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POLITICA

Un fiscal impulsó una denuncia del Gobierno contra una petrolera que explora en las Malvinas

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El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó formalmente una investigación contra la petrolera británica Desire Petroleum Limited por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que se desarrollan en el área de la plataforma continental próxima a las islas Malvinas, sin permiso de la Argentina.

En el requerimiento ante el juzgado, que está interinamente a cargo del juez Ariel Lijo, el fiscal pidió una batería de medidas de prueba que incluye un exhorto al Reino Unido para reconstruir la estructura societaria de la compañía, sus autoridades desde 2012 y el modo en que obtuvo las licencias que explota en el área en disputa.

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Stornelli reclamó información bancaria de la empresa y de las personas físicas que hayan actuado en su nombre o beneficio.

La cadena nacional en la cual se anunció el endurecimiento de las sanciones para las empresas que operan en MalvinasPresidencia

La causa se abrió a partir de la denuncia del canciller Pablo Quirno, sobre la base de la ley 26.659. La norma sanciona las actividades hidrocarburíferas “clandestinas” en la plataforma continental, pues dice que la explotación se realiza mediante una “licencia ilegítima”.

La presentación formó parte de la ofensiva judicial que el Gobierno amplió la semana pasada y que alcanzó a una veintena de ejecutivos y directivos de las compañías que participan de los proyectos petroleros en la zona. Hay casi media docena de denuncias en tribunales contra petroleras y empresas proveedoras de servicios.

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El Estado ya sancionó dos veces a esta compañía. La Secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades mediante la resolución 130/2012 y la calificó de clandestina por operar sin habilitación de las autoridades argentinas.

Un año después, la resolución 457/2013 la inhabilitó por 20 años para desarrollar actividades en el país, al tener por acreditado que se valía de una licencia ilegítima de exploración otorgada por las autoridades británicas instaladas en las islas.

Pese a esos antecedentes y al cambio de nombre, la empresa seguía figurando en marzo de este año entre las sociedades vinculadas a licencias otorgadas por Londres, junto a otras compañías del grupo Rockhopper.

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El juez Ariel Lijo

Ricardo Pristupluk

El detalle de esa participación está en el dictamen: 32% en las licencias PL003a y PL003b; 30% en PL004a, PL004b (Área 1) y PL004c (Área 2); y 35% en PL005. Todas están ubicadas en las aguas de las inmediaciones de Malvinas.

Stornelli dijo que se violó la ley 26.659, que extiende la responsabilidad a las personas humanas que integran las sociedades y a las controlantes y controladas.

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La escala prevé penas de 5 a 15 años de prisión, según se trate de exploración o de extracción.

Pero el fiscal dejó abierta la puerta a otras calificaciones. Tal como lo sugirió el funcionario denunciante, no descartó que el avance de la instrucción derive en delitos contra el medio ambiente, en infracciones aduaneras y en el lavado de activos provenientes de esas actividades.

Entre las diligencias, Stornelli solicitó a la Secretaría de Energía la remisión completa de los expedientes en los que se dictaron las resoluciones de 2012 y 2013, incluidos los trámites del Ministerio de Planificación y de la Cancillería, junto con todo informe o acta que documente los actos concretos de exploración, con sus circunstancias de modo, tiempo y lugar.

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También pidió que la Jefatura de Gabinete informe si existen denuncias o expedientes por actividades peligrosas para el medio ambiente atribuidas a la empresa desde 2012 hasta hoy, y que el Ministerio de Seguridad releve si alguna de las fuerzas bajo su órbita labró actuaciones vinculadas a las operaciones en la zona.

También requirió que se establezca si hay actuaciones en trámite en la Procuración del Tesoro y en la Procuración General de la Nación.

Por último, el fiscal ordenó verificar si hay otras causas que tramitan ante el juzgado interinamente a cargo de Julián Ercolini.

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Según la Cancillería, ambos expedientes están vinculados, pues allí está la denuncia anterior sobre el proyecto Sea Lion, el más avanzado de los desarrollos petroleros en el área.




Hernán Cappiello,Conforme a

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POLITICA

Creían que era una coreografía en su honor, pero cinco hombres armados saltaron de un camión para matarlo: así fue el magnicidio de Anwar el-Sadat

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Era uno de los hombres más custodiados del planeta. Sin embargo, cinco personas quedaron frente a él, armadas hasta los dientes, y lanzaron granadas y le dispararon hasta agotar los cargadores de los AK-47.

