POLITICA
Cúneo y Moyano en Camioneros: la segunda foto tras volver al PJ, una interna 2027 en marcha y el reclamo de que decidan las urnas

Santiago Cúneo se reunió este viernes con Hugo Moyano en la sede de la Federación de Camioneros, en el segundo movimiento político de peso que protagonizó desde que hace apenas diez días formalizó su afiliación al Partido Justicialista bonaerense. El encuentro con el histórico dirigente sindical formó parte de una estrategia más amplia: construir volumen dentro del peronismo, recorrer sus estructuras tradicionales y preparar una interna por la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2027.
La reunión se realizó en la oficina de Moyano y tuvo como eje la situación social y económica de la provincia, la realidad de los trabajadores y el escenario que enfrenta el sindicalismo ante la crisis. Pero la importancia política del encuentro excedió su contenido formal: para Cúneo, representó la segunda foto con peso político específico desde su ingreso al PJ y otro paso de una hoja de ruta que continuaría en las próximas semanas con contactos con la CGT, sindicatos, intendentes y estructuras partidarias de los 135 municipios bonaerenses.
Después del encuentro, el dirigente publicó una fotografía junto al ex secretario general de la CGT y dejó una definición pública sobre el significado que le asignó a la reunión.
“Gracias Hugo Moyano por las luchas y el peronismo. Sos parte de la historia grande del movimiento obrero”, escribió Cúneo en su cuenta de Instagram.

La secuencia formó parte del mensaje. A principios de agosto, Cúneo formalizó su regreso al Partido Justicialista bonaerense en un encuentro en el que participaron el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Allí confirmó además una decisión que alteró, al menos, el mapa preliminar de la sucesión bonaerense: sería precandidato a gobernador en 2027.
Diez días después apareció la fotografía con Moyano.
Los dos episodios permitieron empezar a dimensionar el sentido de su desembarco. Cúneo no volvió al PJ solamente para recuperar una pertenencia partidaria: su objetivo fue construir desde adentro una candidatura provincial y plantear una discusión que, tarde o temprano, atravesaría a todas las vertientes del peronismo: quién sucederá a Axel Kicillof y, sobre todo, mediante qué mecanismo se resolverá esa candidatura.
Cúneo quiere que sea en las urnas.
Su planteo fue que ninguno de los dirigentes que aspire a ocupar la Casa de Gobierno de La Plata pudiera eludir una interna y que el candidato del justicialismo no surgiera únicamente de un acuerdo entre las estructuras que hoy concentran el poder partidario. La pretensión supuso irrumpir en una discusión en la que conviven el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, La Cámpora, los intendentes, el Frente Renovador, el sindicalismo y las distintas expresiones territoriales del PJ.
Por eso, la reunión con Moyano también pudo leerse como el comienzo de una etapa diferente.
Superada su condición de dirigente situado por fuera de la estructura formal del PJ, Cúneo comenzó a buscar interlocución con sectores que integran históricamente el universo justicialista. La primera prioridad es el movimiento obrero. La agenda que prepara contempla contactos con la conducción de la CGT y con diferentes organizaciones sindicales, pero también un despliegue territorial más ambicioso: buscará llegar a las delegaciones gremiales de los 135 distritos bonaerenses.
En paralelo, proyecta reuniones con intendentes y dirigentes territoriales y una recorrida por los partidos justicialistas locales, donde pretende participar de encuentros y charlas políticas. La estrategia combina así tres dimensiones clásicas de la construcción de poder dentro del peronismo bonaerense: sindicatos, jefes comunales y estructura partidaria.
Por eso, la foto con Moyano adquirió otra significación dentro de ese esquema. No implicó, por sí misma, un alineamiento electoral del dirigente camionero detrás de la candidatura de Cúneo. Sí mostró que el nuevo afiliado empezó rápidamente a abrir puertas dentro de estructuras centrales del movimiento peronista y que su anunciada precandidatura comenzó a traducirse en actividad política concreta.

Hay, además, una discusión de identidad.
