El conflicto por la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso y que el Gobierno no cumple con el argumento de que carece de los fondos para hacerlo y la norma no los identifica, es objeto de una negociación política entre funcionarios nacionales y rectores, donde hay buena predisposición para llegar a un arreglo, dijeron fuentes oficiales a .

Ambas partes planean reunirse esta semana −evalúan una convocatoria para este miércoles o a más tardar el jueves− en pos de intentar acercarse a un acuerdo en el corto plazo, según pudo pudo saber este medio.

Estas conversaciones están siendo llevadas adelante por los rectores del Consejo Interuniversitario (CIN) y por funcionarios del Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello.

En particular, interviene Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y responsable de la administración del presupuesto destinado a las universidades nacionales, y están al tanto de las alternativas del diálogo el ministro del Interior, Diego Santilli, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que llevó el caso a la Corte Suprema a través de un per saltum que no prosperó.

También sigue las tratativas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Fuentes universitarias y legislativas confirmaron a el desarrollo de estas conversaciones. De parte de las casas de altos estudios, la voz cantante la lleva Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), además de presidente del CIN.

De hecho, los representantes del Gobierno y los rectores nucleados en el CIN se reunirán este miércoles o jueves, para acercar posiciones y buscar encaminar una solución hacia fines de la semana que se inicia, indicaron desde ambas orillas a .

“Hay conversaciones, no está cerrado el acuerdo, pero hay buena predisposición para encontrar un camino de solución”, dijo a una fuente que participa de este ida y vuelta. Otra voz al tanto de las negociaciones coincidió: “Cerrado no hay nada, pero sí está encaminado”.

De momento, existen diferencias sustanciales entre la suma pretendida por los representantes de las universidades y lo que está dispuesto a aprobar el Gobierno.

“Están buscando una diagonal para llegar a un acuerdo; hay voluntad de diálogo”, dijo una fuente oficial que sostuvo que apuntan a cerrar el asunto hacia el fin de semana.

El conflicto por la ley de financiamiento universitario se tradujo la semana pasada en medidas de fuerza docentes y en tomas de los colegios secundarios que dependen de la Universidad de Buenos Aires, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini.

Los centros de estudiantes de estos establecimientos preuniversitarios decidieron las tomas de ambos edificios en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores nacionales.

La ley encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los fondos y que eso se traduzca en un aumento salarial de los docentes. En lo central, obliga al Gobierno a actualizar los salarios docentes y no docentes, y las partidas para las universidades tomando como base la pérdida de recursos del sector desde diciembre de 2023.

Tomas suspendidas

La toma de los colegios, ahora suspendida, fue en sintonía con las clases públicas organizadas frente a la sede de la Corte Suprema por la UBA, para exigir que el máximo tribunal se expida a la brevedad en el expediente iniciado por el Gobierno para no aplicar la norma.

Es que, mientras se da el diálogo a nivel político, el conflicto se judicializó y está en la Corte Suprema de Justicia, que no cuenta con un plazo para definirlo. Los rectores universitarios lo saben, por lo que también están dispuestos a dialogar, ante una situación económica cada vez más complicada.

“Con este presupuesto es cada vez más difícil sostener el funcionamiento. No se trata de cuántos meses aguanta, sino de que ya la están asfixiando. El recorte es constante y empeora el funcionamiento día a día. No es un cierre de un día para el otro, pero van cerrando la canilla de a poco, deteriorando todo”, planteaba el último documento de la UBA difundido antes de la marcha.

El Congreso aprobó la ley de financiamiento universitario en agosto del año pasado, el Gobierno la vetó, pero el Congreso volvió a insistir y evitó el veto, con lo que la norma quedó en vigor.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo decretó que no la puede cumplir por falta de presupuesto. Las universidades acudieron a la Justicia, que les dio la razón en primera instancia y en la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El Gobierno recurrió estos fallos y llegó con su reclamo a la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal tiene en sus manos la causa luego de que el Gobierno presentara un recurso extraordinario que fue aceptado. Antes, la Corte rechazó un per saltum para abocarse de manera directa al caso.

