Empresas de distintos sectores reclaman controles más estrictos sobre los vendedores que operan en plataformas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)
A medida que el contrabando gana terreno en distintos sectores de la economía, también escala la disputa entre las empresas y los marketplaces por las responsabilidades en el control de la mercadería ilegal. Los fabricantes reclaman mayores verificaciones sobre los vendedores que operan en plataformas digitales, mientras que el sector del comercio electrónico asegura que la fiscalización corresponde a los organismos públicos. En el medio, el Gobierno busca reforzar mecanismos de control y coordinación para limitar el avance del fenómeno.
La preocupación de las compañías se apoya en las dimensiones que alcanzó el comercio ilegal en los últimos años. Según un informe elaborado por la consultora MAP, el contrabando generó una pérdida de ingresos fiscales estimada en USD 2.300 millones durante 2025, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI). El trabajo también estimó una pérdida de 10.000 puestos de trabajo directos en sectores productivos y ubicó a la Argentina en el puesto 120 sobre 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por Tracit (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade).
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Según el informe, la erosión de los ingresos fiscales constituye uno de los principales efectos del comercio ilegal. Los recursos que el Estado dejó de percibir por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos, entre otros conceptos, equivalen a la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.
El estudio también identificó cuáles son los sectores más afectados. El tabaco encabezó la lista con una pérdida estimada de USD 1.100 millones, seguido por los textiles con USD 370 millones, los neumáticos con USD 240 millones y los teléfonos celulares con USD 190 millones.
En este contexto, las empresas señalan que una parte creciente de la mercadería ingresada de manera irregular al país encuentra canales de comercialización en internet. Por ese motivo, distintos actores del sector productivo y del retail reclaman mayores controles sobre los vendedores que operan en plataformas digitales y redes sociales.
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En sectores como el de celulares, más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó por canales legales, según remarcó Afarte
Entre las medidas que mencionan figura la posibilidad de exigir documentación que acredite el ingreso legal de la mercadería al país antes de habilitar determinadas publicaciones.
También resaltan que, en algunas categorías, podrían solicitarse registros específicos, como Rematel o la homologación del Enacom en el caso de los teléfonos celulares.
Otra de las herramientas que plantean apunta a la utilización de información tributaria. Según explican, con el CUIT de un vendedor podrían hacderse cruces entre IVA crédito e IVA débito para detectar casos en los que la mercadería comercializada no cuente con respaldo de importación.
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Mercado Libre avanza con acuerdos de intercambio de información con ARCA para reforzar los controles sobre vendedores en categorías sensibles como neumáticos, celulares, juguetes y cosméticos (Foto: Mercado Libre)
Algunas fuentes empresarias remarcaron además que las iniciativas impulsadas hasta ahora resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Esta semana, representantes del sector participaron de una capacitación convocada por el Ministerio de Seguridad para mejorar la identificación de productos provenientes del contrabando, en el marco de una mesa de trabajo con organismos públicos y cámaras empresarias.
Del otro lado de la discusión, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) planteó que el problema excede al comercio electrónico y rechaza que se lo asocie como origen del fenómeno.
Desde la entidad remarcaron, en diálogo con Infobae, que el comercio electrónico funciona como un facilitador del acceso a mayor oferta de productos, más competencia y mejores experiencias para los consumidores. En ese sentido, destacaron que promueven un ecosistema abierto, innovador y con la menor cantidad posible de trabas burocráticas.
El comercio electrónico es un facilitador del acceso a más oferta, más competencia y mejores experiencias para los consumidores (CACE)
Al mismo tiempo, advirtieron en la CACE que observan con atención las situaciones irregulares vinculadas al ingreso y comercialización de productos, ya que pueden generar condiciones de competencia desiguales para las empresas que operan dentro del marco formal de la economía.
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Según la cámara, la apertura comercial y la simplificación de procesos deben convivir con mecanismos de control adecuados que garanticen igualdad de condiciones para todos los actores del mercado. Por eso consideran importante fortalecer herramientas de fiscalización para prevenir prácticas irregulares y preservar una competencia leal.
La apertura comercial y la simplificación de procesos deben convivir con mecanismos de control adecuados que garanticen igualdad de condiciones para todos los actores del mercado (Imagen Ilustrativa Infobae)
La entidad sostuvo además que el comercio electrónico no constituye el origen del problema. En ese sentido, destacó que más del 90% de las transacciones se realizan mediante medios de pago digitales, lo que permite identificar a las partes involucradas y facilita el acceso a información relevante por parte de los organismos competentes.
