POLITICA
Tras el triunfo con Glaciares, el Gobierno buscará discutir una ley clave para el vínculo con Estados Unidos
Luego del triunfo que significó para el oficialismo la aprobación definitiva de la ley de Glaciares, el Gobierno se prepara para debatir en el Congreso la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), una norma clave para las relaciones con los Estados Unidos.
En el acuerdo de libre comercio que firmó meses atrás con Washington, la Argentina se comprometió a cumplir con una serie de puntos, entre los cuales está el de sancionar esta medida antes del próximo 30 de abil.
La contraparte norteamericana está especialmente interesada en que se modernice a nivel local toda la legislación vinculada a la propiedad intelectual, ya que advierte que se trata de una de las regiones con más complicaciones en esta área.
En el informe “Special 301″ del 2025, por ejemplo, la Oficina del Representante de Comercio de la Casa Blanca señaló que nuestro país “continúa presentando desafíos de larga data y ampliamente conocidos para las industrias intensivas” y menciona como caso paradigmático “el mercado físico de La Salada, en Buenos Aires”.
“Las ventas de falsificaciones en otros lugares físicos siguen siendo elevadas, con aumentos repentinos en la venta de productos falsificados en ferias pequeñas, por vendedores ambulantes ilegales y en el Barrio Once”, remarca el estudio.
Para que entre en vigencia, las autoridades nacionales no solo tienen que lograr que el acuerdo comercial sea ratificado en el Congreso, sino que también deben aprobar otras normas complementarias, como este tratado sobre patentes.
Si bien la Argentina es miembro de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y firmó el Convenio de París, todavía no se adhirió al PCT, que ha sido históricamente una cuestión de intenso debate interno.
Ahora, la el oficialismo quiere volver a discutir la cuestión y analiza hacerlo retomando un proyecto que ya consiguió media sanción en el Senado en 1998, pero nunca se votó en Diputados.
Aunque la regla general es que una iniciativa venza un año después de su aprobación parcial si no es tratada por la otra Cámara, esto no aplica para los convenios internacionales.
Sin embargo, la cúpula libertaria todavía está planificando la estrategia que se llevará adelante: algunos integrantes del espacio aseguran que ya la semana que viene se va a presentar el texto, mientras que otros actores involucrados reconocen que se podría demorar un poco más.
En cuanto al contenido, en la Casa Rosada sostienen que la iniciativa de la década de los 90 va a ser enviada con modificaciones, por lo que necesariamente deberá volver al Senado después de que se apruebe en Diputados.
“Se van a hacer retoques, porque estamos hablando de un texto muy viejo, tiene algunas cosas que quedaron obsoletas y además se tiene que adaptar a los requisitos del acuerdo que firmamos con Washington ahora”, manifestó un miembro del cículo íntimo de Javier Milei.
Por el contrario, algunas de las fuentes que están trabajando desde hace meses en el proyecto aseguraron a Infobae que eso no es necesario y que, por lo tanto, lo más probable es que se envíe la misma propuesta de la época de la presidencia de Carlos Menem, para aprovechar la media sanción y reducir los tiempos parlamentarios.
“La media sanción del Senado de 1998 es el instrumento correcto y suficiente para avanzar. No es necesario ni conveniente reabrir el debate con un nuevo proyecto de ley”, explicó un integrante del Gabinete que está atrás de la redacción.
El conflicto, puntualmente, está en que la medida que se debatió en ese momento no incluía la posterior actualización de los plazos de ingreso al tratado, que se detallaron en el artículo 22, adoptado recién en 2001.
Al respecto, el funcionario remarcó que los cambios adoptados por la Asamblea de la Unión PCT y vigente desde el 1° de abril de 2002, únicamente extendió el plazo estándar de entrada en fase nacional de 20 a 30 meses a partir de la fecha de prioridad. “Esta es la reforma más relevante para los solicitantes desde la creación del tratado”, señaló.
