ECONOMIA
Clima de Negocios: el unicornio que inspiró al Gobierno y todo sobre el plan para una Argentina con empresas sin humanos e IA libre
Argentina como potencia y pionera global en inteligencia artificial y empresas sin humanos. ¿Es posible? Quién sabe… Lo cierto es que el Gobierno instaló la discusión sobre las “sociedades automatizadas”, algo así como entidades jurídicas integradas y manejadas por agentes de IA, y mandó al Congreso un proyecto de ley que las impulsa. En paralelo, una columna en el Financial Times del presidente Javier Milei generó mucha polémica y tuvo respuesta inmediata de Yuval Harari, sin dudas uno de los más reputados y agudos de los intelectuales de estos tiempos.
Si Milei buscaba posicionamiento global con esta cuestión, lo logró. En su texto, titulado “Argentina invita a la IA a liberarse” –al que también contribuyó su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger– describe un momentum para el tema y lo compara con la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, a comienzos del 1600. Ese hecho, dice, inauguró la figura de la sociedad de responsabilidad limitada, potenció a Ámsterdam como centro del mundo y el comercio, sobre todo con Asia, y “desató todo el potencial del capitalismo” y la “prosperidad moderna”.
El mundo de IA libre que propone Milei para Argentina incluye cero regulación, entidades operadas por agentes o robots con personalidad jurídica plena, responsabilidad limitada en las que los humanos pueden estar, pero no necesariamente, y un entorno fiscal competitivo, con una baja tasa de impuesto corporativo y libertad para elegir la ley de gobierno corporativo aplicable. Libertad total.
Harari respondió rápido y destacó la audacia de Milei –“su determinación por mejorar la situación económica de Argentina es digna de elogio”, dijo también en el FT–, pero advirtió que sería un error otorgar personalidad jurídica a los agentes de IA.
Hizo foco en que la prosperidad de Ámsterdam tuvo su contracara en el puerto de Jayakarta, en la actual Indonesia, cuando la novedosa compañía capturó esa ciudad en 1619, la incendió y construyó otra en su lugar Batavia, que pasó a ser la sede de imperio comercial administrado por esa moderna estructura jurídica. “Milei espera convertir Buenos Aires en una nueva Ámsterdam. Corre el riesgo de convertirla en una nueva Batavia”, señaló Harari, siempre filoso.
Milei contestó por X con buena onda y no muchas más precisiones: “¡Estoy preparando mi respuesta para ver si podemos calmar tus temores!”, aseguró y prometió seguir el debate. Sturzenegger debe estar a cargo de esa misión.
La polémica quedó instalada. Otra vez, Milei se anotó un poroto global mientras arranca el debate local sobre su propuesta y muchos se preguntan si es posible o quedará en algún cajón del Congreso. Pero hay una historia detrás de la arquitectura que propone el Presidente.
Emiliano Kargieman piensa en empresas autónomas desde 2010 más o menos, antes de que se hablara de IA de la forma en que se habla hoy e, incluso, antes de fundar Satellogic, la empresa de microsatélites de observación de la Tierra que el mes pasado se convirtió en el último unicornio argentino, con un valor de unos USD 1.400 millones, en medio de una space economy que “vuela” de la mano del desembarco en Wall Street de SpaceX, el gigante espacial de Elon Musk.
No solo eso, además Kargieman está detrás del anuncio de OpenAI, que el año pasado prometió invertir hasta USD 25.000 millones para hacer un mega datacenter IA en la Patagonia (y del que no parece haber demasiado avance aún).
En medio de un verdadero rush empresarial, este ex hacker se tomó tiempo para teorizar sobre cómo funcionaría un mundo con empresas automatizadas 100%. Tanto que el año pasado le acercó sus ideas a Sturzenegger, que se inspiró en ellas para el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso, según reconocen en el Gobierno.
Ese paper, que finalmente publicó online en abril, se titula “Autonomous legal entities: a polycentric framework for machine agency” (Entidades jurídicas autónomas: un marco policéntrico para la agencia de las máquinas).
