ECONOMIA
Cuáles son las provincias con mayor cantidad de juicios por accidentes y enfermedades laborales
Luego de la aprobación de la reforma, un informe reciente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) arrojó que en 2025 hubo 127.700 juicios laborales, lo que implicó un sobrecosto de USD 2.140 millones para el conjunto del sistema.
Se destacó que ese monto equivale a 2 millones de salarios mensuales o el ingreso anual de 154.000 trabajadores, 9,2 millones de salarios mínimos, 9,1 millones de jubilaciones mínimas o 1,6% de la masa salarial.
La SRT clasificó a las provincias según su nivel de riesgo en función de la cantidad de juicios y su costo económico. Los datos muestran una fuerte concentración territorial de la litigiosidad dentro de la categoría de alto riesgo concentran el 70,6% de los trabajadores y el 71,2% de los juicios. Si se suman las de riesgo medio, estos valores ascienden a 90,4% del empleo y 86,2% de los litigios.
“Si se incorpora la composición de la judicialidad (rechazos + 0% de incapacidad + no denunciados) al nivel de riesgo, el análisis se enriquece porque no solo muestra dónde hay más juicios, sino también qué tan ‘sanos’ o ‘distorsionados’ son dichos juicios”, precisó la SRT.
“Varias jurisdicciones de riesgo alto presentan además valores muy elevados de composición, lo que sugiere una fuerte presencia de juicios especulativos: CABA (90%), Buenos Aires (88%), Chubut (79,5%), Jujuy (85%), Mendoza (92,9%), Santa Fe (92,6%)”, añadió.
En algunas provincias con bajo nivel de riesgo, como Catamarca (75,7), Corrientes (76,7), La Rioja (74,4) y Río Negro (71,6), se registra igualmente una alta proporción de juicios que terminan sin incapacidad, son rechazados o no fueron denunciados previamente.
Esto sugiere que, aunque la cantidad de litigios o su impacto económico es menor, una parte significativa de los casos presenta un posible componente especulativo.
Entre las jurisdicciones con mayor impacto económico o sobrecosto por los juicios laborales se destacan:
- Provincia de Buenos Aires: USD 892 millones
- CABA: USD 517 millones
- Santa Fe: USD 162 millones
- Mendoza: USD 153 millones
- Córdoba: USD 108 millones
- San Luis: USD 94 millones
- Neuquén: USD 64 millones
- Chubut: USD 53 millones
- Entre Ríos: USD 34 millones
- Jujuy: USD 33 millones
Según el informe, las provincias con mayor cantidad de litigios, en términos absolutos de juicios en 2025, son Buenos Aires (49.100) , CABA (25.061), Santa Fe (18.324), Mendoza (9.096) y Córdoba (7.845).
Por regiones, el informe también muestra grandes disparidades entre provincias, a partir de dos indicadores clave: el índice de judicialidad (cantidad de juicios) y el sobrecosto por trabajador (en dólares). Los números evidencian comportamientos muy distintos incluso dentro de una misma región.
En Cuyo, San Luis aparece como el caso más extremo del país: registra 337 de judicialidad y USD 837 de sobrecosto por trabajador, muy por encima de San Juan (60 y USD 65) y también de Mendoza (212 y USD 360). Esta brecha lo posiciona como el distrito más atípico tanto por cantidad de juicios como por costo por caso.
En la misma región, Mendoza también presenta niveles elevados (212 de judicialidad y USD 360 por trabajador), claramente por encima del promedio regional, aunque lejos del pico que muestra San Luis.
En la Patagonia, Chubut se destaca con 371 de judicialidad y USD 328 por trabajador, más que duplicando a Neuquén (170 y USD 249) y superando ampliamente a Río Negro (58 y USD 69).
En este contexto, Neuquén aparece como un caso intermedio dentro de una región con comportamientos muy dispares.
En el NOA, Jujuy rompe el patrón regional: con 238 de judicialidad y USD 461 por trabajador, se ubica muy por encima de provincias como Salta (6,6) y Tucumán (25,8), donde tanto la litigiosidad como los costos son significativamente más bajos.
En la región Centro, Santa Fe lidera con 267 de judicialidad y USD 263 por trabajador, superando a Córdoba (138 y 178) y Entre Ríos (120 y 126), lo que la posiciona como la jurisdicción más crítica de ese bloque.
