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POLITICA

Con gases y detonaciones, la policía desalojó la manifestación contra la ley de tierras

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Luego de casi seis horas de manifestación pacífica, la protesta contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que se trató en el Senado, se desvirtuó a partir de las 17, cuando la Policía Federal utilizó gases para desalojar a los manifestantes que protestaban contra el vallado que protegía al Congreso nacional.

Los ataques de grupos reducidos de manifestantes, que rompieron veredas y cordones para hacerse de escombros y lanzarlos a los uniformados, además de destruir e incendiar cestos y contenedores de basura, convivieron con la avanzada de grupos de infantería de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, que utilizaron carros hidrantes, gases, balas de goma y divisiones motorizadas para dispersar y perseguir a los violentos y a quienes protestaban sin provocar desmanes.

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Las fuerzas federales, que desplegaron 820 uniformados, informaron tres manifestantes detenidos y tres efectivos heridos, dos de ellos de gravedad, pertenecientes a la Gendarmería, que fueron trasladados al Hospital Churruca tras recibir pedradas en la cabeza. La Policía de la Ciudad, por su parte, reportó nueve detenidos por atentado y resistencia a la autoridad. En total, hubo 12 detenidos.

Un manifestante patea una valla durante la protesta frente al Congreso LUIS ROBAYO – AFP

La protesta contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que se trataba este jueves en el Senado de la Nación, tuvo su pico máximo de tensión entre las 17 y las 18, cuando la Policía Federal utilizó gases para desalojar a los manifestantes que protestaban contra el vallado que protegía al Congreso nacional.

Alrededor de las 16.40, la protesta tenía al menos dos focos de atención. Uno, en el escenario montado en la vereda de la plaza que da hacia la avenida Entre Ríos, de espaldas al Congreso, donde se sucedían oradores, mientras a pocos metros quedaban los resabios de un “verdurazo”, por el que las personas que quisieran podían llevarse paquetes de verdura gratis. El otro era a pocos metros, a la altura de Virrey Ceballos e Yrigoyen, donde hacía su aparición el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, rodeado de parte de su gabinete e intendentes de confianza, y resguardado por sus custodios. Pero, a los pocos minutos, la atención se trasladó a la esquina de Yrigoyen y Entre Ríos, en la que comenzaron incidentes que luego derivarían en el desalojo de la plaza.

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Por la esquina en la que estaba Kicillof rodeado de militantes que procuraban por una foto y lo vivaban, comenzaron a pasar algunas personas que se tapaban la boca e intentaban salir de la manifestación, que por esas horas de la tarde había ganado en volumen y en presencia de personas no identificadas con agrupaciones políticas y gremiales, que fueron mayoría durante buena parte de la jornada.

La protesta fue desactivada con gases y balas de gomaHernán Zenteno

Mientras Myriam Bregman hablaba desde el escenario (montado en el acoplado de un camión) que estaba pegado al vallado que protegía el Congreso, la tensión se elevó en Yrigoyen y Entre Ríos, donde se apostó la Policía Federal con un camión hidrante, en posición de alerta. Los efectivos no tardarían mucho en activar esa herramienta de disuasión.

Los manifestantes comenzaron a concentrarse en el vallado y la policía, más que en lo que sucedía en el escenario. Cantaron “El que no salta es un inglés”, mientras los efectivos permanecían a la espera. La pausa policial duró solo unos minutos. Los efectivos utilizaron el carro hidrante cuando pocos manifestantes se apostaban contra las vallas, y un mínimo número de ellos había trepado. Volaron hacia los policías algunos objetos, a lo que respondieron con gases sobre las personas que estaban agolpadas sobre el vallado.

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Tras alrededor de media hora de tensión, los efectivos utilizaron mayor potencia en su carro hidrante, lo que dispersó a una porción de manifestantes en la esquina de Yrigoyen y Entre Ríos. El agua llegó a las inmediaciones del camión con acoplado que oficiaba de escenario. Los oradores comenzaron a pedir calma y, en paralelo, se reforzaba la luvia que, durante toda la jornada, había acompañado la protesta. Con el ataque reforzado de la policía, desde la manifestación respondieron con el lanzamiento de algunas botellas de vidrio.

