POLITICA
Crece la tensión en el Gobierno ante versiones sobre la continuidad de Adorni y se activa un operativo de contención en el Senado
La actuación histórica de Lionel Messi en el debut mundialista de la Selección Argentina trajo algo de aire al Gobierno en términos mediáticos, pero esto podría ser temporal. Es que esta mañana comenzaron a circular fuertes versiones respecto de la continuidad de Manuel Adorni, sobre quien se posa una fuerte presión de la oposición (y de actores propios del oficialismo) para que dé un paso al costado. Por lo que pudo saber Infobae, el jefe de Gabinete no evaluó renunciar por estas horas y tampoco lo tiene en el horizonte de posibilidades.
En esta última semana se configuró una suerte de esquema informal compuesto por la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; con el objetivo de frenar la avanzada que la oposición dialoguista impulsa en ambas cámaras del Congreso en referencia a la situación de Manuel Adorni.
Una figura de la Casa Rosada los denomina “el Grupo de los 5″, que tienen encomendado por la cúpula libertaria el objetivo de postergar cualquier tipo de pedido de interpelación o de tratamiento de moción de censura por estas semanas. Al menos hasta el 2 de julio, cuando se prevé que Adorni vaya a brindar su Informe de Gestión al Senado.
“Estuvieron hablando mucho este martes, pero hace tiempo que vienen repartiéndose tareas para poder frenar la embestida”, afirma una persona cercana a los referentes oficialistas.
Pese a que entienden que tienen más posibilidades de retardar una interpelación en el corto plazo, creen que habrá más insistencia en la medida que el tema de Adorni siga en la agenda mediática. No son muy optimistas sobre lo que vaya a pasar en las próximas semanas por varios factores. Uno de ellos es que el Gobierno está imposibilitado de anunciar medidas porque se empastan con la cuestión que involucra a Adorni. “Nada le gana a la historia del pendrive. Nada es tan denso”, afirma una fuente palaciega.
Es por eso que, por estas horas, surgieron versiones en el Senado sobre un posible mensaje del oficialismo a los alfiles opositores, en relación a que el jefe de Gabinete podría dimitir esta semana.
Ante los rumores, una fuente inobjetable cercana a Adorni afirmó a Infobae que “no hay nada de cierto” en que el jefe de Gabinete esté evaluando dar un paso al costado. En ese sector del Gobierno se limitan a apuntar a Bullrich. “Quiere ser jefa de Gabinete antes de la elección. Es su naturaleza. A ella no le importa apuntar contra alguien protegido por el Presidente”, afirman.
La lectura de que “Pato” quiere ser jefa de Gabinete es vista con extrañeza por los mismos compañeros de bancada de la senadora. Y no precisamente por aquellos que responden a ella. “Jamás renunciaría. Jamás. Nadie siente más el teorema de Baglini que un senador”, afirma a Infobae un importante alfil parlamentario del bloque.
Minutos después de publicada una nota periodística en La Nación sobre conversaciones entre operadores del oficialismo y senadores de una posible salida de Adorni, fue el mismo funcionario quien publicó en X un anuncio sobre los profesionales de la salud que egresen de universidades nacionales tendrán la opción de gestionar su título y matrícula nacional en un único trámite. La gestualidad no es menor: si bien el anuncio es prácticamente irrelevante en materia de agenda pública, lo que importó es el timing de ese tuit, el cual da a entender que va a seguir haciendo anuncios pese a que, supuestamente, tiene los días contados.
La jefatura de Gabinete informó el martes por la noche al Senado que Adorni concurrirá a presentar su informe de gestión el 2 de julio. El primer objetivo del oficialismo es que fracase la sesión prevista para este jueves en la Cámara alta, cuya organización debía terminar de definirse en la reunión de labor parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien describen como crítica de Adorni.
Resulta novedosa la inclusión directa de Devitt como interlocutor directo de ciertos diputados y senadores con los que tiene línea directa. Lo ven como “un elemento clave del esquema de Adorni” y su voz en ese grupo para determinar qué está dispuesto a hacer para las próximas semanas.
Por lo pronto, la presión de los operadores libertarios se apoya en un argumento central: nunca se removió a un jefe de Gabinete por el Congreso desde la reforma constitucional de 1994. En Balcarce 50 repiten ante aliados que si avanzan con ese pedido sería un simbolismo muy fuerte en términos de “gestualidad institucional”.
Los primos riojanos Menem son los principales discípulos de la secretaria general Karina Milei. También se indicó que Bullrich es la principal detractora interna de Adorni, aunque no tiene intención de sumarse a la estrategia opositora.
