ECONOMIA
Gracias a la acumulación de reservas, el optimismo de los inversores está en su punto más alto desde que gobierna Milei
Una de las exigencias de los mercados y también del FMI al Gobierno era avanzar con la política de acumulación de reservas. El equipo económico tomó nota y actuó en consecuencia. Los más de USD 10.000 millones comprados en lo que va del año llevaron al riesgo país a perforar los 450 puntos y al índice de acciones líderes a su máximo anual, superando el equivalente a los 2.200 dólares.
Aunque las reservas netas siguen en terreno negativo, lentamente se va fortaleciendo el balance del Central. Hoy el Gobierno está mejor preparado para enfrentar una crisis cambiaria como la del año pasado. Y un informe presentado por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, enfatizó que además de los dólares que se están comprando hay otros USD 22.000 millones de fondos precautorios: allí suma el margen del Central para vender dólares futuro, la activación de los swap de monedas y futuros préstamos de bancos internacionales con garantías del Banco Mundial.
El mensaje al mercado es claro: esta vez la posible turbulencia electoral no tomará de sorpresa al Gobierno, como sucedió el año pasado. En octubre de 2025 fue el Tesoro americano quien actuó de bombero para estabilizar el tipo de cambio. La idea ahora es actuar de manera preventiva y evitar que se desate el incendio.
REUTERS/Luisa González
Tanto Fitch como Standard and Poor’s le subieron la nota a la deuda argentina sacándola de la “C”. Y en breve hará lo propio Moody’s. La razón principal de esta medida es justamente la compra de reservas que viene llevando adelante el Central. Obviamente también se valora la continuidad del superávit fiscal.
Con un nivel de riesgo país de 437 puntos, el cierre del viernes, el Gobierno podría aspirar a una colocación de bonos en dólares en el mercado internacional a una tasa de entre 8,5%. 9% anual. Pero lo más probable es que apunte a un descenso mayor. Si el indicador fuera a niveles de 350 puntos, por ejemplo, sería posible conseguir financiamiento a menos del 8% anual. De esta forma, el riesgo que presenta la deuda soberana terminaría en niveles similares al que hoy tienen las empresas.
La acumulación de reservas ataca varias situaciones simultáneamente. Por un lado, le da al Gobierno mayor cobertura en caso de presión cambiaria. Se trata de un paso que ya dieron todos los países de la región, que justamente presentan dos características: tipos de cambio muy estables e inflación de un dígito hace por lo menos 20 años.
Tanto Fitch como Standard and Poor’s le subieron la nota a la deuda argentina sacándola de la “C”. Y en breve hará lo propio Moody’s.
Pero el otro aspecto destacado es que acerca a la Argentina a la emisión de deuda internacional. En caso de suceder sería la primera emisión desde 2018. Acceder a los mercados internacionales permitiría a su vez acumular más reservas. Los futuros pagos de deuda se podrían realizar renovando vencimientos en los mercados en vez de usar dólares propios, lo que implicaría el inicio de un círculo virtuoso.
Aunque no existe una encuesta sobre el “humor social” de los mercados, el riesgo país es lo que mejor se aproxima. Y representa en definitiva el grado de confianza que tienen los inversores respecto a un gobierno. En el caso de Argentina, el viernes este indicador llegó a su nivel más bajo, lo que se refleja en el mayor precio de los bonos argentinos en los últimos años.
No sucede lo mismo con los índices que reflejan la confianza del Gobierno entre los propios argentinos. Los últimos estudios marcan una situación distinta. El grado de aprobación del Gobierno está lejos de sus máximos. Pero aún así Milei conserva alrededor de un tercio de apoyo que luce muy consolidado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Para los mercados la evolución de estos índices también resultan relevantes. Al final del día lo que quieren saber los inversores es qué chances reales tiene Milei de conseguir una reelección. Por eso, los indicadores de satisfacción en el Gobierno serán cada vez más relevantes en los próximos meses.
El grado de aprobación del Gobierno está lejos de sus máximos. Pero aún así Milei conserva alrededor de un tercio de apoyo que luce muy consolidado
La última encuesta de la Universidad San Andrés arrojó resultados discretos para el oficialismo. La aprobación del gobierno de Javier Milei cayó levemente al 35%, mientras que la desaprobación subió al 61%.
