POLITICA
Con la salida del juez Irurzun, el 30% de los cargos estratégicos de los tribunales de Comodoro Py están vacantes

Con la salida de Martín Irurzun de la Cámara Federal, que se concretó este fin de semana, tras cumplir los 75 años, se profundizó en Comodoro Py una problemática que aqueja a toda la Justicia federal: las vacantes.
En los 80 lugares más sensibles del edificio en donde se investiga al poder, ya son 24 los cargos sin titulares, es decir, que el 30% no tienen dueños.
Existe, sin embargo, una vocación del Gobierno para cubrir algunos de esos espacios con el envío de pliegos al Senado, aunque otros cargos podrían desaparecer.
El problema se reparte por todos los pisos del edificio: en los juzgados, donde los expedientes nacen; en la Cámara Federal, que revisa el curso de esas investigaciones; en los Tribunales Orales, a cargo de los juicios y en la Casación, que revisa las sentencias y tiene la última palabra en los temas más delicados de los expedientes.
Aunque en menor proporción, también aqueja a las fiscalías. Entre las 25 representaciones del Ministerio Público Fiscal que funcionan ante cada una de las instancias, hay seis fiscalías sin titulares.
El sistema se sostiene a fuerza de subrogancias, un mecanismo que permite cubrir temporalmente los vacíos con magistrados o funcionarios de otras dependencias, que por ello cobran un adicional. Implica, también, que las decisiones sobre las causas que preocupan al poder se concentran en un número menor de jueces.
La salida de Irurzun
La salida de Irurzun agudizó la situación en la Cámara Federal, donde se revisan los procesamientos y se establece si una causa está en condiciones de avanzar hacia el juicio oral.
En esa instancia existen seis cargos de camarista, que se reparten en dos salas. Pero, por el momento, sólo la mitad están ocupados por jueces titulares.
Dos de los magistrados de la mitad “vacía” están en funciones pero de manera transitoria, porque fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri desde tribunales orales. Son Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La Corte Suprema ordenó que permanezcan hasta que sean reemplazados por jueces que hayan concursado específicamente para la Cámara.
Para esas dos vacantes, el Gobierno ya eligió a sus candidatos de entre las ternas que elaboró el Consejo de la Magistratura, donde se inicia el largo proceso de reemplazo.
El Gobierno se inclinó por el propio Bertuzzi, que participó del concurso, y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola.
Pero ahora Irurzun dejó un nuevo hueco y el Consejo de la Magistratura deberá activar otro concurso. Se trata de un proceso extenso, que se inicia con la integración de un jurado, y luego sigue con el llamado a inscripción de los postulantes, un examen escrito, la evaluación de antecedentes, un primer orden de mérito provisorio, posibles impugnaciones, un examen psicotécnico, entrevistas personales, un nuevo ordenamiento en los nombres y, finalmente, el dictamen de comisión con los candidatos elegidos por los consejeros.
La sensibilidad de estos cargos agrega una dificultad adicional para alcanzar los consensos necesarios dentro del Consejo. El concurso que culminó en junio con las ternas destinadas a cubrir la otra sala de la Cámara, por ejemplo, se inició en 2020, hace casi seis años.
Las vacantes
Pero la Cámara Federal es solo una foto de un problema que inicia —o termina— en la cima de Comodoro Py, con la Cámara Federal de Casación Penal.
En marzo de este año, la jubilación del camarista Juan Carlos Gemignani dejó cuatro sillas en un tribunal compuesto por 13.
El funcionamiento del máximo tribunal penal del país también depende de un esquema de subrogancias: jueces de otras salas cubren las vocalías libres, generalmente durante un año.
Un concurso del Consejo de la Magistratura busca cubrir tres de esos cuatro espacios y, desde 2022, cuenta con un primer ordenamiento de los candidatos evaluados. Restan algunos pasos para que el proceso llegue a su fin, entre ellos, las entrevistas personales a los postulantes mejor ubicados, la parte más cuestionada del proceso por su amplio margen de discrecionalidad.
