POLITICA
La carta abierta que publicó Cristina Kirchner en la que habló sobre su condena por Vialidad
Este miércoles, la expresidenta Cristina Kirchner publicó una carta abierta en la que cuestionó nuevamente su condena en la causa Vialidad, sostuvo que el proceso judicial estuvo marcado por el “machismo estructural” y anunció que presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la sentencia.
“Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino», consideró en la misiva que publicó en sus redes sociales.
En la misma línea, siguió: “Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos”.
“Como siempre, quiero ser clara: todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria“, subrayó y aseguró: ”Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas».
La carta abierta completa
“Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre.
He dedicado mi vida al servicio de la Argentina. Lo hice con la convicción de que la política es la herramienta más noble para transformar la realidad, para ampliar derechos y para construir un país más justo, más libre y más solidario.
Por eso, el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino.
Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino.
Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos.
Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?
Cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida (como sucedió el 1 de septiembre del año 2022), no estamos simplemente frente a una injusticia individual. Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana.
Sin embargo, y como siempre, quiero ser clara: todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas.
La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina. Por eso cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino.
Y debo decir también que todo esto no es un fenómeno exclusivamente argentino.
Lamentablemente, en todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular. Cambian los países, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el método es el mismo: convertir al Derecho y al Sistema de Justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto.
Ese fenómeno representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales. Porque una democracia deja de ser plenamente democrática, cuando los jueces sustituyen la voluntad popular y cuando los procesos judiciales dejan de buscar la verdad para convertirse en instrumentos de persecución y proscripción política.
Frente a esa realidad, no responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad.
Por el profundo sentido cívico y el respeto institucional que han guiado mi vida y mis acciones… y por la indignación que me producen las ilegalidades de las que soy víctima, anuncio hoy que he presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo hago con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder.
En 2022, luego de sufrir el atentado, un grupo de reconocidos juristas Internacionales, integrado por Raúl Zaffaroni (Argentina), Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Baltazar Garzón Real (España), Juárez Tavares (Brasil), Francesco Shiaffo, Sergio Moccia y Antonio Cavaliere (Italia), formularon una primera denuncia frente a la feroz persecución de la que estaba siendo víctima, y detallando las irregularidades y múltiples violaciones a mis derechos fundamentales. Luego vino la condena y proscripción en la causa “Vialidad”.
Y para llevar adelante esta nueva etapa de mi defensa, he decidido convocar a dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim. Su experiencia, su autoridad académica y su compromiso con el Estado de Derecho contribuirán a que esta causa concreta sea examinada con el rigor jurídico que merece.
Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales.
Compatriotas:
Jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo. Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina.
Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia.
Lucharé porque sé que la verdad termina siempre abriéndose camino.
Lucharé porque creo profundamente en la justicia cuando actúa con independencia y con respeto al Derecho.
Y lucharé, sobre todo, por ustedes, por el pueblo argentino, que merece vivir en una República donde nadie sea perseguido por sus ideas políticas, donde ninguna mujer sea discriminada por ejercer el liderazgo y donde los derechos humanos sean una realidad para todos y no un privilegio para algunos.
Quiero terminar dirigiéndome directamente a quienes hoy sienten angustia, incertidumbre o tristeza.
No bajen los brazos.
No permitan que les roben la esperanza.
La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular.
Tengo una fe inmensa en la conciencia democrática del pueblo argentino.
Y por eso les digo, con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida: muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos.
Volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la Nación y donde la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio.
Porque los pueblos pueden ser perseguidos. Pueden ser difamados. Pueden ser atacados.
Pero jamás podrán ser derrotados cuando permanezcan unidos en defensa de la democracia, de la memoria, de la justicia y de la verdad.
Muchas gracias.
Y que Dios y la Virgen protejan siempre al Pueblo argentino».