Aunque no parece demasiado alentador, por otra parte muestra que existe un núcleo duro que respalda al Presidente. Se trata de un nivel significativo que si se mantiene le permitirá dar pelea en las futuras elecciones presidenciales.
Por otra parte, ningún dirigente opositor logra capitalizar el rechazo a Milei, más allá de la mejor imagen que presentan dirigentes como Myriam Bregman, Axel Kicillof o la propia Cristina Kirchner.
La marcha de la economía será casi sin lugar a dudas lo que defina si el Gobierno puede obtener un mayor respaldo popular. Por supuesto que el “caso Adorni” no le juega a favor, pero difícilmente resulte algo decisivo para las elecciones del 2027. Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganaron en 2019 cuando el video de los bolsos con 6 millones de dólares de José Lopez en la puerta de un convento todavía estaba fresco.El interrogante sigue siendo cuándo los buenos números macro y la baja del riesgo país llegarán al bolsillo. Aunque el consumo sigue frío, hay una certeza: con una macro ordenada es mucho más probable que la actividad repunte.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Al contrario, el desorden fiscal y monetario lleva a recuperaciones de bajo vuelo, como le sucedió al kirchnerismo e incluso también a Mauricio Macri. Con el sector energético y el agro volando, ahora las miradas apuntan a los rezagados del modelo, es decir construcción, industria manufacturera y comercio minorista.
La nueva baja de la inflación al 2,1% en mayo abre expectativas respecto a una gradual mejora de los salarios en los próximos meses. Se trata de un dato clave que permitiría una mejora de la demanda. Lenta, pero mejora al fin.
Los jubilados, que indexan con inflación pasada, tendrán una recuperación a partir del tercer trimestre por supuesto siempre desde niveles muy bajos.
El crédito, luego del pico de mora registrado en el primer trimestre, también empezará a repuntar pero lo hará de manera mucho más gradual. “El proceso de reemplazo de los préstamos bancarios al Estado por el sector privado ya sucedió entre 2024 y 2025. Ahora, la expansión crediticia será mucho más pausada porque depende de cómo aumente la capacidad prestable de las entidades”, explicó el titular de la Asociación de Bancos Argentina (Adeba), Javier Bolzico.
La baja de las tasas de interés, por lo pronto, llegaron a los préstamos a las empresas. El descuento de echeqs, por ejemplo, presenta tasas del orden del 25% anual. En cambio, sacar un préstamo personal o refinanciar la tarjeta de crédito sigue por encima del 100%. Claudio Cesario, titular de la cámara bancaria que agrupa a las entidades extranjeras (ABA) apuntó al peso de los impuestos. “Un crédito que tiene una tasa del 70% anual puede llegar al 120% no solo por los impuestos nacionales, sino por los provinciales y las tasas municipales. Los intendentes dicen que gravan a los bancos con ingresos brutos o tasas de higiene, pero en realidad lo paga el cliente”.
Los segundos semestres gozan de mala fama desde aquella promesa incumplida de Mauricio Macri. Pero esta segunda parte del año presenta un panorama promisorio: tasas de interés más bajas, desinflación, recuperación gradual del salario, continuidad de las compras del Central y una eventual apertura del mercado internacional para emisión de deuda pueden darle un impulso a la economía. No será crecimiento a tasas chinas, pero sí lo suficiente para apuntalar una recuperación del mercado interno y mejorar las chances electorales del Gobierno.
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El Poder Ejecutivo finalmente puso sobre la mesa un ambicioso proyecto de ley que introduce modificaciones relevantes en las Leyes 27.799 (Inocencia Fiscal), 11.683 (Procedimiento Tributario) y 25.191 (Trabajadores Rurales). Bajo la denominación de «Ley de Inocencia Fiscal II», la iniciativa busca consolidar un sistema tributario más lógico que proteja a los pequeños y medianos contribuyentes. Al mismo tiempo, se aclara que esta simplificación tiene por objeto ordenar el cumplimiento sin flexibilizar los controles estatales sobre aquellos contribuyentes de gran magnitud económica (Grandes Contribuyentes).
Sin embargo, más allá de la propuesta oficial centrada en la simplificación administrativa, la letra de la iniciativa abrió un intenso debate entre tributaristas, contadores y especialistas en compliance: ¿se trata únicamente de una reducción de cargas burocráticas o constituye, en los hechos, una nueva forma de blanqueo de capitales encubierto?
