POLITICA
Confesión y condena: Jones Huala reconoció que impuso sus ideas por la fuerza a través de la RAM y podría seguir preso hasta 2030

El activista Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), sería condenado a 5 años y 2 meses de prisión por haber conducido esa organización e impuesto sus ideas mediante la violencia o la intimidación, según el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscalía, la querella y la defensa.
El entendimiento sería homologado esta semana por el juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, y contempla una pena de cumplimiento efectivo. De acuerdo a la información a la que accedió Infobae, Jones Huala admitió haber liderado la RAM, organización que desde febrero de 2025 figura en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), creado por iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Si el acuerdo es homologado en los términos pactados, el dirigente mapuche podría permanecer detenido hasta agosto de 2030, tomando como punto de partida su aprehensión en junio de 2025. Se cree que el cómputo de la prisión preventiva deberá ser tenido en cuenta para determinar el vencimiento de la pena.
El acuerdo judicial representa el cierre de una investigación que, en su etapa inicial, contempló acusaciones más graves. Jones Huala había sido detenido en junio de 2025, en el marco de una denuncia por presunta asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público.
Sin embargo, el entendimiento alcanzado entre las partes contempla únicamente la acusación de imponer ideas mediante la fuerza o la intimidación, sin que se configure el delito de asociación ilícita.
El acuerdo y el cambio en la acusación

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, las partes debatieron durante varias jornadas los alcances del acuerdo para definir la pena y el encuadre jurídico de la conducta atribuida a Jones Huala.
La acusación había buscado inicialmente aplicar el artículo 210 bis del Código Penal, una figura que contempla la organización de estructuras destinadas a cometer delitos contra el orden constitucional, con una estructura de tipo militar. Ese encuadre, de mayor gravedad, finalmente no fue el elegido para el acuerdo.
El líder de la RAM será condenado, en cambio, por el artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona a quienes organizan o toman parte en agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor.
La pena prevista para ese delito es de 3 a 8 años de prisión. El acuerdo fija para Jones Huala una condena de 5 años y 2 meses, que deberá ser homologada por el juez federal.
Voceros de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, a cargo de la defensa de Jones Huala, confirmaron el avance del acuerdo entre las partes, aunque anticiparon que sus alcances serán informados una vez que el magistrado lo homologue.
La investigación federal

Jones Huala fue detenido el 6 de junio de 2025 en El Bolsón, luego de la presentación de su libro en una biblioteca de Bariloche. La imputación original incluyó intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y apología del crimen.
Desde el inicio de la investigación, la fiscalía buscó encuadrar su rol como líder de la RAM en el artículo 213 bis del Código Penal, por integrar una organización destinada a imponer o combatir ideas mediante la fuerza o el temor. El Ministerio Público Fiscal también impulsó la investigación de figuras penales de mayor gravedad.
El expediente fue declarado de investigación compleja durante las audiencias iniciales. Esa decisión permitió extender el plazo de prisión preventiva de Jones Huala, quien permaneció detenido mientras avanzaban las medidas de prueba y se definía el alcance de la acusación.
La prisión preventiva fue prorrogada trimestralmente. La última extensión se produjo a fines de agosto, cuando el juez federal Leandro Gómez Constenla, en su primera audiencia al frente del caso, autorizó la continuidad de la medida hasta noviembre próximo.
En las audiencias anteriores, la fiscalía había insistido en la complejidad de la investigación, mientras que la defensa procuraba concretar el traslado de Jones Huala desde la Unidad 6 de Rawson hacia la Unidad 14 de Esquel, donde permanece alojado actualmente.