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POLITICA
Imágenes de la televisión chilena muestran actos de vandalismo contra homenajes argentinos en el cementerio de las Malvinas
Placas recordatorias, rosarios, cintas y figuras religiosas dedicadas a los soldados argentinos muertos en la guerra de 1982 aparecieron vandalizadas y fuera del perímetro del Cementerio de Darwin, en las islas Malvinas, según registró un equipo del canal Teletrece, de Chile, que viajó al archipiélago a principios de octubre.
El periodista Samuel Rojas Terán llegó hasta el cementerio donde descansan 249 combatientes argentinos y filmó los objetos acumulados entre los pastizales, detrás de la cerca blanca que rodea el predio y a espaldas de la Cruz Mayor. El material incluye piezas de cerámica rotas, pulseras, listones deteriorados y placas de metal. Una de las ofrendas que más atención generó fue un reconocimiento colocado en abril de 2026 por una emisora de Comodoro Rivadavia con la inscripción: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une”.
Según describió el propio periodista, al momento de registrar el lugar aún quedaba pegamento en el marco donde las placas habían estado adheridas, lo que indica que fueron arrancadas de su emplazamiento original al pie de la cruz.
“Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá”, sostuvo Rojas Terán en el informe.
En diálogo con radio Rivadavia, el periodista amplió el hallazgo: “Gran parte de las placas que estaban ahí decían por lo menos Malvinas, yo eso lo pude constatar”. Y precisó que había algunas muy recientes, con fechas de 2026. También advirtió que en las islas la mera mención pública del nombre Malvinas puede acarrear consecuencias: “Incluso podría llevarte a ser detenido en las islas si es que profesas o dices algo relacionado con eso al aire libre”.
El Cementerio de Darwin se encuentra a unos cuarenta minutos de Stanley (Puerto Argentino), en una zona abierta y aislada. El acceso es libre, aunque existen instrucciones sobre cómo comportarse en el predio. El predio fue construido en 1983 por orden de las autoridades británicas, bajo la dirección del coronel Geoffrey Cardozo, quien exhumó los cuerpos dispersos en los campos de batalla y los trasladó al lugar para darles sepultura.
La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur asumió el cuidado del sitio y, con el apoyo del empresario Eduardo Eurnekian, llevó adelante entre 2001 y 2004 una reconstrucción que incluyó el cambio de cruces y lápidas y la instalación de un cenotafio con los nombres de los 649 argentinos caídos en el conflicto. El cementerio fue declarado Lugar Histórico Nacional por el gobierno argentino en 2008.
Hasta el momento no se pudo determinar quién retira las ofrendas ni bajo qué instrucción. Según el informe de Teletrece, una empresa local contratada por familiares de los caídos argentinos se encarga del mantenimiento del sitio. Al momento de la visita, empleados de esa firma estaban pintando rejas y emparejando el terreno, pero no le dieron información sobre el destino de las placas.
De las 232 tumbas, 121 permanecieron durante décadas sin identificación, con la inscripción “Soldado argentino solo conocido por Dios”. En 2017, tras un acuerdo diplomático entre Argentina y el Reino Unido firmado con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), un equipo de 14 especialistas forenses de seis países exhumó, analizó y tomó muestras de ADN de los 122 cuerpos enterrados en esas sepulturas. El trabajo, conocido como Plan Proyecto Humanitario, permitió identificar 115 soldados. Una segunda fase, realizada en 2021, sumó otras identificaciones. Hasta la fecha, solo quedan siete combatientes sin nombre.
El cementerio es el principal lugar de memoria para familiares, excombatientes y delegaciones que viajan periódicamente al archipiélago para dejar flores, cartas, placas y otros objetos de homenaje.
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El Gobierno autorizó una licitación por $7638 millones para obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia
El Gobierno autorizó este martes una licitación pública por $7638 millones para realizar obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia, Tierra del Fuego, anunciadas en septiembre en medio de la tensión con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Defensa mediante la Resolución 733/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La construcción, que contempla galpones modulares y obras complementarias, tendrá un presupuesto oficial de $7.638.061.962 y un plazo de ejecución de 548 días corridos. La contratación se realizará bajo el sistema de ajuste alzado, una modalidad en la que se establece un precio global para la ejecución de los trabajos de acuerdo con las condiciones del contrato.
