El contraste entre las zonas humildes de Basilea y las villas miseria latinoamericanas no radica en la precariedad física ni en la ausencia de servicios básicos. Según la información recabada por la Oficina Estadística del Cantón de Basilea-Ciudad (Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt), Klybeck figura como el barrio con los indicadores socioeconómicos más bajos del cantón, pero mantiene condiciones materiales que distan por completo de las características de la informalidad urbana y la exclusión estructural. El término “favela”, aplicado en tono irónico por inmigrantes latinoamericanos, apunta más a la comparación estética y al contraste local que a una realidad de carencia estructural.

En la geografía urbana de Basilea, Kleinbasel se ubica en la margen norte del río Rin y representa históricamente el polo obrero e industrial de la ciudad, frente a Grossbasel, el sector histórico y financiero. Dentro de Kleinbasel, Klybeck destaca como un barrio residencial e industrial, vinculado desde sus orígenes a los complejos fabriles y habitacionales de Novartis y otras industrias químicas. El perfil poblacional de estos barrios revela una concentración de migrantes y familias obreras que, pese a su bajo poder adquisitivo local, acceden a una calidad de vida impensable en los márgenes urbanos de América Latina.

La percepción de marginalidad que recae sobre Kleinbasel y Klybeck responde, en gran parte, a un sesgo de origen interno suizo. La reputación de zona “peligrosa” surge de la concentración de poblaciones extranjeras, los alquileres más accesibles y la densidad de bares y discotecas. Según análisis locales y testimonios recabados en foros ciudadanos, la “mala fama” proviene mayormente de habitantes de cantones periféricos o rurales, donde se observa con recelo la diversidad multicultural. Los incidentes delictivos, cuando existen, suelen limitarse a riñas ocasionales en la vida nocturna y pequeñas infracciones vinculadas a la tolerancia de actividades como la prostitución en zonas específicas, como los alrededores de Claraplatz.

El nivel de vida en estos barrios se encuadra en los estándares de la clase media y trabajadora europea. La infraestructura urbana garantiza cobertura total de servicios esenciales: agua potable, electricidad, calefacción central, recolección automatizada de residuos, conectividad de alta velocidad y una red de transporte público que integra los sectores más humildes con el centro financiero sin diferencias de calidad. El sistema de tranvías, símbolo de la movilidad suiza, conecta cada rincón del distrito con puntualidad y comodidad, asegurando accesibilidad para todos los residentes.

El acceso a la educación y la salud tampoco depende del código postal. La educación pública suiza es gratuita y obligatoria, y el rendimiento escolar de los alumnos de Kleinbasel y Klybeck se mide con los mismos estándares que en cualquier otro barrio del país. El sistema sanitario, gestionado a través del seguro médico obligatorio —el Krankenkasse—, recibe subsidios estatales automáticos para los residentes de menores ingresos. El Estado cubre hasta el 100% de la cuota mensual de los seguros en los segmentos más desfavorecidos, evitando que la precariedad económica derive en exclusión sanitaria.

La estructura habitacional de Klybeck y Kleinbasel descarta la existencia de construcciones informales. Todas las viviendas, aunque pequeñas, responden a normativas estrictas de aislamiento térmico, seguridad y mantenimiento técnico. En Klybeck, el 83,3% de los residentes vive en departamentos de alquiler, y cuando los ingresos caen, las asignaciones municipales de vivienda cubren parte del alquiler para prevenir desalojos y garantizar la habitabilidad. El hacinamiento, en términos estadísticos, se traduce en familias de cuatro personas que comparten departamentos de tres ambientes, sin cuartos individuales o grandes espacios de recreación, pero sin perder acceso a los servicios básicos ni enfrentar condiciones de insalubridad.

Los indicadores demográficos del barrio de Klybeck reflejan la mayor densidad de inmigrantes de toda Basilea: el 53% de su población es extranjera, muy por encima del promedio urbano del 37,8%. Los principales orígenes son Turquía, Italia, la península balcánica, el norte de África y Europa del Este. El espacio habitable promedio por persona es de 33 metros cuadrados, mientras que en el acomodado Altstadt Grossbasel la cifra asciende a 53,7 metros cuadrados. La diversidad cultural se refleja en las escuelas: solo el 18,2% de los estudiantes de primaria tiene el alemán como lengua materna y apenas el 11,5% accede al Gymnasium, el bachillerato que habilita el ingreso directo a la universidad, frente a un promedio cantonal superior al 37%.