Para responder esa pregunta resulta necesario analizar los principales cambios previstos para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025. Aunque el texto evita expresamente términos como «blanqueo» o «exteriorización voluntaria», varias de sus disposiciones generan efectos similares a los observados en regímenes de regularización fiscal anteriores.
Declaración simplificada: quiénes podrán adherir
El corazón de la reforma se encuentra en la creación de un régimen simplificado para la presentación de Ganancias destinado a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. La permanencia en la condición de residente fiscal durante todo el ejercicio constituye un requisito indispensable para acceder a los beneficios previstos. De perderse esa condición, ARCA quedaría habilitada para realizar tareas de fiscalización y eventualmente aplicar sanciones.
Uno de los aspectos más llamativos es la exclusión de los Grandes Contribuyentes Nacionales de los beneficios centrales del esquema. Aunque podrán utilizar la modalidad simplificada para presentar y abonar el impuesto, el proyecto establece que no accederán a las presunciones ni a los efectos especiales previstos para el resto de los contribuyentes.
La decisión parece orientada a concentrar los beneficios en contribuyentes medianos y pequeños, manteniendo mayores controles sobre los grandes patrimonios y empresas de gran escala.
La Ley de Inocencia Fiscal fija nuevas limitaciones a la fiscalización de ARCA
Uno de los puntos que más controversia genera es la fuerte restricción a las facultades de control del organismo recaudador.
El proyecto incorpora una presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas presentadas bajo este régimen. Para cuestionarlas, ARCA deberá demostrar la existencia de una «discrepancia significativa», concepto que el propio texto define de manera particularmente restrictiva.
Según la propuesta, una diferencia sólo será considerada relevante cuando el ajuste fiscal supere el 15% del impuesto determinado por el contribuyente y, además, exceda determinados umbrales vinculados al Régimen Penal Tributario. También se contemplan excepciones vinculadas con facturación apócrifa o ingresos manifiestamente improcedentes.
A ello se suma una posibilidad adicional para neutralizar el cuestionamiento: si el contribuyente presenta una declaración rectificativa dentro de los 15 días hábiles de ser notificado y cancela la diferencia, la discrepancia quedaría subsanada.
La carga de la prueba cambia de manos con la Ley de Inocencia Fiscal
La iniciativa también modifica de manera significativa la dinámica de los procedimientos de fiscalización.
En ese sentido establece expresamente que la carga de probar la existencia de inconsistencias recaerá exclusivamente sobre ARCA. Además, limita las herramientas probatorias disponibles para el organismo, que sólo podrá basarse en la información declarada por el contribuyente, los datos obrantes en sus sistemas o la información suministrada por terceros.
El texto incluso dispone que cualquier otro elemento considerado por la administración carecerá de valor probatorio para impugnar la declaración presentada.
Para los críticos de la iniciativa, este esquema genera un verdadero «tapón fiscal», al dificultar de manera sustancial la revisión de períodos anteriores y extender una presunción favorable sobre ejercicios no prescriptos vinculados al IVA.
El ingreso de fondos al circuito formal
Otro de los aspectos que alimentan la discusión sobre un posible blanqueo encubierto es el tratamiento previsto para los fondos incorporados al sistema financiero formal.
El nuevo artículo 40 bis obliga a canalizar determinadas operaciones a través de instrumentos autorizados por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, el punto central radica en que esos fondos serán considerados incorporados al patrimonio del contribuyente en la fecha de realización de la operación a los efectos del Impuesto sobre los Bienes Personales.
En la práctica, esto implica que recursos previamente no declarados podrían ingresar al circuito formal y adquirir reconocimiento patrimonial sin que se examine necesariamente su origen histórico, una característica que diversos especialistas asocian con los efectos típicos de los regímenes de exteriorización de activos.
El rol de la UIF y los sujetos obligados
La iniciativa también contempla un tratamiento especial para los controles vinculados a la prevención del lavado de activos.
La adhesión al régimen deberá ser considerada por bancos, agentes de bolsa, escribanos y otros sujetos obligados como un antecedente favorable al momento de analizar operaciones. Aunque el proyecto aclara que continúan vigentes las obligaciones establecidas por la normativa antilavado, también ordena a la Unidad de Información Financiera dictar regulaciones complementarias y prevé mecanismos tecnológicos para verificar rápidamente la situación de los contribuyentes adheridos.