También remarcaron que los consumidores cuentan con herramientas de protección como el botón de arrepentimiento, mecanismos de devolución y las garantías previstas por la normativa de defensa del consumidor.
Desde la cámara plantearon también que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la promoción de la innovación, la digitalización y el acceso a una mayor oferta de productos, junto con la necesidad de asegurar condiciones de competencia transparentes y equitativas para toda la actividad económica.
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Mientras empresas y plataformas mantienen posiciones enfrentadas, distintas áreas del Gobierno avanzan con mecanismos de coordinación para detectar publicaciones sospechosas y vendedores irregulares.
Fuentes oficiales explicaron a este medio que, cuando una empresa presenta una denuncia ante la Secretaría de Comercio por una publicación sospechosa, la subsecretaría de Defensa del Consumidor recibe el caso y lo deriva a las plataformas para su análisis.
La Cámara Argentina de Comercio Electrónico sostiene que el comercio electrónico no es el origen del contrabando y reclama un enfoque de control estatal (Imagen Ilustrativa Infobae)
En el caso de Meta, dueño de Instagram, Facebook y Whatsapp (desde donde se vende mucho producto proveniente del contrabando), el Gobierno firmó un convenio a fines del año pasado que estableció un protocolo específico para el envío de información.
El acuerdo comenzó a operar de manera efectiva este año y permite centralizar denuncias que luego son remitidas a los equipos legales de la compañía.
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Cuando una empresa presenta una denuncia por una publicación sospechosa, el organismo recibe el caso y lo deriva a las plataformas para su análisis. Ello puede terminar en la suspensión de la publicación (Gobierno)
Muchas de esas denuncias provienen de las propias empresas afectadas. Una vez recibida la información, Meta evalúa los casos y puede disponer la baja de publicaciones o perfiles, dijeron en el Gobierno. Según contaron las fuentes, desde abril se dieron de baja alrededor de 30 perfiles vinculados con la venta de teléfonos celulares.
Con Mercado Libre, el mecanismo funciona de manera similar. Defensa del Consumidor unifica denuncias provenientes de distintas jurisdicciones y las remite a la plataforma para su evaluación. Además, desde marzo comenzó a funcionar un esquema de intercambio de información entre la empresa de Marcos Galperín y ARCA orientado a categorías con alto nivel de contrabando y consideradas sensibles por su potencial impacto sobre la salud y la seguridad de los consumidores.
Desde marzo comenzó a funcionar un esquema de intercambio de información entre la empresa de Marcos Galperín y ARCA orientado a categorías con alto nivel de contrabando
El acuerdo alcanza inicialmente a neumáticos, celulares, juguetes y cosméticos. En esos rubros, la plataforma remite información sobre los 20 vendedores con mayor nivel de facturación y ARCA realiza cruces con la información tributaria disponible. La verificación apunta a detectar inconsistencias entre las ventas realizadas y las compras declaradas por esos contribuyentes.
Consultadas fuentes de Mercado Libre, plantearon que “el contrabando existe en la informalidad” y que, por el contrario, en su plataforma cada vendedor está identificado, y cada operación queda registrada. Desde la empresa afirmaron que en 2025 respondieron a más de 3.000 requerimientos de información de ARCA y que mantienen acuerdos de cooperación con Aduana y con distintos organismos, tal como dijo el Gobierno.
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“Contamos además con mecanismos de prevención y detección proactiva de fraudes, programas específicos de protección de marcas y herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten identificar posibles infracciones y adoptar las medidas correspondientes”, dijeron. De hecho, en el segundo semestre de 2025 analizaron más de 1.084 millones de publicaciones y el 99% de las infracciones fue detectado de forma proactiva, antes de cualquier denuncia externa, agregaron las fuentes. Además, contaron que más de 87.000 propietarios de derechos de marca monitorean y reportan infracciones marcarias activamente a través de su programa de Protección de Marcas.
Mientras continúa la discusión entre empresas y plataformas, el debate también llegó al Congreso. Los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley que propone convertir a las plataformas de venta online en responsables solidarias por determinadas operaciones realizadas por sus usuarios.
La iniciativa plantea verificar la identidad y condición fiscal de los vendedores, exigir documentación que acredite la introducción legal de productos importados al país y establecer responsabilidades ante el incumplimiento de obligaciones tributarias.
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El proyecto también prevé multas que pueden alcanzar hasta cinco veces el valor de la mercadería involucrada.
Más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó mediante canales legales (Afarte)
El informe difundido por Afarte sostiene que el impacto del comercio ilegal también alcanza al empleo y a la producción. En el caso de los teléfonos celulares, estima que más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó mediante canales legales. En rubros como indumentaria y calzado, la participación del mercado informal alcanza el 40 por ciento.
