres -$Trump y $Melania- o, en el caso del jefe de Estado argentino, $LIBRA, para darles visibilidad y volumen financiero a esos proyectos.
Tras el colapso de $LIBRA, cabe recordar, Milei borró su posteo original y buscó despegarse del proyecto y de sus protagonistas. Remarcó que él solo se había limitado a “difundir”, pero no a “promocionar” el proyecto, del que empezó por afirmar que serviría para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, pero al que luego caracterizó como “ir al casino” o, incluso, una “ruleta rusa”.
En la misiva que llegó a Comodoro Py, el Departamento de Justicia terció en ese contrapunto, acaso sin buscarlo: aludió al político que “promueve” un criptoactivo, en lugar de sostener que se había limitado a difundirlo. La carta, sin embargo, se limitó a cerrar el trámite vinculado al pedido argentino, pero no precisó si la Sección Fraudes de la División Criminal tramita su propia investigación sobre lo ocurrido.
En ese sentido, funcionarios de la Sección Fraudes recibieron al menos un “reporte de operaciones criminales” en los días posteriores al colapso de $LIBRA, según reveló en febrero de 2025, ante la sospecha de una presunta megaestafa por entre 87 millones y 107 millones de dólares, que afectó a miles de inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países, e impactó en empresas del mundo cripto como KIP Protocol, Jupiter y Meteora, donde cayó uno de los máximos ejecutivos. No trascendió si esas actuaciones avanzaron.
Un día antes
La comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos se fechó el 28 de septiembre pasado, en Washington. Es decir, un día antes de que la jueza federal Jennifer Rochon rechazara en Nueva York la demanda colectiva de inversores damnificados por el lanzamiento y posterior colapso de $LIBRA y dispusiera el cierre de la causa que tramitaba ante los tribunales federales de Manhattan.
Rochon admitió así los pedidos de desestimación formulados por Davis y los demás integrantes de Kelsier Ventures, por Benjamin “Ben” Chow y por Dynamic Labs, y rechazó además el intento de los demandantes de ampliar nuevamente su denuncia, por lo que los impulsores de la “class action” deberán evaluar ahora si recurren a la Cámara de Apelaciones.
Rochon concluyó que los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta no habían logrado demostrar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley federal RICO —utilizada contra organizaciones que desarrollan un patrón continuado de actividades ilícitas—. En particular, consideró que no habían acreditado el requisito de continuidad exigido para configurar un “patrón” de actividad ilícita bajo esa legislación.
En ese sentido, la jueza mencionó 18 veces a Milei en su resolución y consignó que Davis envió mensajes a terceros afirmando que tenía “control” sobre el jefe de Estado y ofreciendo reuniones con el mandatario a cambio de dinero. También, según surge de los mensajes incorporados a la demanda colectiva, que afirmó que le enviaba dinero a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “y él firma lo que sea que yo le diga y hace lo que yo quiera”.
Rochon también consignó el papel que los propios demandantes atribuyeron a Milei en el lanzamiento del criptoactivo, el 14 de febrero de 2025, a partir de su posteo en la red social X. “En respuesta a su anuncio [por el posteo], el interés de los inversores, el volumen de operaciones y la cotización [de $LIBRA] subieron”, señaló la magistrada.
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