Tras aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el Gobierno, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer sus proyecciones para lo que resta del 2026 y anticipó que la inflación caerá a un dígito anual en 2028. Sin embargo, los analistas privados tienen otras estimaciones sobre cómo será la evolución de precios en los próximos años.

El FMI estimó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual en la Argentina podría descender a un solo dígito hacia 2028, con una proyección de 7,5%, de acuerdo con el Staff Report. El organismo internacional señaló que la desinflación continuará durante el resto de 2026, aunque de manera más gradual, debido en parte a la suba reciente de los precios internacionales de la energía por el conflicto en Medio Oriente.

Luego del 2,6% de abril, que quebró una tendencia inflacionaria alcista de 10 meses consecutivos, el Fondo estimó que la inflación de este año se ubicaría en torno al 25%, por debajo del 31,5% al cierre de 2025, en línea con una remonetización progresiva de la economía.

En tanto, la entidad presidida por Kristalina Georgieva indicó que, pese a avances en la estabilización, la acumulación de reservas y la recuperación de la demanda de dinero quedaron rezagadas frente a otros programas, influenciadas por la incertidumbre política de 2025. Los ajustes en el régimen monetario y cambiario, junto con compras sostenidas de divisas, comenzaron a revertir esas tendencias, aunque el FMI advirtió que será necesario mantener estos esfuerzos.

De manera paralela, el Fondo solicita al Gobierno la actualización de las canastas utilizadas para la elaboración del IPC. “Considerando el difícil historial de estadísticas poco confiables en Argentina durante 2007-2015, contemplar también la publicación anticipada de datos de inflación basados en canastas de consumo actualizadas, así como fortalecer la independencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)”, remarca el texto.

Esta recomendación surge tras la polémica originada por la decisión del equipo económico de seguir empleando la canasta de bienes y servicios de 2004, en reemplazo de la correspondiente a 2017/2018, para el cálculo del IPC, lo que motivó la salida de Marco Lavagna de la dirección del Indec a comienzos de 2026.

“La demora prolongada en la actualización del IPC ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la canasta de consumo actual. Las cuentas nacionales también presentan limitaciones en cuanto a su nivel de detalle y precisión, en parte debido a un año base obsoleto”, acotaron los técnicos del ente.

Por otra parte, el documento subrayó que la reducción o eliminación de otros desequilibrios macroeconómicos dejará a la economía mejor posicionada de cara a las elecciones de 2027. Ya con la inflación en cifras de dos dígitos, la entidad insistió en que el desafío será equilibrar la desaceleración de precios, la acumulación de reservas y la recuperación económica, lo que exige políticas más adecuadas para un entorno inflacionario más bajo.

Para el FMI, un ancla fiscal ambiciosa y creíble resulta clave para reducir la inflación y restablecer la sostenibilidad de la deuda, además de evitar una dependencia excesiva de la política monetaria restrictiva. El staff report remarcó que los programas exitosos logran equilibrar el ritmo de desinflación con la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, y advirtió sobre los riesgos de intentar bajar la inflación muy rápido con una sobredependencia de un ancla cambiaria y flujos de capital volátiles.

El análisis histórico consignó que bajar la inflación de tres cifras a dos suele requerir poco tiempo, pero que alcanzar un solo dígito demanda más años. En experiencias previas, ese proceso llevó entre tres y cuatro años adicionales, y aún más en economías altamente dolarizadas como Perú o Uruguay, donde el período se extendió a cinco y siete años, respectivamente.

En el plano local, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicado en mayo mostró un análisis diferente respecto al que hace el Fondo en materia inflacionaria.

La mediana de las consultoras prevé una inflación anual de 30,5% para 2026, y de 24,2% para los próximos doce meses. El gráfico difundido por el BCRA exhibió una tendencia creciente en 2026, con un salto desde el 18% interanual en abril de 2025 hasta el 30,5% en abril de 2026. Para 2027, la proyección es 19,9% y para 2028, 13,3 por ciento. De esta manera, los analistas consultados por la autoridad monetaria no coinciden con el FMI y estiman que el proceso de desinflación hasta una cifra demorará más tiempo.

El economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky, expresó que la inflación estaría retomando su tendencia a la baja. Señaló que luego del 2,6% de abril, para mayo se proyecta cerca de 2,1 por ciento. Además, explicó que las bases para consolidar la desinflación están firmes, atribuyéndolo a un apretón monetario de ocho meses y a la normalización de la demanda de pesos. Además, consideró que las próximas semanas son favorables por la liquidación de dólares y la ausencia de vencimientos de deuda en dólares hasta julio. Su pronóstico para 2026 se ubica en torno al 26 por ciento.

Pese a la desaceleración de abril de casi un punto porcentual respecto a marzo, el dato no dejo conforme al presidente, Javier Milei. “El único dato que nos trae alivio es que sea cero. Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada.”, afirmó en una entrevista a posteriori. Y agregó: “Cuando uno mira otras experiencias, lograr la baja de la inflación demandó entre 7 y 12 años. En mayo del año pasado, habíamos llegado a 1,5% de inflación. Todo pintaba para que se pudiera quebrar el 1 por ciento. De hecho, hubo meses con deflación en mayoristas”.

Lo cierto es que las estimaciones del FMI para 2028 contrastan con las previsiones más elevadas del REM y de analistas privados para los próximos dos años. La diferencia entre expectativas oficiales y privadas refleja la incertidumbre sobre el ritmo al que la inflación logrará alcanzar niveles de un solo dígito.

Refinor suspende el procesamiento de GLP para liberar gas natural a la región y aliviar la crisis energética para la industrias con suministro amenazado

26/05/2026 – 17:12hs

El fantasma de las restricciones energéticas en el Noroeste Argentino encuentra una tregua antes del inicio de la temporada invernal mediante una estrategia comercial que implementará la empresa Refinor, controlada en su totalidad por YPF, que dispuso un esquema de abastecimiento directo para las industrias de la región.

La medida busca amortiguar el impacto de la crisis que atraviesan las provincias norteñas ante la vulnerabilidad de su matriz de suministro, debido a la falta de infraestructura que permita llevar una mayor capacidad desde Vaca Muerta a través del Gasoducto del Norte. 

La compañía tomó la decisión de suspender temporalmente el procesamiento de gas licuado de petróleo (GLP) durante los meses más fríos del año. Esta maniobra liberará un volumen estimado en 500.000 metros cúbicos diarios de gas natural, de acuerdo a lo que informaron los medios locales tras el anuncio del secretario de Producción de Tucumán, Eduardo Castro.

El combustible se destinará de forma exclusiva al sector productivo regional, que enfrenta severas dificultades debido al declino estructural de las cuencas productivas locales y ante la interrupción de las importaciones desde Bolviia hace ya dos años.

Un nuevo escenario de abastecimiento

Históricamente, el pico del consumo invernal en la zona se cubría con esas importaciones de Bolivia en un porcentaje mayoritario, complementado por la producción de la cuenca Noroeste. La merma sostenida en los caudales enviados por el país vecino y las demoras en las obras de reversión del Gasoducto Norte profundizaron las alarmas.

Frente a este déficit, la alternativa del Gas Natural Licuado (GNL) importado asomaba como la opción técnica inmediata, aunque inviable en términos financieros dado que los precios licitados para junio alcanzaban hasta 7 veces el valor del gas de Vaca Muerta.

Los sectores industriales rechazaron de plano asumir el costo de este recurso importado, cuyos valores escalaron fuertemente debido a las tensiones bélicas en Medio Oriente, con lo cual el abastecimiento del sector industrial en el norte era de total incertidumbre.