Cúneo pretende que su regreso al PJ represente la recuperación de una tradición peronista que ubica al trabajo, la producción y el desarrollo industrial en el centro de su programa político. Y busca combinar esa reivindicación histórica con una agenda vinculada con las transformaciones tecnológicas que atraviesan la economía mundial.
La definición que utilizó para plantear esa disputa fue deliberadamente provocadora.
“Soy el PJ de la inteligencia artificial y la robótica contra los pibes de la birra, el porro y el maní de San Telmo”, sostuvo Cúneo.
Detrás de la frase apareció una diferenciación política más profunda. El dirigente intenta contraponer un peronismo productivista, industrialista, sindical y atravesado por la incorporación de nuevas tecnologías con una cultura progresista y urbana que identifica con una parte de las expresiones que ganaron espacio dentro del movimiento durante las últimas décadas.
Esa discusión tendrá un capítulo particularmente fuerte el próximo 25 de septiembre.
Para esa fecha, aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci, Cúneo prepara una demostración política con la que volverá a reivindicar la figura del histórico secretario general de la CGT y convertirlo en uno de los símbolos de su regreso al Partido Justicialista.
Rucci fue asesinado el 25 de septiembre de 1973, apenas dos días después del triunfo electoral que llevó por tercera vez a Juan Domingo Perón a la Presidencia. El crimen nunca tuvo una resolución judicial definitiva sobre su autoría, aunque históricamente fue atribuido a Montoneros y quedó convertido en una de las heridas más profundas de la historia política del peronismo.
Cúneo pretende intervenir directamente sobre esa fractura histórica.
La señal que prepara para septiembre apunta a mostrar que, con su ingreso al PJ, vuelve a tener expresión interna un peronismo identificado con Rucci y enfrentado con la tradición política de quienes reivindicaron a las organizaciones armadas de los años setenta. La consigna que intenta instalar es particularmente fuerte: el regreso del peronismo de Rucci y el alejamiento político de quienes identifica con sus “asesinos”.
No fue casual que ese movimiento aparezca después de la fotografía con Moyano.
El sindicalismo constituyó uno de los pilares sobre los que Cúneo apunta a apoyar su construcción. La reivindicación de Rucci le permite, además, enlazar esa búsqueda de representación gremial con una determinada interpretación de la historia del justicialismo y con una disputa sobre la identidad futura del partido.
Pero la batalla principal estará en otro terreno: las urnas.

Cúneo ya dejó trascender entre sus interlocutores la comparación histórica con la que imaginó la competencia que viene: la interna presidencial que Carlos Menem le ganó a Antonio Cafiero en 1988, una de las disputas partidarias más importantes de la historia moderna del justicialismo.
Cafiero era entonces gobernador de Buenos Aires, presidente del PJ y principal figura de la renovación peronista. Concentraba buena parte de la estructura partidaria y aparecía como el favorito para quedarse con la candidatura presidencial. Menem, gobernador de La Rioja, desafió ese dispositivo desde una posición inicialmente menos favorecida y terminó imponiéndose en la interna del 9 de julio de 1988.
La comparación tiene una intención política.
La evocación llega incluso al lenguaje de aquella disputa. Cúneo se imaginó ocupando el lugar de la “revolución productiva” con la que Menem construyó su desafío y ubicó enfrente lo que, apelando a una expresión de aquella interna, definió como “la cafieradora”. La provocación apunta a instalar una división entre una candidatura que pretendía presentarse como disruptiva frente a estructuras partidarias consolidadas y quienes buscaran resolver la sucesión bonaerense mediante un acuerdo entre los sectores que hoy controlan el PJ.
Cúneo se presenta, así, como un candidato dispuesto a desafiar a las estructuras consolidadas del PJ bonaerense y obligarlas a competir. Su apuesta no consiste en esperar que alguna de las principales terminales del peronismo lo incorpore a un acuerdo de cúpulas, sino en construir una fuerza propia desde adentro y reclamar que la candidatura a gobernador se resuelva mediante una elección.