“Para las empresas que operan en la legalidad, este fenómeno genera una competencia desleal que distorsiona los precios de referencia y erosiona los incentivos para invertir e innovar en el país”, dijeron desde la entidad que nuclea a las empresas de electrónica.
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En Afarte agregaron: “Las firmas legítimas deben absorber costos adicionales de cumplimiento y control, como sistemas de trazabilidad y peritajes, para diferenciarse de productos contrabandeados que, al carecer de controles de calidad, no solo evaden impuestos sino que representan riesgos para la seguridad de los consumidores y dañan la reputación de las marcas originales”.
El Papa León XIV visitará la Argentina los primeros días de noviembre. Será el segundo Pontífice en la historia en venir a nuestra tierra. Habrán pasado casi cuarenta años desde la última visita de Juan Pablo II, quien pisó y besó nuestro suelo en dos oportunidades (1982 y 1987). Uno se pregunta entonces, más allá de lo pastoral, cuáles pueden ser los temas en los que pondrá énfasis el Santo Padre, en sus homilías y discursos. Difícil saberlo exactamente, pero, no me caben dudas, que habrá de referirse en algún momento a lo tratado en su primera encíclica “Magnifica Humanitas” (Magnífica Humanidad), sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la Inteligencia Artificial. Es de notar, que la mayoría de los análisis que se han hecho sobre la encíclica, se han referido al tratamiento de lo que tiene que ver con los avances en el uso de la Inteligencia Artificial y sus posibles consecuencias, así como en la forma de regularla. Sin embargo, al leerla, uno puede hacer hincapié también en las referencias que hizo el Santo Padre sobre la Doctrina Social de la Iglesia, su carácter, evolución y los principios en los que se apoya; doctrina que, desde siempre ha despertado posiciones encontradas. Es a ello a lo que quiero referirme.
Respecto al carácter de la Doctrina Social, la encíclica nos recuerda que es dinámico, es decir que surge de una Iglesia “que camina con la humanidad”; que “reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política y, precisamente, por eso, aspira a servir al bien común”; que “se ofrece como una presencia que ayuda a leer en profundidad la realidad”; que se “sitúa a la par del mundo sin imponerse sobre él”. En una palabra, que la Iglesia, a través de su Doctrina Social, “participa con compromiso en los caminos a través de los cuales la sociedad misma crece y se organiza, y ofrece su contribución al logro de una convivencia más justa y fraterna”. “No es un manual de principios y normas que hay que aplicar, sino un camino de discernimiento comunitario”.
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Promover o procurar el bien común, pareciera ser un principio que no debería generar demasiadas controversias: todo individuo es un ser en relación con otros y con una comunidad
En cuanto al desarrollo y evolución de la Doctrina Social, la encíclica parte de los tiempos en que fue promulgada la Rerum novarum, por parte de León XIII, en 1891, que trataba sobre la llamada “cuestión obrera”, hasta terminar mencionando las de Francisco, Laudato si y Fratelli Tutti, sobre el cuidado de la creación, la centralidad de la paz y la fraternidad. Asimismo, en la encíclica, León XIV, como un continuador de alguna manera de León XIII, no sólo por el nombre elegido, sino por esta primera temática abordada, nos recuerda los cinco principios en los que se apoya la Doctrina Social de la Iglesia, partiendo del reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios y del altísimo valor de los derechos humanos. Veamos muy brevemente algo de lo que el Papa nos quiso recalcar de cada uno de ellos:
Promover o procurar el bien común, pareciera ser un principio que no debería generar demasiadas controversias, ya que todo individuo es un ser en relación con otros y con una comunidad. Así, los intereses del conjunto representan un bien mayor agregado al individual. “El bien común es un plus, resultado de la interacción y de la influencia recíproca que une diferentes acciones, iniciativas, esfuerzos y decisiones. Si se sumaran simplemente los bienes individuales, no se podría explicar la existencia de este plus que los supera y al mismo tiempo los enriquece”, dice la encíclica, para luego agregar: “Trabajar juntos en pos del bien de todos significa tener un proyecto compartido”. Y refiriéndose al rol del Estado señala: “Corresponde al Estado garantizar la cohesión, la unidad y una justa organización de la sociedad civil, para que el bien común realmente pueda ser procurado con la contribución de todos.”