Una escena de la tensión en la Plaza del CongresoHernán Zenteno

Alrededor de las 17.40, se interrumpió la lectura de un documento que desde el escenario habían comenzado a difundir el escritor Juan Solá y la actriz Jazmín Stuart. Desde el escenario, se pidió a los manifestantes “desconcentrar porque están reprimiendo”. Se escucharon detonaciones y los gases lacrimógenos invadieron parte de la plaza. La muchedumbre comenzó a retirarse, con cánticos contra el presidente Javier Milei.

Los incidentes continuaron luego de las 18, cuando la mayoría de los manifestantes ya se retiraban de la Plaza del Congreso, muchos afectados por los gases policiales. Se registraron detenciones y, en los vallados (había varios en el área cercana al Congreso), los efectivos recibían insultos de algunas personas que se alejaban del lugar. Dos efectivos resultaron heridos. Además de la Policía Federal, participaron del operativo la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional.

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Desde aproximadamente las 11, bajo una intensa lluvia, habían empezado a concentrarse manifestantes de sindicatos y partidos políticos en la Plaza del Congreso. Habían hecho punta con sus bombos y cánticos los militantes de la Asociación Gremial Obreros y Empleados de la Conservación Ecológica Ambiental y Servicios Especiales (Agoec), que agrupa a trabajadores de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la empresa que preside el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Alrededor de las 12, esos militantes se retiraron, a bordo de cinco micros.

La detención de un manifestante, frente a la Plaza del CongresoHernán Zenteno

Con la jornada de protesta ya más avanzada, alrededor de las 16, la plaza se fue poblando con mayor presencia de personas sin identificación partidaria o sindical. Si bien la concurrencia no llegaba a colmar la plaza y sus calles aledañas, se hizo más nutrida y se entonó con más fuerza el cántico “La Patria no se vende”. Las columnas centrales fueron de gremios de la CGT y las dos CTA, más agrupaciones de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la izquierda y partidos peronistas.

La protesta tuvo presencia política de diversa procedencia entre los manifestantes. Algunos de los que pasaron por la manifestación fueron Kicillof, Esteban Paulón, Victoria Tolosa Paz, Germán Martínez, Eduardo Valdés, Horacio Pietragalla, Luis Zamora, Juan Carlos Giordano, entre muchos otros. También se hicieron presentes actores, como Juan Palomino. A Kicillof lo recibió en la marcha la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias.

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Por fuera del peronismo, hubo una importante presencia de agrupaciones nucleadas en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, y otros sellos de izquierda, y también de la Unión Cívica Radical. La Juventud Radical pegó carteles en las inmediaciones del Congreso. Uno de ellos, con una frase del expresidente Arturo Illia: “No le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender”.

En la protesta abundaron las consignas escritas con la tipografía utilizada en la bandera que reivindicaba la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas que exhibieron algunos jugadores de la selección argentina tras la semifinal del Mundial, ante Inglaterra. Con ese tipo de letra, un afiche en una pared, firmado por “Unidos o Dominados”, rezaba: “Las Malvinas son argentinas…La soberanía política, la independencia económica y la justicia social también”.

Manifestantes con fuego delante de las vallasMartín Cossarini

Si bien el grueso de la manifestación se disipó tras el accionar de las fuerzas de seguridad durante la tarde, por la noche continuaba la tensión en los vallados. De su lado, sobre uno de esos cordones de hierro, los manifestantes habían pegado carteles que emulaban letreros de venta de propiedades e incluían los rostros de senadores de La Libertad Avanza y de Pro.

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POLITICA

Qué es una medida cautelar “interina”, la herramienta que utilizó la Corte Suprema para reponer la ley de tierras

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La Corte Suprema de Justicia dictó hoy una medida cautelar “interina” que repuso las restricciones a la venta de campos a extranjeros previstas en la ley de tierras.

“Una cautelar es una medida judicial de resguardo de un derecho”, explicó el constitucionalista Alejandro Carrió.

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Las cautelares son medidas excepcionales y transitorias que, en casos como el que hoy resolvió la Corte, buscan evitar los daños irreparables que podrían producirse mientras la Justicia tramita una causa hasta que toma una decisión que resuelva el caso.