“El país podría tomar ventaja siendo pionero, teniendo primero que otras naciones esquemas de ese tipo. Que las IA hagan lo que se les cante es un problema, pero algo completamente regulado también complica la innovación. El proyecto del Gobierno es un buen punto de partida para empezar a hablar del tema. Hacerlo antes que otros podría ser muy ventajoso”, le dijo el empresario a Infobae.
La analogía histórica que usa Kargieman es la misma que terminó usando Milei en el Financial Times, y no es casualidad: la sociedad de responsabilidad limitada del siglo XIX. Kargieman lo dijo con precisión antes de que Milei tomara el concepto: “La máquina y la entidad legal fueron, juntas, la doble hélice de la prosperidad moderna”. El presidente argentino usó exactamente esa frase en su columna. Como sea, y de forma muy amable, Kargieman deja claro que si bien son parecidos y hubo inspiración, una cosa es su idea y otra es lo que propone el Gobierno.
El extenso documento de Kargieman describe de entrada que ya hay más de 135.000 agentes de IA autónomos operando globalmente —ejecutando trades, gestionando grillas eléctricas, procesando seguros— y ningún país del G7 tiene un marco regulatorio específico para esto. Así, concluye que la ley actual sólo ofrece dos salidas, ambas malas: o el implementador es siempre responsable (lo que frena el despliegue), o el desarrollador es siempre responsable (lo que frena la innovación). Por caso, describe, California agravó el dilema con una ley que entró en vigor en enero de 2026 y prohíbe explícitamente usar como defensa el argumento de que “la IA lo hizo sola”, pero sin crear ningún esquema jurídico que absorba esa responsabilidad de manera razonable.
En ese contexto, propone las Autonomous Legal Entities (ALEs), básicamente empresas cuyas decisiones operativas están delegadas a sistemas de IA, con puntos de supervisión humana en capas definidas. Puede tener activos, firmar contratos y ser demandadas. Pero no se trata de una “personería jurídica para la IA”, es un contenedor legal alrededor de operaciones de máquinas, igual que una SA es un contenedor legal para operaciones humanas.
Cada ALE operaría bajo un charter (especie de estatuto, licencia regulatoria y especificación técnica) que fija qué puede hacer la IA, en qué jurisdicciones, con qué límites financieros y computacionales, y bajo qué condiciones se activa el kill-switch, o botón de apagado que corta el funcionamiento.
“Los riesgos y los temores son un poco alarmistas. Argentina tiene que posicionarse estratégicamente en esa conversación” (Siri)
Kargieman toma el Governing the Commons de Elinor Ostrom (1990) —que demostró empíricamente que hay una tercera vía entre privatizar y estatizar— y lo mapea sobre los ALEs. Los ocho principios de diseño de Ostrom (fronteras claras, reglas congruentes con condiciones locales, resolución de conflictos, sanciones graduadas, etc.) se convierten en el esqueleto arquitectónico del sistema. Kargieman usa la idea de “katechon”, de Carl Schmitt: un concepto bíblico y de filosofía política que hace referencia a una fuerza, figura o institución que frena la llegada del Anticristo y el fin del mundo, una fuerza que contiene el caos. La usa para plantear la paradoja central de la gobernanza de IA: cualquier ente lo suficientemente poderoso para regular la IA globalmente se convierte él mismo en una amenaza totalitaria. La solución que propone es un “katechon distribuido”: no un soberano global, sino una arquitectura institucional descentralizada donde múltiples jurisdicciones compitan y se controlen entre ellas. Propone a Argentina como primera jurisdicción en implementar las ALEs, argumentando que el RIGI, la SAS digital, el marco de la CNV y el empuje reformista de Milei crean una ventana única para “primerear” y ser pioneros (first mover). La analogía es Delaware en derecho corporativo o Estonia en identidad digital.
El paper recurre también a un personaje muy vigente en Argentina en estos días: Peter Thiel, el mega magnate tech libertario que se instaló en el país y adhiere a las ideas de Milei. El trabajo toma conferencias de Thiel en las que habla del “Anticristo”, donde el inversor de Silicon Valley retoma el concepto del katechon. La paradoja que Kargieman extrae inspirándose en Thiel es que se necesita un soberano para evitar el caos, pero ese soberano puede degenerar en el mismo totalitarismo que debía prevenir.