El principio del destino universal de los bienes, puede entrar en conflicto entre quienes reducen todo a los derechos absolutos sobre la propiedad privada y los que no. Como si los primeros dijeran: esto es mío y hago lo que quiero con él. La encíclica nos recuerda “que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes”. Pero aclara que, “no es conforme con el designio de Dios, usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos”. Y al referirse a los bienes, habla de los materiales y de los inmateriales y culturales, entre ellos las nuevas tecnologías. En este sentido, la tradición de la Iglesia siempre ha visto en la propiedad un medio “para custodiar y administrar los bienes de manera que puedan servir mejor al bien común”, pero nunca como un derecho absoluto o intocable, sino que “su función social debe ser considerada como una doctrina cierta de la Iglesia”.
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El principio del destino universal de los bienes, puede entrar en conflicto entre quienes reducen todo a los derechos absolutos sobre la propiedad privada y los que no
El principio de subsidiariedad, también despierta oposición entre quienes consideran que los Estados no deben intervenir en nada o los que piensan que debe intervenir en todo. La encíclica nos dice que la Iglesia “llama subsidiariedad al principio según el cual aquello que pueden hacer las personas, las familias, las comunidades locales y los cuerpos intermedios no debe ser absorbido por instancias superiores. Las instituciones de nivel superior deben reconocer, proteger y promover la libertad y la creatividad de los niveles inferiores, coordinando sus aportaciones para que cooperen eficazmente al bien común”. De alguna manera nos está sugiriendo que en todo aquello que pueda realizar la llamada actividad privada o el tercer sector, no debiera inmiscuirse el Estado, salvo para algún tipo de armonización en busca de un sano equilibrio. Y más adelante, señala que este principio “alienta a superar toda forma de gestión paternalista o asistencialista de la vida social, promoviendo un estilo de corresponsabilidad: un Estado que valora la iniciativa de los ciudadanos y una sociedad civil capaz de generar vínculos y activar energías al servicio del bien común”.
El principio de solidaridad, pareciera, en general, darse por aceptado, pero en la práctica no resulta tan así, ya que este principio, como dice la encíclica, está estrechamente vinculado al de subsidiariedad y ambos al del bien común. La encíclica menciona que este principio “nace de la visión de persona concebida por la fe; todo ser humano es creado a imagen de Dios e incorporado a una red de relaciones que lo vinculan a los demás, a los pueblos y a la creación… La solidaridad, pues, es el reconocimiento concreto de que el destino de cada uno está ligado al destino de todos”. Y menciona aquello de que nadie se salva solo. “La solidaridad nace precisamente cuando decidimos no permanecer indiferentes frente a aquello que le sucede a nuestro prójimo y transformamos vínculos inevitables en itinerarios de intercambio, de cooperación y de cuidado mutuo, aprendiendo a pensar y actuar en términos de comunidad”. Pero hace una advertencia respecto a estos dos últimos principios, que resulta de interés remarcar: “Cuando la subsidiariedad no está acompañada de la solidaridad, termina por transformarse en la simple protección de intereses particulares”.
El principio de solidaridad, pareciera, en general, darse por aceptado, pero en la práctica no resulta tan así
Por último, está el principio de justicia social. Ya sabemos todas las controversias que genera, sobre todo en nuestro país, donde algunas fuerzas políticas lo han utilizado a lo largo de la historia como una de sus banderas, tal vez procurando una cooptación del electorado por sus creencias religiosas, y otros la rechazan haciéndola culpable de los males que nos aquejan. “La justicia social se reconoce, por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás. En esta perspectiva, la justicia social exige mirar a las personas y a los pueblos comenzando por los que son más vulnerables: los pobres, los migrantes, los refugiados, los desplazados internos, las víctimas de la violencia, las personas que viven en periferias urbanas o existenciales”, nos recuerda entre otras cosas la encíclica. En este sentido, aparece con claridad para la Iglesia, la llamada “opción preferencial por los pobres”. “El Magisterio reciente ha insistido en el hecho de que la justicia social exige una mirada cuyo punto de partida sean los últimos”. Además, señala que “la idea de justicia social ayuda a reconocer que las injusticias no nacen sólo de decisiones equivocadas de los individuos, sino también de estructuras, mecanismos, sistemas económicos y culturales que producen desigualdad casi automáticamente”.
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Pienso que, con el paso de los días y la mayor cercanía de la visita papal, la reflexión individual y colectiva sobre estos principios, puede preparar nuestro espíritu y corazón, más allá de cualquier ideología, para una acogida más plena de sus posibles palabras, recordando siempre que el Papa cuando habla lo hace pensando no sólo en la comunidad que visita, sino en toda la humanidad y que, en ello, reside la catolicidad.
El autor es licenciado en Administración y escritor. Su último libro es una biografía sobre San Carlo Acutis (V&R)
