El Gobierno defendió este miércoles en Diputados el proyecto conocido como “Súper RIGI” y rechazó las sospechas de la oposición sobre un eventual traje a medida para gigantes tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial.

“Me hizo referencia a un tal señor Palantir. No lo conozco, no conozco a nadie. No hay absolutamente ningún lobby que tenga que ver con esto”, afirmó Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

La referencia apuntó a las especulaciones que vinculan la iniciativa con grandes empresas tecnológicas y, en particular, con Peter Thiel, cofundador de Palantir, quien mantuvo reuniones con Javier Milei y funcionarios de su gabinete económico antes de la presentación del proyecto. González rechazó esas versiones y sostuvo que el Gobierno ni siquiera sabe cuáles serán los primeros emprendimientos que podrían acogerse al régimen. “No me imagino que este sea un régimen que tenga un impacto en el corto plazo”, afirmó.

El plenario fue conducido por el libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto. Además de González, expuso Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva.

El Gobierno presenta al “Súper RIGI” como una evolución del régimen aprobado con la Ley Bases. Según explicó González, el esquema vigente fue “sumamente exitoso” para movilizar inversiones en recursos naturales e infraestructura, pero vence en julio de 2027 y no debería extenderse porque fue concebido como una herramienta excepcional.

La apuesta ahora es distinta. El oficialismo busca atraer proyectos industriales de gran escala que hoy no existen en la Argentina y que agreguen valor a los recursos naturales desarrollados bajo el RIGI. “El Súper RIGI va a proyectos que no existen, la mayoría de los cuales ni siquiera conocemos”, sostuvo González. Por eso, el régimen tendrá una ventana de adhesión más extensa -cinco años, prorrogable por uno más- y excluirá expresamente proyectos extractivos y de infraestructura.

Para justificar el cambio, el funcionario exhibió los resultados del RIGI. Según afirmó, ya se presentaron 39 proyectos por US$138.000 millones, con potencial para generar 179.000 empleos y exportaciones por US$41.000 millones anuales. “En conjunto, duplican las exportaciones de la Argentina”, aseguró. Destacó especialmente el impulso a sectores como el litio, el cobre y Vaca Muerta, donde, según el Gobierno, el régimen permitió acelerar inversiones que llevaban años demoradas.

Como ejemplo mencionó el proyecto cuprífero El Pachón, en San Juan, descubierto hace más de seis décadas y con estudios de factibilidad terminados hace casi treinta años, pero cuya decisión final de inversión recién se tomó bajo el paraguas del RIGI.

Sobre esa base, el oficialismo sostiene que llegó el momento de pasar de la extracción de recursos a su industrialización. El objetivo declarado es que la Argentina compita por inversiones vinculadas a las denominadas “industrias del futuro”, capaces de generar mayor valor agregado y empleo.

González aseguró además que el nuevo esquema ofrecerá incentivos más amplios que el RIGI. Entre ellos, una alícuota del 15% en el impuesto a las ganancias -contra el 25% previsto en el régimen actual-, exenciones desde el inicio de los proyectos, eliminación de derechos de exportación y estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años, un beneficio que definió como “el más valorado” por las empresas. También prevé compromisos para que provincias y municipios mantengan Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminen impuestos de sellos y otros tributos locales.

“Si hay algo que genera empleo es crear nuevas industrias”, respondió González ante las críticas opositoras sobre el impacto laboral de proyectos como los centros de datos. El funcionario sostuvo que gran parte de la energía consumida por esas inversiones se produce en el país y que una porción significativa del valor generado permanece en la economía argentina.

Las explicaciones no convencieron a la oposición. Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) cuestionó que el proyecto amplíe beneficios fiscales y alivios sobre aportes a la seguridad social mientras, según sostuvo, el Gobierno ajusta sobre jubilados y pensionados. También advirtió que el régimen carece de exigencias para las empresas beneficiadas. Como contraste, mencionó programas de promoción industrial de Brasil que incorporan compromisos de inversión en investigación y desarrollo, metas vinculadas al uso de energías renovables y requisitos de contenido local.

Martín Lousteau (Provincias Unidas) objetó que el “Súper RIGI” concentre beneficios extraordinarios en un puñado de grandes proyectos mientras otros sectores de la economía enfrentan trabas o un incentivo mucho menor. Advirtió que actividades intensivas en empleo continúan lidiando con problemas como demoras en la devolución del IVA a exportadores o dificultades para computar quebrantos, sin acceder a regímenes similares. También preguntó si el Gobierno no está, en los hechos, “eligiendo ganadores” mediante ventajas tributarias especiales.

En la misma línea, Itai Hagman (Unión por la Patria) cuestionó la ausencia de estimaciones oficiales sobre el costo fiscal del régimen y advirtió que podría beneficiar a empresas que ya invertirían en el país aun sin estos incentivos. También alertó sobre la discrecionalidad del esquema al considerar que los criterios para seleccionar proyectos son demasiado amplios y quedan sujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo.

El proyecto contempla una alícuota reducida del 15% en Ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y libre disponibilidad progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.

Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales como el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje en caso de controversias con el Estado argentino. El texto establece incluso que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” bajo tratados internacionales, lo que podría abrir la puerta a reclamos internacionales frente a eventuales cambios regulatorios futuros.

WASHINGTON.- En un acto desarrollado en esta capital por el 32° aniversario del atentado a la AMIA, en el que murieron 85 personas, funcionarios del gobierno de Donald Trump destacaron a la Argentina como un aliado contra el terrorismo internacional y un “socio fundamental” para combatir el antisemitismo.