En esa lógica también se inscribe su respaldo a Kicillof. Cuando concretó su afiliación, Cúneo se alineó con el gobernador bonaerense en la disputa interna que mantiene con Máximo Kirchner, pero ese posicionamiento no supuso resignar su proyecto propio para la sucesión provincial.
Por el contrario, pretende construir sobre el escenario que se abrirá en la competencia por la gobernación.
La provincia de Buenos Aires será uno de los centros de la discusión política de 2027. Kicillof no puede buscar otra reelección consecutiva y su sucesión cruzará necesariamente la pelea por el liderazgo nacional del peronismo. El candidato que logre quedarse con la postulación del PJ administrará, además, la posibilidad de pelear por el principal distrito electoral del país y por la estructura política más importante que conserva la oposición a Javier Milei.
Cúneo apunta a entrar en esa discusión antes de que las principales terminales partidarias terminen de ordenar sus estrategias.
Por eso aceleró.
En diez días acumuló su afiliación al PJ, una primera fotografía con dirigentes vinculados al esquema político de Kicillof y ahora el encuentro con Hugo Moyano. El siguiente paso será ampliar el contacto con el sindicalismo, avanzar sobre el territorio bonaerense, reunirse con intendentes y empezar a recorrer los partidos justicialistas de los municipios.

Y el 25 de septiembre buscará producir su primera demostración política propia desde el regreso al partido, con Rucci como bandera.
La secuencia empezó a revelar una estrategia: construir legitimidad partidaria, representación sindical, despliegue territorial y una identidad política diferenciada antes de que la discusión por 2027 terminara de cristalizar.
Cúneo apunta a llegar a ese momento con una candidatura instalada y una premisa difícil de ignorar para quienes también aspiren a la gobernación: que la sucesión de Kicillof no se defina entre pocos dirigentes y que todos los candidatos tengan que pasar por las urnas.
La referencia que eligió para explicar el desafío fue la de Menem y Cafiero.
Y su mensaje hacia el resto del PJ bonaerense fue que esta vez también quiere interna.
POLITICA
ADEPA definió su nuevo Consejo Ejecutivo

La 64ª Asamblea anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), celebrada este 11 de septiembre en San Miguel de Tucumán, eligió el Consejo Ejecutivo que conducirá la entidad durante el período 2026-2027. Daniel Dessein, de La Gaceta de Tucumán, fue electo como presidente y encabezó además la lectura del informe semestral de libertad de prensa, elaborado por la Comisión homónima.
Al frente de las vicepresidencias quedaron Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe) como primera vicepresidenta y Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta) como vicepresidente segundo. La secretaría general recayó en Pablo Deluca (Infobae), la de organización en Tomás Vio (Diario Olé) y la de Relaciones Institucionales en Agustino Fontevecchia (Perfil). Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui) ejercerá como secretario de Actas, mientras que la tesorería quedó a cargo de Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes), con Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas) como protesorero.
Entre los seis vocales titulares figuran Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz), Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos), Ricardo Terán (La Capital, Rosario), Carlos Marino (Letra P), Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca) y Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja). Al frente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información quedó Martín Etchevers (Clarín), en tanto que José Santa María (Página/12) presidirá la Comisión de Asuntos Económicos. Andrés D’Alessandro continuará como director ejecutivo, y Gabriel Matijas como gerente general.
Más allá de la renovación de autoridades, el informe semestral concentró la otra discusión central de la jornada. El documento expuso su preocupación por el deterioro del debate público durante el último semestre, marcado por una reiteración de agravios desde posiciones de poder. La entidad reconoció que todo funcionario tiene derecho a cuestionar una información, desmentirla o recurrir a la Justicia, pero trazó una línea entre refutar y legislar para castigar, según comunicó la misma ADEPA.

En ese sentido, señaló las declaraciones del ministro de Economía de la Nación del 25 de agosto, quien, ante una publicación que juzgó falsa, sostuvo que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria “una ley que castigue este tipo de conductas”. El planteo recibió respaldo público de Javier Milei. Para ADEPA, una legislación de ese tipo podría generar un efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de asuntos de interés público.