La brecha económica se percibe en la comparación de ingresos. El ingreso medio bruto de los hogares en Klybeck alcanza los 63.468 francos suizos anuales (aproximadamente 70.000 dólares estadounidenses), la cifra más baja del cantón. Para poner en contexto, la mediana en Basilea-Ciudad es de 81.023 francos y en los barrios más ricos, como Altstadt Grossbasel o Bettingen, supera los 115.000 y 118.000 francos anuales, respectivamente. El ingreso neto imponible individual en Klybeck ronda los 36.800 francos al año, ubicando al barrio en el último lugar de la tabla fiscal local. Además, el área registra la mayor proporción de beneficiarios de ayuda social y la menor tasa de población activa empleada del cantón.

A pesar del bajo poder adquisitivo local, la pobreza en Klybeck adquiere una forma particular. El umbral de pobreza relativa, fijado por Caritas y las oficinas sociales en unos 2.500 francos mensuales para un soltero y 4.000 para una familia tipo, sitúa a muchas familias de Klybeck cerca o por debajo de esa línea. Sin embargo, el Estado suizo interviene antes de que la carencia se traduzca en precariedad urbana visible. Las políticas públicas incluyen la reducción automática de primas médicas, el subsidio parcial o total del alquiler y la garantía de acceso a servicios públicos de calidad. La vulnerabilidad se detecta en las declaraciones de impuestos, no en el entorno físico.

El fenómeno de la gentrificación representa el principal foco de conflicto en la actualidad. El cierre de antiguas plantas industriales, como parte de los proyectos de reconversión urbana Klybeckplus y Rheinsee, liberó grandes terrenos que atrajeron a inversores y desarrolladores privados. Según estudios publicados por el Radical Housing Journal y citados por la especialista Claudia Gehriger, la especulación inmobiliaria lleva a cancelaciones masivas de contratos de alquiler y remodelaciones que afectan principalmente a las familias pobres, extranjeras y monoparentales. Este proceso de transformación urbana intensifica la competencia por los pocos alquileres accesibles y empuja a los sectores de menores recursos fuera del área central.

La pobreza energética, otro de los desafíos contemporáneos en Suiza, no se traduce en cortes de suministro o precariedad habitacional, sino en la dificultad para afrontar los costos fijos de vida. Informes recientes del grupo ReHousIn destacan que “las desigualdades, tales como la pobreza energética y los problemas sociales causados por la creciente dificultad de acceso a la vivienda, son absorbidas por el Estado”. La red de contención social impide que surjan asentamientos informales o villas miseria, pero no elimina la presión económica sobre las familias trabajadoras.

En cuanto a la seguridad, Basilea muestra tasas de criminalidad superiores al promedio suizo, aunque conserva el estatus de una de las ciudades más seguras del mundo. Kleinbasel es transitable y seguro en cualquier horario, y las advertencias locales se limitan a recomendaciones de sentido común en zonas de ocio nocturno.

La vida cultural de Kleinbasel y Klybeck se manifiesta en una agenda repleta de eventos, mercados y actividades sociales a orillas del Rin, especialmente en verano. El Matthäusmarkt, el mercado de los sábados en Matthäusplatz, atrae a residentes y visitantes, consolidando la imagen de la zona como un espacio vibrante y en transformación.

La ubicación fronteriza de Basilea aporta una dinámica económica singular. Muchos habitantes de los barrios populares cruzan regularmente a Alemania o Francia para realizar compras en euros, aprovechando la diferencia cambiaria y reduciendo los gastos en productos básicos. Este turismo de compras constituye una estrategia de ahorro para familias que enfrentan un alto costo de vida, pero disfrutan de un salario base cercano a los 4.000 francos suizos y la cobertura de un sistema de salud obligatorio.

El modelo suizo demuestra que la desigualdad de ingresos no deriva necesariamente en miseria cuando el Estado garantiza un piso de servicios idéntico para todos los ciudadanos. El estándar mínimo de bienestar en barrios como Klybeck y Kleinbasel supera ampliamente el máximo nivel alcanzado en muchos sectores urbanos de América Latina.

Tras el envío del proyecto del Súper RIGI por parte del Gobierno al Congreso, la Fundación Mediterránea criticó el esquema y aseguró que es “otra isla en el océano de distorsiones”, ya que si bien puede hacer viables algunas inversiones de gran escala, también profundiza una lógica de excepciones que no reemplaza la necesidad de reformas más amplias.

Vale mencionar que este régimen apunta a inversiones superiores a los USD 1.000 millones, vinculadas principalmente a inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, centros de datos, entre otros.

La Fundación Mediterránea sostuvo que un proceso de crecimiento sostenido requiere una inversión en torno al 25% del PBI, pero Argentina raramente superó el 20% en las últimas dos décadas y en los últimos años se ubicó apenas en el 16% del PBI.

El déficit resulta más notable en el nivel de Inversión Extranjera Directa (IED). Salvo años atípicos, este componente de la inversión nunca superó el 3% del PBI y en 2025 apenas alcanzó el 0,5%. Esto muestra un claro contraste con el 3,7% de Chile y 3,4% de Brasil para el mismo año.

