POLITICA
Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula da Silva para presentar un reclamo ante la ONU por su condena en la causa Vialidad
La expresidenta Cristina Kirchner anunció que contrató a Rafael Valim para presentar un reclamo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su condena en la causa Vialidad, por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. Se trata de uno de los abogados que defendió en la causa Lava Jato al actual mandatario de Brasil Lula da Silva.
La expresidenta cumple en prisión domiciliaria en su departamento de Constitución una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La exmandataria hizo el anuncio en una columna que publicó en medios internacionales, entre ellos El País de España, con el título: “Yo Cristina, en defensa de los derechos fundamentales y de la democracia”.
Cristina Kirchner redobló las críticas contra la Justicia: “La democracia no se agota en la celebración periódica de elecciones. Depende, ante todo, de la existencia de instituciones capaces de garantizar que la voluntad popular pueda expresarse libremente. Entre esas instituciones, ninguna desempeña un papel más decisivo que el poder judicial. Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”.
La expresidenta dijo que es “víctima de violaciones de derechos humanos”, que consideró que “revelan un problema institucional que debe ser enfrentado”. “A lo largo de los últimos años, he sido sometida a un proceso marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal y por un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino».
Además mencionó el atentado del 1° de septiembre de 2022, frente a su departamento en Recoleta, mientras era vicepresidenta de Alberto Fernández, y definió al ataque como “un episodio de extrema gravedad” que puso en riesgo su vida y que “evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”.
Con duras críticas a la Justicia, Cristina Kirchner volvió a hablar de “persecución y proscripción” por la condena por Vialidad
Cristina Kirchner volvió a hablar de “persecución y proscripción” por la condena por Vialidad: “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la presidencia de la nación argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos. Cuando esto ocurre, la violación deja de afectar únicamente a quien ocupa el banquillo de los acusados. Alcanza el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes”.
La exmandataria habló de “proscripción perpetua de un dirigente político mediante el uso abusivo del sistema de justicia», que calificó como “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”: “No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”.
La expresidenta habló de una transformación del derecho “en un instrumento para eliminar adversarios políticos» que tiene como resultado “el debilitamiento de la confianza pública en las instituciones y el deterioro progresivo de las democracias constitucionales”.
Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula da Silva para presentar un reclamo ante la ONU por su condena en la causa Vialidad
Cristina Kirchner contrató al abogado del presidente de Brasil para presentar un reclamo ante la ONU por su condena en la causa Vialidad: “Para conducir esta etapa internacional de mi defensa, convoqué a dos juristas extranjeros de reconocida autoridad: Rafael Valim, prestigioso jurista brasileño con destacada actuación ante tribunales internacionales, y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La participación de ambos expresa la convicción de que el debate jurídico debe ser elevado al plano de los estándares universales de protección de la dignidad humana”.
La exmandataria dijo que hizo “una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, en rechazo a la condena por la causa Vialidad: “Se trata de someter al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento, a fin de verificar si fueron respetadas las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado libremente ratificado por la Argentina”.
Cristina Kirchner volvió a declararse inocente: “Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de derecho pone a disposición de los ciudadanos. Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para decidir el destino de la política”.
La expresidenta dijo que no busca “privilegios ni excepciones”: “Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino. Defender las garantías fundamentales nunca es un acto individual. Es defender el derecho de toda una sociedad a permanecer verdaderamente libre”.
cristina kirchner, ONU
POLITICA
Cristina Kirchner dijo que está presa por la condena del “machismo estructural” y que llevó su caso a la ONU
La expresidenta Cristina Kirchner presentó este martes una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la condena que recibió en la causa Vialidad y sostuvo que durante el proceso judicial —atravesado por el “machismo estructural”— se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso . En ese marco, publicó una carta abierta en la que volvió a cuestionar la sentencia que la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos y por la que se encuentra en prisión domiciliaria en Constitución.
“Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre”, comenzó la misiva.
En la carta, titulada “El costo democrático de la politización de la Justicia”, la exmandataria sostuvo que la condena trasciende su situación personal. “El ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino”, afirmó.
La carta completa
“Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre.
He dedicado mi vida al servicio de la Argentina. Lo hice con la convicción de que la política es la herramienta más noble para transformar la realidad, para ampliar derechos y para construir un país más justo, más libre y más solidario.
Por eso, el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino.
Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino.
Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos.
Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?
Cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida (como sucedió el 1 de septiembre del año 2022), no estamos simplemente frente a una injusticia individual. Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana.
Sin embargo, y como siempre, quiero ser clara: todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas.
La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina. Por eso cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino.
Y debo decir también que todo esto no es un fenómeno exclusivamente argentino.
Lamentablemente, en todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular. Cambian los países, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el método es el mismo: convertir al Derecho y al Sistema de Justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto.
Ese fenómeno representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales. Porque una democracia deja de ser plenamente democrática, cuando los jueces sustituyen la voluntad popular y cuando los procesos judiciales dejan de buscar la verdad para convertirse en instrumentos de persecución y proscripción política.