La ofensiva en el Senado está impulsada por el kirchnerismo. En la bancada opositora afirmaron: “A ver cuántos se animan a levantar la mano para ratificarlo en el cargo, más allá de los 21 libertarios”.
Para la Casa Rosada, el eje de la negociación está puesto en Pro y en los senadores vinculados a gobernadores, en especial radicales, que suelen acompañar proyectos oficiales, entre ellos los que responden a Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés. Desde el inicio de la semana, los bloques aliados convocaron en el Senado una serie de reuniones para intentar fijar una postura común.
La avanzada opositora se profundizó después de que Adorni admitiera en una entrevista en LN+ que ocultó en sus declaraciones juradas ingresos por unos USD 500.000 que, según explicó, provenían de una inversión en bitcoins. En abril, ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete había afirmado que “nunca existió ocultación alguna” en la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción.
Ese es el hecho que desató el intento de interpelarlo y promover una moción de censura. La respuesta oficial consiste en remarcar que Adorni ya tiene fecha para rendir su informe de gestión y que, por protocolo, deberá responder preguntas por escrito enviadas por los senadores y enfrentar además cuestionamientos en una sesión especial.
En el Gobierno sostienen que la discusión con sus aliados se limita al caso Adorni y que no incluye reclamos por obras ni otras demandas provinciales. “Esto es político, no va por ahí”, resumió una fuente libertaria.
Socios del oficialismo como Pro y el radicalismo enfrentan una disyuntiva: no quieren alinearse con el kirchnerismo, al que acusan de “hipocresía” por cuestionar a un funcionario por corrupción mientras, sostienen, Cristina Kirchner está presa por ese delito, pero tampoco quieren aparecer ante la opinión pública como defensores de Adorni.
En esos espacios se analiza una salida intermedia: evitar asistir a la sesión del jueves para no facilitar el quórum. El oficialismo considera que esa es la posición más cómoda para sus aliados, aunque no descarta otras maniobras parlamentarias.
Si logra bloquear la ofensiva en la Cámara alta, el Gobierno todavía deberá enfrentar en Diputados un pedido de interpelación y moción de censura contra Adorni. En ese caso, la iniciativa no fue impulsada solo por el kirchnerismo, sino también por un conjunto más amplio de bancadas opositoras. Esos bloques solicitaron una sesión para el próximo 23 de junio con el fin de girar ambos planteos a comisión, aprobarlos y luego llevarlos al recinto, donde alcanzaría con mayoría simple.
POLITICA
Fuerte debate en la CGT: hay consenso para iniciar medidas de fuerza sectoriales, pero no un paro general en forma inminente
La CGT inició este miércoles el camino hacia un nuevo plan de lucha contra el Gobierno, que incluiría paros sectoriales y escalonados, además de asambleas y movilizaciones callejeras, pero no hay consenso para concretar la quinta huelga general contra Javier Milei.
“Por ahora no están dadas las condiciones para otro paro general”, resaltó un jefe gremial tras una reunión del triunvirato cegetista con las confederaciones sindicales de la industria, el transporte, la alimentación, la energía y las comunicaciones realizado en la sede de la CGT, en Azopardo 802.
En el encuentro, la postura más extrema fue llevar adelante un paro por tiempo indeterminado, planteada por el titular de La Fraternidad, Omar Maturano, aunque esa posibilidad no tuvo mucho consenso entre sus pares.
Sí, en cambio, hubo un acuerdo casi mayoritario en instrumentar una modalidad de protestas por sectores, que se vayan alternando en cada actividad y en su modalidad (asambleas, paros y movilizaciones), con la idea incluso de sumar a otros sectores de la sociedad que están castigados por el actual plan económico.
Esa variante que se analizó, anticipada por Infobae, está inspirada en el plan de lucha que se instrumentó en Francia para protestar contra la reforma jubilatoria impulsada por Emmanuel Macron en 2023.
Noticia en desarrollo
Un año después de la condena firme a Cristina Fernández de Kirchner todavía escuchamos el mismo argumento: la condenaron por defender a los pobres. La condenaron por ampliar derechos. La condenaron por enfrentarse a los poderes económicos. La condenaron por representar un proyecto político popular.
Aun sin compartir la base de la premisa, la pregunta es inevitable.
Si eso fuera cierto, ¿por qué la sentencia habla de licitaciones y no de asignaciones universales? ¿Por qué habla de contratos de obra pública y no de jubilaciones? ¿Por qué habla de direccionamiento de fondos, sobreprecios y administración fraudulenta, y no de derechos humanos, universidades o políticas sociales?