El evento, desarrollado en la sede del Instituto de la Paz Donald J. Trump, contó con la presencia del presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, y de su director ejecutivo, Daniel Pomerantz, sobreviviente del ataque, quienes en sus discursos recordaron a las víctimas del atentado terrorista del 18 de julio de 1994 en Buenos Aires.

Luego de la presentación del embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford, se pronunciaron tres funcionarios del gobierno norteamericano, quienes ratificaron el estrecho vínculo de la administración Trump con la del presidente Javier Milei.

“La memoria de las víctimas sigue resonando, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. El recuerdo de la AMIA continúa guiando nuestra labor en la actualidad. Estados Unidos y la Argentina trabajan conjuntamente para hacer frente al terrorismo, desmantelar las redes terroristas —incluyendo las redes jihadistas, los grupos narcoterroristas y el terrorismo de extrema izquierda— y reforzar la seguridad de nuestros ciudadanos”, señaló Gregory LoGerfo, coordinador de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado norteamericano, que lidera el secretario Marco Rubio.

El funcionario, quien la semana pasada había recordado los ataques contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA en un evento en la embajada argentina en Washington, remarcó que la administración Trump tiene un “compromiso compartido con la seguridad, la justicia y la memoria”.

“Mi responsabilidad consiste en asegurar que la memoria se traduzca en acciones concretas, en colaboración con nuestros socios. Esto implica tres prioridades fundamentales. En primer lugar, la búsqueda de justicia. Debemos llevar a los responsables ante la Justicia. En ese sentido, Estados Unidos respalda dichos esfuerzos y trabaja para negar refugios seguros a los terroristas y a quienes los apoyan. El terrorismo no conoce fronteras ni prescripción”, dijo LoGerfo.

En segundo lugar, destacó el desmantelamiento de las redes terroristas con la ampliación de la cooperación en materia de investigaciones, intercambio de inteligencia y medidas para combatir la financiación del terrorismo. “Juntos, trabajamos para exponer y desarticular las redes financieras y logísticas de Hezbollah en la región, lo cual incluye la colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Argentina y su formidable agencia nacional antiterrorista”, indicó.

LoGerfo sumó en su descripción el aumento de la presión sobre las organizaciones terroristas y sus vecinos, y señaló que la Argentina “es un líder” por su designación de Hezbollah como organización terrorista en 2019; de Hamas, en 2024, y de la Guardia Revolucionaria Islámica, a principios de este año.

“Estas acciones aíslan a los terroristas y les niegan los recursos que necesitan para operar hoy en día”, destacó el funcionario del Departamento de Estado.

El Instituto de la Paz Donald J. Trump, frente a la sede del Departamento de Estado, es el edificio en el que estuvo Milei en febrero pasado, junto a otros mandatarios, la sesión inaugural del Consejo de la Paz que lanzó el líder republicano para la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Por su parte, el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, y que la semana pasada fue recibido en la Casa Rosada por Milei, señaló que “no a pesar de su historia, sino precisamente gracias a ella, la Argentina, bajo un liderazgo estratégico, se erige hoy como un referente moral para el mundo“.

“Ya sea trabajando juntos para combatir el antisemitismo mediante directrices globales, o bien construyendo y apoyando a la Argentina, Estados Unidos no tiene actualmente un socio más importante en esta lucha que la Argentina”, resaltó Kaploun, que añadió que 32 años después del ataque a la AMIA, Estados Unidos permanece “junto a la Argentina en la búsqueda de justicia”.

“No olvidamos. Nuestro presidente, nuestro secretario de Estado y todo nuestro equipo mantienen su firme compromiso de llevar ante la justicia a quienes cometen este tipo de actos”, ahondó.

Kaploun también afirmó que en los 32 años transcurridos desde el atentado, la Argentina “se ha transformado”, y de ser un “lugar donde el terrorismo reinó alguna vez de forma suprema, pasó a ser un faro de vida judía”.

En tanto, el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, afirmó que la dirección que ha tomado Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump “implica pasos decisivos y sin precedentes para combatir el antisemitismo”.

“La Argentina es, y ha sido, un socio fundamental en este esfuerzo. El antisemitismo es un fenómeno de alcance global. Por ello, exige una respuesta global para identificar, rastrear, asistir y derrotar a las redes, organizaciones y Estados que encuentran en su fomento un medio para sus fines», señaló el funcionario.

En su discurso, en tanto, Armoza remarcó el reclamo de justicia “que lleva 32 años esperando”, y advirtió que la “impunidad no es solo ausencia de castigo, es también un mensaje peligroso de que el terrorismo pueda actuar sin consecuencias”.

“La presión internacional no es un recurso secundario; cada gesto diplomático importa. Estamos en Washington para sumar una voz más en ese reclamo que debe ser global”, añadió el presidente de la AMIA.

En su presentación inicial, Oxenford señaló que la cooperación entre los gobiernos y los servicios de ambos países “es la garantía más segura de que un 18 de julio no volverá a ocurrir, ni aquí ni en ningún otro lugar”.

Una vez concluidos los discursos, hubo una ceremonia de encendido de velas en homenaje a las víctimas del atentado en Buenos Aires en 1994. Participaron diplomáticos, líderes religiosos y dirigentes de la comunidad judía, entre otros invitados.

Antes del evento en el Instituto de la Paz Donald J. Trump, en la sede de la embajada argentina en Washington se inauguró la exhibición “Recuperando la Memoria: retratos de vida”, del artista Marcos Acosta, para recordar a las víctimas del atentado a la AMIA.