Casi un año después de la detención, la fiscalía de Bariloche profundizó la acusación. Le atribuyó a Jones Huala haber integrado la RAM desde 2011, con el objetivo de imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local. Esa conducta fue encuadrada en el artículo 213 bis.
Además, sumó la acusación de integrar una asociación ilícita destinada a cometer delitos contra el orden constitucional, bajo una estructura de tipo militar, en los términos del artículo 210 bis. En esa línea, el Ministerio Público Fiscal señaló presuntas conexiones con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización que actúa en Chile.
El acuerdo alcanzado ahora entre las partes deja fuera esa acusación más grave y concentra la responsabilidad penal en la conducción de la RAM y la imposición de ideas mediante la fuerza o la intimidación.
Seguirá preso hasta 2030
La defensa de Jones Huala ya realiza el cómputo del tiempo que su asistido podría permanecer tras las rejas. Si se contabiliza la prisión preventiva desde su aprehensión en junio de 2025, la pena de 5 años y 2 meses se agotaría en agosto de 2030, según el cálculo que surge del acuerdo.
La condena será de cumplimiento efectivo. La situación procesal del dirigente mapuche también está condicionada por su condición de reincidente, que le impediría acceder a la libertad condicional.
El antecedente que pesa en su contra es la condena que le impuso el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, en Chile, en diciembre de 2018, por el incendio de una propiedad en el fundo Pisu Pisué y por tenencia ilegal de armas.
La reincidencia, sumada a la pena acordada en la causa federal de Bariloche, determina que Jones Huala deba cumplir la totalidad de la condena en prisión, sin acceso a los beneficios que había obtenido —y luego perdido— durante su detención en Chile.
La homologación del acuerdo por parte del juez federal será el próximo paso procesal. Una vez que se concrete, quedará formalizada la condena y comenzará a regir el cómputo definitivo de la pena.
POLITICA
Santa Fe prohibió a los cuidacoches y fijó penas de hasta 80 días de arresto

Cada vez hay más provincias que prohíben a los “trapitos”. El gobernador Maximiliano Pullaro promulgó ayer la Ley 14.486, que aplica sanciones de hasta 80 días de arresto al ofrecimiento de estacionamiento, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de dinero u otro beneficio, incluso cuando es voluntario.
El decreto 2121, firmado también por el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, puso en vigencia la iniciativa impulsada por el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas. En esa ciudad, hay 1.218 de los 1.395 cuidacoches identificados.
La promulgación llega después de años de discusión e incluso persecución policial a la actividad. Solo en 2025, según reportes de Rosario, hubo 200 detenciones vinculadas con esa actividad.
La ley incorpora al Código de Convivencia de Santa Fe como contravención la tarea de los trapitos. El régimen solo podrá aplicarse en los municipios que adhieran mediante una ordenanza propia.
La Legislatura había aprobado la norma dos semanas antes, cuando el Senado insistió con su versión original y rechazó los cambios incorporados por la Cámara de Diputados. Hubo resistencias, por ejemplo, del Arzobispado de Rosario, que a través de su obispo Eduardo Martín ya venía cuestionando la prohibición y había propuesto “regulación y ordenamiento de la actividad”.
La contravención alcanza a quienes actúen sin autorización en lugares donde una disposición municipal prohíba la actividad. La prohibición rige incluso cuando el pago sea presentado como una colaboración voluntaria.
La pena inicial será de dos a diez días de trabajo comunitario y la imposibilidad de volver al lugar donde se cometió la infracción. En caso de reincidencia, la sanción pasará a ser de 10 a 20 días de arresto.

Las penas y sus agravantes
Los mínimos y máximos se duplicarán si hubo violencia o amenazas, si la actividad se desarrolló en áreas de estacionamiento tarifado o si se aprovechó una situación de vulnerabilidad de la víctima. La misma escala se aplicará a los hechos cometidos entre las 18 y las 6, en zonas escolares, bancarias, comerciales o cercanas a edificios públicos.
La sanción agravada también abarcará las inmediaciones de espectáculos y eventos públicos masivos, dentro de un radio de hasta 20 cuadras. Ese alcance se extenderá desde dos horas antes del inicio de la actividad hasta una hora después de su finalización.
Cuando dos o más personas acuerden previamente realizar estas tareas, recibirán entre 10 y 20 días de arresto. Si se comprueba la existencia de organizadores, coordinadores o responsables, el máximo de la pena podrá multiplicarse por cuatro, es decir, puede alcanzar hasta 80 días de arresto.
El gobierno de Santa Fe deberá desarrollar políticas de prevención e inclusión junto con los gobiernos locales. Esas medidas contemplarán capacitación en oficios, intermediación laboral y acciones sobre salud mental y consumos problemáticos.
Los municipios serán responsables de aplicar las contravenciones y podrán solicitar intervención policial para apartar del espacio público a los presuntos infractores. Cada administración local deberá aprobar su adhesión para que el esquema entre en funcionamiento.
Rosario prepara su adhesión

