POLITICA
Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula da Silva para presentar un reclamo ante la ONU por su condena en la causa Vialidad

La expresidenta Cristina Kirchner anunció que contrató a Rafael Valim para presentar un reclamo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su condena en la causa Vialidad, por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. Se trata de uno de los abogados que defendió en la causa Lava Jato al actual mandatario de Brasil Lula da Silva.
La expresidenta cumple en prisión domiciliaria en su departamento de Constitución una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La exmandataria hizo el anuncio en una columna que publicó en medios internacionales, entre ellos El País de España, con el título: “Yo Cristina, en defensa de los derechos fundamentales y de la democracia”.
Cristina Kirchner redobló las críticas contra la Justicia: “La democracia no se agota en la celebración periódica de elecciones. Depende, ante todo, de la existencia de instituciones capaces de garantizar que la voluntad popular pueda expresarse libremente. Entre esas instituciones, ninguna desempeña un papel más decisivo que el poder judicial. Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”.
La expresidenta dijo que es “víctima de violaciones de derechos humanos”, que consideró que “revelan un problema institucional que debe ser enfrentado”. “A lo largo de los últimos años, he sido sometida a un proceso marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal y por un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino».
Además mencionó el atentado del 1° de septiembre de 2022, frente a su departamento en Recoleta, mientras era vicepresidenta de Alberto Fernández, y definió al ataque como “un episodio de extrema gravedad” que puso en riesgo su vida y que “evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”.
Con duras críticas a la Justicia, Cristina Kirchner volvió a hablar de “persecución y proscripción” por la condena por Vialidad
Cristina Kirchner volvió a hablar de “persecución y proscripción” por la condena por Vialidad: “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la presidencia de la nación argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos. Cuando esto ocurre, la violación deja de afectar únicamente a quien ocupa el banquillo de los acusados. Alcanza el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes”.
La exmandataria habló de “proscripción perpetua de un dirigente político mediante el uso abusivo del sistema de justicia», que calificó como “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”: “No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”.
La expresidenta habló de una transformación del derecho “en un instrumento para eliminar adversarios políticos» que tiene como resultado “el debilitamiento de la confianza pública en las instituciones y el deterioro progresivo de las democracias constitucionales”.
Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula da Silva para presentar un reclamo ante la ONU por su condena en la causa Vialidad
Cristina Kirchner contrató al abogado del presidente de Brasil para presentar un reclamo ante la ONU por su condena en la causa Vialidad: “Para conducir esta etapa internacional de mi defensa, convoqué a dos juristas extranjeros de reconocida autoridad: Rafael Valim, prestigioso jurista brasileño con destacada actuación ante tribunales internacionales, y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La participación de ambos expresa la convicción de que el debate jurídico debe ser elevado al plano de los estándares universales de protección de la dignidad humana”.
La exmandataria dijo que hizo “una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, en rechazo a la condena por la causa Vialidad: “Se trata de someter al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento, a fin de verificar si fueron respetadas las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado libremente ratificado por la Argentina”.
Cristina Kirchner volvió a declararse inocente: “Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de derecho pone a disposición de los ciudadanos. Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para decidir el destino de la política”.
La expresidenta dijo que no busca “privilegios ni excepciones”: “Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino. Defender las garantías fundamentales nunca es un acto individual. Es defender el derecho de toda una sociedad a permanecer verdaderamente libre”.
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POLITICA
El Gobierno autorizó una licitación por $7638 millones para obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia

El Gobierno autorizó este martes una licitación pública por $7638 millones para realizar obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia, Tierra del Fuego, anunciadas en septiembre en medio de la tensión con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Defensa mediante la Resolución 733/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La construcción, que contempla galpones modulares y obras complementarias, tendrá un presupuesto oficial de $7.638.061.962 y un plazo de ejecución de 548 días corridos. La contratación se realizará bajo el sistema de ajuste alzado, una modalidad en la que se establece un precio global para la ejecución de los trabajos de acuerdo con las condiciones del contrato.
La resolución, firmada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, autoriza el llamado a la Licitación Pública Nacional y encomienda a la Unidad Operativa de Contrataciones de la Armada Argentina la realización de los trámites necesarios para convocar a las empresas interesadas a través del sistema electrónico CONTRAT.AR.
Según los fundamentos de la medida, la iniciativa fue impulsada por la Dirección General del Material de la Armada y cuenta con intervención de las áreas de proyectos, inversión pública y administración financiera de la fuerza.
El gasto está vinculado al Proyecto N°12, registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública con el número 100.426, denominado “Construcción de un muelle, infraestructuras conexas y adquisición de maquinarias y equipos en punta oriental de la península de Ushuaia”.
La Armada dejó constancia de que cuenta con crédito presupuestario para iniciar el procedimiento durante este año. A su vez, la resolución señala que se encontraba en proceso de incorporación al proyecto de Presupuesto 2027 la autorización para afrontar los gastos de inversión correspondientes a los ejercicios 2027, 2028 y 2029.
La norma establece además que la Dirección General del Material de la Armada estará a cargo de la dirección de obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura de la Armada deberá controlar la inspección técnica de los trabajos.
La resolución no establece una fecha concreta para la apertura de las ofertas. Prevista para finalizar en 2029, el costo total de la obra ascendería a US$500 millones.
La primera etapa comenzará a principios de 2027 y, según definieron fuentes oficiales a , “en 18 meses esté construido el 40% del muelle, con servicios como para estar, en una primera etapa, en capacidad de recibir en los primeros 240 metros de muelle las lanchas de la División de Patrullado Austral que son orgánicas del Área Naval Austral y que hoy amarran en el muelle auxiliar, frente a la Base Naval en el centro de la ciudad”.
Con el avance del proyecto se realizará un edificio de servicios marítimos que dará suministros a la operatividad del muelle, y la urbanización del predio, que prevé llevar todos los servicios (agua, luz, gas, conectividad) hacia una zona que hoy no los tiene.
Estancamiento
Pensada como un centro logístico en la península de la capital fueguina para dar apoyo a programas antárticos -buques científicos, comerciales y militares que operan hacia la Antártida-, la iniciativa comenzó a tomar forma pública durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se la asoció al desarrollo del Polo Logístico Antártico, una obra que arrancó en 2022.
Desde entonces, se estancó y no tuvo avances significativos. Si bien las tareas nunca se frenaron, la evolución de la construcción dependía de que el gobierno nacional amplíe los fondos destinados al proyecto.
En septiembre, el canciller Pablo Quirno anticipó que el presidente Javier Milei preparaba “una decisión administrativa” con el objetivo de reforzar las partidas del Ministerio de Defensa orientadas a la base integrada.
La construcción del centro operativo en Tierra del Fuego está a cargo de la empresa Tandanor, uno de los principales astilleros del país y referente en la región en materia de reparación y construcción de embarcaciones.
El Presidente retomó el proyecto de la base naval en el marco de la disputa por la explotación petrolera del yacimiento Sea Lion en Malvinas. Milei sostuvo en cadena nacional que la obra convertirá al país en “el polo logístico más importante del Atlántico Sur” y será “fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”.
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POLITICA
El pedido de EE.UU. para que disuelvan un comité clave por Malvinas en la ONU marca la primera diferencia diplomática entre Milei y Trump

