POLITICA
Cómo es el sistema para poder retirar un pliego del Senado como exige el Gobierno
El Gobierno nacional está generando un nuevo conflicto de poderes con el Congreso de la Nación, en este caso por la intención de la Casa Rosada de retirar el pliego de una de las candidatas que el mismo Ejecutivo había enviado al Senado para ocupar la vacante de un juzgado federal en la ciudad de La Plata.
Se trata de la carpeta de María Verónica Michelli, aspirante al Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 3 de La Plata, quien ya pasó por todas las instancias que prevé la ley para designar a los magistrados. El problema se suscitó a mediados de la semana pasada cuando ingresó a la Cámara Alta un pedido del Ejecutivo para retirar este pliego.
El pliego de Michelli ingresó al Senado el pasado 30 de marzo. La abogada expuso en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos el pasado 13 de mayo y obtuvo dictamen con, según explicaron senadores, nueve firmas favorables de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y algunos provinciales sobre un total de catorce miembros.
La comisión está conformada por diecisiete senadores, pero el peronismo se niega a asumir ese lugar porque denuncia que le corresponden seis y no tres lugares.
El dictamen ahora debería ser girado al área de Órdenes del Día para que sea incluido en el temario de la próxima sesión, que sería el próximo jueves y en el que se votarían setenta cargos para la justicia. Y aquí es donde empiezan las faltas al reglamento porque el presidente de la Comisión, Juan Carlos Pagotto, no giró el pliego y lo tiene guardado bajo siete llaves.
Tanto es así que algunos de los senadores que aseguran haber firmado no tienen acceso al documento.
Pagotto es un senador por La Rioja que responde políticamente a los Menem y, por ende, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien se señala como la responsable de pedir el retiro del pliego.
El Ministerio de Justicia fue quien envió una nota formal al Senado solicitando que se deje sin efecto el pedido de acuerdo para el pliego en cuestión.
La razón sería que la aspirante es cuñada del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, quien viene investigando posibles causas de corrupción de la administración de Javier Milei. Particularmente, el periodista viene publicando investigaciones sobre el caso $Libra y sobre el posible enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Pero el conflicto de poderes surge porque el Ejecutivo presiona a sus legisladores para que tomen una decisión que solo el recinto puede tomar.
El sistema para la selección y votación por parte del Senado de la Nación es bastante simple. Los pliegos tienen entrada en sesión pública y la Secretaría Parlamentaria los difunde dentro de los dos días corridos. A partir de ese momento los ciudadanos tienen siete días para presentar observaciones sobre los candidatos y los pliegos deben publicarse con al menos quince días de anticipación a la audiencia pública en el sitio web del Senado, el Boletín Oficial y las redes sociales institucionales. Si el cargo corresponde a una provincia, también se notifica a los poderes legislativos provinciales.
La Comisión de Acuerdos recibe las observaciones, pone los antecedentes a disposición de todos los senadores y convoca a una audiencia pública con registro taquigráfico. Si el pliego de un o una candidata recibe la mitad más uno de las firmas positivas, queda listo para que el pleno del Senado vote de manera favorable o no su candidatura. De resultar favorable, el aspirante ya cuenta con el acuerdo del Senado y, una vez publicado en el Boletín Oficial, asume su nuevo cargo.
Para poder retirarlo, como pide la Casa Rosada, es también el pleno de la Cámara Alta el que tiene la potestad de hacerlo. Se somete el pedido por parte de algún senador a votación y, con mayoría simple —la mitad más uno de los presentes—, se puede retirar.
El Ejecutivo podría haber tenido alguna posibilidad de frenar el tratamiento del pliego de Michelli si el pedido del Ministerio de Justicia hubiese ingresado antes del tratamiento en la Comisión de Acuerdos. Hoy, con la firma de nueve senadores que explicitaron su apoyo a la candidata, esa decisión es potestad exclusiva del pleno de la Cámara Alta.
Sesión
El conflicto de intereses que se está suscitando surge porque Pagotto no manda el pliego para que sea tratado en el recinto junto a otros setenta que ya tienen despacho de comisión. Y esto es porque las posibilidades de conseguir una victoria y retirarlo en la próxima sesión parecen, siendo optimistas, escasas.
La presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, ya anunció que no acompaña el pedido de retirar el pliego y que votará a favor del nombramiento. En esa línea se mostraron varios legisladores del PRO y de la UCR, como el presidente del bloque de los amarillos, Martín Goerling, y su colega de los radicales, Carolina Losada.
En el caso del peronismo, el bloque terminará de definir su postura mañana al mediodía, pero no queda claro porque reclaman que hay una treintena de los setenta pliegos que presentan nulidades. Sin embargo, en el caso de Michelli, el jefe del bloque José Mayans dejó una pista sobre el posicionamiento al señalar que el pedido está relacionado con su parentesco con Alconada Mon, algo que, dijo, les parece inaceptable, y que Pagotto incumple el reglamento al “pisar” el documento.
luciano ingaramo / comunicacin senado.-
POLITICA
Cruces en Diputados por la Ley de Soberanía Nacional: el oficialismo consiguió dictamen con apoyo de sus aliados
La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
La iniciativa reunió 60 firmas sobre 104 legisladores presentes, con el respaldo del PRO, la UCR y otros sectores aliados, mientras que Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría y el Frente de Izquierda rechazó la propuesta. El Gobierno buscará llevar el proyecto al recinto el 12 de noviembre.