La resolución, firmada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, autoriza el llamado a la Licitación Pública Nacional y encomienda a la Unidad Operativa de Contrataciones de la Armada Argentina la realización de los trámites necesarios para convocar a las empresas interesadas a través del sistema electrónico CONTRAT.AR.
Según los fundamentos de la medida, la iniciativa fue impulsada por la Dirección General del Material de la Armada y cuenta con intervención de las áreas de proyectos, inversión pública y administración financiera de la fuerza.
El gasto está vinculado al Proyecto N°12, registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública con el número 100.426, denominado “Construcción de un muelle, infraestructuras conexas y adquisición de maquinarias y equipos en punta oriental de la península de Ushuaia”.
La Armada dejó constancia de que cuenta con crédito presupuestario para iniciar el procedimiento durante este año. A su vez, la resolución señala que se encontraba en proceso de incorporación al proyecto de Presupuesto 2027 la autorización para afrontar los gastos de inversión correspondientes a los ejercicios 2027, 2028 y 2029.
La norma establece además que la Dirección General del Material de la Armada estará a cargo de la dirección de obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura de la Armada deberá controlar la inspección técnica de los trabajos.
La resolución no establece una fecha concreta para la apertura de las ofertas. Prevista para finalizar en 2029, el costo total de la obra ascendería a US$500 millones.
La primera etapa comenzará a principios de 2027 y, según definieron fuentes oficiales a , “en 18 meses esté construido el 40% del muelle, con servicios como para estar, en una primera etapa, en capacidad de recibir en los primeros 240 metros de muelle las lanchas de la División de Patrullado Austral que son orgánicas del Área Naval Austral y que hoy amarran en el muelle auxiliar, frente a la Base Naval en el centro de la ciudad”.
Con el avance del proyecto se realizará un edificio de servicios marítimos que dará suministros a la operatividad del muelle, y la urbanización del predio, que prevé llevar todos los servicios (agua, luz, gas, conectividad) hacia una zona que hoy no los tiene.
Estancamiento
Pensada como un centro logístico en la península de la capital fueguina para dar apoyo a programas antárticos -buques científicos, comerciales y militares que operan hacia la Antártida-, la iniciativa comenzó a tomar forma pública durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se la asoció al desarrollo del Polo Logístico Antártico, una obra que arrancó en 2022.
Desde entonces, se estancó y no tuvo avances significativos. Si bien las tareas nunca se frenaron, la evolución de la construcción dependía de que el gobierno nacional amplíe los fondos destinados al proyecto.
En septiembre, el canciller Pablo Quirno anticipó que el presidente Javier Milei preparaba “una decisión administrativa” con el objetivo de reforzar las partidas del Ministerio de Defensa orientadas a la base integrada.
La construcción del centro operativo en Tierra del Fuego está a cargo de la empresa Tandanor, uno de los principales astilleros del país y referente en la región en materia de reparación y construcción de embarcaciones.
El Presidente retomó el proyecto de la base naval en el marco de la disputa por la explotación petrolera del yacimiento Sea Lion en Malvinas. Milei sostuvo en cadena nacional que la obra convertirá al país en “el polo logístico más importante del Atlántico Sur” y será “fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”.
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El pedido de EE.UU. para que disuelvan un comité clave por Malvinas en la ONU marca la primera diferencia diplomática entre Milei y Trump
El pedido de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas golpea de lleno el ámbito elegido por la Argentina desde 1988 para llevar adelante el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Durante estas casi cuatro décadas, la Argentina priorizó sostener el reclamo ante este comité y no plantear la discusión en el pleno de Asamblea General de la ONU por las negociaciones que se llevaron adelante con el Reino Unido al momento de retomar las relaciones bilaterales en 1990.
