La decisión de la Justicia de la provincia de Santa Fe de decretar la quiebra de la emblemática SanCor abre horizonte por demás incierto para quienes apuestan por una continuidad de la marca. La medida en cuestión fue dictada por el juez del caso, Marcelo Gelcich, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de los Tribunales de Rafaela. El magistrado fijó que la lechera mantendrá parte de su estructura operativa para evitar un «perjuicio» a 914 empleados. También estableció que los activos de la unión de cooperativas entrarán en fase de venta. Y la intención inicial es encontrar comprador a las plantas que la compañía aún posee en Sunchales, Gálvez y San Guillermo (Santa Fe), y Devoto, Balnearia y La Carlota (Córdoba). Tras la decisión judicial, el gremio ATILRA se postuló como el primer interesado en ejercer el control administrativo y operativo de la firma.

Según indicaron medios en Sunchales, donde se ubica la base operativa de SanCor, el núcleo del proceso de liquidación será la venta de las unidades productivas (plantas industriales) de manera conjunta o separada.

«Para ello, la sindicatura y la coadministración judicial deberán elaborar un pliego de condiciones que establecerá un precio base en dólares estadounidenses. Este esquema busca atraer a inversores interesados en la capacidad operativa de las plantas de Sunchales, Gálvez y San Guillermo (Santa Fe), así como las de Devoto, Balnearia y La Carlota (Córdoba)«, se afirmó.

SanCor venderá sus activos

«El tribunal ha subrayado que la venta de las plantas en funcionamiento tiene un valor significativamente mayor que la realización de maquinaria ociosa, por lo que se ha ordenado mantener la explotación transitoria mientras se concreta la subasta», agregaron las fuentes.

Con relación a la marca SanCor, la Justicia señaló que la etiqueta «posee un alto valor de mercado y reales expectativas de venta a valores significativos», y de ahí que se promoverá su continuidad con vistas a conseguir un comprador en el corto y mediano plazo.

Se estableció también que, para financiar los costos del proceso y obtener liquidez inmediata, se venderán una serie de activos «no productivos» que son propiedad de la lechera como varios pisos y cocheras en un edificio de la calle Tacuarí, en Capital Federal, además de sendas instalaciones y terrenos en Morteros, Brinkmann, Lehmann y Lincoln.

La firma también deberá desprenderse de «viviendas y otros inmuebles no vinculados directamente a la elaboración de lácteos».

«La sindicatura plural tendrá funciones divididas para agilizar la liquidación: el síndico Ignacio Pacheco supervisará el plan de explotación y la estrategia de venta de las unidades industriales, mientras que el síndico Juan Luis Tomat se encargará de la realización de los inmuebles y participaciones societarias», estableció el juzgado competente.

«El proceso de verificación de créditos para nuevos acreedores se extenderá hasta el 29 de mayo de 2026, fecha tras la cual se consolidará el pasivo definitivo para proceder a la distribución de lo recaudado en las licitaciones», se amplió.

ATILRA se anota para gestionar SanCor

Con relación a la continuidad de la firma, y el interés por mantener viva su marca, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) rápidamente salió a decir que se siente en condiciones de asumir la operatividad de la lechera.

«Somos optimistas, no por una cuestión de fe, sino porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Esto no es un final, sino el comienzo de una nueva etapa», dijo, respecto, de la quiebra de SanCor, Héctor Ponce, secretario general del gremio, en declaraciones divulgadas por el sitio Bichos de Campo.

«Desde Atilra hace ya mucho tiempo que nosotros venimos conversando con distintos actores de la actividad con la finalidad de darle continuidad a las fuentes de trabajo», acotó, para subrayar que la intención del sindicato siempre pasó por promover «una quiebra con continuidad laboral y con continuidad de la marca SanCor».

Ponce comentó, además, que el gremio presenta la «capacidad intelectual y formación suficiente para gestionar una empresa láctea«, por lo que no se descarta que pueda intentar hacerse con el control de la unión de cooperativas en alianza con empresarios industriales.

Investing.com — La oferta pública inicial de está prevista que cotice por encima de su rango de comercialización de 16 a 19 dólares por acción, informó Bloomberg el jueves.

La oferta del desarrollador de pequeños reactores modulares nucleares respaldado por Amazon.com (NASDAQ:AMZN) está programada para cotizar más tarde el jueves, según el informe.

La OPV está sobresuscrita en dos dígitos con una demanda significativa de inversores de largo plazo, dedicados al sector energético y existentes, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

La dirección estará muy involucrada en la asignación de las acciones y priorizará las relaciones existentes, añadieron las personas.

La compañía tiene la intención de cotizar en el mercado de valores NASDAQ bajo el símbolo XE.

JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Jefferies Financial Group y Moelis & Co. se encuentran entre los bancos que trabajan en la oferta.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

Luego de la aprobación de la reforma, un informe reciente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) arrojó que en 2025 hubo 127.700 juicios laborales, lo que implicó un sobrecosto de USD 2.140 millones para el conjunto del sistema.