Hay dos requisitos básicos para su dictado: la verosimilitud del derecho (que sea razonable creer que quien reclama tiene razón) y el peligro en la demora (urgencia).

“La solicita quien tiene un interés legítimo para pedir su protección -dijo Carrió-. Se aplica ante el peligro cierto de que ocurra un hecho que afecte ese derecho, siempre que el derecho invocado parezca verosímil.”

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Daniel Sabsay destacó que la medida se “justifica” en situaciones en las que la “velocidad” juega un papel clave para evitar un daño “irreparable”. Magalí Miranda, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba, explicó que la medida cautelar puede dictarla incluso un juez incompetente (como pasó hoy con la Corte, que dictó la medida y envió la causa al juzgado de primera instancia de Bariloche, donde debe tramitarse). También, que estas medidas se caracterizan porque la regla es que se dictan sin haber escuchado los argumentos de la otra parte.

Pero en este punto hay una excepción: cuando una medida cautelar se dispone contra el Estado Nacional -como en este caso-, la regla es que sí debe pedírsele previamente un informe al Gobierno. Así lo estableció la ley de medidas cautelares contra el Estado, sancionada en 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Esa misma ley prevé, no obstante, la posibilidad de dictar cautelares sin darle intervención previa al Estado: son las cautelares “interinas”, que -dice la norma- sólo pueden disponerse “cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran”. En esos casos -establece la ley-, “el juez o tribunal podrá dictar una medida interina, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de la presentación del informe o del vencimiento del plazo fijado para su producción”.

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Las cautelares interinas están reguladas por el artículo 4, inciso 1, tercer párrafo –mencionado por la Corte–. El artículo 2 de esa misma ley –también citado en el fallo– alude a las medidas cautelares “dictadas por juez incompetente” –como lo sería, en este caso, el máximo tribunal, en tanto los inferiores aún no resolvieron la causa, que sólo podría llegarle a la Corte por vía recursiva–. El fragmento mencionado por los jueces en la sentencia de hoy establece que la cautelar contra el Estado dictada por un juez incompetente tendrá eficacia “cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental”, entre otros casos.

El planteo que resolvió la Corte fue presentado por una asociación ambientalista, dos grupos indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que invocaron la defensa del ambiente y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Horacio RosattiMarcelo Manera –

De hecho, al referirse a la cautelar impuesta, el máximo tribunal también citó la Ley General del Ambiente, que establece que en cualquier estado del proceso judicial pueden solicitarse “medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse” y que los jueces pueden disponerlas sin petición de parte.

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En paralelo, el artículo 2° de la ley que regula las cautelares contra el Estado (26.854) también especifica que “ordenada la medida, el juez deberá remitir inmediatamente las actuaciones al juez que considere competente [como lo hizo hoy con el juzgado de Bariloche], quien, una vez aceptada la competencia atribuida, deberá expedirse de oficio sobre el alcance y vigencia de la medida cautelar concedida, en un plazo que no podrá exceder los cinco (5) días”.

Constitucionalistas consultados por cuestionaron la urgencia de tomar una medida como la adoptada por la Corte Suprema esta mañana. “No parece que la próxima sesión de la Cámara de Diputados pueda ser una razón atendible [como un motivo de urgencia para dictar la cautelar interina] aun cuando, por supuesto, no ha sido ese el fundamento del voto mayoritario”, planteó Carrió en las últimas horas.

El fallo de la Corte

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El fallo de la Corte, firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, dice: “Considerando la naturaleza de los derechos invocados (entre los que se encuentran el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno y el derecho a la protección del medio ambiente), resulta necesario que este Tribunal dicte una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables mientras el proceso retoma su adecuado cauce”.

Además, agrega que “el Tribunal cuenta con atribuciones suficientes para disponer las medidas necesarias para preservar los bienes jurídicos que se invocan como afectados, más allá de las reglas que rigen su competencia”.

A continuación, suspende los efectos del artículo 154 (aquel que deroga la ley de tierras) del decreto 70/2023 “hasta tanto el juez competente [el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche] se pronuncie sobre la legitimación de todos los actores y examine su solicitud de medida cautelar”.