La eximición de multas por defraudación
Quizás el punto más sensible del proyecto aparece en materia sancionatoria.
El artículo 42 ter establece que quienes adhieran al régimen y regularicen obligaciones tributarias derivadas de ajustes previos de ARCA quedarán eximidos de las multas previstas en los artículos 45 y 46 de la Ley 11.683.
Se trata de sanciones vinculadas tanto a la omisión de impuestos como a supuestos de defraudación fiscal. Para acceder a este beneficio, el contribuyente deberá renunciar a iniciar acciones de repetición contra el Estado por los montos regularizados.
Precisamente esta exención de multas es uno de los argumentos más utilizados por quienes sostienen que el proyecto excede ampliamente una mera simplificación administrativa y se aproxima a una verdadera amnistía tributaria.
El contraste: endurecimiento para el trabajo rural no registrado
Mientras el capítulo tributario introduce beneficios y alivios para determinados contribuyentes, el Título II del anteproyecto adopta una lógica opuesta respecto del empleo agrario.
La reforma prevé un incremento sustancial de las sanciones por trabajo rural no registrado. Las multas por declaraciones falsas podrían alcanzar hasta $1,5 M por trabajador, mientras que las infracciones más graves -vinculadas a la omisión total de registración- llegarían a montos de entre $1,5 M y $7,5 M por empleado, con agravantes por reincidencia.
Además, esas sanciones se actualizarán mediante el índice UVA, un mecanismo que garantiza su ajuste periódico.
Un proyecto que promete generar debate
Más allá de cómo finalmente sea bautizada por el Congreso, la iniciativa ya instaló una discusión de fondo sobre el equilibrio entre simplificación tributaria, seguridad jurídica y capacidad de fiscalización estatal.
Sus defensores sostienen que permitirá reducir burocracia, incentivar la formalización y canalizar recursos hacia la economía real. Sus críticos, en cambio, consideran que las restricciones impuestas a ARCA, la protección otorgada a determinados fondos y la condonación de multas configuran una arquitectura jurídica que, en los hechos, funciona como un blanqueo sin el costo político que supone impulsar una amnistía fiscal tradicional.
Lo cierto es que el debate aún no comienza en el Congreso y promete convertirse en uno de los ejes tributarios más relevantes de los próximos meses.
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ECONOMIA
Moody’s le subió la nota a la Ciudad de Buenos Aires y la transformó en la jurisdicción con mejor calificación de deuda
La agencia Moody’s Ratings otorgó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una mejora en su calificación crediticia, que pasó de B2 a B1, luego de la mejora en la nota para la deuda soberana. Con esta decisión, la Ciudad se convirtió en la jurisdicción argentina con la mejor calificación subsoberana, dos escalones por encima de la Nación. El informe publicado por Moody’s señala que este avance responde a un perfil crediticio más sólido en comparación con otras ciudades de la región, sustentado en el desempeño operativo y financiero y en una reducida exposición a transferencias federales.
La noticia generó reacciones inmediatas dentro del gobierno porteño. Jorge Macri, jefe de Gobierno, sostuvo: “Contundente. Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá”. El funcionario remarcó la importancia de la estabilidad y el orden en las cuentas públicas como factores clave para lograr el reconocimiento de la calificadora internacional.
Por su parte, Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, afirmó: “Tras 14 años, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a obtener la calificación B1 con perspectiva estable por parte de Moody’s Ratings, posicionándose como la jurisdicción con mejor calificación”. Arengo atribuyó la mejora al orden en las cuentas públicas y la disciplina fiscal implementada por la gestión de Jorge Macri.
El informe de Moody’s subrayó que la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno local y regional argentino más resiliente gracias a sus bajas necesidades de financiamiento y a una exposición manejable de su deuda en moneda extranjera. Moody’s prevé que la jurisdicción mantendrá métricas financieras alineadas con su perfil crediticio a mediano plazo, apoyada en una posición de liquidez sólida, un perfil de amortización cómodo y una gestión financiera prudente.
El contexto de esta mejora se relaciona con el reciente anuncio de Moody’s acerca de la suba de la nota de la deuda soberana de Argentina, que pasó de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera. En ese marco, Arengo destacó que el avance de la Ciudad también se apoya en el ordenamiento macroeconómico dispuesto por el gobierno nacional, que generó condiciones más favorables para el acceso a financiamiento y la promoción de inversiones.
