ECONOMIA
Cuáles son las nuevas rutas que se privatizan y con qué tarifas topes de peaje
La tercera ronda de la privatización vial que lleva a adelante la administración de Javier Milei ingresó en la cuenta regresiva y en cinco días se conocerán las empresas constructoras que buscan quedarse con los nuevos cuatro tramos de rutas nacionales con peaje que están en juego y que atraviesan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
Se trata de los tramos «Mediterráneo, Puntano, Portuario Norte y Portuario Sur» que abarcan un total de total de 2.557 kilómetros y forman parte de la denominada «Fase B de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC)».
El Gobierno prepara la privatización de rutas nacionales: qué empresas compiten
Actualmente, en los cuatro tramos funcionan 10 estaciones de cobro de peaje a las cuales se sumarán 16 nuevas cuando desembarquen los nuevos concesionarios privados. De esta manera, los usuarios que transiten por esas rutas se van a topar, en promedio, con una cabina de peaje cada 98 kilómetros.
Por los movimientos y consultas técnicas que recibió hasta ahora Vialidad Nacional, ya habría una decena de constructoras interesadas en participar en la licitación, entre las que no han podido ganar en las convocatorias anteriores y las nuevas que intentan ampliar sus negocios. En la lista inicial de las posibles oferentes se encuentran Panedile, SACDE, Vial Agro, Fontana Nicastro, Supercemento, Roggio, JCR, Rovella Carranza, Helport y CPC.
Las primeras concesiones viales de la gestión mileísta comenzaron a correr al inicio de este año con el traspaso de la autovía del Mercosur sobre la RN 12 y 14 a la empresa ACS del grupo Cartellone y del puente Rosario-Victoria a manos de la sociedad «Conexión Alto Delta» integrada por las constructoras Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni.
La segunda ronda licitatoria—que está a punto concluir—abarcó los tramos «Sur-Atlántico-Acceso Sur» y «Pampa». En el caso del primer tramo que comprende 1.325 kilómetros de la autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas y de las RN 3, 205 y 226; la mejor oferta fue la del consorcio conformado por las empresas Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco.
En tanto, para el tramo «Pampa» –que comprende 546 kilómetros de la RN 5 entre Luján y Santa Rosa–, la oferta que quedó mejor posicionada correspondió a la empresa mendocina Ceosa (Construcciones Electromécanicas del Oeste).
Si no surgen contratiempos o demoras administrativas, antes del viernes quedarían oficializadas las adjudicaciones de esos dos tramos y a mediados de junio se estaría concretando el debut de los nuevos concesionarios.
La apertura de ofertas para la tercera tanda de rutas que salieron a licitación está agendada para el próximo lunes por medio del portal de contrataciones electrónicas Contrat.Ar.
Qué tramos se disputan y cuánto costarán los peajes
Los tramos que están en disputa son los siguientes:
- Mediterráneo: Engloba 672 kilómetros de la RN 7 desde Luján hasta el límite de Córdoba y San Luis y de la RN 35 desde Vicuna Mackena hasta Santa Catalina en la provincia de Córdoba. Ahora cuenta con tres estaciones de peaje en Villa Espil, Junín y Vicuña Mackena. Cuando pase a manos privadas se agregarán cuatro nuevas cabinas de cobro en Chacabuco, Rufino, Laboulaye y Malena. El peaje tope de un auto que podrán solicitar los oferentes quedó fijado en $ 4.500 para cada una de estaciones de pago.
- Puntano: Abarca 720 kilómetros de la RN 193 entre Zárate y Solís y de la RN 8 desde Pilar hasta Villa Mercedes. A las cuatro estaciones de peaje que existen en Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho se le sumarán cuatro más en Maguire, Hugues, Canals y Reducción. Para este tramo, la tarifa básica tope quedó establecida en $ 4.100 en cada cabina de peaje.
- Portuario Norte: Comprende 528 kilómetros de la RN 9 entre San Nicolás y Rosario, el acceso del Gran Rosario A-008 y el tramo de la ruta 33 que une Rosario con Trenque Lauquen. Hoy cuenta con una sola estación de peaje en Lagos sobre la RN 9. Con la nueva concesión se van a incorporar cinco nuevas cabinas de cobro sobre la traza de la RN 33 en Trenque Lauquen, Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda. El peaje tope para un auto en cada cabina no podrá superar el valor de $ 4.705.