Kargieman no adopta la conclusión de Thiel sino que la usa como diagnóstico correcto de un problema real para luego proponer su propia solución: el ALE como “katechon distribuido”. Es decir, toma la paradoja de Thiel en serio, pero argumenta que el marco de Ostrom sobre gobernanza de bienes comunes ofrece una salida que Thiel no consideró: restricción sin soberano, mediante arquitecturas institucionales policéntricas (consejos de administradores, seguros obligatorios, sanciones graduadas, interruptores -kill-switches- distribuidos, competencia jurisdiccional) en lugar de un único poder centralizado.
En síntesis: Thiel funciona como el “problema” que el paper busca resolver, no como una fuente de propuestas positivas. Es un uso retórico-estructural: Kargieman le da crédito por identificar correctamente la trampa, y después construye su arquitectura ALE como la respuesta que Thiel no pudo encontrar porque pensaba en términos de soberanía concentrada en lugar de gobernanza distribuida tipo Ostrom.
“Yo mostré mis ideas y se tomaron algunas de ellas para el proyecto, pero no todas. Mi esquema propone más control sobre las entidades autónomas, pero lo que se mandó al Congreso es un buen punto de partida”, repitió Kargieman.
El proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Sociedades –que también incluye a las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas, o DAOs– es mucho menos restrictivo para las “empresas sin humanos”. Una suerte de “‘Viva la libertad, carajo’, para la inteligencia artificial”. VLLC IA.
La letra de la propuesta oficial propone sociedades que desarrollen su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria será considerada una Sociedad Automatizada. “La declaración de automatización deberá constar expresamente en el estatuto. La denominación deberá incluir la expresión ‘Automatizada’. Responsabilidad. La sociedad automatizada responde con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial”, expresa el proyecto de ley.
Cerca de Sturzenegger aseguraron: “El objetivo es, a través de la Reforma de la Ley de Sociedades, otorgar un marco jurídico para la llegada de estas inversiones a Argentina, que permita además establecer un esquema impositivo diferenciado. Introduce el concepto de responsabilidad limitada para este tipo de compañías, que por su naturaleza resulta indispensable para su funcionamiento. Al igual que cualquier otra empresa, en el fuero civil responderán con su propio patrimonio si causan daños”. Reconocen también que la idea la acercó Kargieman y está basada en la experiencia de Irlanda: la empresa dueña del software de Apple está radicada en Irlanda, lo que le permite al gobierno de ese país cobrar regalías por cada iPhone que se vende en el mundo.
“La idea de hacer sociedades automatizadas es muy vanguardista, no hay precedentes en el mundo, pero sin lugar a dudas alguna jurisdicción tiene que picar en punta frente al gran cambio económico que se viene en materia de inteligencia artificial, donde las IAs van a absorber cada vez más partes del trabajo. Poder darles la capacidad de usar un banco y pagar impuestos, indudablemente puede implicar un gran beneficio para nuestra economía”, aseguró el emprendedor Santiago Siri.
“Los riesgos y los temores son un poco alarmistas. Argentina tiene que posicionarse estratégicamente en esa conversación. Tal vez en esta línea de poder ser una jurisdicción amigable a esta nueva forma del capitalismo, haga que Argentina pueda florecer en innovación”, agregó.
Enrique Fraga, consultor en IA Generativa para empresas, cree que incorporar una regulación muy restrictiva (como la que se logró en Europa) puede desincentivar la inversión y el desarrollo; y que una nula regulación sería vista como una oportunidad de desarrollo pero también como un peligro si no tiene en cuenta mínimas responsabilidades para con la humanidad.
“Para Milei es una llave para encausar al país y para Harari puede derivar en un sometimiento de la civilización humana” (Fraga)
“Milei y Harari parten de la misma premisa, el potencial de la IA de funcionar de forma autónoma, pero llegan a conclusiones distintas. Para Milei es una llave para encausar al país hacia el desarrollo mientras que para Harari puede derivar en un sometimiento de la civilización humana ante entidades automatizadas”, aseguró Fraga, quien puso foco también en que la idea de un agente plenamente automatizado es hoy una promesa que roza la ficción: incluso los sistemas más avanzados dependen de decisiones humanas previas, como el diseño del modelo, la definición de objetivos, los prompts e instrucciones iniciales, los datos, las herramientas a las que acceden y los límites de lo que pueden o no pueden hacer.