El Concejo Municipal de Rosario realizó su cuarta mesa de trabajo sobre la situación de los cuidacoches el mismo viernes de la promulgación. En ese marco, Seisas participó del encuentro para exponer los alcances de la ley y las dificultades de su implementación en la ciudad.
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, sostuvo que la legislación provincial establece un marco al que cada municipio debe adherir y se planteó avanzar con la ordenanza que habilite su aplicación local. En el ámbito legislativo, se debatió la necesidad de distinguir los casos de extorsión de aquellos en los que existe un pedido de colaboración voluntaria.
Otros distritos y provincias ya avanzaron en medidas similares, luego de una primera etapa de regulación y registro, que no logró la simpatía de la población. Este año, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sancionó una normativa semejante, donde incorporó multas que superan los 6 millones de pesos y penas de hasta dos meses de cárcel.
A mediados de abril, el Gobierno de Córdoba promulgó también una prohibición de cuidacoches (conocidos localmente como “naranjitas”), limpiavidrios no autorizados y las carreras de picadas. La normativa establece penas de arresto de hasta seis días y nuevas figuras contravencionales para quienes ejerzan estas actividades sin permiso municipal.
Y en 2018, Mendoza aprobó tempranamente las restricciones y la ilegalidad de la actividad de “trapitos” y “limpiavidrios” en la vía pública.
POLITICA
Creían que era una coreografía en su honor, pero cinco hombres armados saltaron de un camión para matarlo: así fue el magnicidio de Anwar el-Sadat

