El financista Elías Piccirillo, procesado con prisión preventiva en una causa que lo investiga por montar un falso operativo policial, ingresó este mediodía en una zona gris.

Su pedido para quedar en libertad o, en su defecto, cambiar el domicilio donde cumple la prisión preventiva, formulado el martes ante la Cámara Federal en plena feria judicial, no fue resuelto aún y se abren interrogantes respecto de quién deberá resolverlo.

Quienes escucharon al financista y a sus abogados en la audiencia del martes fueron los jueces Mariano Llorens y Roberto Boico, que integran la sala de feria. Según pudo averiguar este medio de fuentes al tanto del expediente, el primero emitió su voto el día posterior a la audiencia, pero el segundo todavía no se expresó.

Si Boico votara en disidencia con su colega durante el día, antes de que finalice la feria judicial de invierno, la Cámara deberá convocar al camarista Roberto Hornos, del fuero penal económico, para zanjar esa diferencia.

En cambio, si el planteo se resuelve la semana que viene, con el regreso de la actividad judicial ordinaria, la decisión podría quedar en manos de los jueces de la Sala II, Boico y Eduardo Farah.

Pero como Farah no estuvo en la audiencia del martes, existen dudas sobre si deberá resolver la Sala II o la de feria, con Llorens.

En estos casos, los plazos indican que el tribunal debe resolver una vez finalizada la audiencia, aunque los usos en los tribunales otorgan algunas horas más para la deliberación, y en “casos complejos”, un máximo de cinco días.

El reloj comenzó a correr el mediodía del martes, cuando se celebró la audiencia en la que Piccirillo y sus abogados solicitaron el cese de la prisión preventiva y, ante un eventual rechazo, autorización para cumplirla en un departamento de Núñez, en lugar de la vivienda de Banfield en la que se encuentra actualmente.

Los letrados de Piccirillo, Alejandro Montiel y Fernando Diez, insistieron el martes ante los camaristas en que Piccirillo se había mostrado siempre predispuesto a colaborar con la Justicia y que la idea de una posible fuga de su defendido era el resultado de una “interpretación mediática” de un video, en referencia a las imágenes que lo muestran trotando por el country durante los allanamientos.

Sobre Piccirillo pesa una grave imputación que combina privación ilegítima de la libertad, cohecho, transporte de estupefacientes y tenencia de armas, entre otros delitos. Está acusado de haber montado, a través de un expolicía y agentes de la Policía de la Ciudad, un procedimiento falso contra su exsocio Francisco Hauque, a quien supuestamente le debía cerca de seis millones de dólares.

El pedido formal que hizo Piccirrilo ante las autoridades judiciales es el cese de la prisión domiciliaria pero, como alternativa, pidió una modificación del lugar de cumplimiento de la domiciliaria para mudarse a Núñez.

La última parte de esa solicitud abrió una discusión en los tribunales: si los jueces que finalmente intervengan están habilitados para considerar una alternativa más gravosa, como el traslado de Piccirillo a una cárcel común.

“Tu casa, tus reglas”. Con esa frase, en el oficialismo defendían al decreto 681 que modificó la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país de los extranjeros que hayan reproducido mensajes de odio contra la Argentina.

Si bien sostienen la decisión, que llevó la firma del presidente, Javier Milei, en la Casa Rosada admiten que el decreto es factible de judicialización, es decir, enfrentará planteos en los tribunales que podrían suspenderlo. Entienden que las reacciones podrían comenzar a concretarse en breve.

“Es obvio que van a presentarse planteos”, admiten fuentes libertarias.“No se puede descartar nunca”, agregó otro de los consultados en la Casa Rosada.

El decreto entró en vigencia en la primera hora del viernes.

En el oficialismo muchos reconocen que el decreto es de difícil implementación, pero si de algo están seguros es que sirve a la denominada “batalla cultural” contra los mensajes que tuvieron como blanco a los argentinos.

El jueves, tras conocerse la medida, la oposición había señalado contradicciones entre el discurso confrontativo del presidente Javier Milei y discriminador de muchos tuiteros liberarios, por un lado, y las restricciones migratorias, por el otro.

Al ser consultados, en el ecosistema libertario argumentaron que eran «cosas distintas» porque el decreto alude al “país receptor, y en tu casa, tus reglas”.

A la vez argumentaron que los tuiteros libertarios no son parte del Gobierno.

El asesor presidencial Santiago Caputo, por caso, escribió tiempo atrás en las redes: “Que piedra se volvió ser negro. Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas”. Fue a comienzos de julio, cuando Brasil acababa de quedar eliminado en octavos de final por el seleccionado de Noruega.

En las filas libertarias son contemplativos con el asesor estrella y dicen: “no lo usa tanto”.

Desde las filas de los celestiales también se publicaron menciones que parecieron hacer alusión a la situación de los inmigrantes en Ceuta, registrada en las últimas horas. Fue Daniel Parisini, “el gordo Dan”, quien en sus cuenta también apuntó: “40 mil tipos. Ni una mujer. ¿Con quién van a reproducirse?“.

Parisini, una de las principales espadas digitales de los celestiales, supo hacer chistes de corte homofóbico, en su aparición teatral con “La Misa”, el programa del streaming liberal Carajo e incluso en la propia emisión.

El año pasado, en plena pelea del sector celestial de Caputo, con el de los “territoriales” de los Menem, salió Lucas Luna, hombre del primero para atacar a los segundo y consignó: “no odiamos lo suficiente al Islam”. Fue en medio de la matanza a un grupo de cristianos en Nigeria y le valió la respuesta por parte de Sharif Menem, uno de los varios miembros del clan riojano que ocupa un lugar en la estructura libertaria. “Borra esto pelotudo”, le dijo. La polémica con los Menem sumó otras referencias al universo musulmán.

Antes, Luna, durante la campaña presidencial de 2023 apuntó a Franco Rinaldi, que por entonces encabezaba la lista para legisladores de PRO.

«Nadie, nadie, nadie, nadie votaría jamás, esto lo digo con toda la buena leche del mundo, quiere votar a un discapacitado”, la frase de Luna, por entonces precandidato a legislador por Parlasur de la Liberdad Avanza, le valió ser eyectado de la lista.

El fragmento del video que por entonces se viralizó en redes cerró además con un exabrupto de Luna, que cuando uno de los participantes le dijo “qué mal andás”, él respondió: “Callate meado, puto”.

Pese a ejemplos como esos, fuentes libertarias coincidir en insistir en que se trata de “comentarios en redes de personas que no tienen un cargo institucional”.

A diferencia de algunos de los mencionados, el presidente Milei, muy activo en redes sociales, no escribió ningún mensaje de tinte homofóbico. Tampoco sobre temas raciales o religiosos. Aunque compartió algunos que aludían a cuestiones despectivas con ideología de género, pero sin siquiera sumar cita.

Diferencias y decreto

En el Ejecutivo insistieron en remarcar la diferencia las expresiones de algunos referentes libertarios en las redes y lo que contempla la nueva normativa, que también alcanza a quienes participen o instiguen actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.

“A los que te insultan o insultan tus propias costumbres vos no los invitas a tu casa”, apuntó un hombre al tanto de la cocina de la decisión.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Además de incorporar esas conductas como causal para denegar el ingreso, la norma habilita a cancelar la residencia de extranjeros que las cometan y, según el caso, intimarlos a abandonar el país o disponer su expulsión. El texto aclara expresamente que no podrán encuadrarse en estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas por la Constitución.