“En principio, el proyecto del Gobierno para cambiar las Ley de Sociedades simplifica y abarata la creación de nuevos negocios”, resumió el tributarista Sebastián Domínguez. “Pone al estatuto como instrumento primario y a la ley después. Incorpora firma digital en lugar de escribanos para su conformación, el domicilio electrónico y no hay más objetos únicos para la inscripción de las sociedades. Y crea las sociedades automatizadas, algo muy disruptivo. Hay que ver cómo termina formalizando todo porque hay cuestiones éticas también en el medio”, dijo.
El tema es mucho menos teórico de lo que se piensa, afirma Fredy Vivas, CEO de RockingData y autor de “Generación IA“, quien puso como ejemplo el caso de Andon Labs, una empresa que ya probó en Estados Unidos desde radios online autónomas hasta kioscos con vending machines completamente automatizados. “En pocos meses escalaron esos modelos agénticos, que ya generan dinero. Al principio no anduvieron bien, algo que puede pasar con una persona que se pone al frente de un negocio. Después sí funcionaron. Hubo errores, pero se resolvieron y los agentes terminaron encontrando proveedores solos y solucionando temas de la gestión del negocio. Claro que hay que mirar cuestiones como los valores que representarán esas empresas autónomas y es verdad que asoman muchos riesgos”, destacó.
Ahora vendrá el debate legislativo local y seguramente habrá cambios en el proyecto. No pocos integrantes del ecosistema IA local aseguran que Thiel está al tanto de la propuesta oficial, en medio de reuniones que no paran en su mansión de Barrio Parque, tanto con integrantes de la administración Milei como con opositores.
La cuestión quedó expuesta y hubo debate global. La idea puede cambiar la forma en que se organiza la economía global, o al menos, la forma en que el país decide hacerlo.
La diferencia, según el historiador más leído del momento, está en los detalles del diseño de ese andamiaje legal, del tono local que adquiera esa IA que Milei sueña como 100% libre.
Después, si prospera, habrá que ver qué sale del experimento que habrá tenido al país como pionero. ¿Se hablará dentro de 5 siglos de lo que pasó en Argentina con la inteligencia artificial y el comienzo de las empresas sin humanos? ¿Será Ámsterdam y Batavia?
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El Poder Ejecutivo finalmente puso sobre la mesa un ambicioso proyecto de ley que introduce modificaciones relevantes en las Leyes 27.799 (Inocencia Fiscal), 11.683 (Procedimiento Tributario) y 25.191 (Trabajadores Rurales). Bajo la denominación de «Ley de Inocencia Fiscal II», la iniciativa busca consolidar un sistema tributario más lógico que proteja a los pequeños y medianos contribuyentes. Al mismo tiempo, se aclara que esta simplificación tiene por objeto ordenar el cumplimiento sin flexibilizar los controles estatales sobre aquellos contribuyentes de gran magnitud económica (Grandes Contribuyentes).
Sin embargo, más allá de la propuesta oficial centrada en la simplificación administrativa, la letra de la iniciativa abrió un intenso debate entre tributaristas, contadores y especialistas en compliance: ¿se trata únicamente de una reducción de cargas burocráticas o constituye, en los hechos, una nueva forma de blanqueo de capitales encubierto?
Para responder esa pregunta resulta necesario analizar los principales cambios previstos para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025. Aunque el texto evita expresamente términos como «blanqueo» o «exteriorización voluntaria», varias de sus disposiciones generan efectos similares a los observados en regímenes de regularización fiscal anteriores.
Declaración simplificada: quiénes podrán adherir
El corazón de la reforma se encuentra en la creación de un régimen simplificado para la presentación de Ganancias destinado a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. La permanencia en la condición de residente fiscal durante todo el ejercicio constituye un requisito indispensable para acceder a los beneficios previstos. De perderse esa condición, ARCA quedaría habilitada para realizar tareas de fiscalización y eventualmente aplicar sanciones.
