INTERNACIONAL
Congreso de Guatemala intensifica debate sobre reforma a ley de lavado de dinero con nuevas enmiendas
La discusión sobre la aprobación de la iniciativa de ley 6593 en el Congreso de la República alcanzó un nuevo punto de inflexión el 18 de mayo, cuando la junta directiva, la mayoría de los jefes de bloque, la comisión de Economía y representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB) se reunieron en una sesión privada para analizar ocho enmiendas nuevas y al menos cinco propuestas de modificación al texto final de la normativa contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El presidente del Congreso, Luis Contreras, subrayó la importancia de avanzar hacia un consenso definitivo, con el objetivo de que la próxima sesión —convocada para el lunes siguiente— pueda culminar el debate y llegar a acuerdos que permitan aprobar la ley en los plazos previstos.
Durante la jornada, los diputados reconocieron avances en la mayoría de las propuestas, en particular aquellas dirigidas a clarificar la redacción y adecuar la legislación a las recomendaciones internacionales, evitando así que Guatemala sea incluida en la denominada lista gris del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Según el diputado Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza, las modificaciones responden a observaciones técnicas y a la necesidad de conciliar el marco jurídico nacional con los estándares internacionales: “Hicimos una discusión con altura y pudimos avanzar en los razonamientos que tienen los distintos partidos políticos.”
La controversia principal reside en la enmienda al artículo 8, relativa al proceso de administración del riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LD/FT/FPADM). El texto estipula que las personas obligadas deberán cumplir con disposiciones preventivas mediante una gestión basada en riesgos, identificando, evaluando y mitigando el nivel de exposición.
El personal técnico de la SIB manifestó su desacuerdo con la redacción del literal O de dicho artículo, advirtiendo que la falta de precisión podría poner en peligro la viabilidad general de la ley. El diputado Allan Rodríguez, de la bancada VOS, apuntó que este punto específico es el único observado negativamente por la SIB: “Es un literal de uno de los artículos, los demás los encontraron viables. La Superintendencia argumentó con sus motivos; por eso necesitamos analizarlo más a fondo,” dijo Rodríguez.
El debate respecto a las definiciones y el alcance de las personas políticamente expuestas (PEPs) también ocupó un lugar relevante entre las enmiendas discutidas. El presidente de la Comisión de Finanzas, Héctor Julio Estrada, de la bancada Cabal, detalló que la discusión ha oscilado entre limitar el vínculo familiar a primer grado de consanguinidad —como padres, hijos, cónyuges y convivientes— y ampliar la definición, siguiendo o adaptando los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): “La discusión es qué permite cumplir con el estándar GAFI sin afectar injustamente a toda la familia de una persona expuesta políticamente. Pedimos a la GAFI que fundamente ese estándar”, expresó Estrada en la reunión.
Según el presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Jorge Ayala, desde la comisión ya se había alcanzado consenso en diez enmiendas, mientras que las ocho nuevas se dividieron en dos grupos: cuatro que ajustan artículos previamente reformados y cuatro que introducen modificaciones a artículos nuevos. Entre las novedades figura una enmienda que suma funciones a la IVE al establecer que deberá crear programas de capacitación y guías dirigidas a las personas que, conforme a la ley, resultan obligadas a cumplir con estos controles. Otras enmiendas abordan la tipificación de delitos en grado de tentativa y la precisión de conceptos como transacción sospechosa e inusual, con el objetivo de ofrecer mayor claridad y seguridad jurídica.
Durante la reunión, el diputado Estrada puntualizó los retos técnicos de las nuevas enmiendas: “Es una ley compleja, porque maneja temas económicos, penales y de cumplimiento. Se discute si las personas obligadas se clasifican por riesgo; en la propuesta, la ley empieza a tipificar por persona obligada, lo que podría alterar la estructura actual del análisis de riesgo, que siempre se ha centrado en el cliente o usuario del sistema financiero.” Estrada advirtió que una clasificación errónea podría generar tensiones y discrepancias en el sector, por lo que consideró indispensable reformular algunos criterios para no introducir vacíos lógicos que comprometan la operatividad de la normativa.
El carácter privado de la sesión fue uno de los puntos más debatidos fuera del pleno, aunque Contreras defendió el formato argumentando que la deliberación técnica requiere concentración y evita distracciones externas. Ante preguntas sobre posibles ocultamientos, el presidente del Congreso fue enfático: “No ocultamos nada. Hay cuarenta personas de diferentes bloques, de la IVE y de los bancos trabajando. Las reuniones públicas pueden dificultar el trabajo”, respondió Contreras, reafirmando que toda discusión se integra en el expediente legislativo y se publicará una vez concluido el proceso de ajustes.
