El tributarista César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, analizó en una entrevista con Infobae en Vivo los alcances del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que el Gobierno enviará al Congreso en los próximos días. En su lectura, las modificaciones respecto a la versión original del régimen amplían el universo de potenciales adherentes y dan mayor certeza jurídica a quienes decidan utilizarlo para sacar sus dólares del circuito informal.

Además, anticipó, “podrían exteriorizarse unos USD 50.000 millones” gracias a las modificaciones.

Ante la percepción generalizada de que la ley original no había tenido el impacto esperado, Litvin fue categórico: “No es que haya fracasado. Se adhirieron unas 80.000 personas hasta ahora”. Sin embargo, reconoció que existían limitaciones que frenaban una adhesión más masiva, y que el nuevo proyecto resuelve buena parte de esas inquietudes.

Una de las trabas más importantes tenía que ver con los requisitos patrimoniales y de ingresos para acceder al régimen. Con la versión que se enviará al Congreso, eso desaparece. “Se ha eliminado ese requisito, con lo cual más cantidad de gente, independientemente de su patrimonio y nivel de ingresos, puede adherirse a este régimen simplificado, que es optativo”, explicó.

La única excepción son los grandes contribuyentes nacionales, a quienes el tributarista definió como “las grandes fortunas”. Para ese grupo, los beneficios plenos del régimen no estarán disponibles.

Otro de los puntos que generaba resistencia entre los contribuyentes y sus asesores era el mecanismo de “discrepancia significativa”: si el fisco detectaba diferencias relevantes entre lo declarado y lo que consideraba correcto, el régimen podía caer por completo. Eso creaba una zona de incertidumbre difícil de aceptar.

Litvin explicó que el nuevo proyecto resuelve eso de forma concreta. “Generalmente hay diferencia de criterio. Esto se solucionó levantando el umbral de topes para considerar las discrepancias significativas. Ahora el tope es de $5 millones”. Además, el contribuyente tendrá la posibilidad de defenderse en instancias administrativas ante eventuales diferencias con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En ese esquema, “si tienen una diferencia con el fisco, no es causal de exclusión de todos los beneficios”.

Más allá de los cambios técnicos, Litvin repasó los incentivos concretos del régimen. El primero apunta a simplificar la carga burocrática: la declaración jurada es “muy simple, muy sintética, con muy poca información al organismo fiscal”, sin necesidad de informar movimientos patrimoniales.

El segundo beneficio tiene un peso mayor para quienes tienen ahorros en efectivo fuera del sistema financiero. “Puedo usar los dólares del ‘colchón’ obtenidos por actividades lícitas sin ninguna consecuencia fiscal ni costo. Puedo invertir en plazo fijo, en alquiler de inmuebles para vivienda sin ningún impuesto y no tengo consecuencias fiscales ni costo del uso de esos dólares”, detalló.

A eso se suma lo que Litvin denominó “tapón fiscal hacia atrás”, un blindaje que impide que el fisco reclame impuestos por períodos anteriores no prescriptos. En ese punto, señaló que el mecanismo “da el mismo blindaje” que el blanqueo. La diferencia, aclaró, es que sacar los dólares del colchón no significa eximirse de impuestos futuros, pero sí permite generar renta con ese dinero sin consecuencias fiscales inmediatas. “No conviene guardar los dólares. Guardados en una caja de seguridad no sirve de nada y van perdiendo valor, por la inflación internacional”, advirtió.

Litvin también planteó una advertencia específica para los contribuyentes que hoy están inscriptos en el monotributo. Si adherirse al régimen simplificado implica salir del monotributo para pasar al Régimen Simplificado de Ganancias, el análisis se complica.

“El monotributo es lo más barato en materia impositiva. Pagando la cuota, tiene contenido de seguridad social, de obra social y de IVA y Ganancias. Saliendo del monotributo, es un salto al vacío”, sostuvo. Su recomendación fue clara: “Diría que se haga aconsejar debidamente sobre los pros y contras de cada caso”.

Una de las preguntas que más recibe Litvin de sus clientes tiene que ver con la experiencia del blanqueo de 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri. Quienes participaron de ese régimen vieron cómo, con el cambio de gobierno, se creó el impuesto a la riqueza y se amplió Bienes Personales hasta una alícuota del 2,25%, que el propio Litvin calificó de “exorbitante”.

Ante ese antecedente, el tributarista diferenció lo que puede y lo que no puede pasar. El tapón fiscal es intocable: “Nadie puede cambiarlo”, afirmó. Lo que sí puede modificarse con un eventual cambio de gobierno es la presión impositiva sobre el patrimonio. Pero eso, según Litvin, tiene solución: “Se puede invertir en bienes que no estén gravados”.

Sobre el potencial impacto del nuevo régimen, Litvin discrepó con estimaciones que circulan sobre el total de dólares fuera del sistema. “Yo considero que no son más de 170.000 millones”, dijo, en referencia a cifras que a veces se elevan a 250.000 millones. Para dimensionar qué porción de ese total podría movilizarse, recurrió a los precedentes: el blanqueo de Milei exteriorizó USD 50.000 millones, mientras que el de Macri alcanzó los USD 116.700 millones.

Con esa base comparativa, Litvin estimó que el nuevo proyecto podría tener un alcance similar al del blanqueo más reciente: “Yo creo que una buena cifra en este caso pueden ser USD 50.000 millones”.