Uno de los aspectos más llamativos es la exclusión de los Grandes Contribuyentes Nacionales de los beneficios centrales del esquema. Aunque podrán utilizar la modalidad simplificada para presentar y abonar el impuesto, el proyecto establece que no accederán a las presunciones ni a los efectos especiales previstos para el resto de los contribuyentes.
La decisión parece orientada a concentrar los beneficios en contribuyentes medianos y pequeños, manteniendo mayores controles sobre los grandes patrimonios y empresas de gran escala.
La Ley de Inocencia Fiscal fija nuevas limitaciones a la fiscalización de ARCA
Uno de los puntos que más controversia genera es la fuerte restricción a las facultades de control del organismo recaudador.
El proyecto incorpora una presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas presentadas bajo este régimen. Para cuestionarlas, ARCA deberá demostrar la existencia de una «discrepancia significativa», concepto que el propio texto define de manera particularmente restrictiva.
Según la propuesta, una diferencia sólo será considerada relevante cuando el ajuste fiscal supere el 15% del impuesto determinado por el contribuyente y, además, exceda determinados umbrales vinculados al Régimen Penal Tributario. También se contemplan excepciones vinculadas con facturación apócrifa o ingresos manifiestamente improcedentes.
A ello se suma una posibilidad adicional para neutralizar el cuestionamiento: si el contribuyente presenta una declaración rectificativa dentro de los 15 días hábiles de ser notificado y cancela la diferencia, la discrepancia quedaría subsanada.
La carga de la prueba cambia de manos con la Ley de Inocencia Fiscal
La iniciativa también modifica de manera significativa la dinámica de los procedimientos de fiscalización.
En ese sentido establece expresamente que la carga de probar la existencia de inconsistencias recaerá exclusivamente sobre ARCA. Además, limita las herramientas probatorias disponibles para el organismo, que sólo podrá basarse en la información declarada por el contribuyente, los datos obrantes en sus sistemas o la información suministrada por terceros.
El texto incluso dispone que cualquier otro elemento considerado por la administración carecerá de valor probatorio para impugnar la declaración presentada.
Para los críticos de la iniciativa, este esquema genera un verdadero «tapón fiscal», al dificultar de manera sustancial la revisión de períodos anteriores y extender una presunción favorable sobre ejercicios no prescriptos vinculados al IVA.
El ingreso de fondos al circuito formal
Otro de los aspectos que alimentan la discusión sobre un posible blanqueo encubierto es el tratamiento previsto para los fondos incorporados al sistema financiero formal.
El nuevo artículo 40 bis obliga a canalizar determinadas operaciones a través de instrumentos autorizados por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, el punto central radica en que esos fondos serán considerados incorporados al patrimonio del contribuyente en la fecha de realización de la operación a los efectos del Impuesto sobre los Bienes Personales.
En la práctica, esto implica que recursos previamente no declarados podrían ingresar al circuito formal y adquirir reconocimiento patrimonial sin que se examine necesariamente su origen histórico, una característica que diversos especialistas asocian con los efectos típicos de los regímenes de exteriorización de activos.
El rol de la UIF y los sujetos obligados
La iniciativa también contempla un tratamiento especial para los controles vinculados a la prevención del lavado de activos.
La adhesión al régimen deberá ser considerada por bancos, agentes de bolsa, escribanos y otros sujetos obligados como un antecedente favorable al momento de analizar operaciones. Aunque el proyecto aclara que continúan vigentes las obligaciones establecidas por la normativa antilavado, también ordena a la Unidad de Información Financiera dictar regulaciones complementarias y prevé mecanismos tecnológicos para verificar rápidamente la situación de los contribuyentes adheridos.
La eximición de multas por defraudación
Quizás el punto más sensible del proyecto aparece en materia sancionatoria.
El artículo 42 ter establece que quienes adhieran al régimen y regularicen obligaciones tributarias derivadas de ajustes previos de ARCA quedarán eximidos de las multas previstas en los artículos 45 y 46 de la Ley 11.683.
