Una propuesta para que un niño, niña o adolescente sea reasignado a otra familia en un plazo máximo de 15 días, cuando los solicitantes decidan terminar la convivencia, fue incorporada a las consultas del proyecto de ley 570, que reforma el régimen de adopciones en Panamá.

La iniciativa fue presentada por Roderick Burgos, de la Fundación Pro-Familia, durante una mesa técnica de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, presidida por la diputada Olga Paulette Thomas. El planteamiento busca evitar que el menor permanezca sin una alternativa familiar definida.

La modificación propone considerar como “devolución” la decisión voluntaria de los solicitantes de poner fin a la convivencia con el menor que les fue entregado, tanto durante el acogimiento preadoptivo como después de constituida la adopción. Ante esa situación, la reasignación deberá efectuarse dentro del plazo establecido.

El término no supone que el cambio de familia pueda ejecutarse de manera automática. La propuesta deberá precisar desde cuándo comienzan a contarse los 15 días, qué autoridad determinará la nueva asignación y cuáles evaluaciones acompañarán al menor.

También deberá establecer cómo operará el procedimiento cuando la adopción ya sea definitiva.

El proyecto 570, presentado por los diputados Manuel Cheng Peñalba y Janine Prado, se encuentra en la etapa final de consultas con los sectores involucrados. Una vez concluida esta fase, el equipo asesor revisará las modificaciones y preparará un informe para la discusión en primer debate, según la Asamblea Nacional.

La propuesta de reasignación introduce un plazo concreto ante una situación que puede provocar una nueva ruptura emocional en menores previamente separados de su entorno familiar. Su aplicación requeriría combinar la rapidez administrativa con evaluaciones que garanticen la seguridad, compatibilidad y estabilidad de la siguiente familia seleccionada.

El objetivo es impedir que la interrupción de una convivencia derive en una permanencia prolongada dentro del sistema de protección. Sin embargo, una segunda asignación también exige acompañamiento psicológico y seguimiento institucional, debido a que el menor puede enfrentar sentimientos de rechazo, pérdida de confianza o temor a otro abandono.

La reforma contempla, además, que antes de avanzar hacia una adopción se priorice la permanencia o el retorno del menor con familiares aptos. Solamente después de agotar las alternativas dentro de su entorno familiar correspondería aplicar otras medidas de protección, incluida su integración a una familia adoptiva.

Entre los cambios discutidos figura la activación de la atención psicosocial durante las primeras 24 horas posteriores al ingreso del menor al sistema y la apertura del expediente dentro de las siguientes 72 horas. El procedimiento incluiría la identificación de familiares que puedan asumir responsablemente su cuidado.

La investigación psicosocial inicial tendría un plazo máximo de 30 días hábiles e incluiría la elaboración del árbol familiar, apoyada con información del Registro Civil. Si aparece un pariente apto, las instituciones deberán valorar programas de reunificación o fortalecimiento, siempre que esa alternativa proteja el interés superior del menor.

Cuando no exista una opción familiar viable, la autoridad dispondría de tres días hábiles para presentar la solicitud correspondiente ante el tribunal competente. Las extensiones de la investigación solamente podrían concederse de forma justificada, con el propósito de evitar que la búsqueda familiar se convierta en una demora indefinida.

La propuesta también establece periodos para la evaluación de los aspirantes y la asignación. La valoración preadoptiva tendría una duración máxima de dos meses, mientras la decisión sobre la idoneidad debería emitirse en cinco días hábiles. Posteriormente, el acogimiento preadoptivo se desarrollaría durante 30 días calendario.

La selección correspondería al Comité de Asignación Familiar, que se reuniría cada 15 días y deberá tomar sus decisiones con base en las necesidades y características particulares de cada menor, no en las preferencias de los adultos. La reforma también procura preservar el vínculo entre hermanos durante el proceso de adopción.

Las familias acogentes que hayan cuidado a un menor durante más de un año podrían postularse como adoptantes y recibir consideración prioritaria, siempre que cumplan los requisitos legales y exista una declaratoria de adoptabilidad. Esta posibilidad busca reconocer relaciones estables sin convertir el acogimiento temporal en un acceso automático a la adopción definitiva.