Sin embargo, y pese a que los concursos están iniciados, en el último tiempo los jueces de la Casación han transmitido sentirse a gusto con las subrogancias como dinámica de trabajo.
Después de un encuentro entre integrantes del tribunal y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en marzo, ganó fuerza la posibilidad de eliminar directamente una de sus salas y dejar al máximo tribunal penal con nueve miembros en lugar de trece.
Implicaría recortar el alcance de un tribunal creado en los noventa, cuando el gobierno de Carlos Menem puso en marcha un profundo rediseño de la Justicia federal, en el que se incorporó también a los tribunales orales, integrados por tres jueces cada uno.
Tribunales orales
En esa instancia, entre las 24 judicaturas correspondientes a los ocho tribunales, hay un total de siete vacantes, con la particularidad de que tres de ellas pertenecen a un mismo tribunal: el TOF 6, que no tiene ningún magistrado.
Sin embargo, seis de los siete cargos de la instancia forman parte de un único concurso que atraviesa instancias decisivas. Para tres de esos cargos, de hecho, el presidente Javier Milei ya eligió a sus candidatos, cuyos pliegos deberán ser aprobados en el Senado.
El cargo restante es el que dejó Bruglia en 2018, cuando fue trasladado a la Cámara Federal. Si finalmente fuera reemplazado en ese tribunal de apelaciones, debería regresar al lugar que ocupaba anteriormente.
Juzgados
En los doce juzgados federales de Comodoro Py, donde las causas dan sus primeros pasos, hay, desde hace años, cuatro despachos sin dueños.
Son el juzgado 12, vacante desde 2019 tras la salida de Sergio Torres hacia la Suprema Corte bonaerense; el 6 y el 11, vacantes desde 2020, luego de la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral y la muerte de Claudio Bonadio, respectivamente; y el 9, sin titular desde 2023, tras la renuncia de Luis Rodríguez.
Hay dos concursos en trámite para completarlos, iniciados en 2019 y 2021, respectivamente.
De todos modos, funcionarios judiciales dan cuenta de la existencia de conversaciones para aplicar un remedio parecido al que se analiza para la Casación: eliminar algunos de los juzgados vacíos.
Fiscalías
Las ocho fiscalías ante los tribunales orales están cubiertas por sus titulares, con una excepción: la que dejó Gabriela Baigún tras su jubilación, el año pasado. Actualmente es subrogada por Fabiana León, fiscal a cargo de la acusación en el megajuicio oral de los cuadernos de las coimas.
De las doce fiscalías ante los juzgados federales -donde se impulsan las investigaciones- sólo nueve tienen titulares designados. Las fiscalías 6, 7 y 8 permanecen vacantes.
El proceso para repoblar las fiscalías es similar, pero no depende del Consejo de la Magistratura, sino de la Procuración General de la Nación, a cargo interinamente de Eduardo Casal desde 2017.
La situación alcanza además a las fiscalías de las instancias superiores. La fiscalía ante la Cámara Federal permanece sin titular desde la jubilación de Germán Moldes, en 2019, y está interinamente a cargo de José Luis Agüero Iturbe.
Ante la Casación, en tanto, funcionan cuatro fiscalías generales, pero una de ellas -la 3, que ocupaba Ricardo Wechsler- también está sin dueño.
salida de Martín Irurzun,podrían desaparecer.,eliminar directamente,Federico González del Solar,Conforme a
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Piden el juicio político para la vicegobernadora de Mendoza por sus dichos sobre la selección de Francia

MENDOZA.- No cesa la controversia por los dichos de la vicegobernadora Hebe Casado contra la Selección de Francia al calificarla de “equipo africano de flojos modales”. Después de la carta enviada por el gobernador Alfredo Cornejo al embajador galo en Argentina para bajar la tensión, no sólo hubo una denuncia penal en contra de la funcionaria, sino que ahora se presentó un pedido de juicio político para sacarla del cargo.