El acuerdo alcanzado representa un poco de oxígeno para las economías regionales de Tucumán, Salta y Jujuy, que concentran complejos fabriles de alta demanda estacional. Sectores como el sucroalcoholero, el citrícola, el tabacalero y el cerámico requerían garantías de continuidad operativa para evitar suspensiones masivas de personal. La parálisis total de estas ramas de actividad hubiese generado un impacto severo sobre el empleo y los indicadores socioeconómicos del NOA.

Volúmenes y precios a definir

La modalidad de contratación establecida prevé que cada empresa negocie de manera individual sus condiciones comerciales con la refinadora. Los contratos particulares definirán los plazos específicos de provisión, los volúmenes diarios asignados y el precio final del metro cúbico. Esta flexibilidad contractual procura ordenar el reparto del recurso disponible en función de las necesidades críticas de cada proceso fabril.

Si bien la inyección de medio millón de metros cúbicos aporta certidumbre inmediata, las autoridades sectoriales advierten que constituye una solución de carácter transitorio. El norte del territorio nacional necesita la finalización de las obras de transporte troncal para conectar de forma definitiva la producción de Vaca Muerta con los centros de consumo.

La reconversión logística de Refinor expone el rol estratégico de la firma dentro de los planes de YPF para el sostenimiento del entramado productivo en la zona norte del país. El proceso por el cual YPF tomó el control total de Refinería del Norte (Refinor) se completó a fines de octubre de 2025, mediante una operación estratégica de compra de acciones que le permitió quedarse con el 100% de la compañía.

Históricamente, Refinor operaba bajo un esquema de consorcio privado-estatal en el que YPF compartía el paquete accionario con otras petroleras de la región como Pluspetrol y Pan American Energy.

El Gobierno nacional oficializó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario en las provincias de Chubut, Santa Cruz y en diversos departamentos de Mendoza. La decisión, publicada este miércoles a la madrugada en el Boletín Oficial, fue otorgada debido a la gravedad de las condiciones climáticas que afectaron a miles de productores del sur y oeste del país.

Las resoluciones firmadas por el titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, establecieron diferentes períodos de vigencia y condiciones según la provincia y el tipo de contingencia, bajo el marco de la Ley 26.509 de emergencia agropecuaria.

En el caso de la Resolución 746/2026, se dispuso el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía durante un año para todas las explotaciones ganaderas de Chubut. La medida entró en vigor desde el 7 de enero de 2026 y, según el texto oficial, se extenderá por el plazo de un año en todo el territorio provincial.

“Determínase que el 7 de enero de 2027 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas”, aclararon las autoridades al remarcar que los productores que deseen acceder a los beneficios previstos por la ley deberán contar con un certificado emitido por la autoridad provincial que acredite los daños en sus predios.

De esta manera, indicaron que el Gobierno de Chubut deberá remitir el listado de afectados a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Asimismo, indicaron que entre las ayudas se encuentran prórrogas impositivas y líneas de asistencia financiera a través del sistema bancario (ya sea nacional, provincial o mixto) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

De igual forma, en la Resolución 792/2026 se estableció el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones ganaderas de Santa Cruz impactadas por sequía y fuertes vientos. La misma tendrá una duración de un año, es decir, desde el 3 de febrero de 2026 hasta el 3 de febrero de 2027.

El procedimiento y los beneficios para los productores santacruceños replican el esquema establecido por la Ley N° 26.509 de Emergencia Agropecuaria. Esto incluye la presentación de certificados, incorporación en el listado de afectados y acceso a prórrogas impositivas, asistencia bancaria y medidas de apoyo articuladas por el Ministerio de Economía y la ARCA.

Por último, en la Resolución 765/2026, el Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en 16 departamentos de Mendoza afectados por heladas y granizo. Para los cultivos perjudicados por helada, el período de emergencia abarca del 1 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2027, mientras que para los dañados por granizo, la vigencia es desde el 1 de enero de 2026 hasta la misma fecha de 2027.