Ocho guardaespaldas personales, cuatro cercos de seguridad alrededor del palco principal. El presidente egipcio Anwar el-Sadat estaba bien protegido. Sabía que tenía muchos enemigos y que las decisiones que había tomado los últimos años habían enfurecido a los extremistas musulmanes de su país.

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Pero ese 6 de octubre de 1981, 45 años atrás, parecía un día de tregua; era una celebración. Se conmemoraba el octavo aniversario de la Guerra de Yom Kipur. Un gran desfile militar recorría El Cairo. Tropas a paso de ganso, carros de combate, tanques, camiones, unidades especiales pasaban frente al palco presidencial. Allí sentados, saludaban y hacían la venia el presidente egipcio, el vicepresidente Hosni Mubarak, ministros, legisladores. Líderes religiosos, embajadores extranjeros, algunos militares norteamericanos. Como espectadores, más de 100.000 egipcios.

Unos paracaidistas se lanzan desde el aire y caen prolijamente en la marca asignada en el suelo. Los recibe una ovación. Caminan hacia el palco, se paran frente al presidente y lo saludan con respeto.

De pronto, una flota de aviones Mirage 5 atravesó el cielo. Los presentes levantaron sus cabezas para verlos pasar, para apreciar esa danza aérea. Fue la señal esperada, la distracción que necesitaban los atacantes. Cuando todos, público y autoridades, bajaron sus cabezas hacia lo que pasaba en el terreno, vieron que de un camión militar que justo pasaba frente al palco principal, saltaron cinco hombres. El presidente egipcio se puso de pie convencido de que se trataba de otra especie de coreografía en su honor, una muestra de respeto. En el momento en el que se aprestaba a realizar un saludo marcial, una detonación. Uno de los hombres que saltó del camión lanzó una granada hacia el palco. Después, otros dos lanzamientos, pero las granadas no explotaron. No importó. Una tormenta de balas. Vaciaron los cargadores de sus armas. El objetivo principal era Anwar El Sadat. Recibió múltiples impactos de bala. También fueron alcanzados muchos otros de los que estaban junto a él, decenas. Los disparos se dirigían hacia todos lados para disuadir o impedir una posible respuesta. En el palco había centenares de personas desparramadas en el suelo. Algunos habían caído por los proyectiles; otros hicieron cuerpo a tierra intentando preservar su vida. Había sangre, gritos, corridas. Las balas no se detenían. Ahora también disparaban otros soldados que habían quedado en el camión. El líder del ataque, el primero que había saltado del camión y el que inició el fuego contra el presidente, eufórico y con la voz deformada por el odio, gritaba: “¡Maté al faraón!”.

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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, y el presidente de Egipto, Anwar Sadat, en El Cairo en 1974. (Foto: AP)

Parecía increíble, pero no había respuesta al ataque pese a estar rodeados de gran parte del ejército egipcio y de su arsenal. El factor sorpresa. Un minuto después comenzó el contraataque. Una figura espectral con uniforme militar y varias condecoraciones colgando de la solapa, totalmente ensangrentado, se puso de pie y comenzó a dar órdenes a las tropas oficiales para que respondieran: era el ministro de Defensa que había sido alcanzado por uno de los proyectiles. Uno de los atacantes murió y los otros cuatro fueron heridos. Los detuvieron.

Ya era tarde; el contraataque no sirvió de mucho. El traje de Anwar el Sadar se había teñido de rojo. En andas, lo sacaron acostado y agonizante del palco y en un auto con varios vehículos como custodios por delante y por detrás, salieron raudos al hospital más cercano. La caravana atravesó frenética la capital con la ilusión de salvar la vida del presidente. Una docena de médicos lo recibió en el quirófano, pero había poco que hacer. Las balas habían hecho su trabajo. Dos horas después se declaró la muerte del presidente egipcio.

Hubo diez muertos en el palco. Un obispo copto, jefes del ejército, el embajador cubano en El Cairo, algún ministro, militares extranjeros. Y más de treinta heridos, entre ellos Hosni Mubarak, el vicepresidente. Eso agregaba una nueva incertidumbre. Si no sobrevivía, ¿quién sucedería a Sadat? Interinamente, para evitar la sensación de debilidad y acefalía, asumió Sufi Abu Taleb, uno de los líderes del nuevo parlamento, que ocupó la presidencia provisoria durante ocho días.

