POLITICA
Crece la tensión en el Gobierno ante versiones sobre la continuidad de Adorni y se activa un operativo de contención en el Senado
La actuación histórica de Lionel Messi en el debut mundialista de la Selección Argentina trajo algo de aire al Gobierno en términos mediáticos, pero esto podría ser temporal. Es que esta mañana comenzaron a circular fuertes versiones respecto de la continuidad de Manuel Adorni, sobre quien se posa una fuerte presión de la oposición (y de actores propios del oficialismo) para que dé un paso al costado. Por lo que pudo saber Infobae, el jefe de Gabinete no evaluó renunciar por estas horas y tampoco lo tiene en el horizonte de posibilidades.
En esta última semana se configuró una suerte de esquema informal compuesto por la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; con el objetivo de frenar la avanzada que la oposición dialoguista impulsa en ambas cámaras del Congreso en referencia a la situación de Manuel Adorni.
Una figura de la Casa Rosada los denomina “el Grupo de los 5″, que tienen encomendado por la cúpula libertaria el objetivo de postergar cualquier tipo de pedido de interpelación o de tratamiento de moción de censura por estas semanas. Al menos hasta el 2 de julio, cuando se prevé que Adorni vaya a brindar su Informe de Gestión al Senado.
“Estuvieron hablando mucho este martes, pero hace tiempo que vienen repartiéndose tareas para poder frenar la embestida”, afirma una persona cercana a los referentes oficialistas.
Pese a que entienden que tienen más posibilidades de retardar una interpelación en el corto plazo, creen que habrá más insistencia en la medida que el tema de Adorni siga en la agenda mediática. No son muy optimistas sobre lo que vaya a pasar en las próximas semanas por varios factores. Uno de ellos es que el Gobierno está imposibilitado de anunciar medidas porque se empastan con la cuestión que involucra a Adorni. “Nada le gana a la historia del pendrive. Nada es tan denso”, afirma una fuente palaciega.
Es por eso que, por estas horas, surgieron versiones en el Senado sobre un posible mensaje del oficialismo a los alfiles opositores, en relación a que el jefe de Gabinete podría dimitir esta semana.
Ante los rumores, una fuente inobjetable cercana a Adorni afirmó a Infobae que “no hay nada de cierto” en que el jefe de Gabinete esté evaluando dar un paso al costado. En ese sector del Gobierno se limitan a apuntar a Bullrich. “Quiere ser jefa de Gabinete antes de la elección. Es su naturaleza. A ella no le importa apuntar contra alguien protegido por el Presidente”, afirman.
La lectura de que “Pato” quiere ser jefa de Gabinete es vista con extrañeza por los mismos compañeros de bancada de la senadora. Y no precisamente por aquellos que responden a ella. “Jamás renunciaría. Jamás. Nadie siente más el teorema de Baglini que un senador”, afirma a Infobae un importante alfil parlamentario del bloque.
Minutos después de publicada una nota periodística en La Nación sobre conversaciones entre operadores del oficialismo y senadores de una posible salida de Adorni, fue el mismo funcionario quien publicó en X un anuncio sobre los profesionales de la salud que egresen de universidades nacionales tendrán la opción de gestionar su título y matrícula nacional en un único trámite. La gestualidad no es menor: si bien el anuncio es prácticamente irrelevante en materia de agenda pública, lo que importó es el timing de ese tuit, el cual da a entender que va a seguir haciendo anuncios pese a que, supuestamente, tiene los días contados.
La jefatura de Gabinete informó el martes por la noche al Senado que Adorni concurrirá a presentar su informe de gestión el 2 de julio. El primer objetivo del oficialismo es que fracase la sesión prevista para este jueves en la Cámara alta, cuya organización debía terminar de definirse en la reunión de labor parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien describen como crítica de Adorni.
Resulta novedosa la inclusión directa de Devitt como interlocutor directo de ciertos diputados y senadores con los que tiene línea directa. Lo ven como “un elemento clave del esquema de Adorni” y su voz en ese grupo para determinar qué está dispuesto a hacer para las próximas semanas.
