El despliegue de Decathlon en la Argentina sigue tomando impulso y, a escasos meses de su desembarco en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, la mayor cadena deportiva del mundo activó su segundo punto de venta en el país. En concreto, la firma abrió sus puertas en Córdoba y acentuó así su plan de aperturas previstas para nuestro país. La sucursal en territorio cordobés implicará la creación de al menos medio centenar de empleos. Hacia adelante, Decathlon evalúa la probable puesta en marcha de otras dos sucursales en la misma provincia. Antes, tiene programado abrir nuevos puntos de venta en Capital Federal y la ciudad de Rosario.

Para este año, según anticiparon directivos de la firma en el marco de la activación de la sucursal en Córdoba, Decathlon pondrá a funcionar una tienda en el shopping porteño del Abasto y otra en la ciudad santafesina ya mencionada. Se anticipó, también, que en 2027 podrían ponerse en marcha otras dos sucursales en la misma ciudad de Córdoba.

De acuerdo a lo informado, Decathlon prevé la apertura de al menos 20 locales en la Argentina en el lapso de cinco años. El plan en cuestión contempla inversiones por encima de los u$s100 millones y la generación de cuantos menos 750 puestos de trabajo directos.

Decathlon y un plan de expansión a largo plazo

«Siempre tuvimos a Córdoba como uno de los primeros lugares donde queríamos abrir. Tiene una fuerte cultura deportiva, una geografía ideal para la actividad outdoor porque incluye montañas, sierras y lagos; tres millones de habitantes y una ubicación estratégica para recibir visitantes de muchas otras provincias», declaró recientemente Pedro Aguirre Saravia, uno de los promotores del arribo de la firma al país.

Aguirre Saravia es socio de Manuel Antelo en Grupo One, con control de la marca en esta zona del mundo bajo un modelo de franquicia que abarca tanto a la Argentina como a Paraguay, Uruguay, Perú y Ecuador.

Fuentes en Córdoba como el diario La Voz detallaron que el local en esa ciudad posee 2.500 metros cuadrados y reúne 3.300 productos deportivos. Se ubica en la terraza de Nuevocentro Shopping y comenzó a operar el reciente sábado 30 de mayo.

«La apertura local es la segunda en el país, luego de un exitoso debut en Vicente López , Buenos Aires. Esa tienda no sólo marcó récords de público en ventas en sus primeros días, sino que a hoy se mantiene con la de mayor facturación por metro cuadrado en toda la red de 1770 sucursales que Decathlon tiene en 50 países», indicó el matutino.

«Creemos que el público cordobés va a responder muy bien. El fin de semana de apertura estimamos recibir entre 7.000 y 10.000 personas», afirmaron fuentes de la cadena.

La empresa basa gran parte de su oferta en 14 marcas propias y concentra sus inversiones más en investigación que en contratos millonarios con celebridades deportivas.

Así, Decathlon posee 15 centros de investigación y desarrollo distribuidos por el mundo en ambientes propicios para el tipo de producto asociado a cada universo deportivo. Siempre según La Voz, estos complejos son un eslabón vital de su estructura, que también incluye puntos de producción en 50 países.

«Decathlon controla toda la cadena de desarrollo de sus productos, por eso su surtido es tan competitivo», expresó Francisco Tedin, director de operaciones de la compañía en el país.

El éxito de la primera tienda de Decathlon

El 8 de noviembre del año pasado, la cadena deportiva Decathlon concretó su desembarco en Argentina con la apertura de su primera tienda en el país, ubicada en el complejo Al Río de Vicente López. Más de 10.000 personas asistieron a la inauguración, que se convirtió en el lanzamiento con mayor volumen de ventas de la compañía en toda América y en el número uno a nivel global durante ese fin de semana.

Las filas para ingresar comenzaron el día anterior a la inauguración, y hacia las 9 de la mañana del viernes ya se contabilizaban más de 3.000 personas esperando la apertura. Los primeros 300 visitantes recibieron gift cards de hasta 400.000 pesos, mientras que las primeras 500 compras accedieron a souvenirs conmemorativos.