Frente a esa realidad, no responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad.
Por el profundo sentido cívico y el respeto institucional que han guiado mi vida y mis acciones… y por la indignación que me producen las ilegalidades de las que soy víctima, anuncio hoy que he presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo hago con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder.
En 2022, luego de sufrir el atentado, un grupo de reconocidos juristas Internacionales, integrado por Raúl Zaffaroni (Argentina), Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Baltazar Garzón Real (España), Juárez Tavares (Brasil), Francesco Shiaffo, Sergio Moccia y Antonio Cavaliere (Italia), formularon una primera denuncia frente a la feroz persecución de la que estaba siendo víctima, y detallando las irregularidades y múltiples violaciones a mis derechos fundamentales. Luego vino la condena y proscripción en la causa “Vialidad”.
Y para llevar adelante esta nueva etapa de mi defensa, he decidido convocar a dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim. Su experiencia, su autoridad académica y su compromiso con el Estado de Derecho contribuirán a que esta causa concreta sea examinada con el rigor jurídico que merece.
Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales.
Compatriotas:
Jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo. Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina.
Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia.
Lucharé porque sé que la verdad termina siempre abriéndose camino.
Lucharé porque creo profundamente en la justicia cuando actúa con independencia y con respeto al Derecho.
Y lucharé, sobre todo, por ustedes, por el pueblo argentino, que merece vivir en una República donde nadie sea perseguido por sus ideas políticas, donde ninguna mujer sea discriminada por ejercer el liderazgo y donde los derechos humanos sean una realidad para todos y no un privilegio para algunos.
Quiero terminar dirigiéndome directamente a quienes hoy sienten angustia, incertidumbre o tristeza.
No bajen los brazos.
No permitan que les roben la esperanza.
La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular.
Tengo una fe inmensa en la conciencia democrática del pueblo argentino.
Y por eso les digo, con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida: muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos.
Volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la Nación y donde la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio.
Porque los pueblos pueden ser perseguidos. Pueden ser difamados. Pueden ser atacados.
Pero jamás podrán ser derrotados cuando permanezcan unidos en defensa de la democracia, de la memoria, de la justicia y de la verdad.
Muchas gracias.
Y que Dios y la Virgen protejan siempre al Pueblo argentino».
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POLITICA
Cristina Kirchner anunció en medios internacionales que llevará su condena por la causa Vialidad a la ONU
Cristina Kirchner publicó este miércoles una columna de opinión en medios internacionales —entre ellos El País, de España, y Libération, de Francia— en la que defendió su inocencia y cuestiona la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos, al tiempo que anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
La expresidenta, que cumple arresto domiciliario en Buenos Aires tras ser condenada a seis años de prisión por la causa Vialidad, abrió su texto con una advertencia sobre el rol del poder judicial en las democracias. “Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”, escribió.
En ese marco, calificó su inhabilitación perpetua como una forma de “proscripción” y sostuvo que ese mecanismo representa “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo. No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”.
La columna, firmada por la propia Kirchner, se publicó en simultáneo con la conferencia de prensa en la que su equipo de defensa formalizó la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El planteo sostiene que el proceso judicial violó garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por Argentina.
“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, precisó la exmandataria.
CFK también señaló que el proceso al que fue sometida estuvo “marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal y por un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino».
En ese pasaje, extendió el argumento más allá de su situación personal: “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos. Cuando esto ocurre, la violación deja de afectar únicamente a quien ocupa el banquillo de los acusados. Alcanza el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes.”
Para conducir esa etapa internacional, la defensa incorporó a dos juristas extranjeros: el brasileño Rafael Valim, vinculado al equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos participaron junto al abogado Alberto Beraldi en la conferencia de prensa celebrada en el NH Hotel del microcentro porteño.
“No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino”, afirmó Kirchner en la columna.
La exmandataria fue condenada por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por las defensas. El 2 de julio de 2026, el máximo tribunal también dejó firme un decomiso de $684.990 millones de pesos contra Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados.
En la columna, la expresidenta también recordó el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, al que describió como “un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”. El texto cerró con una afirmación de alcance colectivo: “Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos. Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para decidir el destino de la política”.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, está integrado por 18 expertos independientes y no dicta órdenes a los Estados miembros, sino recomendaciones. Deberá realizar primero un examen de admisibilidad para determinar si la presentación reúne los requisitos necesarios para avanzar. Si supera esa instancia, el organismo podrá requerir información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del reclamo.
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POLITICA
Después de la reforma del BCRA, el Gobierno buscará blindar en el Congreso la permanencia de Santiago Bausili
El Gobierno buscará votar el pliego de Santiago Bausili después de aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En el Ejecutivo descartan presentar otro candidato negociado con los aliados y la oposición dialoguista, y aseguran que intentarán reforzar la continuidad del actual titular de la autoridad monetaria. “Primero la reforma y después el pliego de Bausili”, expresan en Nación.