En junio, Moody’s local ya había elevado las calificaciones de emisor en moneda local y extranjera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de AA+.ar a AAA.ar, ubicando a la administración porteña en el nivel de mayor calidad crediticia entre los emisores locales. El nuevo informe internacional refuerza esa posición y distingue la gestión de las cuentas públicas en el distrito capitalino.
La mejora de la calificación crediticia implica para la Ciudad una mayor confianza de los mercados y mejores condiciones para acceder a financiamiento. El reconocimiento de Moody’s también posiciona a Buenos Aires como un referente en el manejo fiscal dentro del país. La agencia destacó la continuidad de políticas financieras orientadas a la prudencia y a la sustentabilidad, y la baja dependencia de la Ciudad respecto de fuentes externas de recursos.
El gobierno de la Ciudad enfatizó que la calificación B1 con perspectiva estable es resultado directo del trabajo realizado en materia de orden fiscal y de la disciplina sostenida en la administración de sus recursos. Tanto Macri como Arengo mencionaron el impacto positivo de las condiciones macroeconómicas nacionales en el proceso de recuperación de la nota internacional.
El informe de Moody’s también evaluó la exposición de la Ciudad a la deuda en moneda extranjera como manejable y resaltó la solidez de su posición de liquidez. Según el documento, la administración porteña cuenta con una estructura de amortización favorable y un nivel de reservas adecuado para enfrentar obligaciones futuras. La calificadora proyectó que Buenos Aires mantendrá indicadores financieros consistentes con su actual perfil de riesgo durante el mediano plazo.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la obtención de la calificación B1, se consolidó como la jurisdicción argentina con mejor nota subsoberana según los parámetros internacionales. El resultado, según la administración local, responde a una estrategia de orden en las cuentas, disciplina fiscal y gestión financiera prudente, en un contexto nacional que favoreció el acceso a recursos para potenciar inversiones.
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La emisión de bonos en dólares sigue firme y anticipa más oferta de divisas en el mercado de cambios. Esta semana hubo movimientos importantes: Neuquén volvió a Nueva York, donde había estado ausente desde 2017, para captar u$s500 millones con un título a 7 años y rendimiento de 7,65%. A la vez, la petrolera PCR consiguió u$s400 millones con tasa y duración similar, mientras Central Puerto obtuvo casi u$s100 millones. Entre el miércoles y jueves, se emitieron unos u$s1.000 millones. Desde el shock de confianza que generó el triunfo de Javier Milei en las elecciones de octubre, el total emitido supera los u$s18.000 millones.
Las colocaciones de deuda en dólares, tanto de empresas como de provincias, son clave para el mercado de cambios: buena parte de los fondos obtenidos ingresa gradualmente a la plaza cambiaria, en la medida en que los emisores necesiten afrontar compromisos en pesos. Esto implica mayor oferta de divisas en el mercado, lo que contribuye a compensar la demanda tanto privada como del Banco Central y juega a favor de la estabilidad del peso.
La operación que concluyó ayer Neuquén significó, además, la primera emisión provincial en moneda extranjera desde la que realizó la Ciudad de Buenos Aires en mayo. La provincia petrolera logró conseguir el monto total que buscaba, que utilizará para obras y refinanciar deuda existente. En la operación se destacaron las siguientes características:
- Monto emitido: u$s500 millones
- Legislación: Nueva York
- Cupón: 7,35%
- Tasa Interna de Retorno (TIR): 7,65%
- Precio de corte: u$s98,37
- Plazo: 7 años de vida promedio, con vencimiento final en 2034
- Amortización: Tres partes iguales entre julio de 2032, 2033 y 2034
«Más allá de la estructura del bono, el principal atractivo crediticio de Neuquén es Vaca Muerta. Las regalías hidrocarburíferas representan cerca del 38% de los ingresos provinciales, están denominadas en dólares y, según las autoridades, alrededor del 70% de los recursos de la provincia están vinculados a la dinámica del sector energético o al dólar. Exhibe métricas conservadoras: el stock de deuda cayó desde unos u$s1.170 millones en 2023 a u$s778 millones en el primer trimestre de este año, mientras la relación deuda/ingresos corrientes cedió de 30% a 16%», destaca PPI.