El pedido de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas golpea de lleno el ámbito elegido por la Argentina desde 1988 para llevar adelante el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Durante estas casi cuatro décadas, la Argentina priorizó sostener el reclamo ante este comité y no plantear la discusión en el pleno de Asamblea General de la ONU por las negociaciones que se llevaron adelante con el Reino Unido al momento de retomar las relaciones bilaterales en 1990.
Los sucesivos gobiernos argentinos participaron sin titubeos ante cada reunión del Comité de Descolonización por entender que es el ámbito correcto para lograr que Londres acceda a sentarse a una mesa de conversación formal. Para la ONU hay 17 Territorios No Autónomos -no utiliza la palabra “ocupados”-, de los cuales 10 están administrados por el Reino Unido.
Es por eso que Londres no dudaría, como ya hizo en el pasado, en impulsar y acompañar cualquier proyecto que busque ponerle fin a un Comité que le es incómodo y esquivo. El propio canciller Pablo Quirno usó ese mismo escenario en junio de este año para denunciar la “militarización” británica y la “explotación unilateral de los recursos naturales” en el archipiélago.
El Comité se encuentra dentro de la Cuarta Comisión de la Asamblea General -una de las seis que existen en la ONU- y es donde se tratan los temas de Política Especial y de Descolonización. Estados Unidos pretende paralizar su funcionamiento mediante una férrea posición pública en contra del rol que realmente tiene el comité a la hora de resolver las disputas en esta materia.
Según el documento oficial de la ONU, la representante estadounidense, Tammy Bruce, pidió que se ponga fin al mandato del organismo al sostener que “sobrevivió a su propósito original” y consideró que algunas de sus actividades son “un despilfarro de recursos”. Según la funcionaria, el comité “actúa como si nada hubiera cambiado” y vuelve a examinar los mismos textos todos los años, aunque más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron a Naciones Unidas como Estados miembros.
La Argentina no acompañará este pedido y, con cautela por la cercanía ideológica y política que Javier Milei tiene con Trump, buscará tomar distancia de la posición norteamericana.
Hay expectativa de que en los próximos días, cuando reciba a Christopher Landau, el número dos de Marco Rubio en el Departamento de Estado, Quirno le transmita la disconformidad de la Argentina.
En concreto, según pudo relevar TN, es prácticamente imposible que el comité se disuelva. Es la Asamblea General la que no debe renovar el mandato anual y, para eso, Estados Unidos tendría que alcanzar una mayoría simple en contra.
En esta instancia no se puede aplicar el veto con el que cuentan los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y es una tradición histórica de países africanos y del Caribe sostener el Comité. A sabiendas de esta situación, Washington podría preferir criticarlo y buscar que quede sin margen de acción.
En ese contexto, la declaración de Estados Unidos es una reafirmación de las reiteradas críticas que Donald Trump viene lanzando sobre la burocracia del organismo y la falta de resultados ante los principales conflictos que vive el mundo en la actualidad.
La Casa Rosada le restó importancia al pedido de EE.UU. de disolver el comité de la ONU que trata el reclamo por Malvinas
La propuesta de la Casa Blanca expone una diferencia central con la Argentina, la primera importante en el ámbito de la ONU. Hasta ahora, las representaciones argentinas había acompañado cada una de las posiciones de los Estados Unidos ante las votaciones que se dieron desde la llegada de Trump.
Ante la consulta de este medio a distintos representantes diplomáticos, muchos coincidieron en que esta posición de la Casa Blanca viene a reafirmar la hipótesis de que Donald Trump está utilizando la amenaza sobre la neutralidad frente al conflicto por las Islas Malvinas como una carta de negociación con Londres.
Si bien hubo distintos gestos pequeños desde que el propio presidente norteamericano dijera en el Salón Oval que podría revisar la histórica posición de neutralidad de los Estados Unidos, la relación con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, pareció encauzarse tras el encuentro bilateral que mantuvieron en el marco de la Apertura de la Asamblea General de la ONU.
Sería también un error ver este pedido de disolución del Comité como un gesto de respaldo de Washington a Londres. Se enmarca en una visión mucho más general de la Casa Blanca sobre el rol de los organismos, una mirada que excede la situación de Malvinas.
La discusión sobre el rol del Comité de Descolonización llega en medio de la escalada con Londres por el proyecto petrolero Sea Lion. Para frenar la explotación de recursos en las islas, el Gobierno pidió la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y mandó al Congreso un proyecto de Ley de Soberanía que prevé sanciones para las empresas vinculadas con la actividad petrolera en la zona.
Javier Milei, Donald Trump, Islas Malvinas
POLITICA
Aciertos y deudas del gobierno de Milei: la desaprobación llega al 60% mientras crece la incertidumbre electoral, según una encuesta

A tres años de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, y a tan solo unos meses para que comience la carrera electoral que pondrá a prueba la gestión libertaria, las principales consultoras comenzaron a analizar la situación política y muestran no solo cuál es la visión de la sociedad respecto del oficialismo, sino también cuáles continúan siendo los reclamos y preocupaciones.
Tal es el caso de la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), que realiza periódicamente el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA).
En octubre, este estudio reveló que el 67% de las personas consultadas rechaza “la marcha general” del país, mientras que solamente el 30% se mostró satisfecha. Pese al balance negativo, las cifras son mejores que las que tuvieron Mauricio Macri y Alberto Fernández a esta misma altura de sus respectivos mandatos.