Por lo pronto, la presión de los operadores libertarios se apoya en un argumento central: nunca se removió a un jefe de Gabinete por el Congreso desde la reforma constitucional de 1994. En Balcarce 50 repiten ante aliados que si avanzan con ese pedido sería un simbolismo muy fuerte en términos de “gestualidad institucional”.
Los primos riojanos Menem son los principales discípulos de la secretaria general Karina Milei. También se indicó que Bullrich es la principal detractora interna de Adorni, aunque no tiene intención de sumarse a la estrategia opositora.
La ofensiva en el Senado está impulsada por el kirchnerismo. En la bancada opositora afirmaron: “A ver cuántos se animan a levantar la mano para ratificarlo en el cargo, más allá de los 21 libertarios”.
Para la Casa Rosada, el eje de la negociación está puesto en Pro y en los senadores vinculados a gobernadores, en especial radicales, que suelen acompañar proyectos oficiales, entre ellos los que responden a Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés. Desde el inicio de la semana, los bloques aliados convocaron en el Senado una serie de reuniones para intentar fijar una postura común.
La avanzada opositora se profundizó después de que Adorni admitiera en una entrevista en LN+ que ocultó en sus declaraciones juradas ingresos por unos USD 500.000 que, según explicó, provenían de una inversión en bitcoins. En abril, ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete había afirmado que “nunca existió ocultación alguna” en la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción.
Ese es el hecho que desató el intento de interpelarlo y promover una moción de censura. La respuesta oficial consiste en remarcar que Adorni ya tiene fecha para rendir su informe de gestión y que, por protocolo, deberá responder preguntas por escrito enviadas por los senadores y enfrentar además cuestionamientos en una sesión especial.
En el Gobierno sostienen que la discusión con sus aliados se limita al caso Adorni y que no incluye reclamos por obras ni otras demandas provinciales. “Esto es político, no va por ahí”, resumió una fuente libertaria.
Socios del oficialismo como Pro y el radicalismo enfrentan una disyuntiva: no quieren alinearse con el kirchnerismo, al que acusan de “hipocresía” por cuestionar a un funcionario por corrupción mientras, sostienen, Cristina Kirchner está presa por ese delito, pero tampoco quieren aparecer ante la opinión pública como defensores de Adorni.
En esos espacios se analiza una salida intermedia: evitar asistir a la sesión del jueves para no facilitar el quórum. El oficialismo considera que esa es la posición más cómoda para sus aliados, aunque no descarta otras maniobras parlamentarias.
Si logra bloquear la ofensiva en la Cámara alta, el Gobierno todavía deberá enfrentar en Diputados un pedido de interpelación y moción de censura contra Adorni. En ese caso, la iniciativa no fue impulsada solo por el kirchnerismo, sino también por un conjunto más amplio de bancadas opositoras. Esos bloques solicitaron una sesión para el próximo 23 de junio con el fin de girar ambos planteos a comisión, aprobarlos y luego llevarlos al recinto, donde alcanzaría con mayoría simple.
El Gobierno de Santiago del Estero anunció un bono de fin de año de $2,4 millones para los empleados estatales, que será abonado en tres cuotas de $800.000 entre octubre y diciembre. El gobernador Elías Suárez informó que la medida fue acordada en el marco de la mesa de diálogo que mantiene la administración provincial con los representantes gremiales.
El cronograma comenzará el viernes 9 de octubre, cuando se pagará la primera cuota. La segunda será depositada el martes 10 de noviembre, mientras que la tercera llegará el jueves 10 de diciembre.
Suárez explicó que el esquema fue definido a partir de las conversaciones mantenidas con los sindicatos y señaló que el objetivo es otorgar previsibilidad a los trabajadores de cara a los últimos meses del año.
El bono extraordinario se sumará a los haberes habituales de los empleados públicos. Según precisó el gobernador, los salarios continuarán abonándose normalmente y también está previsto el pago del medio aguinaldo el martes 22 de diciembre.
POLITICA
La Justicia postergó hasta diciembre los comicios en la UTA por “impedimentos, anomalías y déficits” en el proceso electoral
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó la suspensión de los comicios para renovar autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), previstos para el 7 y 8 de octubre, y dispuso reprogramarlas para el 17 y 18 de diciembre próximo debido a los “impedimentos, anomalías y déficits” que fueron detectados en el proceso electoral.