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En cambio, el juez Carlos Rosenkrantz se opuso a la sentencia y votó en disidencia, con alusiones directas a la medida “interina”. Primero, planteó que no le corresponde a la Corte dictar una cautelar “sobre la cual no hubo pronunciamiento de las instancias inferiores”.

El juez Carlos RosenkrantzCSJN

Dice que “el hecho de que exista normativa que permite en ocasiones excepcionales el dictado de medidas cautelares o interinas por juez incompetente” no anula lo anterior, dado que está condicionado por requisitos estrictos. Y “en el caso estas condiciones no están cumplidas”, señala.

Respecto de la cautelar “interina”, afirma que tampoco es posible que un juez incompetente, “como lo es esta Corte en las presentes actuaciones”, dicte una medida interina, dado que “están previstas únicamente para cuando, habiéndose solicitado […] existan ‘circunstancias graves y objetivamente impostergables’ que lo justifiquen. Se trata de medidas accesorias de las medidas cautelares solicitadas en el pleito y tienden únicamente a asegurar la efectividad de aquellas mientras se sustancia el trámite específico que prevé la ley. En el caso […] no corresponde el dictado de una medida interina”.

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Por último, sobre la disposición de una cautelar en virtud de la Ley General del Ambiente, sostiene que “en la demanda no hay una sola indicación que permita inferir, siquiera mínimamente, que habría un peligro ambiental grave o irreversible que hiciera impostergable la adopción de una medida excepcionalísima”.




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Alerta en Economía: el proyecto de discapacidad del Gobierno tendría un costo de hasta $1,2 billones anuales

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La semana que viene la Cámara de Diputados tendrá días de tensión. Luego del feriado del lunes se encadenarán varios días que tendrán como corolario la sesión del jueves en donde el temario incluirá el DNU70/2023 y las proyectos sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de los endeudados.

En medio de los movimientos del oficialismo y sus socios para hacer caer la sesión o, en su defecto, que la oposición no se lleve un triunfo parlamentario, aparecieron proyectos de ley tanto para morosidad como para discapacidad de parte del bloque de La Libertad Avanza que, junto a sus socios, se llevaron los dictámenes de mayoría.

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En el caso de discapacidad, y mientras los bloques socios esperan un informe de Economía sobre el impacto en fondos del Presupuesto 2027, el presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, le pidió a la Oficina de Presupuesto del Congreso que realice un informe del costo fiscal que tiene el proyecto de ley de discapacidad presentado por LLA

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad -el del oficialismo- podría incorporar 200.000 nuevos titulares de pensiones y generar un costo fiscal anual de hasta $ 1.209.567 millones.

La propuesta plantea un régimen permanente de políticas públicas en lugar de prorrogar la emergencia vigente hasta fines de 2026, que es lo que propone la oposición.

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El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3,66 billones para mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones. La incorporación gradual de beneficiarios absorbería cerca del 16,4% de esos recursos, de acuerdo con los cálculos del organismo técnico del Congreso.

Los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado

La oficina elaboró dos escenarios para medir el esfuerzo fiscal de la iniciativa frente a la situación actual.

El primer escenario prevé altas graduales durante 2027, a un ritmo de 16.800 personas por mes. Según el sitio El Parlamentario, bajo esa hipótesis, el costo ascendería a $ 598.912 millones, equivalentes al 0,04% del Producto Bruto Interno (PBI) y a un aumento del 6,1% sobre el gasto total proyectado para pensiones no contributivas.

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La segunda alternativa supone que todos los nuevos beneficiarios percibirán la prestación durante el ejercicio 2028. El desembolso anual alcanzaría $1.209.567 millones, el 0,07% del PBI.

En la actualidad, 1.678.715 personas poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y 435.270 de ellas ya cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral.

El dictamen establece una pensión para quienes acrediten discapacidad mediante el CUD. El beneficio mantendría su compatibilidad con empleo formal y con actividades registradas en los regímenes tributarios nacionales, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

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Otro punto que estaba en discusión es la forma en la que se iba a actualizar el arancel del Sistema de Prestaciones. Originalmente el oficialismo impulsaba que sea trimestral. El bloque libertario asegura que será mensual.