Se trata de sanciones vinculadas tanto a la omisión de impuestos como a supuestos de defraudación fiscal. Para acceder a este beneficio, el contribuyente deberá renunciar a iniciar acciones de repetición contra el Estado por los montos regularizados.
Precisamente esta exención de multas es uno de los argumentos más utilizados por quienes sostienen que el proyecto excede ampliamente una mera simplificación administrativa y se aproxima a una verdadera amnistía tributaria.
El contraste: endurecimiento para el trabajo rural no registrado
Mientras el capítulo tributario introduce beneficios y alivios para determinados contribuyentes, el Título II del anteproyecto adopta una lógica opuesta respecto del empleo agrario.
La reforma prevé un incremento sustancial de las sanciones por trabajo rural no registrado. Las multas por declaraciones falsas podrían alcanzar hasta $1,5 M por trabajador, mientras que las infracciones más graves -vinculadas a la omisión total de registración- llegarían a montos de entre $1,5 M y $7,5 M por empleado, con agravantes por reincidencia.
Además, esas sanciones se actualizarán mediante el índice UVA, un mecanismo que garantiza su ajuste periódico.
Un proyecto que promete generar debate
Más allá de cómo finalmente sea bautizada por el Congreso, la iniciativa ya instaló una discusión de fondo sobre el equilibrio entre simplificación tributaria, seguridad jurídica y capacidad de fiscalización estatal.
Sus defensores sostienen que permitirá reducir burocracia, incentivar la formalización y canalizar recursos hacia la economía real. Sus críticos, en cambio, consideran que las restricciones impuestas a ARCA, la protección otorgada a determinados fondos y la condonación de multas configuran una arquitectura jurídica que, en los hechos, funciona como un blanqueo sin el costo político que supone impulsar una amnistía fiscal tradicional.
Lo cierto es que el debate aún no comienza en el Congreso y promete convertirse en uno de los ejes tributarios más relevantes de los próximos meses.
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ECONOMIA
Moody’s le subió la nota a la Ciudad de Buenos Aires y la transformó en la jurisdicción con mejor calificación de deuda
La agencia Moody’s Ratings otorgó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una mejora en su calificación crediticia, que pasó de B2 a B1, luego de la mejora en la nota para la deuda soberana. Con esta decisión, la Ciudad se convirtió en la jurisdicción argentina con la mejor calificación subsoberana, dos escalones por encima de la Nación. El informe publicado por Moody’s señala que este avance responde a un perfil crediticio más sólido en comparación con otras ciudades de la región, sustentado en el desempeño operativo y financiero y en una reducida exposición a transferencias federales.
La noticia generó reacciones inmediatas dentro del gobierno porteño. Jorge Macri, jefe de Gobierno, sostuvo: “Contundente. Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá”. El funcionario remarcó la importancia de la estabilidad y el orden en las cuentas públicas como factores clave para lograr el reconocimiento de la calificadora internacional.
Por su parte, Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, afirmó: “Tras 14 años, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a obtener la calificación B1 con perspectiva estable por parte de Moody’s Ratings, posicionándose como la jurisdicción con mejor calificación”. Arengo atribuyó la mejora al orden en las cuentas públicas y la disciplina fiscal implementada por la gestión de Jorge Macri.
El informe de Moody’s subrayó que la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno local y regional argentino más resiliente gracias a sus bajas necesidades de financiamiento y a una exposición manejable de su deuda en moneda extranjera. Moody’s prevé que la jurisdicción mantendrá métricas financieras alineadas con su perfil crediticio a mediano plazo, apoyada en una posición de liquidez sólida, un perfil de amortización cómodo y una gestión financiera prudente.
El contexto de esta mejora se relaciona con el reciente anuncio de Moody’s acerca de la suba de la nota de la deuda soberana de Argentina, que pasó de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera. En ese marco, Arengo destacó que el avance de la Ciudad también se apoya en el ordenamiento macroeconómico dispuesto por el gobierno nacional, que generó condiciones más favorables para el acceso a financiamiento y la promoción de inversiones.
En junio, Moody’s local ya había elevado las calificaciones de emisor en moneda local y extranjera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de AA+.ar a AAA.ar, ubicando a la administración porteña en el nivel de mayor calidad crediticia entre los emisores locales. El nuevo informe internacional refuerza esa posición y distingue la gestión de las cuentas públicas en el distrito capitalino.