- Portuario Sur: Tiene un total de 637 kilómetros de la RN 9 que va de Campana a San Nicolás y de la RN 188 de San Nicolás a Realicó. En esas rutas hay ahora dos estaciones de peaje en Zárate y Junín a las que se les añadirán tres más en las localidades de De la Peña, Ameghino y Benito Larroudé. En este caso, la tarifa tope de peaje de un auto será de $ 3.400 para cada cabina de cobro.
Al igual que en las dos primeras rondas licitatorias, en ésta también se utilizará el sistema dos sobres para la presentación de ofertas. En el Sobre 1, las empresas deberán acreditar antecedentes técnicos y financieros y presentar las garantías requeridas.
Entre otros requisitos tendrán que demostrar experiencia no inferior a 10 años en la ejecución de obras viales, un promedio anual de certificación de obras superior a $ 15.000 millones y garantías de mantenimiento de obras que, según los tramos, van de $ 2.150 millones a $2.350 millones.
En el Sobre 2, cotizarán la tarifa de peaje que quieren cobrar para ejecutar las obras y obtener ganancias. El peaje solicitado no podrá superar los «valores topes» que se fijaron en los pliegos para las rutas de cada tramo.
Las nuevas concesionarias deberán convertir las cabinas actuales de cobro en efectivo en «vías mixtas» para pagos en forma manual y automática. Para los usuarios que no tengan TelePase, la tarifa de peaje pasará a ser el doble.
Para el armado de las ofertas, las empresas interesadas en el negocio podrán acceder a una ayuda estatal por medio del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y del Fondo de Garantía Argentino (FOGAR).
En el caso del BICE, podrán contar con financiamiento para la ejecución de determinadas obras, mientras que por el lado del fideicomiso del FOGAR tendrán la posibilidad de ofrecer garantías para el repago de créditos y aportes económicos provenientes de financiadores privados.
Las empresas ganadoras deberán realizar tres tipos de obras contractuales: las iniciales de puesta en valor, las obligatorias y las de rehabilitación completa de la infraestructura vial de los tramos en juego.
A la hora de presentar ofertas, las constructoras interesadas en el negocio de los peajes podrán ir por los cuatro tramos en juego, pero por las reglas de juego de la licitación sólo podrán quedarse con dos si sus propuestas contienen las tarifas de peajes más bajas.
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Cuando se traspasan los límites permitidos o el comportamiento de la cuenta resulta inusual, las entidades financieras deben seguir
09/07/2026 – 09:00hs
Las transferencias bancarias y los movimientos en billeteras virtuales enfrentan controles estrictos por parte de ARCA en julio 2026. El organismo recaudador monitorea la frecuencia y los montos de las operaciones para detectar irregularidades fiscales, estableciendo límites específicos que obligan a los bancos a informar cada transacción que supere los umbrales permitidos.
Desde la transformación de la antigua estructura recaudadora en la Agencia de Regulación y Control Aduanero, ARCA, la supervisión de la economía digital se ha vuelto una prioridad estratégica. El sistema de control que opera durante este mes de julio de 2026 utiliza algoritmos de inteligencia artificial para procesar millones de movimientos diarios en tiempo real.
Las entidades financieras, incluyendo tanto a la banca tradicional como a las empresas de tecnología financiera (fintech), funcionan como agentes de información obligatorios. Esto significa que no es el usuario quien debe avisar sobre sus movimientos, sino que el propio sistema bancario emite alertas automáticas cuando se detectan comportamientos que se alejan de la normalidad operativa o que superan los topes nominales vigentes.
Límites monetarios y umbrales de reporte para julio 2026
ARCA ha mantenido la actualización de los montos que disparan los informes de transparencia financiera basándose en la evolución del índice de precios al consumidor. Los contribuyentes deben estar atentos no solo a las transferencias individuales, sino al acumulado mensual de sus ingresos en todas sus cuentas bancarias y virtuales.
Los parámetros que determinan el inicio de un monitoreo preventivo por parte del fisco son los siguientes:
- Transferencias y acreditaciones: el sistema solicita información automática cuando el acumulado mensual alcanza los $50.000.000 para personas físicas y los $30.000.000 para personas jurídicas.
- Saldos al cierre del mes: si al último día de julio la cuenta registra un saldo igual o superior a $50.000.000 en individuos o $30.000.000 en empresas, el banco debe reportar la tenencia.
- Plazos fijos e inversiones: el umbral de reporte para las colocaciones a término se ubica en $100.000.000 para personas humanas y se mantiene en $30.000.000 para el sector corporativo.
- Sociedades de bolsa: las tenencias en cuentas de inversión y plataformas de trading también son informadas a partir de los $100.000.000 para individuos.
- Extracciones de efectivo: las operaciones por ventanilla o cajero automático que superen los $10.000.000 acumulados en el mes son objeto de seguimiento especial.
- Compras de consumo final: las transacciones que excedan los $10.000.000 obligan a la identificación del comprador, mientras que los pagos superiores a $50.000.000 quedan bajo la lupa del control fiscal.
Alerta por cantidad de transferencias bancarias
Una duda recurrente entre los usuarios es si recibir muchas transferencias de montos pequeños, como las que ocurren en colectas familiares o división de gastos recreativos, puede generar inconvenientes. La respuesta es afirmativa. El sistema de monitoreo de ARCA no analiza únicamente el valor nominal de cada envío, sino que busca patrones de comportamiento que puedan ocultar una actividad comercial no declarada.
Si una cuenta bancaria personal comienza a recibir de forma sistemática 20 o 30 transferencias diarias de montos menores, el algoritmo podría clasificar la cuenta como de uso comercial encubierto. En estos escenarios, el banco puede solicitar una justificación de ingresos aunque no se haya alcanzado el tope de los $50.000.000 mensuales. La fragmentación de pagos, conocida técnicamente como «smurfing» o «pitufeo», es una de las conductas que más rápido activa las alarmas de la Unidad de Información Financiera por presunción de lavado de activos o evasión impositiva.
Qué sucede si el banco retiene los fondos o solicita información
Cuando se traspasan los límites permitidos o el comportamiento de la cuenta resulta inusual, las entidades financieras deben seguir un protocolo de cumplimiento normativo. El primer paso suele ser la restricción parcial de las operaciones salientes o el bloqueo preventivo de la última transferencia recibida.
El proceso administrativo para regularizar la situación se compone de los siguientes pasos:
- Notificación al usuario: el cliente recibe un correo electrónico o una alerta en su aplicación solicitando el origen de los fondos.
- Presentación de pruebas: el titular cuenta con un plazo de entre 48 y 72 horas hábiles para adjuntar los comprobantes que respalden el movimiento.
- Auditoría interna: el departamento de cumplimiento del banco revisa la documentación y decide si libera los fondos o eleva un reporte de operación sospechosa ante ARCA.
- Sanciones posibles: si la documentación es insuficiente, el fisco puede aplicar multas, exigir el pago de impuestos omitidos con intereses o intimar al usuario a cambiar su categoría de inscripción tributaria.
Consejos para operar con seguridad en el sistema financiero
Para evitar bloqueos inesperados, es recomendable que los usuarios mantengan sus datos de perfil transaccional actualizados en el banco. Esto implica declarar cambios de salario o nuevas actividades económicas de forma preventiva. Asimismo, si se espera recibir una transferencia excepcional de gran magnitud, como la venta de un activo o el cobro de una indemnización, lo ideal es avisar a la entidad financiera previamente y adjuntar la documentación de respaldo antes de que el dinero ingrese a la cuenta.
La transparencia en los movimientos bancarios y la correspondencia entre la realidad económica y la declaración impositiva son las llaves para operar sin fricciones en una economía argentina que avanza hacia la digitalización absoluta y el control fiscal automatizado.
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En un contexto de inflación sostenida y negociaciones paritarias activas, las escalas salariales del sector mercantil se ajustan de manera periódica. El salario de los trabajadores de supermercado refleja el impacto de los acuerdos colectivos y los adicionales previstos por el convenio, así como la presión de la demanda interna sobre los ingresos de los empleados del comercio.
El sueldo básico de un cajero de supermercado en Argentina en julio 2026 supera el millón doscientos mil pesos mensuales para jornada completa, de acuerdo con la última escala oficial vigente. Esta actualización responde a los acuerdos paritarios alcanzados por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector, que fijaron los nuevos valores dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Según la escala salarial oficial, el salario básico para la categoría de cajeros quedó establecido de la siguiente manera: Categoría A en $1.249.646, Categoría B en $1.255.270 y Categoría C en $1.262.499. Estos montos corresponden a trabajadores con jornada laboral completa y sin contar los adicionales que establece el convenio.
Al básico oficial se le suman los adicionales previstos en el acuerdo colectivo. El presentismo representa un 8,33% adicional sobre el salario básico para quienes no registran inasistencias. Además, todos los empleados reciben un 1% extra por cada año trabajado, en concepto de antigüedad. Los cajeros también perciben un adicional específico por manejo de caja y pueden incrementar sus ingresos mediante el cobro de horas extras y trabajo en feriados, cuando corresponda.
La estructura salarial de este mes incorpora sumas fijas no remunerativas que hasta junio se abonaban por fuera del básico. Desde julio, estos importes pasaron a integrarse al sueldo convencional, lo que modifica la base de cálculo de los adicionales y aportes. El monto final de bolsillo puede variar según la antigüedad, la asistencia y los adicionales específicos.
La grilla oficial de salarios básicos para empleados de Comercio en julio 2026 incluye los siguientes valores mensuales según la categoría:
- Maestranza A: $1.233.585
- Maestranza B: $1.236.794
- Maestranza C: $1.248.038
- Administrativo A: $1.245.631
- Administrativo B: $1.250.454
- Administrativo C: $1.255.270
- Administrativo D: $1.269.729
- Administrativo E: $1.281.775
- Administrativo F: $1.299.445
- Cajero A: $1.249.646
- Cajero B: $1.255.270
- Cajero C: $1.262.499
- Auxiliar A: $1.249.646
- Auxiliar B: $1.257.677
- Auxiliar C: $1.284.184
- Auxiliar Especializado A: $1.259.287
- Auxiliar Especializado B: $1.273.743
- Vendedor A: $1.249.646
- Vendedor B: $1.273.746
- Vendedor C: $1.281.775
- Vendedor D: $1.299.445
Estos valores corresponden al salario básico sin adicionales. El convenio colectivo establece que todos los empleados de Comercio reciben un adicional del 1% por cada año de antigüedad y un 8,33% por presentismo, siempre que cumplan con la asistencia perfecta. Se suman además suplementos por tareas específicas y los montos por trabajo en días no laborables.
El acuerdo vigente contempla un incremento trimestral del 5%, distribuido en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio, aplicados sobre las escalas de marzo 2026. La incorporación de sumas fijas al básico convencional desde julio impacta directamente en el recibo de sueldo y en la base de cálculo para todos los adicionales y aportes.
Para los cajeros, el recibo de sueldo puede superar el básico por el cómputo de los adicionales previstos en el convenio. Quienes cumplen tareas en días feriados o exceden la jornada habitual pueden incrementar sus ingresos mensuales conforme a las pautas oficiales.
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Alarmado por la merma en el tráfico de pasajeros que evidencia la terminal local, y con la mira en reposicionar a esa zona del país como «hub» turístico y de negocios, un frente de empresas y especialistas del ámbito aéreo buscan un cambio rotundo para el aeropuerto de Rosario, un sitio clave para el mapa aerocomercial del interior de la Argentina. Nucleados en la denominada «Red de Instituciones por la Producción de Rosario», dichos actores preparan una propuesta técnica con vistas a que el gobierno de Santa Fe habilite la privatización de la terminal. La idea de base pasaría por concesionar el aeropuerto en su totalidad o avanzar por etapas, con entrega a operadores privados de gran envergadura. Se señala que el tráfico aéreo en Rosario cayó casi un 50% en los últimos 6 años.