Sobre la necesidad de un nuevo proyecto, la posición oficial es que “el PCT opera como un sistema unitario administrado por la OMPI”, por lo que “no existen versiones paralelas del tratado para distintos adherentes”.
“Quien adhiere, ingresa al sistema tal como está configurado al momento de la adhesión, con su texto consolidado y su Reglamento vigentes”, sostuvo.
Además, se aclaró que la iniciativa con media sanción “no genera por sí sola el riesgo de quedar atrapados en el plazo de 20 meses”, porque “la modificación de 2001 se aplica a todos los Estados contratantes sin necesidad de ratificación parlamentaria separada”.
EN este sentido, la fuente consultada indicó que, frente a eventuales dudas, “puede subsanarse mediante una declaración al momento del depósito del instrumento de adhesión ante la OMPI”, una opción que “ha sido aclarada e indicada por el propio organismo internacional”.
“El mecanismo de incompatibilidad del artículo 22 del PCT es opt-in: solo si Argentina notifica expresamente al Director General de la OMPI la incompatibilidad del plazo de 30 meses con su legislación interna, se aplicaría el plazo de 20 meses. En ausencia de tal notificación, el plazo de 30 meses opera como regla por defecto, con independencia del texto de la ley aprobatoria”, se argumentó.
POLITICA
El Gobierno anunció que presentará “nuevas denuncias penales” contra empresas por sus actividades en Malvinas
El gobierno de Javier Milei anunció este miércoles que presentará “nuevas denuncias penales” contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley N.° 26.659.
“Las denuncias alcanzarán no sólo a nuevas empresas involucradas, sino que también individualizarán a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades”, anticipó la Oficina del Presidente en un comunicado.
Y agregó que esta acción “derivará tanto en la ampliación de procesos judiciales preexistentes como la apertura de otros nuevos”.
La administración de Milei señaló que “el Estado nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional”.
“Estas acciones no se limitarán a las personas jurídicas y alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en la realización de estos ilícitos”, advirtió el Poder Ejecutivo en el comunicado firmado por Milei.
Y reiteró que “continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables”.
El martes último el Gobierno había adelantado que sancionaría a 15 empresas internacionales que operan en las islas sin autorización, y que se sumaron al listado de 45 anunciadas el viernes pasado, tras la cadena nacional de Milei del día anterior.
En tanto, el Poder Ejecutivo evalúa extender las sanciones en el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional a otras áreas más allá de las de hidrocarburos, como contempla la legislación actual, por lo que entre los sectores que se verían alcanzados con las modificaciones está el de la pesca, según confirmaron a fuentes oficiales.
El proyecto legislativo ingresará el lunes próximo al Congreso, por la Cámara de Diputados.
La iniciativa contempla estos cambios a la Ley 26.659, sancionada durante la gestión de Cristina Kirchner, con la búsqueda de aplicar no solo de penas más duras sino también alcanzar a otras áreas como la pesca. La normativa vigente solo contempla sanciones al área de hidrocarburos.
Novedades judiciales
Por otro lado, la Justicia Federal de Río Grande se declaró competente este miércoles para intervenir en la acción preventiva por daño ambiental colectivo contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development, en tanto que admitió la jurisdicción internacional de la Justicia argentina.
La jueza federal Mariel Borruto dio el primer paso en una causa que apunta a frenar la ejecución de obras del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la costa de las Islas Malvinas.
[e]MARTIN ZABALA – XinHua
El dictamen de Río Grande da lugar así a la demanda presentada en los tribunales fueguinos la semana pasada —dos días antes de que Milei anunciara sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las islas—, por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, AAdeAA, y el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata, CECIM, quienes reclaman la suspensión inmediata de las obras y de las operaciones financieras destinadas al proyecto petrolero.