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El trabajo fue elaborado sobre una base de 1.000 encuestados, todos mayores de edad y de diferentes regiones argentinas, los cuales fueron relevados entre el 5 y el 13 de este mes y respondieron preguntas sobre la situación económica personal y algunas de las políticas públicas.
En lo que respecta estrictamente al desempeño del Gobierno, los niveles de aprobación y desaprobación se mantienen sin cambios significativos respecto del mes anterior, del 36% y el 60%, respectivamente, respectivamente.

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Sobre este punto, el respaldo para el jefe de Estado es exactamente igual al que tenía Macri en el mismo momento de su mandato y superior al registrado por Alberto Fernández para esta etapa.
Si se discrimina el dato por el género del encuestado, se descubre que los hombres registraron una aprobación de la actual gestión nacional del 38%, cinco puntos por encima de las mujeres.
Por nivel socioeconómico, en tanto, los números más altos a favor del Gobierno se registraron entre quienes integran la clase alta y la media baja, con 41% en ambos casos, mientras que el peor resultado se dio en el sector de menores ingresos, con apenas el 29% de aprobación.
El respaldo también mantuvo una fuerte relación con la identificación ideológica y el voto anterior: en el electorado de Milei, el 74% aprobó al Gobierno, al igual que el 65% de los que acompañaron en 2023 a Patricia Bullrich y el 20% de los que votaron la boleta de Juan Schiaretti. Ese apoyo baja drásticamente en los votantes de Sergio Massa y de otros candidatos en los últimos comicios presidenciales.
Por edad, los mayores de 60 años fueron el grupo con mayor aprobación, con 44%. Los siguieron los menores de 27 años, con 39%. Entre los millennials, en cambio, alcanzó el 30% y fue el segmento que peor lo evaluó.
La situación económica e imagen de los dirigentes
Por otra parte, el estudio señaló que el 56% considera que la situación del país empeoró durante el último año, frente a un 18% que percibió una mejora. A la hora de mirar hacia adelante, el 43% pronosticó un deterioro, mientras que solo el 29% espera una evolución favorable.

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La percepción sobre la economía personal fue incluso más negativa: el 52% afirmó que su situación empeoró en los últimos 12 meses y apenas el 14% dijo que mejoró.
Si se toma solamente a los votantes de Milei, el 42% dijo que la Argentina está mejor que en el 2025, el 32% aseguró que está igual y únicamente el 23% consideró que empeoró. El 61% de ellos confió que el país va a mejorar.
Por otro lado, el 54% de los encuestados aseguró que los ingresos de su hogar no alcanzan y, dentro de ese grupo, el 35% respondió que tuvo que usar ahorros o recortar gastos y el 19% señaló que debió endeudarse.

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Solo el 20% de los participantes del estudio manifestó que el dinero le alcanza bien y que tiene capacidad de ahorro, al tiempo que otro 21% indicó que puede cubrir los gastos mensuales, pero sin sobrantes.
En cuanto a la consideración de los políticos, Patricia Bullrich se ubicó primera, con el 36% de imagen positiva y el 54% de negativa, seguida por Javier Milei, Myriam Bregman, Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Jorge Macri y Victoria Villarruel. Todos, claro, tienen balance negativo en la valoración pública.

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Si se tiene en cuenta solamente a los que previamente dijeron aprobar el Gobierno, la lista la lidera el actual Presidente, con el 84% de imagen positiva, superando a la senadora y el alcalde porteño.
Entre los integrantes del Gabinete, en tanto, el ranking lo encabeza el ministro coordinador Diego Santilli, seguido por la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el de Economía, Luis Caputo. En el último puesto está el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

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La Libertad Avanza y el peronismo, separados por dos puntos rumbo a 2027
De cara a las elecciones presidenciales en las que Milei buscará la reelección, la encuesta muestra que si fueran hoy, el 26% votaría a La Libertad Avanza y el 24% al peronismo, aunque otro 26% respondió que no sabe a quién apoyaría o prefirió no contestar.
El resto de las fuerzas aparece muy abajo en intención de voto: el Frente de Izquierda reúne 4%, mientras que el PRO y Provincias Unidas alcanzaron 3% cada uno. La UCR y los partidos provinciales están en el fondo de la tabla.