La tienda presentó una propuesta integral que incluyó exhibiciones, demostraciones y actividades participativas orientadas a todos los públicos. Entre las propuestas destacaron un show de fútbol freestyle, presentaciones de rollers, juegos interactivos, sorteos, música en vivo a cargo de Las Aleman y estaciones con tatuajes temporales y camisetas personalizadas.

El Senado abrió esta semana el debate por una nueva Ley de biocombustibles que partió al sector en dos frentes: las grandes agroexportadoras y cerealeras, que tienen plantas de biodiesel construidas y capacidad para abastecer el mercado interno, pero sin acceso legal para hacerlo, y las pyme regionales, que operan en condiciones reguladas y temen que una apertura competitiva las deje fuera de un negocio que sostienen desde hace casi dos décadas.

El miércoles pasado ingresó en la Cámara alta la iniciativa impulsada por Patricia Bullrich, elaborada tras casi dos años de conversaciones entre la Secretaría de Energía y distintos actores de la cadena. La propuesta, que llegó con el mayor respaldo político, propone elevar el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, habilitar motores Flex Fuel y crear un sistema electrónico de comercialización.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, fue el primero en exponer y defendió la iniciativa con una admisión llamativa: “Tiene ganadores, perdedores, afectados”, sostuvo ante los senadores. Consideró “oportuno discutir una nueva ley” y afirmó que el proyecto “contiene los lineamientos que venimos trabajando hace casi dos años”.

Sobre el biodiesel, González advirtió que su costo es “muchísimo más alto que el fósil” y descartó duplicar el corte, porque implicaría “una suba estructural y permanente en el gasoil, con mayor costo de transporte, agro y consumidores finales”.

Ese argumento sobre el precio, sin embargo, tiene un reverso que las pyme señalaron en la discusión. Las grandes cerealeras sostuvieron que podrían vender biodiesel un 20% más barato que las plantas pequeñas, lo que se traduciría en una baja del 2% en el precio del combustible final.

El director de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), Federico Martelli, cuestionó esa aritmética en diálogo con Infobae: “El 20% de ahorro prometido equivale, en la práctica, a apenas el costo del aceite de soja, sin contar metanol, mano de obra ni energía. La diferencia real entre una planta grande y una pyme ronda el 5% o 6% en el precio del biodiesel, lo que se traduce en aproximadamente 0,5% en el surtidor. Son diez pesos”, sintetizó.

“Si se aprueba la ley de Patricia Bullrich, van a quebrar 25 pyme, se van a perder 1.500 puestos de trabajo y se va a concentrar el mercado en seis multinacionales”, agregó Martelli.

Hoy, el mercado interno de biodiesel es territorio exclusivo de las pyme. Las grandes cerealeras tienen habilitada la exportación, pero prácticamente no exportan: los principales mercados mundiales –Estados Unidos y la Unión Europea– protegen su propia producción con barreras arancelarias y paraarancelarias. Esa situación empujó a las multinacionales a mirar hacia adentro, y el proyecto de Bullrich les abriría la puerta.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), que nuclea a las grandes exportadoras, respaldó públicamente la iniciativa oficial y salió al cruce de las pyme con un argumento histórico: “Durante casi dos décadas de protección regulatoria, las 28 plantas de biodiesel no realizaron inversiones para producir su propio aceite de soja, la materia prima central del proceso”, publicó Ciara en sus redes sociales.

En contraste, la entidad que representa a las empresas agroexportadoras, sostuvo que el país cuenta con 358 plantas activas de aceite de soja distribuidas en ocho provincias, con una capacidad instalada de 70 millones de toneladas entre molienda y extrusión. La producción nacional de aceite de soja alcanza a 8,5 millones de toneladas anuales; las pyme de biodiesel consumen unas 650.000 toneladas, equivalente a un mes y medio de esa producción.