El debate sobre los 15 días incorpora ahora uno de los momentos más delicados del proceso: qué ocurre cuando fracasa la convivencia con la familia seleccionada. La versión definitiva deberá equilibrar la necesidad de una respuesta rápida con garantías suficientes para que la nueva asignación no produzca otra separación perjudicial para el menor.

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Former presidents Bill Clinton and George W. Bush were given multiple warnings that 9/11 organizer Usama bin Laden and his terror network were planning to hijack large commercial jets in an effort to attack the United States, according to a batch of files released by the Trump administration Friday.

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The reports, contained in previously classified documents from presidential daily briefs (PDBs) and high-level CIA intelligence memorandums, noted that operatives had already evaded security checks during a trial run at an unidentified New York airport three years before members of al Qaeda took down the World Trade Center.

The plotters aimed to leverage hijacked flights to demand the release of imprisoned extremists, including Sheikh Omar Abdel-Rahman and Ramzi Yousef.

USS COLE COMMANDER RECALLS CHILLING 9/11 WARNING AT CIA JUST 20 MINUTES BEFORE FIRST PLANE HIT

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Former President Bill Clinton greets former presidents George W. Bush and Barack Obama during a ceremony marking the 25th anniversary of the Sept. 11 terrorist attacks at the National 9/11 Memorial & Museum in New York City on Sept. 11, 2026. Newly declassified files reveal that intelligence warnings about a potential terror attack spanned across presidential administrations. (Getty Images)

«Some members of the bin Ladin network have received hijack training, according to various sources, but no group directly tied to bin Ladin’s al-Qa’ida organization has ever carried out an aircraft hijacking,» a Dec. 4, 1998 presidential daily briefing states. «Bin Ladin could be weighing other types of operations against US aircraft.»

Months before the December 1998 briefing, a Sept. 10, 1998, PDB memorandum noted that bin Laden’s preferred option was to strike on U.S. soil in Washington, D.C. That report warned that the terror network responsible for the East Africa embassy bombings could possibly fly a plane packed with explosives into an American city.

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AMERICA BUILT A FORTRESS AFTER 9/11; THEN THE THREAT STARTED HIDING IN PLAIN SIGHT

Throughout 1998, U.S. intelligence agencies tracked bin Laden’s movements and support system, while identifying associates and sympathizers operating across several states, including New York, California, Texas, Michigan and Florida, the documents state.

The warnings spanned two presidential administrations. An Aug. 6, 2001, PDB delivered to Bush informed him that the FBI uncovered patterns of suspicious activity inside the U.S. consistent with preparations for hijackings or other attacks, as well as recent surveillance of federal buildings in New York.

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KASH PATEL REVEALS THE CHILLING HOLIDAY TERROR PLOTS FBI FEDERAL AGENTS QUIETLY STOPPED

«Al-Qa’ida members — including some who are US citizens — have resided in or traveled to the US for years, and the group apparently maintains a support structure that could aid attacks,» that document states.

«After US missile strikes on his base in Afghanistan in 1998, bin Laden told followers he wanted to retaliate in Washington.»

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AT GROUND ZERO, 9/11 FAMILIES TURN TO TRUMP AS OBAMA’S OLD DECISION RESURFACES

Flowers and American flags rest beside inscribed names at a reflecting pool at the National September 11 Memorial & Museum Sept. 11, 2026, in New York City as the nation commemorated the 25th anniversary of the 9/11 terrorist attacks. (Jeenah Moon/Pool/Getty Images)

Weeks before the Sept. 11, 2001, attacks, a daily brief for Bush said the FBI was conducting around 70 field investigations throughout the U.S. that it believed were related to bin Laden.

The documents were released as part of a broader push by the Trump administration to shed light on what intelligence agencies knew before the attacks.

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«Today I authorized the release of 71 Presidential Daily Briefs to honor the lives of those killed on 9/11, along with CIA officers who subsequently gave their lives to the fight,» CIA Director John Ratcliffe said in a statement posted on X.