La respuesta es simple: porque Cristina Kirchner no fue condenada por sus ideas.
Fue condenada por hechos. Y esa diferencia importa.
Porque cuando se afirma que la condenaron por defender a los pobres, lo que en realidad se está diciendo es algo mucho más grave: que las políticas sociales otorgan una especie de inmunidad moral frente a la corrupción.
Como si un gobierno pudiera apropiarse de recursos públicos siempre que al mismo tiempo impulsara medidas que una parte de la sociedad considera valiosas.
Como si la Justicia debiera evaluar simpatías ideológicas antes que conductas.
Como si los delitos dejaran de ser delitos cuando los comete alguien que piensa como nosotros.
La sentencia de la Corte Suprema no evaluó un modelo económico. Tampoco juzgó una identidad política. Lo que hizo fue confirmar, después de años de investigación y revisión judicial, que existió una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Los hechos están ampliamente documentados: transferencias discrecionales de fondos públicos, adjudicaciones e irregularidades contractuales, sobreprecios, obras inconclusas y una estructura de beneficios direccionados. Todo ello fue analizado por distintos jueces y tribunales que arribaron a la misma conclusión.
Por eso resulta llamativo que algunos sigan discutiendo las motivaciones de los jueces en lugar de discutir las pruebas.
Hay, entonces, que actualizar alguna información:
1. El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación por unanimidad dictó la sentencia condenando a Cristina Fernández de Kirchner y otros por delitos contra la administración pública (delitos de corrupción). Una semana después se dispuso su detención domiciliaria por tener más de 70 años.
2. El inicio de la investigación tuvo lugar después de la presentación de una denuncia basada en un informe de auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad en 2016. Existían denuncias previas que no habían encontrado un sustento probatorio suficiente o bien, la decisión política de los jueces había sido cajonearlas.
3. Para llegar a ese fallo, existieron múltiples instancias previas y la intervención de muchos magistrados, jueces y fiscales que siempre arribaron a la misma conclusión: la responsabilidad penal de CFK y otros en perjuicio del estado. El juez Ercolini dictó el procesamiento y el juicio oral y público se inició en el 2019. La sentencia del Tribunal Oral Federal 2 es de diciembre 2022, condenando a 6 años de prisión por administración fraudulenta. La sala IV de la Cámara de Casación Penal ratificó la condena con más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en noviembre de 2024. Presentado un recurso extraordinario ante la Corte, el máximo tribunal dictó sentencia definitiva hace un año.
4. El delito es haber causado un perjuicio deliberado y probado a la administración pública del que participaron una decena de personas. Se impuso además el decomiso de los bienes por el valor de $ 684.990.350.139,56. (Si, casi Seiscientos ochenta y cinco mil millones de pesos, aproximadamente 500 millones de dólares). Se estableció la responsabilidad solidaria de todos los condenados y la ejecución de 111 inmuebles y activos financieros.
5. Pruebas encontradas: Decretos del Poder Ejecutivo para transferir fondos de manera discrecional a la Provincia de Santa Cruz desde donde se direccionaban a las empresas de Lázaro Báez. 80% de las obras fueron adjudicadas a las empresas del grupo Báez. Irregularidades en los contratos. Sobreprecios. Obras pagadas sin terminar. Prórrogas injustificadas.
6. Más pruebas: Vínculos comerciales y personales entre la Familia Kirchner y Lázaro Báez. El devenido empresario era un funcionario de banco hasta mayo de 2003 cuando, al llegar Néstor Kirchner al Gobierno forma una empresa constructora (sin tener antecedentes), Austral Construcciones, desde la cual y con maniobras ilegales fue adquiriendo otras empresas para armar competencia simulada e influir sobre los precios de las licitaciones.
7. Otra prueba: El mensaje ordenando “limpiar todo: paralizar obras, despedir personal, pagar saldos”. Con el cambio de gobierno y el inicio de las investigaciones, se abandonaron las obras y se vaciaron las empresas dejando deudas, trabajadores en la calle y contratos sin cumplir.
8. El decomiso de bienes incluye inmuebles de miles de hectáreas, hoteles, departamentos y varios millones de dólares depositados a nombre de Florencia Kirchner por cesión de su madre. Nunca esa fortuna pudo haber tenido un origen legal.
9. El artículo 36 de la Constitución Nacional establece un alto rango de sanción para la corrupción, asimilando el delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento, con los golpes de estado, y le impone siempre como pena accesoria la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos.