El plenario fue encabezado por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, titulares de las respectivas comisiones. Las firmas del dictamen oficialista correspondieron a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Provincias Unidas, Adelante Buenos Aires y Argentina Federal, que acompañó con disidencia parcial.
El peronismo reunió 38 firmas para su dictamen de minoría. Además, hubo otro dictamen con cuatro firmas de Provincias Unidas y uno de rechazo presentado por Myriam Bregman, del Frente de Izquierda.
Sanciones por la explotación de recursos en Malvinas
Uno de los principales ejes del proyecto es la creación de un régimen de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El texto contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas relacionadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas, que podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
La iniciativa incluye, además, modificaciones en la estructura de seguridad nacional y en distintos aspectos de la legislación de inteligencia.
Fuertes cuestionamientos de la oposición durante el plenario
El debate estuvo marcado por las críticas de Unión por la Patria, cuyos integrantes cuestionaron el procedimiento y el contenido de la iniciativa.
“Es un dictamen entre gallos y medianoche”, afirmó la diputada Agustina Propato. “No sabemos qué dictamen se está firmando. Hay obscenos abusos de poder y lo vamos a rechazar”, agregó.
En la misma línea, Juan Marino cuestionó que el oficialismo avanzara sin entregar el texto a los legisladores. “No tenemos el dictamen del oficialismo y se está dictaminando”, sostuvo, y pidió la renuncia del canciller Pablo Quirno.
Por su parte, Juan Grabois interrogó al titular del plenario, Carlos Zapata, sobre las modificaciones incorporadas al proyecto: “¿Los norteamericanos le pidieron modificaciones?”. “No le puedo contestar”, respondió el legislador libertario.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que se tuvieran en cuenta las propuestas de su bancada.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman cuestionó que la oposición se enterara por los medios sobre la firma de los dictámenes. “Siempre nos enteramos por la prensa la firma de los dictámenes”, afirmó.
En tanto, el socialista Esteban Paulón anunció que su espacio presentó un dictamen de minoría y calificó como “invotable” la propuesta del oficialismo.
La defensa del proyecto estuvo a cargo de legisladores libertarios, entre ellos Federico Pelli, Laura Rodríguez Machado y Damián Arabia.
Antes del plenario, y a propuesta de la diputada Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, participaron representantes de la Fundación Poder Ciudadano, encabezados por Martín D’Alessandro.
Los cambios negociados con los bloques aliados
La diputada libertaria Silvana Giudici encabezó las negociaciones con los sectores aliados para introducir modificaciones al texto. Entre los cambios se incorporaron precisiones sobre las funciones del Consejo de Seguridad y mecanismos de control parlamentario.
A partir de un planteo del MID, el dictamen establece una prohibición expresa para que el Consejo intervenga en cuestiones de seguridad interior, con excepciones operativas vinculadas con infraestructuras críticas y protección marítima.
También habilita la convocatoria de autoridades legislativas, provinciales y del Ministerio de Seguridad Interior, e incorpora la participación del presidente de la Cámara de Diputados y del presidente provisional del Senado. De esta manera, no incluye al titular de la Cámara alta, cargo que ocupa Victoria Villarruel, quien incrementó sus críticas a la gestión presidencial.
Otro de los cambios se refiere al control parlamentario de las decisiones del Consejo. La Comisión Bicameral deberá ser informada en un plazo de 48 horas sobre sanciones, medidas urgentes y decisiones de inversión. Además, se prevé un control posterior de las medidas que impidan vuelos o contemplen hundimientos.
El organismo estará integrado por cuatro senadores y cuatro diputados, con deber de secreto y acceso limitado a la información.
Modificaciones al delito de desinformación
El proyecto también introduce cambios en la figura penal vinculada con la denominada “desinformación masiva”.
El texto reemplaza la referencia expresa a “campañas coordinadas de desinformación masiva” por la figura de “campaña de injerencia extranjera”. Esta última se define a partir de actuaciones planificadas, sistemáticas o sostenidas, de carácter clandestino, engañoso, coercitivo o ilícito, que oculten el vínculo extranjero.
POLITICA
Caso $LIBRA: reclaman que una fiscalía especializada en delitos de funcionarios actúe contra los sobreseimientos
Con durísimas críticas al fiscal que tuvo a su cargo la pesquisa por el caso $LIBRA durante el último año y medio y que pidió su cierre, las dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que intervienen en el expediente como “amicus curiae” solicitaron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que intervenga en la causa y desarrolle la investigación que hasta ahora no se hizo, según consta en la copia de la petición que obtuvo .
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) estimaron que la PIA, que lidera el fiscal Sergio Rodríguez, debe involucrarse en el expediente que el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvieron cerrar “de forma prematura”, con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y todos los demás acusados.