Aliados que firmaron “en disidencia” todavía reclaman precisiones: una redacción más clara que garantice la actualización mensual por inflación, el cronograma de pago de compensaciones adeudadas y que se muestren las partidas presupuestarias concretas destinadas al sector. Martín Menem y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se comprometieron a exhibir esas partidas y a introducir modificaciones adicionales al texto.

Desde el Ministerio de Economía, en tanto, trascendió que no están de acuerdo con lo negociado en el dictamen, lo que abre la duda sobre si el capítulo de ajuste al sistema de discapacidad podría sostenerse igualmente dentro del Presupuesto 2027.

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Según el informe publicado, el dictamen no crearía gastos adicionales para los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas, sino que mantendría una obligación ya establecida en la legislación vigente que, hasta ahora, están calculada en $ 278.323 millones la compensación pendiente para esos prestadores.

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POLITICA

Una Corte que perdió la sensibilidad contextual

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La Corte Suprema parece haber perdido, desde hace tiempo, una de sus principales virtudes institucionales, la “sensibilidad contextual”. Me refiero a lo que el académico norteamericano Martin Shapiro considerara uno de los elementos más distintivos de la racionalidad decisoria de los buenos tribunales, para asegurar su propia supervivencia institucional.

Luego del 2001, y con Ricardo Lorenzetti a la cabeza, la Corte Suprema supo hacer un esfuerzo notable para recuperar legitimidad social, en un contexto severamente hostil al tribunal.

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Desde hace años, en cambio (me arriesgaría a decir que desde el fallo “Muiña” y, sobre todo, a partir de los conflictos internos que se han sucedido en el tribunal), la Corte Suprema se muestra desnorteada, lo que la lleva a reaccionar, como en estos casos, de modo incomprensible y torpe.

Algunos ejemplos de lo que señalo se derivan del mismo lenguaje utilizado por el tribunal en sus comunicaciones recientes cuando, con sobreactuado énfasis, afirma lo que de otro modo sabe que niega. Así, en el fallo “CECIM” (cuando la Corte dejó sin efectos los límites a la venta de tierras a extranjeros), en una inédita aclaratoria dada a conocer al día siguiente, sostuvo que la decisión tomada era meramente “procesal” y “técnica”, y que por tanto no afectaba lo “sustantivo” del caso (cuando, en los hechos, ¡la Corte volvía a dar vida al artículo de un decreto que derogaba una ley!).

Y ahora, cuando señala que su fallo “de ninguna manera puede ser considerado como un apartamiento o una modificación de criterio” respecto de lo decidido en ‘CECIM’ (cuando se trata de un apartamiento inexplicable, decidido con una velocidad prodigiosa).

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Oportunismo

En segundo lugar, subrayaría el problema que representa para nosotros, ciudadanos, esta discrecionalidad y -lamento decirlo- oportunismo que viene mostrando la Corte en sus decisiones. Una vez más, en el fallo “Árbol de Pie”, los jueces de la Corte presentan enfáticamente como virtud lo que reconocen, entonces, como defecto: se proclaman a sí mismos “celosos custodios de la Constitución Nacional” y atentos “ante las circunstancias concretas de cada caso” (SIC).

Pero lo cierto es que ninguna persona atenta a su actuación puede, de buena fe y con buenas razones, explicar por qué es que esa Corte “celosa custodia” de la Constitución hace tres años que permite la subsistencia legal del DNU 70/2023, que es manifiestamente inconstitucional (al derogar leyes, modificar Códigos, etc.). Ello así, cuando tiene en su poder decenas de causas que le permitirían tomar una decisión al respecto, aun alguna como “CGT”, bien fundada y con irreprochable legitimación.

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Tampoco se entiende cómo se compatibiliza esa incomprensible demora frente a lo imperioso (salvaguardar la Constitución, pudiendo y debiendo hacerlo como principal custodio de las reglas del juego democrático) con una decisión como “Árbol de Pie”, tomada con un incomprensible atolondramiento.