El fallo, firmado por los jueces Gabriela Vázquez y Enrique Catani, también designó un veedor judicial para supervisar todo el proceso electoral.
El tribunal detectó irregularidades graves en el padrón electoral, en la ubicación de las mesas de votación y en la exclusión de una de las agrupaciones participantes de 6 seccionales. Ante ese cuadro, los jueces concluyeron que celebrar los comicios en las condiciones actuales no sería una elección real sino —en sus propias palabras— un mero remedo del ejercicio democrático”.
La UTA es el sindicato que agrupa a los choferes de colectivos de larga distancia y transporte automotor de pasajeros y del personal de subtes y está liderado por Roberto Fernández, de 82 años, que competirá por la reelección para el puesto que ejerce desde 2008.
En estos comicios, de manera inédita, Fernández se enfrentará a 3 candidatos opositores: Alberto Patiño, actual secretario de Organización del gremio, que se presenta al frente de la Lista Marrón; Maximiliano Escriba, postulante de la Lista Negra, apadrinada por Miguel Angel Bustinduy, ex opositor al jefe de la UTA, y Claudio Gómez, quien encabeza la Lista Bordó, auspiciada por el trotskista Rubén “Pollo” Sobrero.
Tras la suspensión electoral, Fernández difundió un comunicado en el que afirma: “Una vez más, como pasó en 2022, nos encontramos con piedras en el camino de quienes se dicen compañeros pero persiguen otros intereses ajenos a los de la UTA porque no quieren que se vote y judicializan la política gremial”.
“Somos respetuosos de los fallos judiciales, aunque no los compartamos, y como dirigentes serios no vamos a gastar energía quejándonos del obstáculo ya que está ahí -agregó-. Esta demora nos convoca a redoblar esfuerzos para que en diciembre llenemos de votos las urnas, que los afiliados de UTA elijan su destino y les digamos basta a quienes judicializan la política gremial, con apoyo empresario y pertenencia a otro gremio”.
El conflicto comenzó luego de que la Lista Negra presentó una denuncia judicial por irregularidades en el padrón y en el procedimiento de oficialización de sus candidatos.
El núcleo de la decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo está en una serie de irregularidades que el tribunal detectó al revisar los documentos que la propia Junta Electoral Central de la UTA aportó a la causa.
El padrón registra 2.870 bajas, todas procesadas entre junio y el 24 de agosto de 2026, período que coincide con el desarrollo del proceso electoral convocado el 14 de julio. La causal consignada en todos los casos es idéntica, cese laboral (por despido o renuncia), pero ningún registro indica la fecha exacta de finalización de la relación laboral, dato que la ley exige para verificar si el trabajador aún tenía derecho a votar. La normativa vigente protege la afiliación durante los 6 meses posteriores al despido o renuncia, lo que significa que un trabajador desvinculado sigue habilitado para sufragar en ese período.
Además, la documentación del padrón se interrumpe el 24 de agosto pasado. Los cambios posteriores a esa fecha carecen de respaldo documental verificable en la causa.
El padrón de la UTA comprende 494 mesas y 61.664 electores, con un promedio de 125 votantes por mesa. El problema es la distribución: 11 mesas superan los 600 electores, con picos de 1067, 1037 y 1000. El Código Electoral Nacional fija un máximo de 350 electores por mesa para los comicios políticos generales.
En el extremo opuesto, 4 mesas tienen un único elector empadronado y otras 11 no llegan a 4. La Cámara advirtió que esa configuración compromete el secreto del voto: en una mesa con un solo votante, el escrutinio revela inevitablemente el sentido de su sufragio.
También se detectaron mesas ubicadas en lugares que no figuraban en la convocatoria original, un problema que también fue denunciado de forma coincidente por otras dos de las nóminas opositoras a Fernández.
