“¿Pondrías las manos en el fuego por Manuel Adorni?”, le preguntaron a Lisandro Almirón en el estudio de Radio Dos de Corrientes. “No. Las pondría por Javier Milei”, respondió el diputado nacional libertario. El diálogo se produjo este viernes por la mañana, a menos de 48 horas de que el jefe de Gabinete de Ministros presentara su declaración jurada. Esta acción, que buscaba descomprimir la tensión sobre su crecimiento patrimonial, tuvo el efecto inverso.

Almirón sostuvo luego que las decisiones que toma el Presidente “las lleva adelante con un equipo muy reducido”.

“En términos de resultados tiene mucho para exhibir. La fortaleza que ha tenido Javier es, frente a la opinión pública, poner los intereses de los argentinos por encima. A veces, obviando la agenda periodística”, acotó.

Ante la consulta sobre si le cree a Adorni, el legislador contestó: “Es una pregunta que no me la tengo que hacer yo porque no tomo decisiones ejecutivas”.

Almirón apeló a la división de poderes entre Presidencia y el Congreso que integra para no opinar sobre qué debería pasar con el funcionario cuestionado. “No es mi responsabilidad. El Presidente es quien tiene que decidir”, señaló.

“Por otro lado está la parte política. Es una determinación del Poder Ejecutivo. Es el jefe del Gabinete y goza de la confianza del Presidente. Esto me exime de evaluar esta etapa”, esgrimió.

Luego, aclaró que “para nada” le molesta o le incomoda hablar del tema. “Uno tiene que comprender que un gobierno está compuesto por un montón de funcionarios, de legisladores y de distintas partes del poder. Cada uno representa, de alguna manera, al gobierno nacional”.

A renglón seguido, indicó que existe “una base de representación dada por la gente que te elige”.

“En este caso (el jefe de Gabinete) tiene una relación directa con el Ejecutivo. Uno puede hablar de lo que sabe, pero es difícil hacerlo de lo que se desconoce. Hay decisiones como esta (sostener a Adorni) que son puras y exclusivas del Presidente”, indicó.

Con respecto a si la continuidad en el cargo del funcionario le causa daño al Gobierno, expresó: “Nosotros podemos hacer juicios de valor. Pero no tienen que ver con una decisión que se tome por mayoría o por la opinión de los legisladores o los medios. Son ejecutivas. Y si el jefe de Gabinete goza del respaldo del Presidente, nosotros tenemos que trabajar en consecuencia”.

Luego, recordó que Adorni “ha dado sus razones y explicaciones”.

“Ahora se ha presentado ante la Justicia y ARCA. Ese es el camino. La responsabilidad será del funcionario y del Presidente”, remarcó.

Cuando le consultaron si él sostendría a un funcionario en una situación como la que atraviesa Adorni, se escudó: “No puedo pensar por el Presidente”.

“Desde el punto de vista institucional, hay que comprender que existen la división de poderes y las garantías constitucionales, como la presunción de inocencia. Invertir la carga de la prueba en este tipo de asuntos a veces trae complicaciones en las interpretaciones. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Yo debo cumplir con mi parte y el jefe de Gabinete con la suya”, consignó el diputado nacional.

Por otro lado, aseveró que el caso que complica a Adorni y al Gobierno desde hace meses no ha interferido en la agenda legislativa del oficialismo. “Por el momento, en el tratamiento de las leyes y en los despachos de comisión se separa bien la situación. Queda muy lejos de lo que se está haciendo en materia parlamentaria. Este tema, por ahora, no está en la agenda legislativa”, aseveró.

Sin embargo, señaló que el conflicto abierto con el jefe de Gabinete “se materializa cuando hay que tocar temas puntuales y se lleva a la negociación por razones específicas”. Si la condición de tratar una ley tiene que ver con ‘Adorni sí o no’, es poner al Presidente en la mesa, porque es su decisión la continuidad o no de cada uno de sus funcionarios”. Esto, aseguró, no ha sucedido.