“Estuvimos todos apoyando un proyecto de ley que es el proyecto del futuro, porque va a permitir volver a poner en funcionamiento las grandes fábricas de biodiesel que están cerradas”, afirmó el presidente de Ciara, Gustavo Idígoras.

La entidad recordó que entre 2016 y 2018, Argentina fue el primer exportador mundial de biodiesel, con 2,8 millones de toneladas producidas, 1,8 millones exportadas e inversiones superiores a los USD 2.500 millones.

A su vez, Idígoras rechazó los argumentos sobre el riesgo laboral. Afirmó que las pyme tienen protección regulatoria hasta diciembre de 2030 y tiempo para “adaptarse, invertir o asociarse con alguna de las 360 plantas aceiteras que operan en el país”. Sobre el empleo, planteó que cada planta pyme ocupa en promedio a 10 personas, mientras que la industria exportadora tiene 1.500 puestos “en suspenso” por no poder abastecer el mercado interno.

“Estamos comparando 10 contra 1.500”, dijo, y agregó que la nueva ley traerá “una mejora sustancial para el consumidor en calidad y en precio”. Idígoras también calificó el régimen vigente de “soviético” y sostuvo que durante dos décadas las pymes vendieron biodiesel “a un precio 20% por encima de las condiciones de mercado”, con la Secretaría de Energía como garante de esa ecuación.

Martelli advirtió que el proyecto no amplía el mercado para las pyme, sino que lo reduce. El texto sube el corte del 7,5% al 10%, pero habilita a las petroleras a cubrir tres puntos porcentuales de esa diferencia mediante el denominado coprocesamiento, un mecanismo que consiste en incorporar grasas o materia vegetal en la destilación del petróleo y que técnicamente no constituye biodiesel. El resultado neto es que el corte efectivo para las pymes bajaría del 7,5% al 7 por ciento.

La desventaja estructural de las pyme ante una eventual competencia abierta con las cerealeras es múltiple. Las grandes empresas son, al mismo tiempo, proveedoras de aceite y potenciales competidoras. Según Martelli, esas compañías venden el aceite por encima de la paridad de exportación en el mercado interno, lo que encarece el insumo antes de que las pymes puedan transformarlo en combustible.

La diferencia de escala agrava el cuadro: una planta pyme grande produce hasta 50.000 toneladas anuales de biodiesel, mientras que una cerealera puede alcanzar las 500.000 toneladas. Las plantas de las multinacionales ya están construidas -levantadas originalmente para exportar- y no requieren inversión adicional para volcarse al mercado interno.

El Gobierno descartó subir el corte de biodiesel al 15%, como proponen algunas de las iniciativas alternativas. Daniel González esa opción por el impacto en el costo del gasoil y por razones fiscales: el biodiesel está exento de los impuestos que sí paga el diésel de origen fósil, de modo que un mayor corte implicaría menor recaudación. Las previsiones oficiales apuntan, además, a que el precio internacional del petróleo volverá a caer, lo que haría al biodiesel comparativamente más caro.

Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda deberán ahora elaborar un dictamen antes de que la iniciativa llegue al plenario del Senado. La reunión del miércoles fue informativa y el texto aún no tiene fecha de votación. Brasil, que avanzará este año con un corte obligatorio del 15% y proyecta llegar al 20% en 2030, apareció como referencia recurrente en el debate para quienes reclaman una política más ambiciosa en materia de biocombustibles.

El economista realizó un análisis de la situación económica del país, remarcando el contraste entre el auge exportador y la economía doméstica estancada

06/06/2026 – 18:05hs

La coyuntura financiera de la Argentina continúa siendo objeto de profundos debates entre los principales especialistas del sector, quienes intentan descifrar el rumbo de las variables macroeconómicas y su impacto real en el día a día de la población. En las últimas horas, el reconocido economista Miguel Kiguel analizó el escenario actual y aseguró que el país atraviesa una etapa de fuerte contraste, caracterizada por una marcada brecha entre los sectores que se benefician directamente del auge exportador y una economía doméstica que todavía no logra recuperar su dinamismo. Si bien el experto destacó el impacto positivo de la energía, la minería y el agro sobre el ingreso de divisas, advirtió que la falta de estímulos y las dificultades estructurales del crédito mantienen deprimido el consumo y retrasan la reactivación de amplios sectores de la actividad comercial.