“La baja inversión no tiene una causa única. No son problemas de un sector o de un tipo de inversión; son fallas sistémicas del entorno institucional que afectan a toda la economía”, aseguró la Fundación Mediterránea.

En ese sentido, mencionó como factores principales a la volatilidad macroeconómica, el cepo, los impuestos distorsivos, como derechos de exportación, cheque, ingresos brutos, sellos y tasas municipales que gravan las ventas; la inseguridad jurídica y una política comercial restrictiva.

Por otra parte, comparó la Tasa Interna de Retorno (TIR) entre los diferentes esquemas de incentivos implementados. Tomando como base un hipotético proyecto de inversión, esta sería del 6% bajo el régimen general, 6,6% con los beneficios de la reforma laboral, 6,8% con el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), 11,1% con el RIGI y 12,4% con el Súper RIGI.

Consideró que para configurar un entorno favorable para la inversión el camino es darle continuidad al proceso transformador iniciado hace 2 años, a través de las siguientes medidas:

• Sostenibilidad al equilibrio fiscal
• Terminar de eliminar el cepo y converger al régimen monetario y cambiario definitivo, institucionalizando el bimonetarismo al estilo de Perú y Uruguay
• Ordenamiento integral del sistema tributario que permita eliminar los impuestos más distorsivos y que dé confianza a los inversores en la estabilidad de las reglas tributarias en los tres niveles de gobierno
• Modernizar los poderes judiciales para generar confianza entre los inversores de que las controversias se dirimen con objetividad y que la estabilidad jurídica se respeta independientemente del ciclo político

La Fundación Mediterránea sostuvo que es necesario consolidar a los fines de generar un entorno más amigable con la producción. “Hasta ahora se han hecho avances importantes pero parciales y, por lo tanto, insuficientes para revertir los crónicos déficits de inversión. El cúmulo de distorsiones acumuladas llevan a que sea un proceso extremadamente desafiante que demanda perseverancia, cambios disruptivos y tiempo para su maduración”, señaló.

Explicaron que el RIGI viene cumpliendo con éxito sus objetivos de incentivar proyectos en los sectores para los que fue creado; particularmente, en la energía y la minería. “Pero escapa a sus posibilidades operar como una herramienta que dinamice de manera general la inversión”.

Por su propio diseño, aseguran, el RIGI no tiene capacidad para transformar el patrón de inversión prevaleciente en las últimas décadas, dado que su funcionalidad se centra en promover y hacer viables proyectos en determinados nichos.

Como aspecto positivo del Súper RIGI, destacaron que no existe costo fiscal porque “las eximiciones y reducciones de alícuotas son sobre impuestos que, de no ejecutarse el proyecto, no se recaudarían”. Tampoco se generan pérdidas cambiarias, ya que “la libre disponibilidad de divisas es sobre divisas que no se generarían si el proyecto no se ejecuta”.

El compromiso de mantener las condiciones tributarias y establecer canales especiales para controversias también se justifica, siempre que “son proyectos que de otra manera no se ejecutarían”.

Entre las desventajas, se destaca que la existencia de regímenes especiales “aumenta los costos administrativos, tanto para el Estado como para las empresas”. Además, “mientras más complejas son las reglas mayores son los costos y los riesgos de desvíos y discrecionalidades”.

Las empresas tienen incentivos a destinar recursos para calificar en estos regímenes, y el Súper RIGI incorpora “disposiciones expresas anti-elusión (que modifiquen artificialmente sus proyectos o estructuras solo para acceder a los beneficios fiscales previstos)”, lo que implica el reconocimiento de ese riesgo.

La entidad sostuvo que es recomendable priorizar las reformas generales y, en materia de regímenes especiales, ajustarse a la estrategia original de que el RIGI es una herramienta que adelanta de manera transitoria condiciones que se irán generalizando a medida que avance el proceso de transformaciones estructurales.

“No es una buena opción agregar nuevas capas de excepciones que profundizan las inequidades horizontales y la complejidad administrativa. Particularmente, no se justifica crear un nuevo régimen (el Súper RIGI) con características muy similares al que ya está operando con éxito (el RIGI). Máxime cuando no se cambian sustancialmente la estructura de beneficios especiales”, señaló el documento.

“Buena parte de los objetivos que se espera alcanzar con el Súper RIGI se podrían lograr sin establecer una nueva normativa de excepción sino en una mejora en el diseño y aplicación del RIGI. Para ello, los esfuerzos deberán estar centrados en buscar los instrumentos para que sea más atractivo explotar las ventajas que ofrece la Argentina, más que seguir agregando ‘super’ excepciones, mientras que el resto de la producción sigue lidiando con los enormes déficits institucionales que todavía padece la Argentina”, concluyó la Fundación Mediterránea.