La Casa Rosada no prevé tratar ambos expedientes en paralelo. La prioridad inmediata es sancionar los cambios que Javier Milei presentará este jueves por cadena nacional y que apuntan a limitar el financiamiento monetario del Tesoro, restablecer la preservación del valor de la moneda como mandato central y elevar los requisitos para remover al presidente y al directorio del organismo.
En Balcarce 50 proyectan impulsar el acuerdo para Bausili durante los meses siguientes al debate legislativo. La secuencia tiene una lógica política: el oficialismo quiere definir primero las nuevas reglas de gobernanza del Banco Central y luego regularizar bajo ese marco la situación del funcionario que participa de la elaboración y ejecución del programa monetario.
Bausili ejerce la presidencia “en comisión” desde el 11 de diciembre de 2023. El decreto de designación estableció que completará un período legal que vence el 23 de septiembre de 2028, mientras que el Poder Ejecutivo remitió su postulación al Senado el 18 de diciembre de ese año. El expediente ingresó en la Comisión de Acuerdos, pero todavía no tiene dictamen. El mensaje original de la postulación también fue incorporado al expediente parlamentario adjunto.
El Ejecutivo aclara que una eventual aprobación no abriría automáticamente un nuevo mandato de seis años. El acuerdo serviría, bajo la legislación vigente, para formalizar la designación hasta septiembre de 2028, porque Bausili fue nombrado para completar el período institucional en curso y no por un plazo contado desde el día de su llegada al cargo.
La Carta Orgánica establece que el presidente, el vicepresidente y los directores son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, duran seis años y pueden ser nombrados nuevamente. También permite cubrir los cargos en comisión mientras se tramita la aprobación parlamentaria, un mecanismo utilizado por gobiernos de distintos signos políticos desde la década de 1990.
En Nación descartan aprovechar la negociación de la reforma para ofrecer la presidencia del BCRA como parte de un acuerdo con bloques dialoguistas. La decisión es defender la continuidad de Bausili y separar las eventuales concesiones sobre el articulado de la discusión posterior sobre el nombre que conducirá la entidad.
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El antecedente más cercano de aprobación tardía es Federico Sturzenegger. Mauricio Macri lo nombró en comisión en diciembre de 2015 y el Senado recién aprobó su pliego en noviembre de 2016, casi un año después, con 56 votos afirmativos. El acuerdo formalizó su continuidad hasta septiembre de 2022, aunque terminó renunciando en junio de 2018.
La historia reciente también muestra presidentes que condujeron el organismo sin completar el acuerdo parlamentario. Luis Caputo fue designado en comisión en junio de 2018 y renunció tres meses más tarde; Guido Sandleris asumió bajo el mismo mecanismo en septiembre de ese año y permaneció hasta el cambio de gobierno de 2019.
Miguel Pesce también inició su gestión en comisión en diciembre de 2019. Alberto Fernández envió su pliego al Senado ese mismo mes y volvió a solicitar el acuerdo en 2022, cuando comenzaba otro período legal, pero el trámite no llegó a completarse antes de que dejara la entidad en diciembre de 2023.
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En otros casos, la Cámara alta sí regularizó rápidamente las designaciones. Alejandro Vanoli, por ejemplo, asumió en comisión en octubre de 2014 y obtuvo el acuerdo en diciembre de ese año para completar el mandato que había dejado vacante Juan Carlos Fábrega. La votación terminó con 37 apoyos y 24 rechazos.
La reforma que prepara Milei agrega una dimensión distinta porque apunta a endurecer el procedimiento de remoción. El régimen vigente permite que el Poder Ejecutivo aparte al presidente o a los directores por incumplimiento de la Carta Orgánica, inhabilidades, mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, con el consejo previo de una comisión del Congreso en los últimos dos supuestos. Ese pronunciamiento fue considerado históricamente no vinculante.
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Los principales antecedentes de conflicto son Pedro Pou y Martín Redrado. Fernando de la Rúa removió a Pou en 2001 por “mala conducta”, mientras que Cristina Kirchner desplazó a Redrado en 2010 por su negativa a transferir reservas al Fondo del Bicentenario. En el segundo caso, el Ejecutivo dictó primero la remoción y luego la confirmó tras recibir el consejo de la comisión legislativa.
La Casa Rosada busca reducir ese margen de discrecionalidad mediante causales más taxativas, mayores exigencias procedimentales y una participación legislativa más fuerte. El alcance real del “blindaje” dependerá, sin embargo, de la redacción definitiva y de las cláusulas transitorias: el proyecto deberá establecer expresamente si el nuevo régimen de remoción alcanzará a las autoridades que ya estén en funciones.
El oficialismo presenta la secuencia como parte de una misma estrategia institucional. Primero intentará sancionar una Carta Orgánica que limite la asistencia al Tesoro y otorgue mayor estabilidad a la conducción; después llevará al Senado el pliego pendiente para consolidar a Bausili hasta 2028. La apuesta es insistir con el funcionario que Milei y Luis Caputo consideran “central” para la continuidad del programa económico.
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