“Se trata de una decisión judicial que, de forma prematura, pone fin a la investigación de un caso de corrupción de notoria trascendencia institucional -plantearon Inecip y Cipce-, fulminando así cualquier posibilidad de acceder a la justicia a fin de averiguar la verdad sobre hechos que generaron estupor público al encontrarse involucrados en las denuncias el Presidente y su hermana, quien funge de Secretaria General de la Presidencia.”
En ese contexto, las entidades estimaron que la PIA debe intervenir de manera directa “a los fines de adoptar las medidas de impulso procesal de la acción penal que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables, la producción de prueba de cargo dirigida a formular una acusación precisa que permita llevar adelante un juicio oral y público sobre la conducta en la que se encontraría vinculado el Presidente de la Nación por la eventual comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”.
Organismo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y heredera de la otrora Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la PIA suele participar junto a los fiscales en las causas contra funcionarios públicos, pero el fiscal Taiano no le dio intervención en esta pesquisa, pese a que la PIA, antes de que el caso se judicializara, había abierto su propio expediente sobre $LIBRA.
Tal como informó , la PIA impulsó causas de las que los fiscales se habían bajado. Así, por ejemplo, consiguió la reapertura del caso Skanska, que terminó en condenas de múltiples exfuncionarios kirchneristas. Esta Procuraduría insistió durante años en que debía incorporarse como prueba una grabación secreta, interna de la empresa, sobre los sobornos; la Corte Suprema finalmente validó su planteo y eso permitió reabrir el expediente.
Más cerca en el tiempo -y también con Taiano como fiscal del caso-, la PIA reclamó en soledad la reapertura de la causa que investigó el desvío de vacunas durante la pandemia (conocida como Vacunatorio VIP) y la Cámara Federal ordenó la reapertura de la investigación. Pero este caso es distinto, dijeron a fuentes del Ministerio Público. Sostuvieron que en $LIBRA el fiscal Taiano pidió los sobreseimientos y el juez Martínez de Giorgi los dictó, y que la PIA, que no fue notificada de esa decisión, en principio no tendría margen para intervenir en contra de lo sostenido por el fiscal Taiano.
Para Inecip y Cipce, por el contrario, la PIA debe intervenir, asumir el ejercicio directo de la acción pública y apelar la resolución del 23 de octubre que dispuso los sobreseimientos de los hermanos Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
En esa línea, las entidades también solicitaron que la PIA asuma un rol de coordinación junto al fiscal de alzada para intervenir en las audiencias que pudieran tener lugar como parte de incidencias recursivas planteadas por las partes querellantes, y que continúe la investigación “garantizando el derecho de las víctimas a ser oídas a lo largo del proceso y consultadas respecto de la adopción de decisiones de mérito”, tal como establece la ley, dijeron.
Según Inecip y Cipce, la investigación que debió impulsar el fiscal Taiano “no estuvo a la altura del caso”, al que debió imprimirse la “máxima diligencia”, con “coordinación entre áreas y transparencia ante la comunidad”. De acuerdo con las entidades, “ocurrió lo contrario”.
En ese sentido, sostuvieron que:
Así, tras remarcar que los sobreseimientos fueron “prematuros” porque “la propia investigación no está agotada”, pidieron que la PIA se involucre.
“No es tolerable para la comunidad que la verdad se reemplace por ficciones acomodadas para que los hechos no se conozcan. El caso $LIBRA se convierte día a día en un nuevo caso de impunidad”, remarcaron. “La intervención directa de la PIA es hoy la única alternativa para que las víctimas obtengan una decisión judicial adoptada después de agotar todas las hipótesis y medidas de prueba que aún restan producir, analizar y ponderar”.
Investigaciones y coberturas especiales en más de dos docenas de países de América, Europa, Medio Oriente y Asia.
pidió su cierre,como informó LA NACION,,Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
La Libertad Avanza logró dictamen para debatir la Ley Malvinas el 12 de noviembre en Diputados – Nexofin
El bloque de La Libertad Avanza obtuvo el dictamen de mayoría para la ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Tras recolectar 60 firmas en el plenario de comisiones, la “Ley Malvinas” quedó lista para debatirse en el recinto.
La iniciativa establece penas severas para la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en el Atlántico Sur. No obstante, la discusión legislativa quedó fragmentada con la presentación de cinco dictámenes de minoría opositores.
Para atender reclamos de la administración Trump, el oficialismo acotó el alcance del régimen de sanciones para las empresas extranjeras. Ante las objeciones, la dirigencia eximió de responsabilidad penal a los fondos de inversión indirectos y accionistas minoritarios.
El texto prevé crear el Consejo de Seguridad Nacional, órgano conducido por Javier Milei e integrado por figuras de la Casa Rosada. Asimismo, se confirmó el funcionamiento de una Comisión Bicameral parlamentaria encargada de auditar la entidad.
Aunque los libertarios proyectan tratar el proyecto el 12 de noviembre, aliados anticipan nuevos retoques a la norma.
La entrada La Libertad Avanza logró dictamen para debatir la Ley Malvinas el 12 de noviembre en Diputados se publicó primero en Nexofin.
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