“No puedo tomar una posición frente a una situación que desconozco. El rol del jefe de Gabinete tiene mucha relevancia. Su presencia en la mesa política así lo marca. El Presidente entiende que el acompañamiento de Adorni es importante en esta etapa, aun con estas cuestiones instaladas en los medios. No tengo toda la información que tiene (Milei) y no puedo pensar por él”, expresó.

Con respecto a los datos que presentó Adorni en su declaración jurada, el legislador indicó: “Se tendrá que evaluar en sede administrativa. Luego, en la procesal penal. Después, en la conciencia del Poder Ejecutivo, deberá tomarse la determinación de qué hacer con el funcionario”.

“Se ha dado algo que él anunció y que era esperado por todos: la presentación de su declaración jurada. Estará en manos de la Justicia resolver las cosas que hacen al expediente que tramita”, precisó.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso una nueva batería de medidas de prueba en la investigación que analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las rectificaciones realizadas en sus declaraciones juradas y las explicaciones públicas que brindó sobre parte de sus bienes.

Entre las principales decisiones, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que informe en un plazo de 72 horas si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025. En caso afirmativo, requirió que sean remitidas de manera urgente a la fiscalía.

Además, pidió que las declaraciones juradas patrimoniales integrales de carácter público correspondientes a esos ejercicios sean incorporadas al análisis patrimonial que viene realizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

La investigación también puso el foco en las inversiones en criptomonedas declaradas por el funcionario. En ese sentido, Pollicita ordenó a la DAFI elaborar un informe técnico sobre la evolución histórica de la cotización del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad, con el objetivo de contar con parámetros para evaluar la evolución de los activos digitales que aparecen mencionados en la documentación analizada.

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Otra de las medidas apunta a reconstruir los ingresos formales de Adorni y de su esposa durante los últimos años. Para ello, el fiscal solicitó a la ANSES que remita la historia laboral completa de ambos desde 2012 hasta la actualidad, incluyendo empleadores registrados, altas y bajas laborales, remuneraciones declaradas, aportes previsionales, actividades autónomas o monotributistas y cualquier otro dato que permita reconstruir sus ingresos.

Asimismo, requirió información vinculada a la sucesión del padre del jefe de Gabinete, Jorge Adorni, luego de que el funcionario mencionara públicamente una herencia familiar al explicar parte de su patrimonio.

El pedido fue dirigido al Juzgado Civil y Comercial N°18 de La Plata, donde tramita el expediente sucesorio. La fiscalía solicitó detalles sobre los bienes denunciados, la eventual existencia de dinero en efectivo, moneda extranjera, cuentas bancarias, títulos, activos virtuales u otros bienes incorporados al proceso, además de información sobre posibles cesiones de derechos hereditarios o transferencias patrimoniales.

En paralelo, Pollicita encomendó a la División Antifraude de la Policía Federal la realización de un relevamiento exhaustivo de fuentes abiertas desde 2013 hasta la actualidad para identificar declaraciones públicas de Adorni y de su esposa relacionadas con criptomonedas, billeteras virtuales, Bitcoin, inversiones financieras, patrimonio y trayectoria laboral.

La medida alcanza publicaciones en redes sociales, entrevistas televisivas y radiales, podcasts, notas periodísticas, videos y cualquier otra fuente pública que permita contrastar las manifestaciones realizadas a lo largo de los años con la información patrimonial incorporada al expediente.

Por último, el fiscal avanzó sobre la información aportada por la plataforma de activos digitales Lemon Cash. A partir de documentación ya incorporada a la causa, que registra la apertura de una cuenta a nombre de Adorni en diciembre de 2020, solicitó ampliar el alcance temporal de los requerimientos de información hasta ese año.

Según planteó en su presentación, el objetivo es obtener nuevos datos que permitan reconstruir con mayor precisión la evolución patrimonial, económica y financiera del jefe de Gabinete y de su esposa.

Las medidas fueron adoptadas en el marco de la investigación que busca determinar la consistencia entre los bienes declarados por el funcionario, las rectificaciones posteriores realizadas ante organismos de control y las explicaciones públicas brindadas sobre el origen de su patrimonio.

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