Los números que relevó el informe para una sola semana de agosto —entre el 17 y el 23— son precisos: 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, más 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas en intervenciones públicas. En esos días fueron señalados por nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación. “Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”, sostiene el informe de ADEPA.
A eso se sumaron restricciones al acceso periodístico a fuentes oficiales. ADEPA retomó la preocupación expresada en abril por las limitaciones al ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, extendidas también a la Cámara de Diputados y al Ministerio de Economía. Semanas más tarde, la entidad manifestó su “máxima preocupación” ante la decisión de restringir de manera general el acceso a la Casa de Gobierno. En paralelo, cuestionó una resolución del Ministerio Público de San Juan que centralizaba las consultas periodísticas en una única autoridad, mecanismo que, según el informe, puede conducir a un monopolio oficial de la información.
En el debe también, el documento registró pronunciamientos judiciales que preservaron garantías de libertad de expresión. La Cámara de Apelación de San Isidro revocó prohibiciones de contacto y difusión impuestas a periodistas en el caso promovido por Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Daniel Santoro obtuvo el sobreseimiento definitivo en la causa vinculada con Marcelo D’Alessio, pronunciamiento que reafirmó el secreto de las fuentes. La Cámara Civil y Comercial Federal rechazó la desindexación de publicaciones sobre denuncias de abuso sexual contra un director teatral posteriormente absuelto, y se restituyeron provisoriamente las cuentas digitales del periodista Alejandro Pueblas.
“La respuesta frente a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial, una ley destinada a castigar publicaciones, la restricción del acceso a las fuentes ni la inducción al desprecio social hacia quienes informan”, afirmó la entidad.
ADEPA
POLITICA
Adepa rechazó los insultos de Milei a medios y periodistas: “Incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Enviada especial).- En el tramo final de su 64ª Asamblea Anual, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió sobre el “deterioro del debate democrático” y cuestionó al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por los ataques lanzados contra el periodismo durante el último semestre, un período marcado por la escalada de insultos propinados a la prensa.
“No corresponde pedir silencio a los funcionarios. Corresponde reclamarles que ejerzan su derecho a expresarse dentro de las reglas y responsabilidades que impone el sistema republicano”, demandó Adepa en su informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. La institución planteó que el “agravio” y la “estigmatización”, especialmente cuando proviene de altos funcionarios públicos, “deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio sobre el conjunto de la sociedad”.
“La libertad de prensa no incluye un derecho a no ser criticado. Pero existe una diferencia esencial entre responder, debatir o refutar una información y promover la degradación personal de quienes la producen”, agregó la entidad. Y completó: “Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”.
Adepa, que reúne a más de 180 empresas periodísticas del país, consideró que los calificativos pronunciados últimamente por Milei “incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”.
Según reveló la institución, solo en una semana de agosto se registraron 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, además de 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas. “En esos pocos días fueron señalados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación” con calificativos como “periodistas corruptos”, “ensobrados” y “simios con micrófono”.
La entidad advirtió, además, sobre dos episodios concretos ocurridos en las últimas semanas. Uno de ellos fue la exposición de Milei ante alumnos de la Escuela ORT, en la que alentó a los estudiantes a abuchear a los periodistas. “El jefe del Estado no se limitó a cuestionar una cobertura o a discutir una información: incentivó a menores de edad a manifestar hostilidad hacia una actividad indispensable para la democracia”, indicó Adepa.
El segundo episodio involucró a Luis Caputo, ministro de Economía, quien, frente a una publicación periodística que consideró falsa, sostuvo que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria “una ley que castigue este tipo de conductas”. “El Presidente respaldó públicamente el planteo”, remarcó la entidad en su documento.
Frente a ese planteo, Adepa afirmó que “el ordenamiento jurídico ya dispone de herramientas para resolver esos conflictos” y sostuvo que una legislación como la propuesta por Caputo “podría otorgar a las autoridades un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión y generar un fuerte efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de asuntos de interés público”.
