La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la demanda presentada contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP) por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, en aguas del Atlántico Sur.

La magistrada fundó su decisión bajo el criterio del Ministerio Público Fiscal que reconoció la competencia federal “en razón de la materia y del territorio” y afirmó la jurisdicción internacional de los tribunales del país respecto de empresas con domicilio en el extranjero.

La jueza también ponderó el carácter interjurisdiccional de los recursos involucrados. Señaló que el emprendimiento se emplaza en aguas del Atlántico Sur y que esas áreas integran las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur, de modo que una eventual degradación podría afectar bienes nacionales.

El emprendimiento “por su dinámica oceanográfica, corrientes y conectividad ecosistémica, integran las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur, de modo que la degradación denunciada recaería sobre recursos ambientales interjurisdiccionales”, sostuvo la jueza al respecto en el fallo, al que tuvo acceso TN.

Borruto explicó que “la infraestructura impugnada —pozos subsea, unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, líneas de flujo y risers— se instala materialmente sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a la jurisdicción marítima de la Nación”.

La acción fue promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). El planteo pide que las compañías se abstengan de iniciar o continuar obras, instalaciones, perforaciones y demás intervenciones vinculadas con el proyecto Sea Lion, hasta tanto se cumpla, ante la autoridad ambiental nacional, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la Ley General del Ambiente.

Si bien la jueza se declaró competente para intervenir, las medidas cautelares pedidas para suspender el proyecto aún no fueron resueltas. Su tratamiento quedó pendiente hasta que se completen requisitos procesales pendientes, como la verificación de acciones paralelas, la traducción de documentación extranjera y el aporte de piezas incorporadas mediante enlaces.

La magistrada dispuso, además, dar intervención a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de su Fiscalía de Estado, al considerar que el espacio marítimo e insular forma parte del territorio provincial y que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales.

El proyecto Sea Lion

Sea Lion es un yacimiento offshore ubicado en el Atlántico sur, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y a 450 metros de profundidad. De avanzar según lo previsto, sería el primer desarrollo de crudo en aguas cercanas al archipiélago.

El proyecto es impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

El hallazgo del yacimiento se remonta a mayo de 2010, cuando Rockhopper anunció el descubrimiento de crudo en la zona. Tras años de estudios, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025, lo que implica que el proyecto es considerado viable desde el punto de vista técnico y económico.

Según datos de Navitas, al 31 de julio pasado el yacimiento contaba con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables. La primera fase apunta a una producción de 50.000 barriles diarios, con el primer petróleo previsto para marzo de 2028.

La inversión inicial será de USD 1.800 millones hasta la obtención del primer crudo, a los que se sumarán otros USD 2.100 millones para el resto de la explotación, que se proyecta a 30 años.

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El plan de Sea Lion está organizado en fases y áreas. La primera etapa se concentrará en el Área de Desarrollo Norte (NDA), con la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). Tres años después, comenzará la “fase 2” en la misma área, con otros 12 pozos.

Además, está previsto el desarrollo del Área de Desarrollo Central (CDA), cuya primera fase contempla la perforación de 20 pozos y el inicio de la producción hacia fines de 2030. Luego, se sumarán otros 18 pozos en una segunda etapa. En total, el proyecto prevé más de 60 pozos submarinos.

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En medio de la polémica por el fallo que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, el ex presidente Mauricio Macri apuntó contra la jueza Marta Pascual y remarcó que no respetó la competencia del Poder Legislativo.

A través de un escrito que publicó en su cuenta de X, el ex mandatario sostuvo: “Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires”.

El líder del PRO cuestionó de forma explícita el razonamiento con el que Pascual fundamentó su resolución. Citó un pasaje de la propia sentencia en el que la magistrada reconoció que su decisión partía de presunciones: “El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá”. El ex presidente señaló que esos elementos nunca fueron presentados en el expediente.

A eso sumó un argumento de orden constitucional. “Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas”, escribió. Para el ex mandatario, los tribunales solo pueden ejercer el control de constitucionalidad en el marco de causas concretas, no de forma abstracta o anticipada.

El resultado de la medida cautelar, según describió Macri, es que una norma del Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y vigente en todo el territorio argentino, quedó sin efecto en la jurisdicción más poblada del país y con mayores índices de violencia. “Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado”, concluyó.

El fallo al que apunta el ex presidente fue dictado el 7 de septiembre de 2026 por Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 —que fijó en los 14 años la edad de responsabilidad penal— en toda la provincia de Buenos Aires. La decisión se adoptó en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

En ese marco, el fiscal Hernán Cerutti, de la Delegación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dependiente de la Fiscalía General Departamental, apeló la resolución este miércoles y solicitó que la cautelar quede sin efecto mientras interviene la Cámara de Apelación y Garantías. Para el Ministerio Público, la decisión de Pascual genera un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, porque extiende los efectos de una decisión judicial a todo el territorio bonaerense sin identificar un acto concreto, ilegal o arbitrario que hubiera restringido la libertad de algún adolescente.

Uno de los ejes centrales de la apelación es el uso del instituto del hábeas corpus. El artículo 405 del Código Procesal Penal bonaerense establece que esa herramienta procede cuando existe una acción u omisión que, de forma actual o inminente y en forma ilegal o arbitraria, provoca una restricción o amenaza a la libertad personal. Según el recurso presentado por Cerutti, ninguna de esas circunstancias fue acreditada: no se identificó a ningún adolescente detenido como consecuencia directa de la aplicación de la norma, ni una decisión policial, administrativa o judicial concreta que hubiera restringido ilegalmente su libertad.

La Fiscalía también cuestionó la base empírica del fallo. Pascual había advertido que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal podía aumentar considerablemente la cantidad de jóvenes alcanzados por ese régimen, y que la provincia debía contar previamente con la infraestructura y los recursos profesionales necesarios para garantizar sus derechos. El Ministerio Público objetó que esa conclusión fue formulada sin datos concretos y enumeró una serie de interrogantes que la sentencia no respondió: cuántos adolescentes serán efectivamente incorporados, cuántos podrán ser privados de su libertad, cuál será la capacidad disponible en los establecimientos y qué medidas de adecuación podría adoptar el gobierno bonaerense. “La conclusión adoptada por la resolución transforma una posibilidad en una certeza”, afirmó en el escrito de apelación.

Marta Pascual tiene más de 35 años de vínculo con áreas de niñez y adolescencia. Abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, con posgrados en Derecho Público y Magistratura, ocupó cargos en organismos provinciales dedicados a esas políticas durante la gestión de Hilda “Chiche” González de Duhalde, llegó a ser ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires y luego pasó al Poder Judicial bonaerense. También trabajó como consultora de UNICEF y presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia.

En una entrevista radial reciente, la magistrada aclaró su postura: “No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma. Hay una sensación de que con esta ley le damos más seguridad a la gente, pero no vamos a crear más seguridad. Tenemos que tener los mecanismos para poder implementar la ley”.

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