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POLITICA
Sebastián Galmarini habló sobre la deuda de las familias: “El Gobierno decía que no existía el problema”
La Cámara de Diputados avanzó con el tratamiento de los proyectos vinculados al endeudamiento de las familias y las empresas. La oposición consiguió emplazar a las comisiones de Defensa del Consumidor y de Finanzas para comenzar a trabajar sobre los más de cincuenta expedientes presentados y definir una iniciativa para llevar al recinto. Para Sebastián Galmarini, el problema ya no admite postergaciones y expone una situación que el Gobierno, hasta hace poco, negaba.
“Hoy se votó el emplazamiento a las comisiones para trabajar, de los cincuenta y pico de proyectos que existen, cuál va a ser el despacho que vamos a llevar al recinto para votarlo y darle media sanción”, explicó en Infobae al Regreso, y apuntó: “Hasta hoy, te diría hasta hace algunas horas, el Gobierno oficialmente decía: ‘No existe problema’”.
Galmarini sostuvo que los niveles de morosidad reflejan un deterioro que atraviesa a distintos sectores. Mencionó un 12% y pico de irregularidad entre las familias dentro del sistema bancario, alrededor de un 3,5% en las empresas y más de un 33% en el universo de las fintech. En ese escenario, advirtió sobre el recorrido que puede hacer una persona cuando deja de acceder al crédito tradicional: “No pudiste cumplir con el banco, vas a buscar a la fintech, que tiene otro mecanismo de scoreo”.
Según explicó, las fintech evalúan variables diferentes a las de los bancos tradicionales y pueden otorgar financiamiento a personas que ya quedaron afuera del sistema bancario formal. “Básicamente, la fintech lo que hace es que scorean por tu nivel de consumo. No están mirando cuál es tu ingreso formal, cuál es tu recibo de sueldo”, señaló.
El riesgo, planteó, aparece cuando ese circuito desemboca en el crédito informal. “El final de esa rueda termina yendo al financista del barrio, que te cobra el 5.000% y además viene con un arma y te dice: ‘Si no me pagás, te mato a un chico’”. Por eso rechazó las explicaciones que reducen el endeudamiento a consumos considerados innecesarios.
Para Galmarini, el punto central es que una parte importante de las familias se endeuda para afrontar gastos cotidianos. Citó que el 73% de los endeudados destina esos recursos a alimentos y servicios y señaló que existen asalariados con ingresos promedio de $1,3 millones que acumulan deudas de unos $500.000 y no pueden afrontarlas. “Estás hablando de asalariados de un promedio de un millón trescientos mil pesos, que tienen una deuda media de quinientos mil pesos y que no la pueden pagar”, sostuvo.
La mora, además, puede cerrar el acceso a todo el sistema financiero. “Cuando vos estás irregular en la tarjeta, la irregularidad te toma todos los demás créditos que vos tengas en todo el sistema”, explicó. Y resumió el impacto que tiene quedar registrado como deudor: “El día que entraste al Veraz, al NOSIS, no volviste más”.
El diputado defendió una política que permita regularizar las obligaciones sin convertirla en una condonación generalizada. “No es salvarnos. Yo creo que lo que hay es que generar incentivos”, afirmó. En esa línea, sostuvo: “No te están diciendo: ‘No la quiero pagar ni me regales nada’. Hay que darle condiciones”.
Entre las herramientas posibles, mencionó mecanismos de refinanciación y crédito que permitan aliviar la situación de los hogares y, al mismo tiempo, sostener la actividad económica. “No me traigás a la noche los 100 pesos que me tenés que depositar, depositame 90 y con eso da líneas de crédito a refinanciación, de crédito para inversión productiva, para capital de trabajo”, explicó.
Galmarini también cuestionó las modificaciones recientes en la Carta Orgánica del Banco Central y las vinculó con la discusión sobre el financiamiento. “Eso es lo que el Gobierno, diciendo que no existe el problema, eliminó hace algunos días, por ejemplo, con la reforma de la Carta Orgánica”. Y marcó lo que considera un giro en el discurso oficial: “Dos semanas después dicen: ‘El problema existe, vamos a trabajarlo’”.