Al detallar el comportamiento de las economías regionales, Kiguel explicó que actividades como la minería, el petróleo y una parte del sector agropecuario atraviesan un escenario favorable impulsado por la demanda internacional y los altos precios de los commodities. Sin embargo, el analista señaló que estos rubros poseen una característica intrínseca que limita de forma notable su capacidad de derrame inmediato sobre el conjunto de la sociedad. «Cuando vos ves cuáles son los que emplean más capital y menos gente, al tope están energía, minería y agro», sostuvo en diálogo con Splendid AM 990, remarcando que si bien generan empleo, no se trata de puestos de trabajo distribuidos de manera homogénea en todo el territorio nacional.

Tarifazos, pérdida de poder adquisitivo y el dilema del mediano plazo

El economista también vinculó el persistente malestar social con el severo esquema de ajuste económico aplicado durante los últimos meses. Según su descripción, muchas familias perciben que sus ingresos nominales ya no alcanzan para afrontar los gastos cotidianos más básicos debido al incremento exponencial en las boletas de las empresas prestadoras de servicios esenciales. Respecto a este fenómeno, el especialista dejó una definición tajante sobre la realidad de los asalariados: «La gente hoy gana más o menos lo mismo que antes, pero se le va muchísimo más en la luz, en el gas y en el agua». Esta situación, lógicamente, drena los recursos excedentes e impacta de forma directa sobre los niveles de consumo masivo.

Frente a las persistentes críticas de distintos sectores comerciales por la falta de una reactivación palpable en las calles, Kiguel consideró que las políticas de largo plazo impulsadas por el Gobierno apuntan a mejorar la competitividad general mediante incentivos a la inversión privada y la reducción de la presión impositiva. Sin embargo, sostuvo que la delicada coyuntura social requiere algún tipo de impulso adicional por parte del Estado. «La política económica de mediano plazo está muy bien, pero hay que llegar al mediano plazo», afirmó de manera crítica. En esa misma línea, evaluó que actualmente la administración nacional «no cree» en las políticas de estímulo fiscal o monetario para acelerar de forma artificial la actividad económica en el corto plazo.

El freno del crédito bancario y la conducta con el dólar

De acuerdo con la información a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, el economista explicó que la estrategia oficial de reducción de las tasas de interés no logró todavía traducirse en una expansión significativa del crédito para las empresas y familias debido a la extrema cautela que mantienen las entidades financieras. Kiguel expuso las razones detrás del freno bancario: «Los bancos no están prestando porque la cartera está en mora, los préstamos que dan no saben si los van a cobrar». Según su análisis técnico, la desconfianza mutua sigue siendo un factor central que limita la velocidad de la recuperación y genera que el proceso esté «tardando en que la gente tome plata y que los bancos presten».

Por último, al evaluar el comportamiento tradicional de los ahorristas locales en este contexto, el especialista consideró que la compra de dólares minoristas continúa siendo una conducta habitual y cultural de los argentinos, descartando que los niveles de demanda actuales representen un peligro real para la estabilidad cambiaria del Banco Central. «Eso es normal, es manual», sostuvo al referirse a las adquisiciones mensuales de divisas para el resguardo de valor, aunque aclaró que el verdadero problema financiero aparece cuando la demanda alcanza volúmenes muy superiores y desestabilizantes. Para finalizar, insistió en que el gran desafío del Gobierno consiste en lograr que los beneficios de los sectores agroexportadores se traduzcan en una mejora más amplia de la economía real, mientras que la recuperación del consumo y del crédito continúe siendo una asignatura pendiente para consolidar el crecimiento.