La mejora de la calificación crediticia implica para la Ciudad una mayor confianza de los mercados y mejores condiciones para acceder a financiamiento. El reconocimiento de Moody’s también posiciona a Buenos Aires como un referente en el manejo fiscal dentro del país. La agencia destacó la continuidad de políticas financieras orientadas a la prudencia y a la sustentabilidad, y la baja dependencia de la Ciudad respecto de fuentes externas de recursos.
El gobierno de la Ciudad enfatizó que la calificación B1 con perspectiva estable es resultado directo del trabajo realizado en materia de orden fiscal y de la disciplina sostenida en la administración de sus recursos. Tanto Macri como Arengo mencionaron el impacto positivo de las condiciones macroeconómicas nacionales en el proceso de recuperación de la nota internacional.
El informe de Moody’s también evaluó la exposición de la Ciudad a la deuda en moneda extranjera como manejable y resaltó la solidez de su posición de liquidez. Según el documento, la administración porteña cuenta con una estructura de amortización favorable y un nivel de reservas adecuado para enfrentar obligaciones futuras. La calificadora proyectó que Buenos Aires mantendrá indicadores financieros consistentes con su actual perfil de riesgo durante el mediano plazo.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la obtención de la calificación B1, se consolidó como la jurisdicción argentina con mejor nota subsoberana según los parámetros internacionales. El resultado, según la administración local, responde a una estrategia de orden en las cuentas, disciplina fiscal y gestión financiera prudente, en un contexto nacional que favoreció el acceso a recursos para potenciar inversiones.
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La emisión de bonos en dólares sigue firme y anticipa más oferta de divisas en el mercado de cambios. Esta semana hubo movimientos importantes: Neuquén volvió a Nueva York, donde había estado ausente desde 2017, para captar u$s500 millones con un título a 7 años y rendimiento de 7,65%. A la vez, la petrolera PCR consiguió u$s400 millones con tasa y duración similar, mientras Central Puerto obtuvo casi u$s100 millones. Entre el miércoles y jueves, se emitieron unos u$s1.000 millones. Desde el shock de confianza que generó el triunfo de Javier Milei en las elecciones de octubre, el total emitido supera los u$s18.000 millones.
Las colocaciones de deuda en dólares, tanto de empresas como de provincias, son clave para el mercado de cambios: buena parte de los fondos obtenidos ingresa gradualmente a la plaza cambiaria, en la medida en que los emisores necesiten afrontar compromisos en pesos. Esto implica mayor oferta de divisas en el mercado, lo que contribuye a compensar la demanda tanto privada como del Banco Central y juega a favor de la estabilidad del peso.
La operación que concluyó ayer Neuquén significó, además, la primera emisión provincial en moneda extranjera desde la que realizó la Ciudad de Buenos Aires en mayo. La provincia petrolera logró conseguir el monto total que buscaba, que utilizará para obras y refinanciar deuda existente. En la operación se destacaron las siguientes características:
- Monto emitido: u$s500 millones
- Legislación: Nueva York
- Cupón: 7,35%
- Tasa Interna de Retorno (TIR): 7,65%
- Precio de corte: u$s98,37
- Plazo: 7 años de vida promedio, con vencimiento final en 2034
- Amortización: Tres partes iguales entre julio de 2032, 2033 y 2034
«Más allá de la estructura del bono, el principal atractivo crediticio de Neuquén es Vaca Muerta. Las regalías hidrocarburíferas representan cerca del 38% de los ingresos provinciales, están denominadas en dólares y, según las autoridades, alrededor del 70% de los recursos de la provincia están vinculados a la dinámica del sector energético o al dólar. Exhibe métricas conservadoras: el stock de deuda cayó desde unos u$s1.170 millones en 2023 a u$s778 millones en el primer trimestre de este año, mientras la relación deuda/ingresos corrientes cedió de 30% a 16%», destaca PPI.