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En las tribunas, el pánico provocó corridas y avalanchas. Decenas de espectadores murieron aplastados y hubo otros que fueron atropellados por carros de combate que trataban de llegar al lugar de los ataques. El desconcierto, el dolor y el pánico se instalaron en El Cairo durante un buen tiempo.

La noticia de la muerte de Sadat corrió rápido por el mundo. Las principales agencias de noticias la difundieron a las tres horas del ataque. En Egipto la confirmación tardó bastante más. Hasta que los canales de televisión y las radios suspendieron las noticias sobre los hechos y comenzaron a pasar recitados de versículos del Corán de manera continua. En ese momento los egipcios comprendieron lo que había sucedido.

No hubo que pensar ni investigar demasiado sobre los autores del ataque. La mayoría de los habitantes egipcios y buena parte de los analistas internacionales de inmediato supieron que se trataba de un atentado que provenía de la Yihad Islámica de Egipto.

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En otras ciudades del país hubo levantamientos militares que fueron sofocados con esfuerzo por las fuerzas oficialistas.

El jefe de la operación fue Khalid al-Islambuli, un oficial del ejército egipcio que encontró en el desfile el momento ideal para llevar a cabo su viejo plan de liquidar al presidente de su país.

Anwar El Sadat, Jimmy Carter y Menachem Begi. (Foto: AP)
Anwar El Sadat, Jimmy Carter y Menachem Begi. (Foto: AP)

Lo increíble es que la unidad que comandaba Islambouli no era parte de la nómina original de la celebración. Pero otra brigada se vio imposibilitada de participar y fueron llamados él y sus hombres para ocupar ese lugar.

El que fue señalado como ideólogo del magnicidio fue Abdessalam Farrag. Lo apresaron a las pocas horas. Una serie de arrestos en todo el país sembró el terror. El herido Hosni Mubarak reemplazó en el poder a Sadat; ocho días después, pasó del hospital al palacio presidencial. Gobernó con mano firme, descabezó a todos los opositores y se convirtió en un dictador que recién cayó con los alzamientos de la Primavera Egipcia en 2011.

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Los asesinos declararon que habían matado al presidente debido a los Acuerdos de Camp David de 1977, que bajo la tutela de Jimmy Carter habían firmado Sadat y Beguin, presidente israelí, para resolver acuerdos limítrofes, finalizar la guerra y negociar la paz. Los extremistas egipcios lo vieron como una traición, como una enorme humillación nacional. Sadat y Beguin, a raíz de ese acuerdo, ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1978.

El primer paso público fue una visita de Sadat a Israel. Era la primera vez que un mandatario del mundo árabe visitaba Israel, con el agravante de que formalmente las dos naciones todavía se encontraban en guerra. Luego llegó Camp David. Otros jerarcas árabes criticaron a Sadat; la Liga Árabe, que tenía sede en El Cairo, decidió mudarse y expulsar a Egipto. El libio Gadafi se convirtió en líder de la región.

En esos años, Egipto se alineó con Estados Unidos y repudió a los soviéticos. Se alineó con claridad en uno de los bandos de la Guerra Fría.

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Sucesor de un hombre fuerte como Nasser, en el plano interno Sadat democratizó el país. Estableció un sistema legislativo bicameral y creó diversos institutos democráticos usuales en los países europeos, pero poco frecuentes en esas tierras. Lo hizo luego de convencer a su población y de ganar un plebiscito con más del 94% de los votos y un altísimo porcentaje de participación.

Pero los pocos que se oponían comenzaron a conspirar contra él y contra la modernización del país. Hubo varios intentos de golpe de Estado. El gobierno egipcio ordenó detenciones masivas y casi todo el arco opositor fue encarcelado luego de que se estableciera el estado de excepción en el país, una especie de estado de sitio muy riguroso que hizo retroceder las libertades civiles y políticas con la excusa del estado de conmoción interior.

El atentado sorprendió, también, por este motivo. Creían que los principales focos de insurrección y de oposición habían sido controlados con estos miles de arrestos. Pero dentro del ejército egipcio crecía el malestar entre un grupo de fundamentalistas que esperaban su momento para actuar.

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También creían que el cerco de seguridad que había crecido alrededor de Sadat para protegerlo era invulnerable. Nadie imaginó que cinco hombres armados quedarían parados frente a él a decenas de metros de distancia sin ninguna oposición.

23 militares y civiles apuntados como cómplices o partícipes necesarios de la conspiración fueron condenados a largas penas de prisión; la gran mayoría recibió cadena perpetua y la accesoria de trabajos forzados.