La Resolución 25/26 de la Junta Electoral, del 24 de septiembre, aprobó, mandó imprimir y ordenó distribuir las boletas, según afirma el fallo, pero el documento contiene un error que el tribunal consideró al menos revelador: consigna que las boletas se usarán en “los comicios previstos para el 7 y 8 de diciembre de 2026”, fecha que no corresponde a ninguna convocatoria vigente.
Más allá del error de fecha, la resolución reconoce que el modelo de las boletas “de todas las listas” fue confeccionado por la propia Junta Electoral y enviado a imprenta sin que cada agrupación diera su conformidad previa sobre su propio material electoral.
La misma resolución admite que sólo la lista oficialista quedó “oficializada en su totalidad”, mientras que la oficialización de las tres restantes “contiene excepciones de algunas Juntas Seccionales Locales”.
Según los camaristas, el documento denominado “Revisión de Reclamaciones”, del 22 de septiembre, reveló otro conjunto de problemas. La Junta Electoral admitió más de 500 incorporaciones al padrón solicitadas por la Lista Celeste y Blanca, del oficialismo, sobre la base de documentación que no fue exhibida a las demás agrupaciones ni sometida a ningún procedimiento de impugnación en sede electoral.
Al mismo tiempo, se dispusieron “más de 1.000 exclusiones adicionales”, todas sin la audiencia previa que el estatuto de la UTA impone para las tachas.
La Cámara de Apelaciones del Trabajo descartó explícitamente dos alternativas más drásticas: anular todo el proceso y reemplazar a la Junta Electoral por delegados designados por la Justicia. La primera opción habría cancelado candidaturas ya oficializadas; la segunda habría afectado la autonomía sindical. La Lista Marrón había pedido expresamente que no se anulara el proceso ni se perdieran las candidaturas ya aprobadas.
La solución adoptada es lo que el fallo denomina una “retrogradación parcial”: volver al estadio de presentación de listas y avales, con reapertura de ese período, pero manteniendo vigente la convocatoria del 14 de julio, la constitución de la Junta Electoral Central y todos los actos anteriores que no estuvieron viciados.
La Corte Suprema había descalificado en el pasado pronunciamientos que, en materia electoral sindical, dispusieron soluciones más gravosas que las peticionadas por las partes. El tribunal citó ese antecedente para justificar los límites de su intervención.
En su sentencia, los jueces establecieron una hoja de ruta detallada. La Junta Electoral tiene 3 días para depositar en la Cámara el padrón completo de electores activos y pasivos, con la totalidad de las altas y bajas y su documentación respaldatoria.
Desde ese depósito, se abre un período de 10 días hábiles para la presentación de listas. Las agrupaciones pueden reformular sus candidaturas o reiterar las anteriores. La oficialización definitiva de todas las listas deberá quedar resuelta a más tardar el 30 de octubre próximo.
Según establece el fallo, las mesas definitivas deben quedar designadas antes del 1° de diciembre, con un máximo de 600 electores cada una. Las boletas deben estar en poder de la Junta Electoral con al menos 10 días de anticipación a los comicios. El escrutinio y la proclamación deben concluir antes del 29 de diciembre, para permitir la entrega de cargos antes del vencimiento de los mandatos, el 3 de enero de 2027.
La Cámara incluso fijó reglas vinculantes para que el organismo electoral no pueda repetir las mismas irregularidades. Cada baja del padrón debe consignar la causa y la fecha exacta de extinción del vínculo. Ningún trabajador puede ser excluido si está dentro del período semestral de protección de su afiliación. Toda alta debe tener documentación respaldatoria exhibida a todas las agrupaciones. Y ninguna tacha puede resolverse sin audiencia previa del afiliado.
Además, las mesas de votación sólo pueden instalarse en los lugares que figuran en la convocatoria original. Ninguna puede superar los 600 electores. Los establecimientos con pocos trabajadores deben incorporarse a la mesa más próxima del mismo lugar de votación para preservar el secreto del sufragio.
La Cámara designó al abogado Matías Cremonte como veedor judicial, cuyas facultades incluyen presenciar todas las sesiones de la Junta Electoral —que deberá notificarle cada reunión con anticipación—, acceder de manera irrestricta a todos los registros y bases de datos, obtener copias de cualquier documento, presenciar el acto de votación y el escrutinio, y requerir el auxilio de la fuerza pública si alguien obstaculiza su tarea. También puede proponer la integración de un cuerpo de auxiliares para el despliegue territorial de la fiscalización.
Maximiliano Escriba
POLITICA
De “el populismo en la Argentina terminó” a “no hay inversión ni empleo”: los fuertes cruces por el rumbo de la economía
El rumbo de la economía abrió este miércoles por la noche un fuerte debate en A Dos Voces (TN), donde Gabriel Rubinstein, Federico Domínguez, Agustín Salvia y el diputado nacional Joaquín Ojeda expusieron diagnósticos contrapuestos sobre la actividad, el empleo, la pobreza y las perspectivas del Gobierno.
Mientras Domínguez defendió que “el populismo en Argentina terminó” y destacó indicadores positivos, Salvia advirtió que “no hay inversión y no generás empleo”. Rubinstein cuestionó el nivel del dólar y Ojeda sostuvo que los problemas coyunturales no invalidan el camino elegido.
Federico Domínguez hizo una fuerte defensa del programa económico del Gobierno y sostuvo que la Argentina ya dejó atrás el ciclo político y económico anterior.
“Yo creo que el populismo en Argentina terminó el 10 de diciembre de 2023, cuando terminó la nefasta gestión económica de Sergio Massa y el gobierno más inmoral de la historia, que fue el de Alberto Fernández”, afirmó.
El analista económico sostuvo que, pese a las dificultades, la actividad muestra señales de crecimiento.
Domínguez destacó además el superávit fiscal, las exportaciones y la eliminación de controles de precios.
Y vinculó directamente el futuro económico con el escenario electoral: “Si Milei es reelecto, no tengo dudas de que vas a tener un crecimiento económico muy alto porque dejás atrás definitivamente el populismo”.
El economista Gabriel Rubinstein planteó un diagnóstico muy diferente. Aseguró que la actividad está rindiendo por debajo de las expectativas y mencionó incluso la posibilidad de que la economía entre en recesión.
“Yo creo que algunas noticias negativas, como el tema de la actividad económica, que viene mucho peor de lo que se pensaba, de lo que pensaban los gobiernos, de lo que pensaban las consultoras. Hubo una revisión hacia abajo de todo. Algunos hasta discuten que puede haber recesión”, sostuvo.
El economista puso especialmente el foco en la industria. “Nosotros, por ahí, decimos: bueno, va a crecer 1,4% la economía. Pero vos ves una muy fuerte caída del sector industrial. El 95% de la industria está peor que hace cuatro años y cayendo 11% en promedio, con sectores que cayeron 30%, 40%”, afirmó.
Rubinstein cuestionó que, pese al crecimiento de actividades como Vaca Muerta, la economía no consiga expandirse con más fuerza.
“Vos tenés grandes sectores de la economía argentina, como la industria, como la construcción, y todo lo que implica que les va mal. Entonces vos decís: ¿cómo puede ser que, con algo nuevo, con todo el descubrimiento de Vaca Muerta, que ha sido en la práctica una especie de política de Estado, con todo eso nuevo que debería estar traccionando muy fuerte la economía, por qué no crecemos al 5%, 6%?”, planteó.
Para Rubinstein, uno de los problemas centrales es el nivel del tipo de cambio. “Personalmente, estimo, analizando la situación, que uno de los grandes problemas es que tenemos un dólar bajo”, sostuvo.
El economista consideró que el tipo de cambio debería “ajustarse” y explicó que, para lograr una mejora real, sería necesaria una corrección nominal mayor por el traslado a precios.
“Vos tenés que pensar que si devaluás para un 20% de aumento del tipo de cambio real, tenés que devaluar 50%, porque 20% te va a ir a precios”, afirmó.
Domínguez respondió con una advertencia directa: “Vos querés dólar alto, pero eso te va a aumentar la pobreza y te va a generar inestabilidad”.
Rubinstein rechazó esa conclusión. “No te va a aumentar la pobreza porque, si vos lo hacés bien, si hacés los cálculos y hacés tu Excel como corresponde y trabajás como corresponde, te vas a dar cuenta de que, en condiciones de capacidad ociosa, como tiene la Argentina, en esas condiciones una devaluación real es exitosa”, contestó.