De esta manera, quedó suspendida la medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras el planteo de los rectores de las universidades nucleados en el CIN.

En las conversaciones previas, el Gobierno planteaba transferir fondos que permitieran recuperar la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y no desde el 2023, como ordena la ley aprobada por el Congreso.

Las partidas de fondos contarían con la aprobación del Ministerio de Economía. Sin embargo, ese ofrecimiento no llegó a buen puerto, por el rechazo extendido de los rectores y los gremios universitarios.

El 12 de mayo pasado, unas 120.000 personas realizaron la cuarta Marcha Federal Universitaria, con epicentro en Plaza de Mayo, para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento.

La movilización reclamaba una actualización salarial de docentes y no docentes, que perdieron cerca del 35% de su poder adquisitivo desde 2023. Son el sector más afectado dentro de los trabajadores estatales, que en promedio resignaron el 17% de sus salarios.

Las universidades también reclaman la recomposición de becas estudiantiles y fondos para gastos de funcionamiento de las facultades. Es que las transferencias a las casas de estudios públicas registraron una caída real acumulada del 45,6% desde 2023, “una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, según plantearon las organizaciones en el documento leído durante la manifestación.

Entre libertarios subordinados casi por completo a las órdenes de Karina Milei, Patricia Bullrich construye una agenda propia. Lo hace con movimientos medidos, sin romper con el oficialismo, pero con señales dirigidas hacia el electorado que la acompañó como candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

En las últimas semanas presentó un proyecto sobre biocombustibles que seduce al campo, tomó distancia de la situación de Manuel Adorni −investigado por su crecimiento patrimonial− y adelantó su propia declaración jurada de bienes después de reclamar mayor transparencia dentro del Gobierno.

Son gestos que dialogan con dos banderas históricas del electorado macrista: el vínculo con el sector agroindustrial y la idea de transparencia institucional.

Surgen en un contexto particular. Según un estudio de Casa Tres, la consultora dirigida por Mora Jozami y ligada al macrismo, el 40% de quienes votaron a Bullrich en 2023 hoy expresa incertidumbre y desilusión. Solo el 35% manifiesta esperanza sobre el futuro del país, mientras que entre los votantes libertarios puros ese número asciende al 64%.

En paralelo, la imagen de la senadora conserva niveles altos. Las consultoras Giacobbe y Atlas Intel -que elabora un informe para Bloomberg- la ubican con más de 39 puntos de imagen positiva, incluso por encima del Presidente. Los especialistas, sin embargo, aclaran que imagen e intención de voto no son necesariamente equivalentes.

Los movimientos de Bullrich son observados con atención dentro del oficialismo, sobre todo después de desmarcarse del caso Adorni. Aunque Javier Milei la cuestionó durante una reunión de la mesa política −episodio que la senadora atribuyó a la “emocionalidad” del Presidente−, en el Gobierno evitan confrontarla abiertamente.

Incluso el propio jefe de Gabinete llegó a definirla como “una fenómena” después de que Bullrich lo expusiera por su demora en presentar la declaración jurada.

En ese marco cobra relevancia el proyecto que Bullrich impulsa por iniciativa propia: un marco regulatorio por 15 años para crear un mercado de biocombustibles competitivo y desregulado. La iniciativa propone aumentar progresivamente el corte obligatorio del biodiesel del 7,5% al 10% y el del bioetanol del 12% al 15% en un plazo de doce meses.

Se trata de un viejo reclamo de provincias ligadas al agro como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, además del interior bonaerense. Impulsan su reclamo frente al lobby petrolero afincado sobre todo en Vaca Muerta, un modelo energético que esta gestión sostiene como emblema. Bullrich, sin embargo, representa en el Senado a la ciudad de Buenos Aires.

Hasta ahora, en su rol de jefa de bloque libertario, se había limitado a respaldar proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Esta es la primera iniciativa con sello propio. “Es algo que se venía trabajando junto al secretario de Energía. Lo presentó con los integrantes de LLA de esa comisión”, aclararon cerca de la senadora.

La avanzada coincide, además, con un momento de mayor despliegue territorial y político. Bullrich sostiene una agenda activa con dirigentes y empresarios de distintos puntos del país. En los últimos meses estuvo en la Bolsa de Comercio de Córdoba, participó en Montevideo de actividades de la Fundación Manantiales junto a referentes del Partido Nacional uruguayo, compartió encuentros con legisladores hondureños sobre democracia y seguridad y viajó a Chile para reunirse con el presidente de derecha José Antonio Kast. También mantuvo actividades en la Ciudad de Buenos Aires y encuentros con estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella. La semana próxima visitará Mendoza para participar de un evento académico sobre ciberseguridad.

Santa Fe aparece especialmente en ese esquema. La semana pasada, Federico Angelini −dirigente cercano a Bullrich− dejó su cargo como subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad para sumarse al equipo del gobernador Maximiliano Pullaro. Según pudo reconstruir , Bullrich y Pullaro consolidaron un vínculo fluido durante la implementación del Plan Bandera, la estrategia federal de seguridad diseñada para Rosario y su área metropolitana.

Tal como contó este medio, Angelini decidió alejarse de la gestión nacional porque coincide con Bullrich en que Adorni no debería continuar al frente de la jefatura de Gabinete.

En el bullrichismo, de todos modos, buscan evitar cualquier señal de ruptura con la conducción libertaria. Admiten que ella conserva ambiciones políticas, aunque sostienen que no es momento de pensar en candidaturas. Hablan más bien de un proceso “de abajo hacia arriba”, enfocado en ampliar la base política del oficialismo entre sectores no peronistas. Una lógica distinta a la que predomina en el armado de Karina Milei, centrado en preservar la pureza libertaria.

“Tiene que ver con darle mayor gobernabilidad al Presidente y bajar el riesgo país”, sostienen quienes la rodean. “No va a sacar los pies del plato. Todo apunta a fortalecer la reelección de Milei”.

Bullrich también mantiene un canal de diálogo indirecto con Mauricio Macri. La relación es cordial, aunque distante del vínculo político y personal que supieron tener. Nadie descarta un eventual reencuentro político a futuro. Quienes conocen a los dos aseguran que, si eso ocurre, responderá más al pragmatismo que a un acercamiento personal.

Luego de que los índices de consumo masivo volvieran a mostrar señales de debilidad en abril, Javier Milei compartió en sus redes sociales un video con imágenes de la actividad nocturna sobre la avenida Corrientes. “El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad”, ironizó. Y agregó: “Eso que el video es a fin de mes… ¡Ah! Pero el metro cuadrado de Pepito…”.

El mensaje citó la publicación del realizador audiovisual oficialista, Santiago Oría, quien además de compartir el video con imágenes de la pizzería Güerrín —un clásico porteño— destinó unas palabras para críticas economistas y periodistas. “Otro finde con todo al taco. Calles llenas, estadios llenos, recitales llenos, teatros llenos, restaurantes explotados”, definió y agregó:“Mientras los econochantas y periodistas mienten. NOLSALP (acrónimo para ‘No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas’). La gente lo sabe”.

Según el último informe de la consultora Scentia, las ventas de productos de la canasta básica —alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza— registraron una caída interanual del 3,8% en abril al considerar el conjunto de los canales relevados. El retroceso fue más marcado en las grandes cadenas de supermercados.

Si bien el dato refleja una desaceleración de la caída respecto de marzo, cuando las ventas habían retrocedido un 5,1% interanual, el consumo todavía no logra consolidar una recuperación sostenida. Con el resultado de abril, el acumulado del primer cuatrimestre muestra una baja del 3,3%.

Por su parte, la consultora NielsenIQ informó que las ventas de marzo y abril se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel que en igual período de 2025. De acuerdo con sus mediciones, el rubro alimentos fue el de mejor desempeño, con un crecimiento interanual del 1%, mientras que los segmentos de cuidado personal y limpieza registraron una caída del 3,3%.

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