El antecedente reciente más relevante de emisión de deuda en el segmento sub-soberano fue el de la Ciudad de Buenos Aires en mayo, cuando colocó u$s500 millones a 10 años con TIR de 7,37% y, desde entonces, opera con rendimiento prácticamente estable. De acuerdo con PPI, era lógico que Neuquén pagara una tasa mayor a la de CABA por contar con menor liquidez e historial crediticio, aunque compensa con el crecimiento que exhibe la provincia gracias a Vaca Muerta. Por ello, previo a la emisión, calculaba una TIR de entre 7,4% y 7,5%, levemente inferior a la que finalmente salió (7,65%).
Las emisiones corporativas y provinciales superan los u$s18.000 millones desde octubre
Desde el shock de confianza que generó el contundente triunfo electoral de Milei y La Libertad Avanza en las legislativas de octubre, lo que impulsó el apetito de los inversores por activos argentinos, las emisiones de títulos de deuda corporativa y provincial en moneda extranjera, tanto en el mercado local como en el exterior, ascienden a aproximadamente u$s18.260 millones. Por segmento y legislación, los montos emitidos en dólares desde finales de octubre están compuestos de la siguiente manera:
- Mercado local: u$s4.913 millones
- Mercado internacional: u$s13.346 millones
- Empresas: u$s14.110 millones
- Provincias: u$s4.150 millones
La gran mayoría de las colocaciones corporativas fue realizada por el sector energético. El miércoles, por ejemplo, Petroquímica Comodoro Rivadavia emitió u$s400 millones a través de un bono a 7 años de legislación de Nueva York, con rendimiento de 7,625% y cupón de 8,5%. Del lado provincial, desde las elecciones de octubre ya son seis distritos que han emitido títulos en Estados Unidos a través de siete operaciones (doble participación de CABA). En orden cronológico, están distribuidas de la siguiente manera:
- Ciudad de Buenos Aires: En noviembre de 2025, captó u$s600 millones con tasa de 7,8% y plazo promedio de 7 años
- Santa Fe: En diciembre de 2025, colocó u$s800 millones con tasa de 8,1% y plazo de 9 años
- Córdoba: En enero de 2026, consiguió el mismo monto y plazo de Santa Fe, pero con tasa de 8,6%
- Entre Ríos: En febrero de 2026, captó u$s300 millones a 7 años y tasa de 9,87%
- Chubut: En abril de 2026, emitió u$s650 millones con tasa de 9,45% y vencimiento a 10 años
- Ciudad de Buenos Aires: En mayo de 2026, captó u$s500 millones con tasa de 7,37% y duración de 10 años
- Neuquén: En julio de 2026, consiguió u$s500 millones con rendimiento de 7,65% y plazo promedio de 7 años
Cómo impactan las emisiones en el mercado de cambios y las reservas del BCRA
La racha de emisiones de títulos de deuda en moneda extranjera anticipa mayor oferta de dólares en el mercado de cambios, lo que juega a favor de la estabilidad cambiaria y las compras de reservas por parte del Banco Central. De hecho, de acuerdo con Max Capital, las fuertes compras que realizó la autoridad monetaria la semana pasada, que ascendieron a más de u$s1.100 millones en sólo cuatro jornadas, con pico de u$s530 millones en una de ellas, se habrían explicado por el ingreso de dólares pertenecientes a bonos emitidos en el exterior.
Esta semana, tras la seguidilla de compras en «bloque», la autoridad monetaria volvió a moderar el ritmo de compras, con montos de entre u$s25 millones y u$s45 millones. En julio, acumula compras por u$s1.591 millones y en lo que va del año la cifra asciende a u$s12.766 millones.
En tanto, el tipo de cambio fluctúa apenas por debajo de $1.500 en el segmento oficial mayorista. A pocas jornadas para que finalice julio, ayer operó a $1.489, casi el mismo valor con el que arrancó el mes ($1.482), a pesar de que en los últimos días el BCRA habría reducido sustancialmente las intervenciones en los mercados de dólar linked y futuros de dólar. En tanto, los analistas esperan que los dólares conseguidos por las empresas y provincias a través de bonos mencionados sigan ingresando a lo largo de los próximos meses, lo que ayudaría a compensar la caída estacional en la oferta del agro.
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