La solicitud fue realizada por un grupo de dirigentes radicales, distantes del oficialismo provincial, liderado por el abogado mendocino y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela, que considera que la número dos del gobierno local tuvo “conducta impropia” e incurrió en “mal desempeño de sus funciones”, causales que contempla la Constitución de Mendoza para el proceso de enjuiciamiento.
El reclamo se suma a otras iniciativas que elevó el justicialismo en la Legislatura para repudiar las polémicas declaraciones de Casado durante el Mundial de Fútbol 2026, además de una denuncia en la Justicia local, que ahora pasó a la órbita federal, impulsada por Alfredo Guevara, abogado de extracción kirchnerista, que la acusó del delito previsto en la Ley 23.592, de Actos Discriminatorios.
El pedido de juicio político contra la vicegobernadora ingresó en la Cámara de Diputados, dirigida al presidente del cuerpo, André Lombardi, también presidente de la Unión Cívica Radical de Mendoza y hombre de estrecha confianza del mandatario provincial.
Los denunciantes, entre los que también se encuentra el referente de la UCR y exdiputado nacional Fernando Armagnague, se basaron en el artículo 109 de la Carta Magna local para reclamar el inicio del proceso de juicio político contra la funcionaria. Además, la carta fue suscrita por Eduardo Fabio Asís, Julio Orozco, Agustín César Vera Pages, Sonia Espinosa y Valeria Barrionuevo, Laura Pérez, Mario Pescara, Miguel Valdivieso, Mauricio Medinilla, Miguel Figueroa, Hugo Estrella Tampieri y José Jorge Chade.
La tensión con el gobierno europeo se acrecentó luego de que la embajada francesa en Argentina repudiara y declarara “persona non grata” a Casado, quien dijo que la selección gala de fútbol es un “equipo africano”. En contacto con este diario, dijo que no tenía razones para retractarse. Por su parte, el gobernador decidió calmar las aguas y presentar una carta a las autoridades galas donde se diferencia de su vice y cuestiona sus dichos, al considerarlos de “carácter discriminatorio”.
La funcionaria se quejó de que la acusaran de racismo y dijo que habló en el marco del folclore futbolero. “Hacen un mundo de todo”, relativizó. De hecho, luego de que el embajador francés, Romain Nadal, la acusara de “persona racista”, sostuvo que no tuvo comentarios de esas características.
“No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad», respondió la funcionaria mendocina, y agregó: “Hay mucho wokismo y correctismo político que hace rato impide que la gente se exprese”. Asimismo, la vicegobernadora elevó su reclamo a Nadal. “Es lamentable que el embajador considere peyorativo ser africano. Para mí, no es un calificativo racista”, sostuvo.
Los denunciantes que piden el juicio político de la vicegobernadora hacen hincapié en la inconducta evidenciada en las redes sociales, cuando escribió: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. En este sentido, señalaron que se trata de declaraciones que “pintan de manera clara los prejuicios que nutre y manifiesta la segunda autoridad pública de Mendoza, desprestigiando la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”. Es más, en la presentación destacan que la funcionaria no ha pedido las correspondientes disculpas y que incluso continuó con otras expresiones en los partidos siguientes “sin exhibir el recato ni la discreción que debería tener un funcionario de tal nivel”.
Para los radicales que presentaron el pedido de juicio político, Casado provocó “un daño moral y material a la Provincia de Mendoza, a su Gobierno y a sus ciudadanos” y dejó “en ridículo su cargo”, además de poner “en riesgo la cooperación económica con la República Francesa y, por su intermedio, con la Unión Europea”. Asimismo, consideraron que tuvo “desorden de conducta”, obligando al gobernador a dar explicaciones ante el gobierno francés.
El artículo 109 de la Constitución de Mendoza dispone que el gobernador, sus ministros, el vicegobernador, los integrantes de la Suprema Corte y el procurador pueden ser sometidos a juicio político por “mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes”. En tanto, la denuncia se basa en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Ley Nacional 23.592 contra actos discriminatorios y la Ley Provincial 4.970.