El diputado remarcó que cualquier respuesta deberá contemplar las diferencias entre las entidades financieras y sus clientes. “Es un universo muy heterogéneo. Hay deudas de distinta naturaleza”, sostuvo. Y agregó: “No es la misma cartera de clientes la de un banco privado que la de un banco público. El nivel de ingreso de los clientes no es el mismo, el nivel de deuda no es el mismo, la irregularidad no es la misma”.
Baja de la edad de imputabilidad
Galmarini también cuestionó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en los términos en que está planteado. Recordó que el Frente Renovador acompañó la reducción de la edad, pero sostuvo que una modificación legal no alcanza para resolver el problema si no está acompañada por infraestructura y políticas de reinserción.
“El punto crítico por el cual todos votamos en contra de esta ley en particular fue porque ni bajar la edad de imputabilidad ni dejar a los chicos en la calle resuelve el problema”, afirmó.
Su principal reclamo apunta a la falta de establecimientos adecuados para los menores que ingresan al sistema penal. “Lo que nosotros necesitamos es que se hagan las obras para reinsertar a esos chicos que entraron al delito a esa edad, siendo más o menos conscientes de lo que están haciendo y del tipo de delito”.
Por eso, reclamó que los plazos previstos para la implementación de una reforma estén acompañados por un cronograma concreto de obras y aperturas: “Pongamos un plazo de obra, pongamos una rendición de que se vayan haciendo, que se vayan abriendo toda la infraestructura que se necesita”.
Massa, las PASO y el futuro del peronismo
Sobre el escenario electoral de 2027, Galmarini evitó anticipar una candidatura de Sergio Massa. “Todavía el que te diga que es candidato te está mintiendo”, sostuvo. Sí destacó el rol que el exministro de Economía conserva dentro del Frente Renovador: “Sergio siempre estuvo laburando mucho, siempre fue el líder del Frente Renovador, de nuestro partido, de nuestro espacio”.
Galmarini planteó que el peronismo debe concentrarse en ampliar su representación y sostener la unidad. “El peronismo tiene que ir unido porque lo que nos reclama gran parte de la sociedad es que hay que ganarle a Milei”, afirmó.
También pidió revisar discusiones internas que considera agotadas. “Nosotros tenemos que ampliarnos, tenemos que dejar un montón de peleas en el pasado que ya no tienen sentido, que están prescritas”. Como ejemplo, mencionó la Ley de Medios y cuestionó que el espacio siga concentrado en un debate que, a su entender, quedó desactualizado frente a los cambios tecnológicos.
Para ordenar la competencia interna, defendió un mecanismo que permita resolver las candidaturas y respaldó las PASO. “Las PASO es un buen mecanismo, lo conocemos todos, es legítimo. Lo hizo presidente a Milei, entre otras cosas”.
Consultado sobre un eventual respaldo de Cristina Kirchner a Massa, respondió: “No lo he hablado, no tengo idea”. De todos modos, consideró que la expresidenta conserva un lugar relevante dentro del peronismo: “Es un actor político importante del peronismo, sin ninguna duda”.
Una propuesta contra la impunidad
En materia de corrupción, Galmarini reclamó fortalecer las herramientas institucionales para investigar y resolver los casos con mayor rapidez. “Hay que generar instituciones, organismos y mecanismos para que se investigue y se resuelvan rápido, porque lo peor de todo es la sensación de impunidad”.
El diputado recordó que presentó un proyecto de ética pública para crear un organismo apartidario, con autonomía y autarquía, que pueda llevar adelante investigaciones. “¿Por qué no armamos un organismo que sea apartidario, que tenga cierta autonomía y autarquía para que pueda investigar?”.