La diputada Victoria Palala, del bloque oficialista Raíces, aportó una visión crítica al opinar que la presentación de nuevas enmiendas, muchas de ellas conocidas solo en la misma jornada, podría ser una “estrategia para entrampar la aprobación final de la iniciativa.” Según Palala, la reiteración de sesiones y la agregación de cambios inesperados dificultan el avance, aunque existe la expectativa de que la negociación sostenida permita destrabar el procedimiento la próxima semana.
Congreso de la República de Guatemala
INTERNACIONAL
Guatemala declara alerta roja en el Trifinio por crisis de sequía: vicepresidenta Karin Herrera ordena medidas urgentes
Guatemala declaró alerta roja en la región del Trifinio por los efectos agroclimáticos de El Niño, mientras la vicepresidenta Karin Herrera ordenó medidas urgentes para contener la escasez de agua y alimentos en municipios de Chiquimula y Jutiapa. La decisión, tomada el 11 de septiembre de 2026, busca reforzar la atención sanitaria, sostener el abastecimiento alimentario y proteger a las familias expuestas a la sequía en el corredor seco ampliado.
La alerta roja se activó después de que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional declarara alerta naranja en todo el país ante el riesgo de afectaciones en la disponibilidad de agua y alimentos. La medida nacional antecedió a la elevación de la emergencia en la zona fronteriza del Trifinio.
La instrucción fue dirigida a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres durante dos reuniones extraordinarias encabezadas por Herrera. La Vicepresidencia informó que los encuentros buscaron coordinar a las instituciones responsables de atender las consecuencias de la sequía.
Un plan para el Trifinio y el corredor seco ampliado
La primera reunión correspondió al Gabinete Específico de Desarrollo Social, que revisó los acuerdos alcanzados con el Gabinete Específico de Desarrollo Económico. Allí se presentó el Plan de Acción–Respuesta a Emergencia por Sequía 2026, diseñado para la Región Trifinio y el corredor seco ampliado, donde se concentra una parte de la vulnerabilidad alimentaria guatemalteca.
Cinco ministerios recibieron tareas específicas. El Ministerio de Economía deberá fijar precios de referencia y actuar frente a aumentos injustificados en productos de la canasta básica y combustibles.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá sumar medidas de vigilancia y respuesta ante enfermedades relacionadas con la falta de agua o su mala calidad. También deberá incorporar al Consejo Nacional de la Juventud en las brigadas sanitarias.
El plan dispone el despliegue de 124 brigadas de salud y nutrición con equipos multidisciplinarios. Su labor incluirá suplementación, desparasitación y vacunación de niñas, niños y mujeres embarazadas, además del monitoreo comunitario de la calidad del agua, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que asegurar que los bonos conserven su carácter condicionado y alcancen a todos los beneficiarios prioritarios. A su vez, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá identificar recursos disponibles y analizar medidas legislativas que permitan acelerar la ejecución presupuestaria.
Las autoridades asignaron al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación la reducción de los plazos de entrega de alimentos. La cartera también deberá definir acciones para asegurar agua y alimentación al ganado afectado por la ausencia de pastos.
Reservas de alimentos, pozos y asistencia para productores
La emergencia contempla reservas estratégicas de alimentos y la activación del seguro agrícola como compensación ante la pérdida de cosechas. También prevé reservorios artesanales para captar agua de lluvia, raciones destinadas a la ganadería y la rehabilitación de pozos comunitarios.
Los productores rurales podrán acceder a crédito con tasas nulas mediante inversión de capital en cajas rurales. La medida busca evitar que los campesinos abandonen sus tierras por la pérdida de cultivos y la falta de recursos para sostener su actividad.
La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Sesan, deberá mantener el seguimiento de las familias que atraviesan inseguridad alimentaria y actualizar la estimación de población afectada. Desde el Conasan también continuará la verificación del estado nutricional de la niñez y de la evolución de la crisis en los hogares más expuestos.
Herrera convocó a alcaldes y gobernadores del Trifinio y del corredor seco ampliado para que eleven las alertas necesarias ante los Coordinadores de Emergencia municipales y departamentales. El objetivo es garantizar el acceso al agua y la asistencia para las familias alcanzadas por la sequía.
Los gobiernos locales deberán utilizar recursos de los Consejos de Desarrollo en cocinas escolares y centros de recuperación nutricional, conforme a la tipología de seguridad alimentaria aprobada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. La instrucción busca dirigir fondos hacia los espacios donde se atiende a población con mayor riesgo nutricional.
“Cada día cuenta; tenemos que proteger la salud y la vida de la población guatemalteca”, afirmó Herrera durante la reunión del Gabinete Específico de Desarrollo Social. La vicepresidenta sostuvo que la respuesta debe situarse por encima de las banderas políticas y concentrarse en las familias vulnerables.
La producción nacional de granos resulta insuficiente, por lo que Guatemala deberá recurrir a importaciones para garantizar el abastecimiento oportuno. Herrera ordenó anticipar y agilizar esos procedimientos, además de fortalecer el monitoreo de caudales, embalses y generación hidroeléctrica con escenarios que permitan activar medidas preventivas.
“Es indispensable garantizar transparencia y trazabilidad en la entrega de la asistencia, verificando que llegue efectivamente a las familias que la necesitan”, señaló la vicepresidenta, según la Vicepresidencia. Las instituciones convocadas deberán presentar en 15 días calendario un informe escrito sobre los avances en la aplicación de las medidas.
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President Donald Trump said Saturday during a trip to Ireland that he would love to see the country unified.
The Republic of Ireland gained independence from the United Kingdom in 1922, while Northern Ireland, established in 1921, has remained part of the U.K.
«I don’t want to cause any problems, but I will tell you, I’d love to see it unified. I have friends on both sides, great people. They’re Irish people. How can they be bad, right?» Trump said in Dublin while on stage with Ireland’s prime minister, Micheál Martin. «I’d like to see a unified country. I think it would be a great feather in everybody’s cap if that happened. It’s going to happen eventually.»
He added that the U.K. «will have something to say about it obviously,» but reiterated that unification would be a «great thing.»
TRUMP SAYS IRAN CONFLICT COULD END AFTER MIDTERMS
President Donald Trump meets with Ireland’s Prime Minister Micheál Martin at Farmleigh House in Phoenix Park in Dublin on Sept. 12, 2026. (Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)
In response to Trump’s comments, British Prime Minister Andy Burnham said in a statement that the U.K. government’s stance on reunification remains unchanged.
«I am not aware that there is majority public support for another referendum, and until that changes, there will not be one,» Burnham told reporters in Parliament, according to Reuters.
Later Saturday, Trump addressed a crowd at the Deerfield Residence, the official home of the U.S. ambassador to Ireland.
U.S. Ambassador Edward S. Walsh introduced the president, who took the stage to the sound of Lee Greenwood’s «God Bless the USA.»
Early in his remarks, Trump revisited the question a reporter had asked during his meeting with Martin about the prospect of Irish reunification.
«That’s one of those questions where no matter what you say, no matter how well you say it, there’s no good answer, right?» he said, before saying reunification would be a «cool thing.»
President Donald Trump delivers remarks to U.S. Embassy personnel and business leaders at Deerfield Residence on Sept. 12, 2026, in Dublin, Ireland. (Anna Moneymaker/Getty Images)
IRISH AUTHORITIES SEEK EXTRADITION WARRANT FOR SUSPECT IN MURDER OF AMERICAN MOM JAMEY CARNEY: REPORT
The debate over whether Ireland should be one country has been one of the island’s most divisive political issues for decades.
At times, it was far more than a war of words. From the late 1960s through the late 1990s, Northern Ireland was gripped by decades of sectarian violence known as «the Troubles.»
Irish nationalists and republicans — drawn largely from Northern Ireland’s Catholic minority — sought to reunite the island under a single Irish state.
Unionists and loyalists, who mostly belonged to the Protestant majority, wanted Northern Ireland to remain part of the U.K.
Throughout the conflict, more than 3,500 people were killed in violence involving Irish republican and loyalist paramilitary groups, as well as British security forces.
A photographer captures a scene of soldiers in front of a building in May 1981 in Northern Ireland. (Joe McNally/Getty Images)
The fighting largely ceased with a peace deal in 1998, but in the decades since, tensions remain between Protestants and Catholics in Northern Ireland.
A 2024 U.K. Parliament report found that 90% of students in Northern Ireland attend schools that «are effectively segregated along religious lines.»
The peace deal signed in 1998 — known as the Good Friday Agreement or the Belfast Agreement — set up a new government that had representation for both nationalists and unionists.
It also established that Northern Ireland will remain part of the U.K. unless a majority of citizens vote to leave through a referendum.
Brexit reignited debate over Ireland’s future, with Northern Ireland voting to remain in the European Union even as the U.K. as a whole voted to leave. Still, no referendum has been proposed or scheduled on whether Northern Ireland should leave the United Kingdom.
Reuters contributed to this report.
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INTERNACIONAL
Los bloqueos por el alza de combustibles dejan seis agentes heridos y varios arrestos en Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que seis agentes resultaron heridos durante el desalojo de un bloqueo el viernes 11 de septiembre, en el kilómetro 168 de la ruta a Cuyotenango, Suchitepéquez, en una jornada de protestas contra el aumento de los combustibles que también dejó vehículos incendiados en Zacapa y cortes en varios departamentos de Guatemala.
Un cierre continuaba activo el sábado 12 de septiembre a las 06:45 en el kilómetro 225 de la ruta departamental QUE-03, en la aldea Santo Domingo, Colomba Costa Cuca. El bloqueo había comenzado cuatro minutos antes, afectaba ambos sentidos de circulación y era el único punto cerrado en el reporte matutino de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial); las demás rutas figuraban habilitadas.
El policía Ronal Gavino Morales Chávez sufrió un disparo en el estómago y fue trasladado en helicóptero a un centro asistencial de la Ciudad de Guatemala, después de ser estabilizado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Mazatenango. Los otros cinco efectivos padecieron lesiones por explosiones de morteros, el impacto de una piedra en el cráneo y golpes en distintas partes del cuerpo.
La corporación indicó que sus Fuerzas Antidisturbios despejaron más del 90% de los puntos bloqueados en el país. El despliegue respondió a una orden de la Corte de Constitucionalidad para liberar las rutas con apoyo del Ministerio de Gobernación y el Ejército.
Dos focos de conflicto en Zacapa y Villa Nueva
Los incidentes persistían al cierre de la jornada en sectores de Zacapa y Villa Nueva, donde la PNC afirmó haber detectado la presencia de pandillas y estructuras del crimen organizado dentro de las manifestaciones. La institución acusó a esos grupos de usar a mujeres, adultos mayores y niños como escudos humanos.
La fuerza de seguridad solicitó la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la Nación para proteger las garantías de los menores y las mujeres presentes en las zonas de conflicto. También pidió a los habitantes de los lugares donde continuaban los enfrentamientos que permanecieran en sus hogares mientras avanzaba el operativo.
“Atentar contra la paz en presencia de la niñez guatemalteca es un acto criminal que no quedará impune”, advirtió la policía. La institución requirió denuncias anónimas sobre actividades delictivas, instigación o presencia de personas infiltradas.
La PNC señaló que, con base en el artículo 257 del Código Procesal Penal, detendría en flagrancia a quienes obstruyeran las vías. Los vehículos y camiones utilizados deliberadamente para bloquear carreteras serían puestos a disposición de los tribunales para su comiso.
“Los promotores e instigadores de estos ataques violentos están debidamente perfilados e individualizados y enfrentarán todo el peso de la ley”, sostuvo la corporación.
Durante el operativo en Cuyotenango, las autoridades detuvieron a Armando Constancia Martínez, a quien le decomisaron piedras, hondas, morteros y otros objetos presuntamente utilizados para agredir a los agentes. El arresto se sumó a cuatro capturas previas por disturbios en San Miguel Petapa y Suchitepéquez.
En la zona cinco de Mixco, sobre la calzada San Juan, agentes de la comisaría 16 arrestaron a Juan “N”, de 44 años, y Joseline “N”, de 29, cuando arrojaban objetos contundentes contra policías que buscaban despejar la cuarta avenida.
Otros dos hombres fueron capturados en el kilómetro 19,5 de la ruta al Pacífico. William “N”, de 33 años, y Hugo “N”, de 28, estaban en un bloqueo que reunía a 150 personas, donde también se registró el lanzamiento de piedras contra los efectivos de seguridad.
La presencia policial fue reforzada en la colonia Bethania, el Anillo Periférico, Villa Nueva, la ruta al Atlántico y los sectores de Río Hondo y Zacapa, que concentraron algunos de los cierres más prolongados.
Camiones incendiados y reclamo de estado de excepción
La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga condenó los hechos de violencia, vandalismo y destrucción registrados durante las protestas, con especial referencia a la quema de vehículos y camiones de transporte pesado en la aldea Santa Cruz, en el kilómetro 124 de Zacapa.
“El derecho a manifestar nunca puede convertirse en una licencia para delinquir”, expresó la organización. El gremio sostuvo que ninguna causa justifica la destrucción de propiedad privada, las agresiones contra trabajadores ni la interrupción forzada de las principales vías de comunicación.
La cámara exigió al Gobierno de Guatemala el restablecimiento inmediato del orden y de la libre circulación en la carretera CA-9 y en todos los sectores afectados por bloqueos violentos. También reclamó al Ministerio Público una persecución penal inmediata contra los responsables materiales e intelectuales de la destrucción, los incendios de vehículos y las amenazas contra transportistas.
“Solicitamos respetuosamente, pero con absoluta firmeza”, al presidente que evalúe declarar un estado de excepción en los municipios donde la violencia haya superado la capacidad ordinaria de las autoridades, planteó el gremio.
Las movilizaciones surgieron después de que el Congreso de la República aprobara, con trámite de urgencia nacional, un decreto que establece precios máximos de referencia para el diésel y las gasolinas, además de un fondo de compensación para los importadores. Diversos sectores del transporte consideran insuficiente la medida frente al aumento de los combustibles registrado en los últimos meses.
Policía Nacional Civil,detención,seguridad pública
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