Luego llevó el debate al terreno político. “Si vos pensás que Argentina tiene un dólar alto, como dice Milei, estamos en un problema que, no sé, en principio no se va a solucionar. Entonces, vas a llegar a las elecciones con la economía lánguida y aumentando el riesgo de reversión, que es el riesgo de que vengan cosas más populistas”, señaló.
Y agregó: “La propia política del Gobierno está acrecentando ese riesgo”.
Domínguez, en cambio, sostuvo que parte de la evolución del riesgo país responde justamente a la incertidumbre sobre la continuidad del programa.
“Cuanto mayor sea la percepción del mercado de que a Milei le puede costar reelegir, eso te va a llevar a un mayor nivel de riesgo país”, afirmó.
De todos modos, relativizó el deterioro reciente: “Hay que poner en contexto: subió de 400 a 600 y veníamos de 2.500”.
Salvia alertó por el empleo y Ojeda defendió las reformas del Gobierno
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, llevó la discusión hacia el impacto social del programa y sostuvo que el principal problema ya no pasa únicamente por la inflación, sino por la falta de inversión y generación de empleo.
“Devaluar siempre produce, mucho más en Argentina, cuando no manejás las variables político-económicas, un efecto de empobrecimiento. No estás devaluando y, de todas maneras, la pobreza está creciendo”, afirmó.
Según Salvia, la explicación está en el comportamiento de la actividad y del mercado laboral.
“Pero, fundamentalmente, porque no hay inversión y no generás empleo. No estás generando un crecimiento”, sostuvo.
El especialista reconoció el descenso de la inflación como uno de los logros de la política económica, aunque advirtió que eso no alcanza para mejorar las condiciones de vida.
“Así como la política económica logró bajar la inflación al 2%, desde el 12% que estaba en el gobierno anterior mensual, es un éxito. Pero la contracara es esto: tenemos que convivir así, porque la gente no come ni el índice de precios ni su prioridad fiscal”, planteó.
Salvia sostuvo que durante 2025 hubo una recuperación del consumo que no consiguió consolidarse y señaló que posteriormente se profundizaron los problemas laborales.
“No generó inversión y no generó empleo. Por el contrario, comenzó un proceso de pérdida de empleos que ha generado más informalidad laboral, más precariedad laboral”, explicó.
Joaquín Ojeda, diputado nacional de La Libertad Avanza, defendió la estrategia oficial y sostuvo que las dificultades de corto plazo no implican un fracaso del programa.
“Se ha progresado muchísimo. Por supuesto que el camino es largo y no siempre va a salir todo bien, todo el tiempo, pero la situación es que, en realidad, ya se progresó muchísimo y se sigue en el camino de progreso”, sostuvo.
El legislador afirmó que un mal resultado puntual no debería utilizarse para cuestionar el rumbo general.
“Un día puede salir algo más o menos bien o más o menos mal. De ninguna manera es una impugnación sobre el camino elegido”, señaló.
Ojeda también rechazó que la competitividad deba buscarse mediante una modificación del tipo de cambio y puso el foco en las reformas estructurales.
Javier Milei reiteró en la Argentina Week París: “Si reelegimos, 2028 será el mejor año económico de la historia”
States leading nation on the biggest education battles gripping classrooms revealed in first-ever report
Una provincia anunció que les pagará un bono de $2.400.000 a sus empleados estatales
Cami Homs sorprendió al hablar de la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “No quiero nada más que eso…”
De entrevistar artistas a vivir con ellos: la historia de la nicaragüense Marlen Morales y el circo Marinelli Bros
La Justicia postergó hasta diciembre los comicios en la UTA por “impedimentos, anomalías y déficits” en el proceso electoral
El obispo de San Justo alertó que la asistencia alimentaria volvió a niveles de pandemia
Iran ‘miscalculating’ by betting on midterms after 3-hour talks, Trump officials warn
UK police arrest ‘explosive’ suspects near US airbase, key to Iran war