Por su parte, en el AMBA se observan dos dinámicas distintas: Buenos Aires registra 164 de judicialidad y USD 284 por trabajador, con menos juicios pero mayor costo relativo; mientras que CABA, con 249 de judicialidad y USD 248 por trabajador, presenta más litigios, aunque con menor impacto económico por caso.
La SRT señala que la solución pasa por aplicar la normativa vigente. En ese sentido, la Ley 27.348 establece la creación de Cuerpos Médicos Forenses en las provincias, integrados por especialistas en medicina laboral, honorarios no atados al resultado del juicio y la intervención obligatoria en todos los casos.
Además, la Ley 27.802 (modernización laboral) fija plazos y facultades específicas para la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) con el objetivo de avanzar en la implementación del sistema.
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- IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. (Pluralcoop)
- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
- MAPFRE Salud S.A.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
- Grupo Gerenciador G4 S.A.
- Emergencias Médicas Punilla S.A.
- Emergencias Río Cuarto S.R.L.
- Austral Organización Médica Integral S.A.
- Carra Salud S.A.
- Codime S.A.
- Pangea S.A.
- Rescate Centro S.A.
- Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba
- Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
- Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
- IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. (Pluralcoop)
- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
- MAPFRE Salud S.A.
- Grupo Gerenciador G4 S.A.
- Emergencias Médicas Punilla S.A.
- Emergencias Río Cuarto S.R.L.
- Obra Social del Personal de la Industria Botonera
- Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OSPIF)
- Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Zonales de la República Argentina (Fedecámaras).
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El Banco Central de Brasil redujo la tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales, ubicándola en un 14,0% anual, marcando así la cuarta baja consecutiva. La autoridad monetaria de la principal economía latinoamericana sostiene su orientación hacia el relajamiento de la política monetaria, luego de que la tasa alcanzara su mayor nivel en 20 años.
La decisión, alineada con las expectativas del mercado, incluyó un mensaje de cautela: la magnitud de futuros recortes dependerá de la evolución de los datos económicos para mantener el control de los precios.
El Comité de Política Monetaria (Copom) señaló que el entorno sigue siendo “incierto” por la falta de resolución en los conflictos armados en Medio Oriente y la incertidumbre sobre la política monetaria de algunas economías avanzadas.
Según el Banco Central, esta situación exige “cautela por parte de los países emergentes” ante una mayor volatilidad en los precios de los activos y las materias primas. El Copom remarcó que los riesgos de inflación permanecen elevados y presentan una asimetría al alza.
Entre los factores de riesgo mencionó el posible impacto de los precios del petróleo, los efectos del clima sobre la producción agrícola, el costo de la energía, una tasa de cambio más depreciada y una inflación en el sector servicios superior a lo previsto.
Sobre el mercado interno, la entidad observó una “moderación gradual de la actividad económica”, aunque el nivel sigue siendo “resiliente” y el mercado laboral se mantiene “dinámico”.
El Banco Central reportó que la inflación general se ha desacelerado recientemente, pero todavía supera el límite superior de la meta establecida, que es del 3,0% anual con un margen de tolerancia de un punto y medio porcentual. Las expectativas de inflación para 2026 y 2027 se ubican en el 5,0% y el 4,2%, respectivamente.
La institución señaló que seguirá de cerca el impacto de la política fiscal sobre la política monetaria. “El escenario actual, caracterizado por un significativo aumento de la incertidumbre, desanclaje de las expectativas y riesgos elevados en torno al escenario base, demanda serenidad y cautela en la conducción de la política monetaria”, concluyó el Banco Central.
En Brasil, la reducción de los intereses ha sido una demanda del sector productivo y del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección en los comicios de octubre próximo. El elevado costo del crédito es considerado un obstáculo para el crecimiento, en un contexto donde la mayoría de las previsiones anticipa una desaceleración económica este año.
El PIB brasileño registró un crecimiento del 3,4% en 2024 y del 2,3% en 2025, y para este año electoral se proyecta una desaceleración más marcada, con una expansión cercana al 2%. En el primer trimestre de 2026, el PIB aumentó un 1,1%, impulsado por el sector agropecuario.
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