En torno a la «Red de Instituciones por la Producción de Rosario» se señala que la merma que muestra el movimiento aerocomercial complica la recuperación económica de esa zona del país.
«La Provincia hizo lo más difícil: invirtió en la reconstrucción de la pista. Ahora hay que crear las condiciones para que lleguen operadores que sepan desarrollar el negocio aerocomercial«, comunicó el grupo.
Sus integrantes afirman también que el futuro del aeropuerto debe sustentarse en una política de Estado que garantice continuidad más allá de los cambios de gobierno y brinde previsibilidad a potenciales inversores.
Con una pista renovada y un potencial estimado de 1,5 millones de usuarios anuales, la Red anunció que solicitará una reunión con el Gobierno de Santa Fe para avanzar en una propuesta de concesión que fortalezca la conectividad y el desarrollo productivo de la región.
Por su parte, uno de los principales impulsores de la iniciativa es el presidente de la Federación Gremial de Rosario e integrante de la Red, Eduardo Maradona, quien recientemente cuestionó el actual esquema de conducción del aeropuerto.
Según detalló el portal Punto Biz, Maradona afirmó que los directorios políticos carecen de continuidad para negociar con las compañías aéreas, un proceso que suele demandar años.
El plan para privatizar el aeropuerto de Rosario
«Necesitamos un directorio que pueda gestionar en el tiempo. Cuando te sentás con los dueños de una línea aérea, lo primero que preguntan es quién garantiza que ese proyecto va a seguir dentro de dos o tres años. Si cada cambio de gobierno implica volver a empezar, es muy difícil construir confianza», enfatizó.
Al mismo tiempo, el portavoz de la Red sostuvo que los directorios como el que actualmente administra la terminal aérea «terminan siendo casi bolsas de trabajo o compromisos políticos en lugar de estructuras profesionales enfocadas en desarrollar la conectividad». Maradona argumentó que debe apuntarse no sólo a cambiar nombres, sino a «modificar el esquema institucional para que la gestión quede blindada frente a los cambios de administración y pueda trabajar con horizontes de largo plazo».
A los ojos de la Red, Rosario debe colocar como prioridad de su propuesta aérea «una conexión directa con Neuquén, en pleno desarrollo de Vaca Muerta; Paraguay, por el creciente intercambio industrial y comercial; San Juan, por el auge de la minería; y Santa Cruz de la Sierra, uno de los principales polos económicos de Bolivia».
«Queremos que el aeropuerto deje de ser noticia por los eventos culturales y pase a ser noticia por la conectividad nacional e internacional», sostuvo Maradona.
De acuerdo a la fuente mencionada, la Red evalúa una propuesta donde también se incluya la posibilidad de que se apliquen licitaciones diferenciadas según el tipo de actividad.
«Así, un operador podría encargarse de la carga aérea, otro de la aviación privada y ejecutiva, un tercero del desarrollo comercial de la terminal y otro de la conectividad de pasajeros. La intención es construir un modelo flexible que resulte atractivo para empresas con experiencia en el negocio aeroportuario», se indicó.
Potenciales interesados y números en rojo
Por último, la organización reconoció que, de avanzarse con la privatización, se buscaría atraer el interés de jugadores como Aeropuertos Argentina 2000, London Supply, inversores brasileños e, incluso, operadores vinculados a compañías aéreas como Copa.
La decisión de recuperar la capacidad aerocomercial de Rosario se ha vuelto una prioridad para distintos grupos corporativos en Santa Fe. Ocurre que la plaza en cuestión acumula años de números en rojo más allá de su relevancia económica. Así, y de acuerdo a fuentes aeroportuarias, el tránsito de pasajeros cayó 48% en los últimos 6 años.
«En 2018, el aeropuerto movió 848 mil pasajeros, mientras que en el 2024 registró 438 mil. Con suerte, en 2026 llegará por debajo de los 760 mil del 2019. El aeropuerto de Rosario está ahora en el número 14 del ránking nacional, siendo la tercera ciudad del país, tras haber ocupado el número 12 en 2019, durante el último año de Macri», precisaron fuentes rosarinas.
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