10. Todos los tribunales intervinientes rechazaron los argumentos políticos de la defensa, que nunca pudo probar inocencia, descartando lawfare, persecución política o proscripción.
El juzgamiento no ha recaído sobre las políticas de su gobierno, sino sobre el uso de los recursos públicos durante 12 años para enriquecimiento personal y, en este caso (que no es el único) del amigo Lázaro Báez ( sobre quien guardo mi profunda convicción de su condición de testaferro de la fortuna familiar de los Kirchner).
Aparece entonces una cuestión más profunda.
Durante demasiado tiempo en la Argentina se instaló la idea de que la corrupción era una preocupación secundaria frente a los grandes objetivos políticos. Que primero había que preguntarse quién gobernaba y recién después cómo gobernaba.
Esa lógica terminó produciendo una peligrosa tolerancia social.
Muchos argentinos llegaron a convencerse de que podían mirar para otro lado frente a la corrupción siempre que compartieran las banderas del gobierno de turno. Una afirmación que se instaló con tanta firmeza que aún condiciona hoy la valoración social sobre el gobierno actual.
Los derechos sociales y la corrupción no son conceptos compatibles. Como no lo es la baja de la inflación o el equilibrio fiscal.
La corrupción desvía recursos que deberían destinarse precisamente a esos derechos que se dice defender. Menos hospitales. Menos escuelas. Menos rutas. Menos viviendas. Menos oportunidades.
Por eso la verdadera contradicción no está entre justicia social y condena judicial.
La verdadera contradicción está entre invocar a los sectores más vulnerables mientras se tolera que una parte de los recursos públicos termine beneficiando a grupos privilegiados cercanos al poder. O al poder mismo.
Un año después de la condena, con todos los elementos sobre la mesa, la discusión ya no es jurídica. La Justicia habló. La discusión es moral y política.
¿Estamos dispuestos a aceptar que la corrupción debe ser condenada aun cuando el corrupto defienda las causas que compartimos? Tal vez sea el desafío más complejo de nuestra democracia.
Margarita Stolbizer,LA NACION,Política
POLITICA
El Gobierno redefine su estrategia electoral por el caso Adorni y Patricia Bullrich gana terreno en el armado con miras a 2027
El Gobierno redefine su estrategia electoral por el impacto del caso Manuel Adorni y Patricia Bullrich gana terreno como posible candidata a vicepresidenta de Javier Milei en 2027. En la Casa Rosada reconocen que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado logró sentarse en la mesa chica del oficialismo y aumentar su poder de negociación en medio de las tensiones internas, la presión legislativa y la necesidad de sostener las reformas en el Congreso.
“Vamos a tener que arreglar con Patricia. Internamente todos lo saben”, expresan en Nación. La frase resume un cambio de clima dentro del oficialismo: la senadora pasó de ser un factor incómodo para el karinismo a convertirse en una dirigente difícil de excluir del diseño electoral. En Balcarce 50 admiten que Bullrich acumuló autonomía, volumen público y capacidad para condicionar la agenda parlamentaria, sobre todo después de sus diferencias con el Gobierno por el caso Adorni y por el pliego de María Verónica Michelli.
En el Ejecutivo reconocen que la idea inicial de Karina Milei era que la senadora neuquina Nadia Márquez pudiera integrar la fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta el año que viene. Ese plan perdió fuerza en medio del nuevo escenario político. En la Casa Rosada admiten ahora que Bullrich volvió a aparecer como una opción que algunos sectores ven con buenos ojos para acompañar a Milei en la boleta nacional.
El cambio también impacta en la estrategia porteña. Hasta hace pocos días, en el entorno de Karina Milei insistían con que Bullrich debía competir por la Ciudad de Buenos Aires para ordenar su rol dentro del oficialismo y despejar cualquier expectativa de candidatura nacional. Esa idea ahora pierde fuerza. En algunos despachos incluso contemplan la posibilidad de reabrir una negociación con el PRO en la Ciudad, una alternativa que hasta ahora era resistida por el armado karinista.
La discusión tiene una consecuencia directa sobre Pilar Ramírez. Si Bullrich finalmente integra la fórmula presidencial y deja su banca en el Senado, la legisladora porteña asumiría como senadora suplente. En Balcarce 50 remarcan que Ramírez es la principal armadora de Karina Milei en la Ciudad, pero en distintos sectores del oficialismo reconocen que no creen que tenga todavía un nivel de conocimiento público suficiente como para encabezar una pelea por la Jefatura de Gobierno.