No se entiende tampoco cómo trató la cuestión de la legitimación en un caso y en otro (volveré sobre esto enseguida); ni por qué no atendió ambas causas conjuntamente y como causas conexas (y no sucesivamente, y de este modo); ni por qué en este caso concede una cautelar que en “CECIM.” fulminaba; ni por qué algunos jueces dicen que ahora no pueden conceder una cautelar, cuando en otros casos similares lo hacían, como parece señalarle Lorenzetti y la mayoría a Rosenkrantz, frente a su parcial disidencia. Ellos remarcan: “El Tribunal cuenta con atribuciones suficientes para disponer las medidas necesarias para preservar los bienes jurídicos que se invocan como afectados, más allá de las reglas que rigen su competencia, ie. en Ibarrola”.

Finalmente, querría llamar la atención sobre el elemento jurídico que apareció como la “mera cuestión técnica” o “procesal” de la que “únicamente” se ocupara la Corte en “CECIM”, y que también juega un papel central en “Árbol de Pie”: la cuestión de la legitimación activa (en lo que nos interesa, si el demandante tiene un interés directo en la causa, necesario para sostener su reclamo).

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El complejo tema “técnico” de la legitimación es, junto con otras cuestiones “técnicas” de índole similar (como la “jurisdicción” o “competencia” del tribunal), la gran “excusa jurídica” que vienen utilizando nuestros tribunales para intervenir en los casos que quieren intervenir, y no hacerlo cuando no quieren.

Lo cierto es que tener una concepción más “abierta” o “cerrada” de la legitimación conlleva consecuencias legales importantísimas: tribunales más abiertos a la ciudadanía, o más cerrados a sus demandas. Y no hay nada inherente a los requisitos esenciales del rule of law, que exija que se adopte una versión más amplia o restringida de la legitimación.

Puertas abiertas

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En India, en los años 80, a través de jueces como Bhagwati J, y en casos como P.U.D.R. v. India, o Metha v. Union of India, la Corte propuso que “las puertas del tribunal” quedaran “abiertas de par en par a los pobres y a los menesterosos” y avanzó una concepción radicalmente amplia sobre la legitimación.

Las dos mejores Cortes Constitucionales de la región -la de Colombia y la de Costa Rica– han favorecido también formas de legitimación amplísimas, amparadas en ciertos recursos jurídicos existentes (la tutela, la acción popular, la acción de incumplimiento).

En los Estados Unidos, hasta fines del siglo XIX, los requerimientos en la materia de legitimación eran muy laxos, pero por razones distintas comenzaron a endurecerse en las últimas décadas, en particular a partir de casos como Lujan v. Defenders of Wildlife, de 1992, y la intervención del juez conservador y originalista Antonin Scalia. Scalia fue quien más promovió una versión cada vez más restrictiva de la legitimación, exigiendo en la demanda la presencia de una “lesión real,” un “carácter concreto”, una conexión de “causalidad” fuerte, y una clara “posibilidad de reparación.”

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En la Argentina, el reformado artículo 43 de nuestra Constitución fue muy generoso en la materia (permitiendo con amplitud la solicitud de amparos o cautelares en defensa de los derechos), y fue la propia Corte la que, a través de interpretaciones no fácilmente justificables, fue ampliando o restringiendo casi a piacere los requerimientos de legitimación. En “CECIM”, la legitimación operó como su “excusa técnica” para intervenir sobre el fondo del asunto (volviendo a dar vida al art. 154 del DNU 70/2023) cuando decía no lo hacía, mientras que en “Árbol de Pie”, la Corte decidió sobre el fondo del asunto pero “precautoriamente” y sin resolver la cuestión de la legitimación, que en “CECIM” parecía tener tan clara. Minucias.

En mi opinión, en un aquí y ahora caracterizado por graves violaciones de derechos constitucionales (que se prolongan en el tiempo); y por una crisis extrema de la representación política; constituye un gran problema que la Corte se incline por una concepción restrictiva de la legitimación, porque de ese modo cierra una de las últimas vías de reparo institucional que le quedan a la ciudadanía para reclamar por sus derechos. Más grave todavía es que lo haga invocando exigencias “técnicas” que le impedirían decidir de otro modo; y aún peor que lo haga discrecionalmente, sin que podamos conocer, como ciudadanos, cuándo, por qué y de qué modo es que podemos reclamar por nuestros derechos.



Roberto Gargarella,LA NACION,Política

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