Ahora resta esperar el tratamiento que se le dé a la solicitud en la Legislatura provincial, con mayoría oficialista, que deberá expedirse por rechazarla o aceptarla. El primer paso, de acusación, lo debe dar Diputados, luego, el Senado realiza el juzgamiento, en ambos casos con los dos tercios de los votos. Aunque a la hora de las voluntades son pocas las posibilidades de que avance el proceso, en caso de que siga su curso podría derivar en la separación del cargo y en la destitución de la vicegobernadora.
“equipo africano de flojos modales”.,dijo que no tenía razones para retractarse.,considerarlos de “carácter discriminatorio”.,Pablo Mannino,Mendoza,Francia,Conforme a
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Causa Andis: Diego Spagnuolo volvió a apelar la orden de peritar los audios con su voz

La defensa del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, apeló ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital la orden del juez Ariel Lijo que rechazó suspender el peritaje de los audios atribuidos al exfuncionario, en el marco de la investigación por presunta corrupción en el organismo.
El planteo busca frenar la convocatoria para que Spagnuolo aporte una muestra de voz que permita cotejarla con las grabaciones que destaparon el caso.
Los abogados de Spagnuolo plantearon que obligarlo a generar una muestra de voz equivale a forzarlo a declarar contra sí mismo, lo que vulneraría la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación.
Los letrados sostuvieron que la voz no puede equipararse a pruebas materiales estáticas como huellas dactilares o ADN, ya que requiere una acción voluntaria y consciente del imputado.
Además, los abogados recordaron que está pendiente de resolución la presentación realizada para que los audios no sean incorporados como medida de prueba, ya que cuestionaron su autenticidad al sostener que fueron manipulados con inteligencia artificial.
Días atrás, Lijo rechazó suspender el peritaje de los audios y recordó que la medida está destinada a determinar la autenticidad de las grabaciones y que debe avanzar pese a la negativa del imputado a aportar una muestra de voz para su comparación.
En su fallo, Lijo distinguió entre la prohibición constitucional de autoincriminación, que rige para las declaraciones testimoniales o de contenido intelectual, y la obtención de datos biométricos como la voz, equiparables a las huellas dactilares o el ADN. Recordó además que la Cámara Federal ya había ordenado determinar “el origen y la veracidad” de los registros sonoros, y que suspender el peritaje impediría cumplir con esa directiva.
El ida y vuelta con el peritaje
“Los audios son truchos y no deben ser incorporados como prueba”, dijo oportunamente a TN el abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro. Además, agregó que “más allá de que son falsos, si admito la pericia descarto el planteo de su obtención ilegal, sin autorización judicial”.
Paralelamente, Spagnuolo designó como perito de parte al ingeniero en informática Marcelo Antonio Torok, quien propuso puntos adicionales a la pericia como verificar la cadena de custodia de los archivos, solicitar información a Google y YouTube sobre el video alojado en el canal de streaming Carnaval donde se difundieron las grabaciones, y determinar si existe integridad en el contenido o si se observan interrupciones o saltos.
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El fiscal federal Franco Picardi había solicitado esa medida como parte del peritaje técnico que la Gendarmería Nacional realizará sobre las grabaciones, a fin de determinar su origen, autenticidad y eventuales manipulaciones.
La Cámara Federal porteña había ordenado peritar los audios tras un planteo de las defensas, que cuestionaban su procedencia y sostenían que podrían provenir de escuchas ilegales o haber sido alterados. El juez Lijo reactivó el procedimiento la semana pasada y dispuso que la fuerza de seguridad realice un análisis comparativo con “material indubitado”, es decir, una muestra de voz del propio Spagnuolo.
Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Justicia
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Tensión en el Senado: “Cumbre” Villarruel-Bullrich para limar asperezas tras la discusión por la extranjerización de tierras

Veinte minutos de reunión privada para limar asperezas. Así definieron fuentes legislativas la “cumbre” que esta tarde mantuvieron la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital), en una Cámara alta casi vacía de legisladores por las vacaciones de invierno.
Según pudo saber , la conversación tuvo momentos de tensión y concluyó con el acuerdo en torno a una nueva tregua en la que ambas partes se comprometieron a mantener sus posturas, pero sin afectar el funcionamiento de la Cámara alta.
Tampoco faltaron los gestos de distensión, ya que Bullrich le anticipó a Villarruel cuáles serán los planes del oficialismo cuando el Senado retome su actividad plena en la primera semana de agosto.
Las asperezas que se intentaron limar fueron las que quedaron expuestas la semana pasada, cuando se filtró a la prensa una conversación privada entre ambas dirigentes con fuertes discrepancias en torno a la ley de extranjerización de tierras.
La difusión del chat fue considerada como una traición y un golpe bajo político de Bullrich por parte de la vicepresidenta.
La tensión llegó a tal nivel que el viernes último que el prosecretario parlamentario del bloque de La Libertad Avanza, Cristian Larsen, uno de los principales colaboradores de Bullrich, presentó en la Justicia una denuncia por amenazas en contra del director general del cuerpo de asesores del Senado y principal consultor político de la vicepresidenta, Mario “Pato” Russo.
La denuncia recayó en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi que el viernes a última hora dictó una medida para que se le imponga custodia a Larsen mientras desarrolle sus tareas en el palacio legislativo.
El incidente que generó la denuncia habría sido un mensaje amenazante que Russo le habría mandado a Larsen por Watsapp luego de haberse enterado de la filtración a la prensa por parte de Bullrich de la conversación con Villarruel.
Recriminaciones
Según pudo reconstruir en fuentes ubicadas a ambos lados de las partes en conflicto, la reunión de esta tarde entre Villarruel y Bullrich tuvo su momento de tensión cuando la vicepresidenta le recriminó a la senadora su actitud del miércoles de la semana pasada.
Siempre de acuerdo con las fuentes consultadas, Bullrich le reprochó a la vicepresidenta su campaña de mensajes a los senadores militando en contra de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en particular del polémico capítulo que habilita la venta a extranjeros de tierras rurales sin límite alguno.
En ese momento, Villarruel habría justificado su actitud asegurando que no había hecho más que anticiparle a los senadores cuál era su postura y cuál sería su actitud ante la eventualidad de que tuviera que desempatar la votación de proyecto y volvió a manifestarle su enojo por la filtración.
Por último, Bullrich explicó que no filtró el chat a la prensa, sino que lo difundió a los miembros del bloque oficialista y justificó su actitud en la necesidad de comunicarles a sus legisladores cuál era la postura de la vicepresidenta sobre el proyecto.
El encuentro se celebró en el despacho de Victoria Villarruel, en el primer piso del palacio legislativo, y se produjo a pedido de Bullrich, según confiaron voceros parlamentarios.
La relación entre Villarruel y Bullrich nunca fue buena, sobre todo desde que la presidenta del Senado fue declarada enemiga pública del Gobierno por el propio Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
De hecho, esta no es la primera “tregua” que firman ambas dirigentes. Tras algunas declaraciones de alto voltaje por parte de Bullrich contra Villarruel previo a la llegada de la exministra al Senado, la tensión menguó luego de algunos encuentros cara a cara que terminaron dejando en claro que nunca serían amigas, pero que sí podían establecer un pacto de convivencia pacífica.
La pelea por la filtración del chat se instaló en la red social X, con mensajes cruzados. “Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta”, sentenció Villarruel.
Al día siguiente, vino la respuesta de Bullrich. “Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado”, se pronunció la senadora en clara alusión a la postura cada vez más opositora adoptada por Villarruel.
conversación privada entre ambas dirigentes,Gustavo Ybarra,Victoria Villarruel,Patricia Bullrich,Conforme a
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