Con la paritaria resuelta, la conducción de la Asociación Bancaria tiene en la mira la caída de los puestos de trabajo por el cierre de sucursales de distintas entidades crediticias. En este caso, el gremio le reclamó a la Embajada de Israel en la Argentina que interceda ante Eduardo Elsztain –»un miembro destacado de la comunidad», remarcó textualmente– para que detenga «el plan de ajuste sobre el Banco Hipotecario».

El secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, a través de un comunicado, le explicó al embajador Eyal Sela: «Con total insensibilidad hacia las personas, la empresa que conduce el sr. Elsztain ha dispuesto así, sin más, la eliminación de fuentes de trabajo no obstante el hecho de que el Banco Hipotecario está en una buena situación económica».

Para La Bancaria, «privilegian un fuerte afán de lucro»

En la misiva, le solicitó al funcionario una «intervención personal» porque «la empresa que conduce un miembro destacado de la comunidad israelita en la Argentina, el Sr Eduardo Elsztain, al ser el presidente del Banco Hipotecario S.A., viene implementando políticas de ajuste en esa entidad que incluyen el cierre de sucursales en todo el país y la pérdida de sus empleos por parte de los trabajadores que allí se desempeñan».

Subrayó: «Es evidente que en este caso se ha privilegiado un fuerte afán de lucro, sacrificándose a la vez la más elemental responsabilidad social empresaria hacia los trabajadores y hacia las comunidades afectadas», agregando: «Comprenderá usted el gravísimo daño personal, familiar y social que el mencionado proceder determina y que a todas luces resulta menester subsanar. Cada empleo es esencial porque es fuente de ingresos alimentarios que deben ser preservados».

Fuentes sindicales revelaron a iProfesional que las sucursales a «liquidar» son las de Tandil, Luján, Junín, San Francisco (Córdoba) y Tigre y detallaron: «Salvo la de Tigre, donde anunciaron que van a reubicar a todos los compañeros, en las demás están apretando para que arreglen o está la posibilidad de que sean despedidos».

Le piden al embajador que intervenga «para reparar el daño laboral causado»

En la carta, La Bancaria terminó planteando: «Es considerando lo descripto que, conocedores del fuerte vínculo que mantiene el Sr. Elsztain con esa Embajada y con el Estado de Israel, le solicito su intervención personal a fin de que ella pueda contribuir a reparar el gran daño laboral causado».

La organización gremial ya realizó medidas de fuerza tanto en el Hipotecario como en el Banco Central, Supervielle y Santander. En este último, no solo realizó protestas, sino que también recurrió a la embajada de España para que intervenga en el conflicto, considerando que no se trata de una crisis económica del sector, sino una reestructuración donde «aprovechan para reducir personal, subiéndose además a la Ley de Modernización Laboral recientemente aprobada«, indicaron.

Palazzo explicó: «Venimos haciendo las denuncias ante la secretaría de Trabajo y el ministerio de Capital Humano y como única respuesta hemos tenido la convocatoria a reuniones que no llegaron a ningún acuerdo» y añadió: «Es evidente que hay un accionar de las patronales afines a este modelo económico donde el ajuste lo pagan los trabajadores«.

La segunda parte de la carta de La Bancaria a la Embajada de Israel

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Palazzo afirmó: «Ejecución de cesantías injustificadas»

Si bien desde la dirección de Hipotecario no hay una comunicación oficial sobre el conflicto, dejaron trascender: «Las gestiones de los clientes se hacen en su gran mayoría a través del home banking, hasta los pedidos de préstamos no se hacen más en forma presencial», y añadieron: «A esto hay que sumar que también bajó la presencialidad del personal, por lo que no tiene sentido sostener semejante estructura edilicia, que implica gastos impositivos y de servicios y, en algunos casos, de alquileres».

El Banco Hipotecario es una sociedad anónima de capital mixto, donde el Estado Nacional es el accionista mayoritario con aproximadamente el 60% de las acciones (a través del Banco de la Nación Argentina y la ANSES). El sector privado posee el 40% restante, en manos del grupo inmobiliario IRSA, presidido por Elsztain, quien también actúa como presidente del directorio de la entidad crediticia.

Palazzo declaró: «Estamos reclamando el mantenimiento de las fuentes de trabajo» y afirmó que el Hipotecario, pese a la buena situación económica de la entidad, su dueño, Eduardo Elsztain –a quien vinculó estrechamente con el presidente Javier Milei–, está ejecutando un plan que incluye despidos injustificados y el cierre sistemático de sucursales en diversas provincias.

Aseguró: «Estamos frente al cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados en todo el país; por lo que rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo».