POLITICA
Tras el triunfo con Glaciares, el Gobierno buscará discutir una ley clave para el vínculo con Estados Unidos

Luego del triunfo que significó para el oficialismo la aprobación definitiva de la ley de Glaciares, el Gobierno se prepara para debatir en el Congreso la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), una norma clave para las relaciones con los Estados Unidos.
En el acuerdo de libre comercio que firmó meses atrás con Washington, la Argentina se comprometió a cumplir con una serie de puntos, entre los cuales está el de sancionar esta medida antes del próximo 30 de abil.
La contraparte norteamericana está especialmente interesada en que se modernice a nivel local toda la legislación vinculada a la propiedad intelectual, ya que advierte que se trata de una de las regiones con más complicaciones en esta área.
En el informe “Special 301″ del 2025, por ejemplo, la Oficina del Representante de Comercio de la Casa Blanca señaló que nuestro país “continúa presentando desafíos de larga data y ampliamente conocidos para las industrias intensivas” y menciona como caso paradigmático “el mercado físico de La Salada, en Buenos Aires”.

“Las ventas de falsificaciones en otros lugares físicos siguen siendo elevadas, con aumentos repentinos en la venta de productos falsificados en ferias pequeñas, por vendedores ambulantes ilegales y en el Barrio Once”, remarca el estudio.
Para que entre en vigencia, las autoridades nacionales no solo tienen que lograr que el acuerdo comercial sea ratificado en el Congreso, sino que también deben aprobar otras normas complementarias, como este tratado sobre patentes.
Si bien la Argentina es miembro de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y firmó el Convenio de París, todavía no se adhirió al PCT, que ha sido históricamente una cuestión de intenso debate interno.
Ahora, la el oficialismo quiere volver a discutir la cuestión y analiza hacerlo retomando un proyecto que ya consiguió media sanción en el Senado en 1998, pero nunca se votó en Diputados.
Aunque la regla general es que una iniciativa venza un año después de su aprobación parcial si no es tratada por la otra Cámara, esto no aplica para los convenios internacionales.

Sin embargo, la cúpula libertaria todavía está planificando la estrategia que se llevará adelante: algunos integrantes del espacio aseguran que ya la semana que viene se va a presentar el texto, mientras que otros actores involucrados reconocen que se podría demorar un poco más.
En cuanto al contenido, en la Casa Rosada sostienen que la iniciativa de la década de los 90 va a ser enviada con modificaciones, por lo que necesariamente deberá volver al Senado después de que se apruebe en Diputados.
“Se van a hacer retoques, porque estamos hablando de un texto muy viejo, tiene algunas cosas que quedaron obsoletas y además se tiene que adaptar a los requisitos del acuerdo que firmamos con Washington ahora”, manifestó un miembro del cículo íntimo de Javier Milei.
Por el contrario, algunas de las fuentes que están trabajando desde hace meses en el proyecto aseguraron a Infobae que eso no es necesario y que, por lo tanto, lo más probable es que se envíe la misma propuesta de la época de la presidencia de Carlos Menem, para aprovechar la media sanción y reducir los tiempos parlamentarios.
“La media sanción del Senado de 1998 es el instrumento correcto y suficiente para avanzar. No es necesario ni conveniente reabrir el debate con un nuevo proyecto de ley”, explicó un integrante del Gabinete que está atrás de la redacción.
El conflicto, puntualmente, está en que la medida que se debatió en ese momento no incluía la posterior actualización de los plazos de ingreso al tratado, que se detallaron en el artículo 22, adoptado recién en 2001.
Al respecto, el funcionario remarcó que los cambios adoptados por la Asamblea de la Unión PCT y vigente desde el 1° de abril de 2002, únicamente extendió el plazo estándar de entrada en fase nacional de 20 a 30 meses a partir de la fecha de prioridad. “Esta es la reforma más relevante para los solicitantes desde la creación del tratado”, señaló.

Sobre la necesidad de un nuevo proyecto, la posición oficial es que “el PCT opera como un sistema unitario administrado por la OMPI”, por lo que “no existen versiones paralelas del tratado para distintos adherentes”.
“Quien adhiere, ingresa al sistema tal como está configurado al momento de la adhesión, con su texto consolidado y su Reglamento vigentes”, sostuvo.
Además, se aclaró que la iniciativa con media sanción “no genera por sí sola el riesgo de quedar atrapados en el plazo de 20 meses”, porque “la modificación de 2001 se aplica a todos los Estados contratantes sin necesidad de ratificación parlamentaria separada”.
EN este sentido, la fuente consultada indicó que, frente a eventuales dudas, “puede subsanarse mediante una declaración al momento del depósito del instrumento de adhesión ante la OMPI”, una opción que “ha sido aclarada e indicada por el propio organismo internacional”.
“El mecanismo de incompatibilidad del artículo 22 del PCT es opt-in: solo si Argentina notifica expresamente al Director General de la OMPI la incompatibilidad del plazo de 30 meses con su legislación interna, se aplicaría el plazo de 20 meses. En ausencia de tal notificación, el plazo de 30 meses opera como regla por defecto, con independencia del texto de la ley aprobatoria”, se argumentó.
POLITICA
Yacobitti afirmó que el Gobierno no giró el presupuesto para los hospitales universitarios y dijo que hay operaciones en riesgo

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, aseguró hoy que el Gobierno nacional no transfirió un solo peso de los 80.000 millones de pesos asignados en el presupuesto para los hospitales universitarios en lo que va de 2026, y convocó a la sociedad a movilizarse en la Marcha Federal Universitaria, prevista para el martes 12 de mayo en Plaza de Mayo.
Consultado en Infobae a las 9, el programa conducido por Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tati Schapiro, Yacobitti afirmó que, cuando un ciudadano obtiene una ley y el Gobierno no la cumple, el camino lleva a la Justicia, y allí el Gobierno recusa a cualquier juez que haya dado clases en la UBA.
“Convengamos que llegó a recusar a los jueces por dar clase en la UBA. Con ese concepto nadie podría ser juez de esta causa”, planteó, con relación al reclamo principal es que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso nacional en octubre de 2025 y luego ratificada por la Justicia.
De manera puntual, uno de los ejes centrales de la movilización es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Según Yacobitti, las consecuencias por la ausencia de fondos repercuten directamente en los centros de salud universitarios, y puso de ejemplo el Instituto de Oncología ángel Roffo, dependiente de la UBA y especializado en tratamiento oncológico. “Van a tardar más en atenderte, seguramente. Hay tratamientos que no pueden realizarse por falta de insumos y, cuando un equipo falla, los pacientes deben ser trasladados en ambulancia a otro centro”, dijo.
En el Hospital de Clínicas, el director Marcelo Melo reconoció en conferencia de prensa que de 16 quirófanos disponibles solo funcionan seis. En el Hospital Lanari, centro universitario dedicado a trasplantes, la escasez de insumos pone en riesgo los procedimientos: “Hay gente que necesita trasplantes, que está esperando. ¿Por qué? Porque no se pueden comprar los insumos para esos trasplantes”, señaló el exdiputado nacional.
Ante una consulta en Infobae a las 9 sobre los datos reflejados en el Presupuesto Abierto, la base de datos oficial del Ministerio de Economía, Yacobitti aclaró que existen dos partidas diferenciadas. Una corresponde a la línea general, que cubre sueldos y gastos de funcionamiento de todas las facultades y que el Gobierno sí transfiere. La otra es una partida adicional destinada exclusivamente a las universidades con hospitales: UBA, Córdoba, Cuyo y La Rioja, que acumula cero desembolsos hasta la fecha. Parafraseando la posición oficial, señaló: “Son ochenta mil millones. No lo mandamos porque estamos viendo cómo se asignan. Estamos en el mes cinco”.
Para el vicerrector, la raíz es una cuestión de prioridades políticas y señaló: “No creo que la educación pública esté en la agenda (de Milei)”. Además, comparó el costo de la deuda con los hospitales universitarios con la rebaja impositiva a los autos de lujo: “Si vos preferís bajar impuestos, gastar plata —porque las dos son gasto, una es inversión y la otra es gasto neto—, si vos preferís bajarle los impuestos a los autos de lujo y no pagarle la plata que tenés en el presupuesto asignada para los hospitales universitarios, bueno, es una decisión política, no es una decisión de plata“.