Matt Dunleavy and his daughter Ellie Dunleavy attend to the reflecting pools at the 9/11 Memorial for the ceremony to commemorate the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks on the World Trade Center at the National 9/11 Memorial & Museum Sept. 11, 2026, in New York City.  (Jeenah Moon/Pool/Getty Images)

In his second administration, Trump has also released classified files on the assassinations of President John F. Kennedy, his brother Robert F. Kennedy and Martin Luther King Jr.

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El médico Edgar José Velásquez Orellana volvió este jueves 10 de septiembre de 2026 a la madrugada en la que Keyla Martínez murió bajo custodia policial, al rendir declaración ante el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque y reconstruir las últimas horas que ambos pasaron detenidos en la estación de La Esperanza, Intibucá.

Velásquez aseguró que permaneció despierto durante toda la noche y que podía comunicarse con Keyla desde celdas distintas. Según su testimonio, la situación cambió cuando la joven dejó de responderle, lo que provocó que comenzaran los llamados de auxilio y posteriormente observó cómo varias personas la sacaban de la celda.

“Pedí revisarla, pero no me hicieron caso”, declaró el médico ante los jueces, al recordar el momento en que intentó acercarse a Keyla para comprobar su estado.

El testimonio de Velásquez forma parte de las declaraciones que el tribunal escucha durante el juicio por la muerte de Keyla Martínez, ocurrida el 7 de febrero de 2021, un caso que continúa bajo análisis judicial más de cinco años después de aquella madrugada.

Velásquez explicó que conocía a Keyla Martínez desde aproximadamente tres años antes, cuando comenzó a trabajar en la clínica San Rafael. Durante su declaración, la describió como una persona amable con los pacientes, colaboradora y con quien mantenía una relación cordial.

La noche del 6 de febrero de 2021, ambos coincidieron en el bar La Meseta, ubicado en el barrio El Centro de La Esperanza. El médico aseguró que Keyla se encontraba sola cuando él llegó y que posteriormente se reunió con conocidos que lo invitaron a sentarse en su mesa.

Durante el tiempo que permanecieron en el establecimiento, Velásquez afirmó que no observó en Keyla un comportamiento que le llamara particularmente la atención.

“Keyla tuvo una actitud normal esa noche”, manifestó ante el tribunal al referirse a las horas previas a la detención.

La situación cambió cuando ambos salieron del establecimiento y posteriormente fueron interceptados por agentes policiales mientras se movilizaban en una camioneta blanca.

El médico recordó que la intervención policial ocurrió en un sector donde anteriormente funcionaba la terminal de buses que viajaban hacia Intibucá. Dijo no recordar el número exacto de agentes, aunque afirmó que observó dos patrullas policiales.

De acuerdo con su declaración, ni él ni Keyla recibieron en ese momento una explicación clara sobre el motivo de la detención. Velásquez sostuvo que insistía en que únicamente se dirigían a dejar a la joven en su vivienda.

Sin embargo, ambos fueron obligados a descender del vehículo y posteriormente trasladados en una patrulla.

“Nos bajamos, nos pusieron las esposas y nos subieron a la paila de la patrulla”, relató durante el interrogatorio de la acusación privada.

Los dos fueron trasladados a la estación policial de La Esperanza, donde permanecieron detenidos durante la madrugada del 7 de febrero. En aquel momento, la versión que trascendió públicamente fue que habían sido detenidos por incumplir el toque de queda establecido durante la pandemia de covid-19.

Una vez en la estación policial, Velásquez declaró que solicitó realizar una llamada telefónica, pero que su petición fue denegada.

Mientras los agentes tomaban sus datos, Keyla permaneció inicialmente cerca de él. Posteriormente, una agente policial llevó a la joven hasta una celda.

El médico calculó que pasaron aproximadamente diez minutos entre el momento en que Keyla fue trasladada a la celda y cuando él también fue encerrado.

Velásquez señaló que en su celda había alrededor de diez personas, mientras que Keyla permanecía sola en otra. Desde el lugar donde se encontraba podía observar el reloj de la torre de la iglesia y, según afirmó, todavía podía conversar con ella.

“Era un lugar oscuro”, recordó durante su declaración.