Se destacó que ese monto equivale a 2 millones de salarios mensuales o el ingreso anual de 154.000 trabajadores, 9,2 millones de salarios mínimos, 9,1 millones de jubilaciones mínimas o 1,6% de la masa salarial.

La SRT clasificó a las provincias según su nivel de riesgo en función de la cantidad de juicios y su costo económico. Los datos muestran una fuerte concentración territorial de la litigiosidad dentro de la categoría de alto riesgo concentran el 70,6% de los trabajadores y el 71,2% de los juicios. Si se suman las de riesgo medio, estos valores ascienden a 90,4% del empleo y 86,2% de los litigios.

“Si se incorpora la composición de la judicialidad (rechazos + 0% de incapacidad + no denunciados) al nivel de riesgo, el análisis se enriquece porque no solo muestra dónde hay más juicios, sino también qué tan ‘sanos’ o ‘distorsionados’ son dichos juicios”, precisó la SRT.

“Varias jurisdicciones de riesgo alto presentan además valores muy elevados de composición, lo que sugiere una fuerte presencia de juicios especulativos: CABA (90%), Buenos Aires (88%), Chubut (79,5%), Jujuy (85%), Mendoza (92,9%), Santa Fe (92,6%)”, añadió.

En algunas provincias con bajo nivel de riesgo, como Catamarca (75,7), Corrientes (76,7), La Rioja (74,4) y Río Negro (71,6), se registra igualmente una alta proporción de juicios que terminan sin incapacidad, son rechazados o no fueron denunciados previamente.

Esto sugiere que, aunque la cantidad de litigios o su impacto económico es menor, una parte significativa de los casos presenta un posible componente especulativo.

Entre las jurisdicciones con mayor impacto económico o sobrecosto por los juicios laborales se destacan:

• Provincia de Buenos Aires: USD 892 millones
• CABA: USD 517 millones
• Santa Fe: USD 162 millones
• Mendoza: USD 153 millones
• Córdoba: USD 108 millones
• San Luis: USD 94 millones
• Neuquén: USD 64 millones
• Chubut: USD 53 millones
• Entre Ríos: USD 34 millones
• Jujuy: USD 33 millones

Según el informe, las provincias con mayor cantidad de litigios, en términos absolutos de juicios en 2025, son Buenos Aires (49.100) , CABA (25.061), Santa Fe (18.324), Mendoza (9.096) y Córdoba (7.845).

Por regiones, el informe también muestra grandes disparidades entre provincias, a partir de dos indicadores clave: el índice de judicialidad (cantidad de juicios) y el sobrecosto por trabajador (en dólares). Los números evidencian comportamientos muy distintos incluso dentro de una misma región.

En Cuyo, San Luis aparece como el caso más extremo del país: registra 337 de judicialidad y USD 837 de sobrecosto por trabajador, muy por encima de San Juan (60 y USD 65) y también de Mendoza (212 y USD 360). Esta brecha lo posiciona como el distrito más atípico tanto por cantidad de juicios como por costo por caso.

En la misma región, Mendoza también presenta niveles elevados (212 de judicialidad y USD 360 por trabajador), claramente por encima del promedio regional, aunque lejos del pico que muestra San Luis.

En la Patagonia, Chubut se destaca con 371 de judicialidad y USD 328 por trabajador, más que duplicando a Neuquén (170 y USD 249) y superando ampliamente a Río Negro (58 y USD 69).

En este contexto, Neuquén aparece como un caso intermedio dentro de una región con comportamientos muy dispares.

En el NOA, Jujuy rompe el patrón regional: con 238 de judicialidad y USD 461 por trabajador, se ubica muy por encima de provincias como Salta (6,6) y Tucumán (25,8), donde tanto la litigiosidad como los costos son significativamente más bajos.

En la región Centro, Santa Fe lidera con 267 de judicialidad y USD 263 por trabajador, superando a Córdoba (138 y 178) y Entre Ríos (120 y 126), lo que la posiciona como la jurisdicción más crítica de ese bloque.

Por su parte, en el AMBA se observan dos dinámicas distintas: Buenos Aires registra 164 de judicialidad y USD 284 por trabajador, con menos juicios pero mayor costo relativo; mientras que CABA, con 249 de judicialidad y USD 248 por trabajador, presenta más litigios, aunque con menor impacto económico por caso.

La SRT señala que la solución pasa por aplicar la normativa vigente. En ese sentido, la Ley 27.348 establece la creación de Cuerpos Médicos Forenses en las provincias, integrados por especialistas en medicina laboral, honorarios no atados al resultado del juicio y la intervención obligatoria en todos los casos.

Además, la Ley 27.802 (modernización laboral) fija plazos y facultades específicas para la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) con el objetivo de avanzar en la implementación del sistema.