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La evolución desde junio exhibe un crecimiento de La Libertad Avanza hasta 26%, luego de ubicarse en torno de 24% en los meses previos. El peronismo osciló entre 23% y 26% y terminó en 24%. La indecisión, en tanto, se redujo desde un pico de 22% y se ubicó en 21%, sin contar el 5% que prefirió no responder.
Un dato que remarca la Universidad de San Andrés es que, entre quienes aprueban la gestión de Milei, el 66% elegiría a La Libertad Avanza, pero solamente el 39% de los que lo desaprueban se inclinan por el PJ.

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La fidelidad a los espacios también resulta desigual. El peronismo retiene 70% de los votantes de Massa de 2023. La Libertad Avanza conserva 64% de quienes eligieron a Milei, pero solo 41% de los votantes de Bullrich se inclina hoy por el oficialismo; 19% de ese grupo elegiría al PRO y 19% continúa indeciso.
El Ejecutivo es el poder mejor evaluado, aunque también tiene imagen negativa
La valoración de los poderes del Estado muestra una insatisfacción extendida. El Poder Ejecutivo reúne 25% de satisfacción y 66% de insatisfacción. El Senado llega a 18% de valoración positiva, el Poder Judicial a 16% y la Cámara de Diputados también a 16%.

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El saldo más adverso corresponde a Diputados, con un diferencial de 60 puntos negativos, seguido por el Poder Judicial, con 58 puntos negativos. El Senado presenta un diferencial negativo de 55 puntos y el Ejecutivo, de 41.
Frente al mes anterior, el informe señala una suba de tres puntos en la satisfacción con el Senado y una mejora de dos puntos en el Ejecutivo. En contraste, cae la evaluación del Poder Judicial.
Los problemas del país y las políticas que aprueba la sociedad
Por último, consultados sobre los principales problemas que atraviesa el país, la falta de trabajo apareció como la principal preocupación, mencionada por el 39% de las personas; seguidos por los bajos salarios, con 35%; la pobreza, con 31%, y la corrupción, con 30%.

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También figuran entre los problemas más mencionados la inseguridad, con 24%; los políticos, con 22%, y la inflación, con 19%.
En contraposición, las áreas con mejor evaluación fueron la política exterior y la de defensa, ambas con 34% de satisfacción, seguidas por la política energética, con 31%, y la de seguridad, con 30%.

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De todos modos, ninguna de esas áreas obtuvo un diferencial positivo, ya que los niveles de insatisfacción superaron a los de satisfacción en todos los casos.
Los resultados más críticos se concentraron en las políticas de obras públicas e infraestructura, salud y educación, con 72% de insatisfacción en cada caso. La política social acumuló un 68% de opiniones negativas y la científica, un 64%.
Entre las decisiones puntuales evaluadas, la única que obtuvo mayoría de acuerdo fue la inhabilitación de las empresas que operen en las islas Malvinas para extraer recursos en Vaca Muerta o adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sin aval argentino: el 53% se manifestó a favor y el 26%, en contra.

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El alineamiento geopolítico con Estados Unidos recogió un 32% de opiniones positivas y un 52% de rechazo. El respaldo diplomático a Israel en el conflicto de Medio Oriente tuvo 22% de acuerdo y 58% de desacuerdo.
La posibilidad de presencia militar o de inteligencia de Estados Unidos en puntos estratégicos obtuvo 22% de aceptación y 62% de rechazo. La desregulación de la Ley de Tierras fue la medida con peor resultado: el 18% se mostró de acuerdo y el 68% en desacuerdo.
La encuesta de la Universidad de San Andrés fue realizada sobre una muestra estratificada por región, edad y nivel socioeconómico, con datos ponderados según el voto de octubre de 2025. El estudio estima un intervalo de credibilidad de aproximadamente ± 3,15 puntos porcentuales para los resultados generales.
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