Los sucesivos gobiernos argentinos participaron sin titubeos ante cada reunión del Comité de Descolonización por entender que es el ámbito correcto para lograr que Londres acceda a sentarse a una mesa de conversación formal. Para la ONU hay 17 Territorios No Autónomos -no utiliza la palabra “ocupados”-, de los cuales 10 están administrados por el Reino Unido.
Es por eso que Londres no dudaría, como ya hizo en el pasado, en impulsar y acompañar cualquier proyecto que busque ponerle fin a un Comité que le es incómodo y esquivo. El propio canciller Pablo Quirno usó ese mismo escenario en junio de este año para denunciar la “militarización” británica y la “explotación unilateral de los recursos naturales” en el archipiélago.
El Comité se encuentra dentro de la Cuarta Comisión de la Asamblea General -una de las seis que existen en la ONU- y es donde se tratan los temas de Política Especial y de Descolonización. Estados Unidos pretende paralizar su funcionamiento mediante una férrea posición pública en contra del rol que realmente tiene el comité a la hora de resolver las disputas en esta materia.
Según el documento oficial de la ONU, la representante estadounidense, Tammy Bruce, pidió que se ponga fin al mandato del organismo al sostener que “sobrevivió a su propósito original” y consideró que algunas de sus actividades son “un despilfarro de recursos”. Según la funcionaria, el comité “actúa como si nada hubiera cambiado” y vuelve a examinar los mismos textos todos los años, aunque más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron a Naciones Unidas como Estados miembros.
La Argentina no acompañará este pedido y, con cautela por la cercanía ideológica y política que Javier Milei tiene con Trump, buscará tomar distancia de la posición norteamericana.
Hay expectativa de que en los próximos días, cuando reciba a Christopher Landau, el número dos de Marco Rubio en el Departamento de Estado, Quirno le transmita la disconformidad de la Argentina.
En concreto, según pudo relevar TN, es prácticamente imposible que el comité se disuelva. Es la Asamblea General la que no debe renovar el mandato anual y, para eso, Estados Unidos tendría que alcanzar una mayoría simple en contra.
En esta instancia no se puede aplicar el veto con el que cuentan los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y es una tradición histórica de países africanos y del Caribe sostener el Comité. A sabiendas de esta situación, Washington podría preferir criticarlo y buscar que quede sin margen de acción.
En ese contexto, la declaración de Estados Unidos es una reafirmación de las reiteradas críticas que Donald Trump viene lanzando sobre la burocracia del organismo y la falta de resultados ante los principales conflictos que vive el mundo en la actualidad.
La Casa Rosada le restó importancia al pedido de EE.UU. de disolver el comité de la ONU que trata el reclamo por Malvinas
La propuesta de la Casa Blanca expone una diferencia central con la Argentina, la primera importante en el ámbito de la ONU. Hasta ahora, las representaciones argentinas había acompañado cada una de las posiciones de los Estados Unidos ante las votaciones que se dieron desde la llegada de Trump.
Ante la consulta de este medio a distintos representantes diplomáticos, muchos coincidieron en que esta posición de la Casa Blanca viene a reafirmar la hipótesis de que Donald Trump está utilizando la amenaza sobre la neutralidad frente al conflicto por las Islas Malvinas como una carta de negociación con Londres.
Si bien hubo distintos gestos pequeños desde que el propio presidente norteamericano dijera en el Salón Oval que podría revisar la histórica posición de neutralidad de los Estados Unidos, la relación con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, pareció encauzarse tras el encuentro bilateral que mantuvieron en el marco de la Apertura de la Asamblea General de la ONU.
Sería también un error ver este pedido de disolución del Comité como un gesto de respaldo de Washington a Londres. Se enmarca en una visión mucho más general de la Casa Blanca sobre el rol de los organismos, una mirada que excede la situación de Malvinas.
La discusión sobre el rol del Comité de Descolonización llega en medio de la escalada con Londres por el proyecto petrolero Sea Lion. Para frenar la explotación de recursos en las islas, el Gobierno pidió la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y mandó al Congreso un proyecto de Ley de Soberanía que prevé sanciones para las empresas vinculadas con la actividad petrolera en la zona.
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