El médico aseguró que ambos continuaron comunicándose durante un período de tiempo, aunque admitió que había perdido la noción exacta de la hora. La conversación se interrumpió cuando Keyla dejó de responder.

Según Velásquez, fue ese silencio el que llamó su atención. Después de intentar comunicarse con Keyla, comenzaron los llamados de auxilio desde el interior de la estación.

Posteriormente, aseguró haber observado cómo varias personas sacaron a Keyla de la celda. El médico declaró que eran cuatro personas las que la llevaban, aunque no pudo precisar ante el tribunal si en ese momento el cuerpo estaba boca arriba o boca abajo.

Fue entonces cuando, según su versión, intentó intervenir como profesional de la salud y pidió que le permitieran examinar a Keyla.

“Pedí revisarla, pero no me hicieron caso”, reiteró ante los jueces.

Velásquez también manifestó que no recuerda haber escuchado comentarios específicos de los policías sobre lo que estaba ocurriendo. Aseguró que únicamente observó cómo se llevaban a Keyla mientras él permanecía detenido.

Horas después, según su relato, llegó una persona a quien identificó como el responsable de la estación policial, quien le solicitó su documento de identidad para elaborar un acta y tomarle declaración.

Fue entonces cuando recibió la noticia sobre la muerte de su amiga.

“Su amiga está muerta”, recordó que le dijeron.

Velásquez señaló que finalmente recuperó su libertad aproximadamente entre las 9:00 y 10:00 de la mañana.

Después del médico declaró David Ricardo Mejía, agente policial que se encontraba asignado a La Esperanza cuando ocurrieron los hechos.

Mejía afirmó que conocía a Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, uno de los acusados en el proceso, porque ambos habían sido compañeros de trabajo. Sobre Keyla, aseguró que no la conocía previamente.

El agente relató que alrededor de la medianoche del 7 de febrero de 2021 se levantó para recibir su turno y observó a varias personas del sexo masculino en una celda y a una mujer en otra.

De acuerdo con su declaración, posteriormente se solicitó apoyo para verificar el estado de la joven.

Mejía afirmó que Keyla fue movida y que en ese momento se rio y manifestó que se iba a morir. Según el policía, después la dejaron nuevamente dentro de la celda.

Más tarde, relató que se encontró con el agente Elmer Domínguez, quien le informó que habían encontrado a Keyla colgada con una prenda de vestir que llevaba consigo.

Durante su declaración, Mejía sostuvo que observó cuando Jarol Perdomo bajó a Keyla y la colocó en el piso de la celda.

Sin embargo, esta descripción generó un punto de tensión durante la audiencia debido a que contradice una declaración anterior del mismo agente, realizada durante la audiencia inicial del proceso

Ante la diferencia entre ambas versiones, el juez ordenó que se leyera la declaración previa de Mejía.

En aquella primera versión, el agente había señalado que su compañero permanecía afuera de la celda y no ingresó. Durante el nuevo juicio, en cambio, sostuvo que observó a Jarol bajar a Keyla y agregó que Elmer Domínguez ya no se encontraba en el lugar.

Cuando fue consultado sobre la diferencia entre sus dos declaraciones, Mejía respondió que no recordaba con precisión debido al tiempo transcurrido desde los hechos.

La contradicción quedó incorporada al debate y deberá ser valorada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque junto con las demás pruebas y testimonios que se presenten durante el juicio.

La jornada también dejó cambios en la lista de personas llamadas a declarar. La defensa informó que renunciaba al testimonio de Jean Carlos Reyes, decisión que fue aceptada por el tribunal.

El juicio continúa así con la evacuación de testimonios y demás elementos probatorios relacionados con la muerte de Keyla Martínez, mientras los jueces deberán determinar el valor de cada una de las declaraciones y las contradicciones que han surgido durante el proceso.

La declaración de Velásquez volvió a colocar bajo escrutinio las últimas horas de Keyla dentro de la estación policial, particularmente el momento en que dejó de responder, los llamados de auxilio y la atención que, según el médico, intentó brindarle cuando fue sacada de la celda.

corresponsal:Desde Tegucigalpa, Honduras