Seis meses y un día después de la muerte de Anwar el Sadat fueron ejecutados cinco hombres luego de ser sometidos a una corte marcial pública. Los cuatro atacantes directos sobrevivientes y Abdessalam Farrag como autor intelectual. Los tres civiles fueron ahorcados. Khalid al-Islambuli, por ser teniente, y un coronel fueron sometidos a un pelotón de fusilamiento. Como eran militares, fueron ejecutados por sus compañeros de armas.

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El magnicidio parece un hábito familiar en la familia Islambuli. En 1995, su hermano menor atacó al entonces presidente egipcio, Hosni Mubarak. Junto a un grupo comando, emboscaron el auto y dispararon contra él. El vehículo blindado resistió y Mubarak volvió a salir vivo de un intento de asesinato por parte de la familia Islambuli.

Pocos meses después del asesinato de Anwar el Sadat, Irán rebautizó una de las calles principales de Teherán con el nombre de Khalid al-Islambuli. Durante los años siguientes, muchos grupos extremistas islámicos a lo largo de Medio Oriente fueron bautizados con el nombre del exmilitar egipcio que atacó a Sadat.

Los terroristas islámicos consideran como un mártir a Khalid al-Islambuli.

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El intento de Sadat de pacificar Medio Oriente sucumbió con aquel ataque al palco presidencial que hoy cumple 45 años.

egipto, Asesinato

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Comienza el juicio político al juez federal de Rosario Gastón Salmain, acusado de cobrar coimas

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El suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain comenzará a ser juzgado este martes, a partir de las 9.30, por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que deberá decidir si lo destituye bajo la acusación de recibir coimas.

El jurado decidió dejar sin efecto la citación del financista arrepentido Fernando Whpei, a raíz de los cuestionamientos planteados por los consejeros que actúan como fiscales, en lo que constituye un revés para la defensa de Salmain.

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Salmain está procesado por los delitos de . incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. Se lo acusa de manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, a cambio de una coima de 200.000 dólares.

El empresario beneficiado, Fernando Whpei, fue quien detalló la maniobra al declarar como arrepentido en la causa donde se investiga a otro exjuez de Rosario, Marcelo Bailaque.

Como intermediario también quedó procesado un lobista judicial. En esa causa se dispuso la detención de Salmain, que no se hizo efectiva porque aún mantiene fueros como juez.

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El empresario arrepentido Fernando Whpei Marcelo Manera

Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura votó enjuiciarlo. Además, lo acusó por haber mentido en su currículum al omitir informar, en el concurso que derivó en su nombramiento, que había sido echado del Poder Judicial en 2002, donde trabajaba como empleado del fuero de la Seguridad Social, por haber ofrecido una coima para manipular un sorteo.

En su exposición, Salmain se excusó diciendo que no lo mencionó porque no se lo preguntaron y porque se trataba de un hecho antiguo. La defensa había logrado que se citara a declarar a Whpei, pero como está procesado en la misma causa de Salmain y fue denunciado penalmente, el jurado decidió suspender su declaración.

El Consejo de la Magistratura, encabezado por el ministro de la Corte Horacio Rosatti, lo suspendió por unanimidad. Y este martes, en el tercer jury que se lleva adelante este año, Salmain comenzará a ser juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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El tribunal estará conformado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.




recibir coimas,Justicia Federal,Conforme a

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Fallo a favor del Gobierno: la Justicia rechazó el pedido de la oposición para frenar la derogación de la Ley de Tierras

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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 desestimó una solicitud que buscaba frenar la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La presentación judicial había sido impulsada por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot.

El magistrado Enrique Alonso Regueira determinó que los demandantes no probaron circunstancias graves que justifiquen una cautelar interina. De este modo, la desregulación dictada por el presidente Javier Milei mediante el DNU 70/2023 continúa vigente en todo el país.

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Miguel Ángel Pichetto

Los legisladores advirtieron que la caída normativa habilita compras inmobiliarias extranjeras sin ningún tipo de tope. En su reclamo sostuvieron que “mientras la Justicia demora, se pueden concretar” ventas que generan un grave riesgo para el patrimonio nacional.

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Ante este escenario, el tribunal otorgó un plazo de cinco días al Poder Ejecutivo para presentar un informe oficial. Paralelamente, diversos sectores parlamentarios convocaron a una sesión especial para el próximo 15 de octubre buscando derogar todo el decreto.

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