El antecedente reciente más relevante de emisión de deuda en el segmento sub-soberano fue el de la Ciudad de Buenos Aires en mayo, cuando colocó u$s500 millones a 10 años con TIR de 7,37% y, desde entonces, opera con rendimiento prácticamente estable. De acuerdo con PPI, era lógico que Neuquén pagara una tasa mayor a la de CABA por contar con menor liquidez e historial crediticio, aunque compensa con el crecimiento que exhibe la provincia gracias a Vaca Muerta. Por ello, previo a la emisión, calculaba una TIR de entre 7,4% y 7,5%, levemente inferior a la que finalmente salió (7,65%).
Las emisiones corporativas y provinciales superan los u$s18.000 millones desde octubre
Desde el shock de confianza que generó el contundente triunfo electoral de Milei y La Libertad Avanza en las legislativas de octubre, lo que impulsó el apetito de los inversores por activos argentinos, las emisiones de títulos de deuda corporativa y provincial en moneda extranjera, tanto en el mercado local como en el exterior, ascienden a aproximadamente u$s18.260 millones. Por segmento y legislación, los montos emitidos en dólares desde finales de octubre están compuestos de la siguiente manera:
- Mercado local: u$s4.913 millones
- Mercado internacional: u$s13.346 millones
- Empresas: u$s14.110 millones
- Provincias: u$s4.150 millones
La gran mayoría de las colocaciones corporativas fue realizada por el sector energético. El miércoles, por ejemplo, Petroquímica Comodoro Rivadavia emitió u$s400 millones a través de un bono a 7 años de legislación de Nueva York, con rendimiento de 7,625% y cupón de 8,5%. Del lado provincial, desde las elecciones de octubre ya son seis distritos que han emitido títulos en Estados Unidos a través de siete operaciones (doble participación de CABA). En orden cronológico, están distribuidas de la siguiente manera:
- Ciudad de Buenos Aires: En noviembre de 2025, captó u$s600 millones con tasa de 7,8% y plazo promedio de 7 años
- Santa Fe: En diciembre de 2025, colocó u$s800 millones con tasa de 8,1% y plazo de 9 años
- Córdoba: En enero de 2026, consiguió el mismo monto y plazo de Santa Fe, pero con tasa de 8,6%
- Entre Ríos: En febrero de 2026, captó u$s300 millones a 7 años y tasa de 9,87%
- Chubut: En abril de 2026, emitió u$s650 millones con tasa de 9,45% y vencimiento a 10 años
- Ciudad de Buenos Aires: En mayo de 2026, captó u$s500 millones con tasa de 7,37% y duración de 10 años
- Neuquén: En julio de 2026, consiguió u$s500 millones con rendimiento de 7,65% y plazo promedio de 7 años
Cómo impactan las emisiones en el mercado de cambios y las reservas del BCRA
La racha de emisiones de títulos de deuda en moneda extranjera anticipa mayor oferta de dólares en el mercado de cambios, lo que juega a favor de la estabilidad cambiaria y las compras de reservas por parte del Banco Central. De hecho, de acuerdo con Max Capital, las fuertes compras que realizó la autoridad monetaria la semana pasada, que ascendieron a más de u$s1.100 millones en sólo cuatro jornadas, con pico de u$s530 millones en una de ellas, se habrían explicado por el ingreso de dólares pertenecientes a bonos emitidos en el exterior.
Esta semana, tras la seguidilla de compras en «bloque», la autoridad monetaria volvió a moderar el ritmo de compras, con montos de entre u$s25 millones y u$s45 millones. En julio, acumula compras por u$s1.591 millones y en lo que va del año la cifra asciende a u$s12.766 millones.
En tanto, el tipo de cambio fluctúa apenas por debajo de $1.500 en el segmento oficial mayorista. A pocas jornadas para que finalice julio, ayer operó a $1.489, casi el mismo valor con el que arrancó el mes ($1.482), a pesar de que en los últimos días el BCRA habría reducido sustancialmente las intervenciones en los mercados de dólar linked y futuros de dólar. En tanto, los analistas esperan que los dólares conseguidos por las empresas y provincias a través de bonos mencionados sigan ingresando a lo largo de los próximos meses, lo que ayudaría a compensar la caída estacional en la oferta del agro.
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