En paralelo, hay funcionarios que empujan el nombre de Martín Menem como eventual candidato a vicepresidente. La posibilidad aparece en conversaciones de la mesa política, pero incluso quienes la mencionan admiten que el plan para el presidente de la Cámara de Diputados es de largo plazo. “La apuesta de Karina es que Martín sea el sucesor de Milei”, advierten en sectores neutrales de la interna oficialista. Por eso, en ese espacio creen que exponerlo ahora en una fórmula podría no ser la jugada más conveniente.
La lógica de Bullrich es distinta. En su entorno reconocen que la senadora se posiciona como posible candidata presidencial si Milei no compite por la reelección. “Si no es él, va a estar ella”, agregan cerca de la exministra de Seguridad. Bajo esa lectura, sus últimos movimientos buscan sostener una doble condición: permanecer dentro del oficialismo, pero despegarse de los costos más altos de la gestión cuando considera que pueden afectar su capital político.
Leé también: En medio de la crisis por Adorni, Milei se mostrará con Karina y Caputo en el acto por el Día de la Bandera
Esa estrategia se vio en dos episodios recientes. Bullrich tomó distancia de Adorni después de sus explicaciones patrimoniales, al hablar de una “omisión ética”, y también marcó una diferencia con el Gobierno en la votación del pliego de Michelli. En la Casa Rosada lo leyeron como un gesto de autonomía que incomodó a Karina Milei, pero también como una señal de que la senadora no está dispuesta a quedar pegada a decisiones que puedan erosionar su proyección hacia 2027.
El caso Adorni aceleró ese reordenamiento. En el Gobierno reconocen que atraviesan un momento de debilidad frente a aliados y gobernadores. Las explicaciones del jefe de Gabinete, la falta de respaldo público del Gabinete y el silencio de buena parte de la estructura digital libertaria complicaron la defensa política del ministro coordinador y dejaron a la Casa Rosada con menos margen para imponer condiciones en las negociaciones electorales.
Milei, de todos modos, mantiene la decisión de sostener a Adorni. En el Ejecutivo aseguran que el jefe de Gabinete volverá a mostrarse públicamente con el Presidente este sábado en Rosario, durante el acto por el Día de la Bandera. La foto será leída como una nueva señal de respaldo institucional, aunque en Balcarce 50 todavía admiten dudas internas sobre la conveniencia de exponerlo en un acto público después de semanas de desgaste.
La Casa Rosada también prepara una “contraofensiva” para el informe de gestión que Adorni debe presentar el 2 de julio en el Senado. La intención es que el jefe de Gabinete llegue a esa instancia con una estrategia más ordenada, responda cuestionamientos y busque revertir parte del impacto político de sus declaraciones. En el Gobierno creen que la presentación puede servir para desactivar la presión opositora, aunque admiten que dependerá del clima parlamentario y de la postura de los aliados.
El plan que sí sigue en pie es el de Diego Santilli como candidato a gobernador bonaerense. En la Casa Rosada lo consideran la opción más consolidada para competir en la provincia de Buenos Aires si no hay sorpresas en los próximos meses. Santilli, además, quedó al frente de una agenda clave para el oficialismo: negociar con gobernadores, ordenar reclamos de gestión y sostener los votos necesarios para avanzar con la reforma electoral y otros proyectos.
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La negociación con mandatarios provinciales será central para sostener el programa legislativo hasta marzo. El Gobierno busca acuerdos de competencia y gobernabilidad con gobernadores dialoguistas, más allá de si finalmente comparten boleta con La Libertad Avanza o compiten por separado en sus distritos. En Balcarce 50 necesitan votos para el Súper RIGI, la ley de lobby, la reforma electoral, cambios en Inocencia Fiscal, desregulación y una promesa de discusión tributaria para aplicar en 2028.
En ese tablero, Bullrich aparece como una pieza cada vez más difícil de ordenar. Para el karinismo, su eventual candidatura porteña permitía contenerla territorialmente y dejar libre la discusión por la vicepresidencia. Pero la crisis de Adorni, la tensión con aliados y la necesidad de mostrar unidad la devolvieron al centro del esquema nacional.
La redefinición electoral todavía está abierta, pero el diagnóstico interno cambió. El Gobierno admite que el caso Adorni alteró los planes originales, fortaleció la capacidad de negociación de Bullrich y obligó a revisar la estrategia en la Ciudad, la fórmula presidencial y los acuerdos con gobernadores. En la Casa Rosada intentan sostener la idea de control político, pero en los hechos el armado de 2027 empezó a ordenarse bajo una premisa menos cómoda para el oficialismo.
Gobierno, Manuel Adorni, Patricia Bullrich
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