El informe semestral –titulado “IA, apropiación de contenidos y deterioro del debate público”– fue presentado por el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Daniel Dessein (La Gaceta).
El foro de Adepa contó ayer con la presencia de dos emisarios del gobierno nacional: Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa, y Ariel Ferrentino, responsable de la comunicación partidaria de La Libertad Avanza.
Límites al periodismo y judicialización
Adepa también expresó preocupación por las “restricciones al acceso a las fuentes”, en alusión a la prohibición del ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada dispuesta en abril y levantada una semana más tarde, aunque se mantuvieron las limitaciones para movilizarse dentro de Balcarce 50.
“El acceso de la prensa a las fuentes oficiales permite hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a recibir información pública a través de una pluralidad de canales”, destacó la entidad.
En paralelo, la institución valoró distintas decisiones de la Justicia que consideró “relevantes” para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Entre ellas, mencionó la revocación de las prohibiciones de contacto y difusión impuestas a periodistas en el caso promovido por Claudio Tapia y Pablo Toviggino, y el sobreseimiento definitivo del periodista Daniel Santoro, quien había sido acusado de integrar una supuesta banda de espías y extorsionadores que buscaba incriminar a Cristina Kirchner en causas por corrupción.
“La respuesta frente a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial, una ley destinada a castigar publicaciones, la restricción del acceso a las fuentes, la judicialización preventiva de investigaciones ni la inducción al desprecio social hacia quienes informan”, resumió Adepa, y agregó: “La calidad de una democracia depende también de que quienes poseen las mayores responsabilidades institucionales comprendan que tener derecho a pronunciarlas no los exime de responder por el clima público que ayudan a construir”.
Para la entidad, proteger un “ecosistema plural” requiere del profesionalismo de los medios, la tolerancia y el respeto de los poderes públicos, la prudencia de la Justicia ante “cualquier medida capaz de producir censura previa o autocensura” y la consciencia de toda la dirigencia de que “las palabras pronunciadas desde posiciones de poder tienen consecuencias que suelen extenderse mucho más allá de quienes inicialmente las reciben”.
Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial (IA) fue, junto con la libertad de prensa, uno de los ejes del foro anual de Adepa realizado en Tucumán. En cuanto al impacto de esta herramienta sobre la práctica periodística, la entidad reclamó que las plataformas tecnológicas compensen a los medios –creadores de la información que alimenta esta tecnología– tanto en lo que hace a los derechos de propiedad intelectual como al reconocimiento económico.
“La protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático: la utilización indiscriminada de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda, sin la debida compensación a sus creadores, amenaza la viabilidad económica de la prensa”, señaló la entidad.
La institución planteó que el esfuerzo de quienes producen información verificable debe ser “debidamente reconocido”, y advirtió que debe evitarse que la tecnología se “apropie” y “desvalorice el insumo básico de la democracia”.
Asimismo, Adepa subrayó la importancia del trabajo periodístico en la verificación de los hechos, la investigación, la contextualización, la mirada editorial independiente y la construcción de confianza.
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POLITICA
Malvinas: el Gobierno ajusta el proyecto que enviará al Congreso y evalúa ampliar las sanciones a todas las actividades productivas

El Gobierno estudia extender las nuevas sanciones por Malvinas a todas las actividades productivas que se desarrollen en las islas sin autorización argentina, como parte de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei prepara para enviar al Congreso. La Casa Rosada busca que el régimen deje de estar concentrado en los hidrocarburos y analiza un esquema más amplio para abarcar otras explotaciones económicas.
La minería es uno de los sectores que el Ejecutivo tiene sobre la mesa. “Minería sí”, aseguran en Nación sobre su posible incorporación. La pesca también está bajo análisis y la ganadería, la agricultura y el turismo forman parte de las actividades que se discuten técnicamente, aunque todavía no existe una definición final sobre todas ellas.
El texto se trabaja en una mesa reducida y con el articulado todavía abierto. En áreas que participan de la elaboración advierten que se trata de una ley compleja, con “muchísimas cosas en la mesa aún bajo estudio”, y que el Gobierno busca avanzar con cautela antes de cerrar el alcance definitivo.