Era uno de los hombres más custodiados del planeta. Sin embargo, cinco personas quedaron frente a él, armadas hasta los dientes, y lanzaron granadas y le dispararon hasta agotar los cargadores de los AK-47.
Ocho guardaespaldas personales, cuatro cercos de seguridad alrededor del palco principal. El presidente egipcio Anwar el-Sadat estaba bien protegido. Sabía que tenía muchos enemigos y que las decisiones que había tomado los últimos años habían enfurecido a los extremistas musulmanes de su país.
Pero ese 6 de octubre de 1981, 45 años atrás, parecía un día de tregua; era una celebración. Se conmemoraba el octavo aniversario de la Guerra de Yom Kipur. Un gran desfile militar recorría El Cairo. Tropas a paso de ganso, carros de combate, tanques, camiones, unidades especiales pasaban frente al palco presidencial. Allí sentados, saludaban y hacían la venia el presidente egipcio, el vicepresidente Hosni Mubarak, ministros, legisladores. Líderes religiosos, embajadores extranjeros, algunos militares norteamericanos. Como espectadores, más de 100.000 egipcios.
Unos paracaidistas se lanzan desde el aire y caen prolijamente en la marca asignada en el suelo. Los recibe una ovación. Caminan hacia el palco, se paran frente al presidente y lo saludan con respeto.
De pronto, una flota de aviones Mirage 5 atravesó el cielo. Los presentes levantaron sus cabezas para verlos pasar, para apreciar esa danza aérea. Fue la señal esperada, la distracción que necesitaban los atacantes. Cuando todos, público y autoridades, bajaron sus cabezas hacia lo que pasaba en el terreno, vieron que de un camión militar que justo pasaba frente al palco principal, saltaron cinco hombres. El presidente egipcio se puso de pie convencido de que se trataba de otra especie de coreografía en su honor, una muestra de respeto. En el momento en el que se aprestaba a realizar un saludo marcial, una detonación. Uno de los hombres que saltó del camión lanzó una granada hacia el palco. Después, otros dos lanzamientos, pero las granadas no explotaron. No importó. Una tormenta de balas. Vaciaron los cargadores de sus armas. El objetivo principal era Anwar El Sadat. Recibió múltiples impactos de bala. También fueron alcanzados muchos otros de los que estaban junto a él, decenas. Los disparos se dirigían hacia todos lados para disuadir o impedir una posible respuesta. En el palco había centenares de personas desparramadas en el suelo. Algunos habían caído por los proyectiles; otros hicieron cuerpo a tierra intentando preservar su vida. Había sangre, gritos, corridas. Las balas no se detenían. Ahora también disparaban otros soldados que habían quedado en el camión. El líder del ataque, el primero que había saltado del camión y el que inició el fuego contra el presidente, eufórico y con la voz deformada por el odio, gritaba: “¡Maté al faraón!”.
Parecía increíble, pero no había respuesta al ataque pese a estar rodeados de gran parte del ejército egipcio y de su arsenal. El factor sorpresa. Un minuto después comenzó el contraataque. Una figura espectral con uniforme militar y varias condecoraciones colgando de la solapa, totalmente ensangrentado, se puso de pie y comenzó a dar órdenes a las tropas oficiales para que respondieran: era el ministro de Defensa que había sido alcanzado por uno de los proyectiles. Uno de los atacantes murió y los otros cuatro fueron heridos. Los detuvieron.
Ya era tarde; el contraataque no sirvió de mucho. El traje de Anwar el Sadar se había teñido de rojo. En andas, lo sacaron acostado y agonizante del palco y en un auto con varios vehículos como custodios por delante y por detrás, salieron raudos al hospital más cercano. La caravana atravesó frenética la capital con la ilusión de salvar la vida del presidente. Una docena de médicos lo recibió en el quirófano, pero había poco que hacer. Las balas habían hecho su trabajo. Dos horas después se declaró la muerte del presidente egipcio.
Hubo diez muertos en el palco. Un obispo copto, jefes del ejército, el embajador cubano en El Cairo, algún ministro, militares extranjeros. Y más de treinta heridos, entre ellos Hosni Mubarak, el vicepresidente. Eso agregaba una nueva incertidumbre. Si no sobrevivía, ¿quién sucedería a Sadat? Interinamente, para evitar la sensación de debilidad y acefalía, asumió Sufi Abu Taleb, uno de los líderes del nuevo parlamento, que ocupó la presidencia provisoria durante ocho días.
En las tribunas, el pánico provocó corridas y avalanchas. Decenas de espectadores murieron aplastados y hubo otros que fueron atropellados por carros de combate que trataban de llegar al lugar de los ataques. El desconcierto, el dolor y el pánico se instalaron en El Cairo durante un buen tiempo.
La noticia de la muerte de Sadat corrió rápido por el mundo. Las principales agencias de noticias la difundieron a las tres horas del ataque. En Egipto la confirmación tardó bastante más. Hasta que los canales de televisión y las radios suspendieron las noticias sobre los hechos y comenzaron a pasar recitados de versículos del Corán de manera continua. En ese momento los egipcios comprendieron lo que había sucedido.
No hubo que pensar ni investigar demasiado sobre los autores del ataque. La mayoría de los habitantes egipcios y buena parte de los analistas internacionales de inmediato supieron que se trataba de un atentado que provenía de la Yihad Islámica de Egipto.
En otras ciudades del país hubo levantamientos militares que fueron sofocados con esfuerzo por las fuerzas oficialistas.
El jefe de la operación fue Khalid al-Islambuli, un oficial del ejército egipcio que encontró en el desfile el momento ideal para llevar a cabo su viejo plan de liquidar al presidente de su país.
Lo increíble es que la unidad que comandaba Islambouli no era parte de la nómina original de la celebración. Pero otra brigada se vio imposibilitada de participar y fueron llamados él y sus hombres para ocupar ese lugar.
El que fue señalado como ideólogo del magnicidio fue Abdessalam Farrag. Lo apresaron a las pocas horas. Una serie de arrestos en todo el país sembró el terror. El herido Hosni Mubarak reemplazó en el poder a Sadat; ocho días después, pasó del hospital al palacio presidencial. Gobernó con mano firme, descabezó a todos los opositores y se convirtió en un dictador que recién cayó con los alzamientos de la Primavera Egipcia en 2011.
Los asesinos declararon que habían matado al presidente debido a los Acuerdos de Camp David de 1977, que bajo la tutela de Jimmy Carter habían firmado Sadat y Beguin, presidente israelí, para resolver acuerdos limítrofes, finalizar la guerra y negociar la paz. Los extremistas egipcios lo vieron como una traición, como una enorme humillación nacional. Sadat y Beguin, a raíz de ese acuerdo, ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1978.
El primer paso público fue una visita de Sadat a Israel. Era la primera vez que un mandatario del mundo árabe visitaba Israel, con el agravante de que formalmente las dos naciones todavía se encontraban en guerra. Luego llegó Camp David. Otros jerarcas árabes criticaron a Sadat; la Liga Árabe, que tenía sede en El Cairo, decidió mudarse y expulsar a Egipto. El libio Gadafi se convirtió en líder de la región.
En esos años, Egipto se alineó con Estados Unidos y repudió a los soviéticos. Se alineó con claridad en uno de los bandos de la Guerra Fría.
Sucesor de un hombre fuerte como Nasser, en el plano interno Sadat democratizó el país. Estableció un sistema legislativo bicameral y creó diversos institutos democráticos usuales en los países europeos, pero poco frecuentes en esas tierras. Lo hizo luego de convencer a su población y de ganar un plebiscito con más del 94% de los votos y un altísimo porcentaje de participación.
Pero los pocos que se oponían comenzaron a conspirar contra él y contra la modernización del país. Hubo varios intentos de golpe de Estado. El gobierno egipcio ordenó detenciones masivas y casi todo el arco opositor fue encarcelado luego de que se estableciera el estado de excepción en el país, una especie de estado de sitio muy riguroso que hizo retroceder las libertades civiles y políticas con la excusa del estado de conmoción interior.
El atentado sorprendió, también, por este motivo. Creían que los principales focos de insurrección y de oposición habían sido controlados con estos miles de arrestos. Pero dentro del ejército egipcio crecía el malestar entre un grupo de fundamentalistas que esperaban su momento para actuar.
También creían que el cerco de seguridad que había crecido alrededor de Sadat para protegerlo era invulnerable. Nadie imaginó que cinco hombres armados quedarían parados frente a él a decenas de metros de distancia sin ninguna oposición.
23 militares y civiles apuntados como cómplices o partícipes necesarios de la conspiración fueron condenados a largas penas de prisión; la gran mayoría recibió cadena perpetua y la accesoria de trabajos forzados.
Seis meses y un día después de la muerte de Anwar el Sadat fueron ejecutados cinco hombres luego de ser sometidos a una corte marcial pública. Los cuatro atacantes directos sobrevivientes y Abdessalam Farrag como autor intelectual. Los tres civiles fueron ahorcados. Khalid al-Islambuli, por ser teniente, y un coronel fueron sometidos a un pelotón de fusilamiento. Como eran militares, fueron ejecutados por sus compañeros de armas.
El magnicidio parece un hábito familiar en la familia Islambuli. En 1995, su hermano menor atacó al entonces presidente egipcio, Hosni Mubarak. Junto a un grupo comando, emboscaron el auto y dispararon contra él. El vehículo blindado resistió y Mubarak volvió a salir vivo de un intento de asesinato por parte de la familia Islambuli.
Pocos meses después del asesinato de Anwar el Sadat, Irán rebautizó una de las calles principales de Teherán con el nombre de Khalid al-Islambuli. Durante los años siguientes, muchos grupos extremistas islámicos a lo largo de Medio Oriente fueron bautizados con el nombre del exmilitar egipcio que atacó a Sadat.
Los terroristas islámicos consideran como un mártir a Khalid al-Islambuli.
El intento de Sadat de pacificar Medio Oriente sucumbió con aquel ataque al palco presidencial que hoy cumple 45 años.
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POLITICA
Comienza el juicio político al juez federal de Rosario Gastón Salmain, acusado de cobrar coimas

El suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain comenzará a ser juzgado este martes, a partir de las 9.30, por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que deberá decidir si lo destituye bajo la acusación de recibir coimas.
El jurado decidió dejar sin efecto la citación del financista arrepentido Fernando Whpei, a raíz de los cuestionamientos planteados por los consejeros que actúan como fiscales, en lo que constituye un revés para la defensa de Salmain.
Salmain está procesado por los delitos de . incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. Se lo acusa de manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, a cambio de una coima de 200.000 dólares.
El empresario beneficiado, Fernando Whpei, fue quien detalló la maniobra al declarar como arrepentido en la causa donde se investiga a otro exjuez de Rosario, Marcelo Bailaque.
Como intermediario también quedó procesado un lobista judicial. En esa causa se dispuso la detención de Salmain, que no se hizo efectiva porque aún mantiene fueros como juez.
Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura votó enjuiciarlo. Además, lo acusó por haber mentido en su currículum al omitir informar, en el concurso que derivó en su nombramiento, que había sido echado del Poder Judicial en 2002, donde trabajaba como empleado del fuero de la Seguridad Social, por haber ofrecido una coima para manipular un sorteo.
En su exposición, Salmain se excusó diciendo que no lo mencionó porque no se lo preguntaron y porque se trataba de un hecho antiguo. La defensa había logrado que se citara a declarar a Whpei, pero como está procesado en la misma causa de Salmain y fue denunciado penalmente, el jurado decidió suspender su declaración.
El Consejo de la Magistratura, encabezado por el ministro de la Corte Horacio Rosatti, lo suspendió por unanimidad. Y este martes, en el tercer jury que se lleva adelante este año, Salmain comenzará a ser juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El tribunal estará conformado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.
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