El fallo de la Corte Suprema, que restablece los límites a la venta de tierras a extranjeros, le dio aire al Gobierno. La resolución favorece sus intentos por desactivar la megasesión convocada por la oposición para rechazar el DNU 70/23 sin pagar un costo político significativo. Si el número para habilitar el debate en el recinto estaba lejos, ahora todavía más.

Es que ofrece una vía de escape a los diputados indecisos, mayoritariamente de bloques provinciales, que se encontraban en la incómoda posición de tener que defender una cuestión sensible para sus distritos, pero sin intención de hacer caer el megadecreto y desobedecer a sus gobernadores. “Les dio la excusa perfecta”, dijo un legislador opositor, sobre el curso de acción que podrían adoptar ahora los cordobeses que responden a Martín Llaryora o los santafesinos de Provincias Unidas, como Gisela Scaglia.

Los apoyos para alcanzar el quorum se reducirían hoy a 115 votos, incluso en el cálculo más favorable, según el conteo de algunos diputados al tanto de las negociaciones. Una cifra que deja a la oposición a 14 voluntades de las 129 necesarias para habilitar el debate en el recinto.

Pese al giro que representa, la definición de la Corte resultó “hiperesperable” tanto para libertarios como para opositores, aunque con efectos políticos bien distintos para unos y otros. Esta semana, legisladores de Unión por la Patria (UP) y otros bloques críticos ya daban por descontado que, a más tardar el martes, llegaría un “salvataje” por parte del máximo tribunal. Y por ende, asumían la dificultad de dar con las voluntades necesarias para avanzar con la sesión.

Sin embargo, anticipaban que llevarían hasta las últimas consecuencias el intento de voltear el DNU 70/23 del Gobierno. “No podemos, no debemos bajarnos”, advertían. Tras el pronunciamiento de la Corte, ratificaron la convocatoria para el próximo jueves 15 de octubre, si bien admiten algunos que “se diluye el corazón de la convocatoria”.

En efecto, la ausencia de límites a la venta de tierras a extranjeros tocó de lleno la discusión sobre la soberanía y despertó un fuerte rechazo social y cuestionamientos de buena parte del arco político. La polémica empujó a legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y algunos bloques provinciales a cerrar filas en defensa de la normativa, envalentonados por la posibilidad de retomar una vieja disputa: hacer caer el megadecreto de Milei.

Discapacidad y morosidad

Despejada, a priori, la cuestión de tierras, la oposición buscará apoyarse el próximo jueves en otros dos focos críticos para el Gobierno, que fueron incluidos estratégicamente en el temario de la convocatoria: la prórroga de la emergencia en discapacidad y la que refiere a morosidad familiar. Dos temas que podrían servir de anzuelo para convencer a los indecisos de bajar al recinto.

También sigue de cerca la marcha universitaria convocada para ese mismo día en reclamo de mayor financiamiento, con la expectativa de que la movilización sume presión política.

A fines de contener la avanzada, el oficialismo intentará dar señales de “autonomía” respecto de la decisión de la Corte la próxima semana e insistirá con la maniobra que ya había ensayado para desactivar la sesión: incorporar el debate sobre la Ley de Tierras al tratamiento en comisiones del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Aunque los libertarios ya evaluaban esta alternativa, la decisión tomó forma el miércoles, cuando sus aliados les exigieron una respuesta inmediata en una reunión con representantes de LLA y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, convocada originalmente para discutir el Presupuesto.

De esta forma, el próximo miércoles podría presentarse una propuesta basada en los planteos de los bloques dialoguistas para derogar el artículo 154 del DNU 70/23 —hoy suspendido transitoriamente por la Corte— e introducir modificaciones a la Ley de Tierras.

Eso sí, según advierten algunos libertarios, sin alterar los topes establecidos en la normativa, una disputa que el oficialismo ya perdió en el Senado cuando intentó elevar al 25% el límite del 15% de tierras que pueden quedar en manos extranjeras.

Con esta iniciativa, el Gobierno buscaría establecer un “marco jurídico” para la adquisición de tierras por extranjeros y, sobre todo, separar esa discusión del DNU 70/23, con el objetivo de blindar el megadecreto frente a un eventual rechazo legislativo.

Voceros del Gobierno nacional admitieron sentir “alivio” por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dictó este viernes una medida cautelar interina que pone nuevamente en vigencia las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros previstas en la ley de tierras. Lo hizo de urgencia, con dos conjueces y con un fallo dividido, que incluyó una dura disidencia de Carlos Rosenkrantz.

En Balcarce 50 aseguraron que el fallo “descomprime” la amenaza de la oposición de avanzar el jueves próximo con una sesión en la Cámara de Diputados para voltear el DNU 70/23 (no solo el artículo 154). Esta iniciativa legislativa, orquestada por el PJ, la izquierda y un puñado de aliados del oficialismo, nació como reacción a la sentencia anterior del tribunal.

“Nos descomprime y quita foco y presión sobre el intento de sesión la semana que viene”, admitieron hoy fuentes de la Casa Rosada.

En la práctica, la Corte revirtió así los efectos que tuvo su propio fallo del martes de la semana pasada, cuando, invocando un motivo procesal, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que en 2024 había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023, de Javier Milei, que deroga entera la ley de tierras.

Ese fallo de la Corte, sorpresivo, en una causa que tenía para resolver desde hacía más de dos años, motivó muchas críticas, una inusual aclaración pública del tribunal. Con este nuevo fallo, la Corte ayudó al Gobierno a desactivar el desafío opositor.

Además de ese punto, en el Gobierno consideraron que la decisión de la Corte “deja totalmente zanjado un tema que ya estaba zanjado” en relación a la discusión que el Gobierno dio y perdió en el Congreso alrededor de la ley de tierras, en el que terminó quedando afuera de la discusión el capítulo que tenía que ver con la venta de tierras a extranjeros.

“Habíamos perdido esa batalla y quisimos dar vuelta de página. Esto va en ese sentido”, completaron en reserva las fuentes oficiales.

La discusión por la ley de tierras fue una de las que ameritó una suerte de autocrítica en la mesa política, que se reúne todos los martes en Casa Rosada.

En el Gobierno interpretaron que el fallo de la Corte podría complicar al peronismo en su intento de unificarse ante el año electoral. “Ellos [por el PJ] estaban jugando para voltear el decreto 70/23”, dijeron los voceros oficiales.

En la Casa Rosada descartaron “taxativamente” que hayan existido contactos con los jueces de la Corte por parte del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En la Corte hablaron de un “buen diálogo institucional con el Gobierno”, pero tampoco admitieron eventuales diálogos previos. “Venimos de un pedido de juicio político y ataque sistemático del exministro Martín Soria y del expresidente Alberto Fernández”, marcaron diferencias un vocero del máximo tribunal.