La discusión parte de una diferencia central. La exploración y explotación de hidrocarburos ya están alcanzadas por la Ley 26.659, mientras que el nuevo proyecto busca determinar qué herramientas pueden extenderse a otras actividades desarrolladas en las islas y a los actores que participan directa o indirectamente de ellas.
La pesca es, hasta ahora, el caso más avanzado dentro de esa ampliación. “Estamos trabajando en eso”, reconocen en el Ejecutivo. La Casa Rosada analiza reforzar las restricciones sobre socios, empresas vinculadas y otros actores que obtengan beneficios económicos de operaciones realizadas bajo licencias británicas.
Ese sector ya cuenta con una herramienta específica. Desde 2008, la Ley Federal de Pesca establece restricciones para quienes reciben cuotas o permisos argentinos y mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pescan sin autorización nacional.
El punto que busca revisar el Gobierno es hasta dónde extender el concepto de vinculación. Una aplicación más amplia sobre accionistas, sociedades relacionadas, proveedores o grupos empresarios podría incrementar el universo de compañías alcanzadas y obligar a revisar estructuras societarias con intereses tanto en la Argentina continental como en las islas.
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La dimensión económica explica parte del interés oficial. Según la propia estrategia económica de las islas, la pesca y la acuicultura generan alrededor del 58% del producto bruto y constituyen desde hace décadas el principal motor de su economía. La administración isleña busca ahora diversificar ese esquema con petróleo, agricultura, turismo y otros sectores.
La ganadería tiene, a diferencia de la minería, una actividad histórica y consolidada. Los documentos oficiales de las islas definen a la agricultura y la producción ganadera como la columna vertebral económica y social del Camp, las zonas rurales fuera de Puerto Argentino, y destacan especialmente la producción ovina, de lana y de carne.
La estrategia económica 2026-2040 plantea además diversificar el ganado y los cultivos, aumentar la producción local de alimentos y desarrollar productos de mayor valor agregado. La administración de las islas busca reducir así la exposición a la volatilidad de los precios de la lana y sostener la economía rural durante el crecimiento esperado del sector petrolero.

La minería aparece con una lógica diferente. No existe actualmente una explotación minera comercial relevante en las islas, pero sí un marco legal específico y antecedentes de exploración. Por eso, su eventual inclusión en la nueva ley tendría principalmente un carácter preventivo frente a futuros proyectos que puedan ser autorizados por la administración británica.
El principal antecedente es la exploración de oro. Estudios realizados en las islas detectaron partículas del mineral en distintos cursos de agua y dieron lugar posteriormente a campañas geológicas y perforaciones para evaluar posibles depósitos. También existieron antecedentes vinculados con diamantes, pero ninguno derivó en una industria extractiva comparable con la pesca o los hidrocarburos.
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El turismo también figura entre los sectores que el Ejecutivo mantiene bajo evaluación. La estrategia de desarrollo isleña lo identifica como una de las principales vías para diversificar la economía durante los próximos quince años y señala que aportó £15,2 millones en la temporada 2023/2024, con planes para aumentar visitantes y mejorar la conectividad aérea.
El Gobierno analiza que el régimen permita así cubrir tanto actividades ya consolidadas como posibles explotaciones futuras. La lógica que se estudia es que una empresa que participe, financie, provea servicios o se beneficie de una actividad económica en Malvinas sin autorización argentina pueda enfrentar restricciones para operar o contratar en el territorio nacional.
La definición central será hasta dónde llegará finalmente ese esquema transversal. La Casa Rosada tiene decidido endurecer el régimen sobre hidrocarburos, trabaja sobre la pesca y mantiene bajo evaluación minería, ganadería, agricultura y turismo. El texto que llegue al Congreso determinará si las sanciones pasan de un modelo principalmente petrolero a uno capaz de abarcar el conjunto de las actividades productivas desarrolladas en las islas.
Gobierno, Islas Malvinas
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