Para Galmarini, la discusión no debería quedar limitada a los discursos políticos, sino traducirse en instrumentos concretos que permitan avanzar sobre las denuncias. “Lo que tenés que hacer es generarle instrumentos para que eso se pueda investigar y a veces rápido”.
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POLITICA
Nuevo traspié legislativo del Gobierno: se suspendió la sesión en el Senado para aprobar cambios al régimen de biocombustibles
En un giro sorpresivo, que muestra la inestabilidad que impera en el Senado, se suspendió la reunión de Labor Parlamentaria que se había convocado para esta tarde y, por lo tanto, la Cámara alta no sesionará este jueves como pretendían el oficialismo y algunos bloques de la oposición dialoguistas.
La decisión de suspender la reunión de jefes de bloque se tomó como consecuencia de la falta de votos para aprobar el proyecto que modifica la ley de biocombustibles, iniciativa impulsada por la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, que había obtenido dictamen la semana pasada.
Con la postergación de la sesión para la semana próxima, también quedarán en suspenso dos acuerdos firmados entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación por el traspaso del fuero penal juvenil al ámbito porteño.
También quedarán para una próxima sesión, que podría ser el jueves 17, los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, los candidatos a camaristas del fuero contencioso administrativo acusados de ser “amigos de la AFA” de Claudio Tapia cuyas nominaciones estuvieron congeladas durante casi cuatro meses por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El tema de biocombustibles divide a los bloques del Senado de manera transversal en una suerte de pulseada entre las provincias productoras de bioetanol y aquellas que hacen biodiesel.
“Los que empujan el proyecto no terminaron juntando los votos”, explicaron desde el oficialismo sobre la postergación del tratamiento del proyecto. La frase apunta a las senadoras de las provincias productoras de azúcar (bioetanol) que, a priori, serían las más beneficiadas con los cambios al régimen vigente.
En esa lista se anotan, entre otros, las peronistas Flavia Royón (Salta) y Carolina Moisés (Jujuy), que responden al gobernador Gustavo Sáenz; y Beatriz Ávila (Tucumán), alineada con el mandatario de su provincia, Osvaldo Jaldo. Las tres habían acordado con Bullrich avanzar con cambios en la ley de biocombustibles.
Pero el proyecto genera también polémica en torno a cómo se reparte el mercado ampliado, en especial en el biodiésel.
Las empresas no integradas en una cadena productiva, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas (Pymes) que dependen del cupo obligatorio, reclaman una mayor protección frente a las compañías con mayor escala de producción y capacidad exportadora.
Esta pelea pone en estado de alerta a los senadores de provincias como Santa Fe, La Pampa, San Luis y Buenos Aires, que reclaman algunos cambios ya que, sostienen, el texto dictaminado en comisiones perjudica a las Pymes al obligarlas a comprar materia prima a las aceiteras, cuya cadena productiva está integrada, sin asegurarles cuotas de mercado.
En este reclamo coinciden senadores de diferentes bloques como los radicales de Santa Fe, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, y de La Pampa, Daniel Kroneberger, la también pampeana María Victoria Huala (Pro), y libertarios como el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis). Todos votos indispensables para aprobar el proyecto.
El texto intenta equilibrar esas posiciones con cupos transitorios, topes por empresa y una apertura progresiva, aunque el acuerdo sigue sin despejar las tensiones entre provincias productoras, petroleras, cámaras agroindustriales y bloques políticos.
El dictamen firmado la semana pasada propone un nuevo marco regulatorio de los biocombustibles que establece elevar el corte obligatorio de bioetanol en naftas al 15%, distribuido entre caña de azúcar, maíz y un tramo sujeto a competencia, y llevar el biodiésel en gasoil al 10% de manera gradual.
También incorpora límites a la concentración empresarial, habilita mecanismos de contratación más abiertos y busca dar previsibilidad de largo plazo a las inversiones del sector.
Gustavo Ybarra,Conforme a
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