También cuestionó que el secretario de Política Universitaria publicara un tuit con una referencia a Mordor, el reino del mal de El Señor de los Anillos, para referirse al fallo judicial: «la universidad pública es el mal“.
Para Yacobitti, además, el deterioro afecta gravemente a la planta docente. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 438 profesores abandonaron sus cargos sobre un total de 3.200. “¿Y sabés quiénes se van? Los más capacitados”, remarcó. “Algunos se van a la universidad privada que le paga tres veces más, otros van afuera y otros directamente cambian de profesión”, agregó.
En la Facultad de Agronomía, otros 100 investigadores siguieron el mismo camino. Las carreras con mayor proporción de docentes de dedicación exclusiva, como Exactas, son las más afectadas, advirtieron las autoridades de la UBA.
Respecto del estado judicial del conflicto, el vicerrector informó que la causa ya llegó a la Corte Suprema. “Ya es una barbaridad que haya llegado a la Corte. La Corte, en su jurisprudencia, salvo casos excepcionales, no trata medidas cautelares, trata medidas de fondo. Por eso las rebota”, dijo, y explicó que espera que el máximo tribunal devuelva la causa para su cumplimiento, aunque el propio Gobierno ya anticipó que tampoco lo acatará: “Lo otro que también sabemos, porque nos lo dice el gobierno, es que no la va a cumplir. Como no le cumple la ley del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no le paga el fondo, o como no le cumple la ley de discapacidad”.
Ante este panorama, llamó a la movilización como única herramienta disponible: “Lo único que nos queda por hacer es concientizar a la sociedad que no se quede en la casa, porque lo que se está rompiendo es la única herramienta de movilidad social que tiene la Argentina, que es la universidad pública”, manifestó.
Y concluyó: “Todos los impuestos que pago, lo único que el Gobierno me brinda de calidad es la universidad pública. No hay un solo servicio que me brinde de calidad por los impuestos que pagás, que no sea una universidad pública, y la está destruyendo”.
La concentración se realizará el martes 12 de mayo a las 17 en Plaza de Mayo. Yacobitti instó a padres y madres a asistir con sus hijos: “Es la única manera que tenemos de llamar la atención, no solo al Gobierno, sino también a la Corte Suprema y a quienes tienen que hacer y ejecutar este fallo lo antes posible”.
POLITICA
Arde la interna: un influencer libertario criticó el armado del partido en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, la militancia digital vinculada a La Libertad Avanza enfrenta una creciente disputa interna. Alejandro Sarubbi Benítez, abogado y conductor del programa La Trinchera en el streaming Carajo, advirtió sobre la necesidad de reorganización y cuestionó abiertamente la conducción partidaria.
La controversia se originó tras la designación de Sebastián Pareja como principal operador político en la provincia, decisión tomada por Karina Milei. Según dijo Sarubbi Benítez en Infobae en Vivo A las Nueve, “el presidente del partido es Sebastián Pareja y todas las autoridades son de Sebastián Pareja”. La afirmación indica un control total del partido en la provincia, reforzado por el respaldo explícito de Karina Milei. “Materialmente el partido en la provincia de Buenos Aires es de Sebastián Pareja, de nadie más”, sostuvo Sarubbi Benítez.
La metodología empleada en la construcción territorial fue blanco de crítica directa. El abogado mencionó irregularidades durante el proceso electoral: “En las últimas elecciones legislativas, se sabe, hay gente que se quedó con guita de la fiscalización, echaron a fiscales que venían de afuera para fiscalizar también dentro de Libertad Avanza. Han desaparecido fichas de afiliación de a miles”. Para Sarubbi Benítez, estas prácticas persiguen evitar internas, desplazando a militantes genuinos que habían acompañado el crecimiento del movimiento.
Fragmentación y reclamos a la conducción nacional
El desencanto se agrava en el contexto de una estructura partidaria que, según Sarubbi Benítez, replica prácticas tradicionales ajenas al espíritu original del espacio. “En la provincia de Buenos Aires prácticamente todos los partidos políticos son una mafia”, denunció el referente. Criticó, además, el endurecimiento verticalista en la toma de decisiones y la escasa respuesta ante críticas internas: “La estrategia de gobierno, cada vez que saltan problemas de este calibre, es el silencio. Yo no sé por qué”.
Parte de la militancia digital reclama una participación y voz diferenciada, ante la percepción de que la dirigencia nacional, encabezada por Karina Milei y Pareja, no representa los ideales iniciales. “La gente está pidiendo: ‘Che, fijate lo que es esta gente, porque es un desastre’”, sostuvo el entrevistado. El propio Sarubbi Benítez aclaró el alcance de las demandas: “Nosotros, en tanto los que estamos afuera de lo que es la estructura partidaria y del Estado en sí, no tenemos por qué acatar una verticalidad partidaria”.
Desafíos en la comunicación oficial
Las críticas no se limitaron a la vida interna del partido. Sarubbi Benítez también cuestionó la estrategia comunicacional del gobierno libertario. En relación a las controversias en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, manifestó: “No veo un delito hoy, no lo veo. Con lo que hay no lo veo. Ahora, comunicacionalmente hablando, la situación se manejó demasiado mal”. Según su análisis, el Ejecutivo elige sistemáticamente el silencio ante los conflictos públicos: “Siempre que hubo un problema de este estilo, siempre optó por el silencio”.
En cuanto al clima en redes sociales, Sarubbi Benítez explicó que la comunidad original de la militancia digital siente haber sido relegada. “Lo que les están diciendo es: ‘Estuvo buenísimo, pero cállense la boca’”. Esta percepción se refleja en la falta de diálogo y en la tendencia a judicializar enfrentamientos internos, como cuando dirigentes denunciaron a usuarios de redes sociales por la difusión de información personal.
Controversias mediáticas y límites en el debate
Durante una reciente emisión de La Trinchera, se viralizó un audio aludiendo a supuestas relaciones personales dentro del armado partidario. Sarubbi Benítez reconoció el incidente y aclaró: “Sentí que ese mensaje podía llegar a desvirtuar todo lo que dije anteriormente, opté por pedirle a la gente de producción que saquen el pedacito de ese audio”.
Consultado sobre la posibilidad de expresar todo tipo de opiniones en el ecosistema del streaming, Sarubbi Benítez afirmó: “Cada cual debe poder expresarse como se dé la gana, en la medida que no cometa un delito. Lo demás… el mensaje lo podés tirar. Después, en todo caso, tenés que asumir las consecuencias del mensaje”.
Expectativas políticas y perspectivas electorales
En el plano general, Sarubbi Benítez consideró que los votantes “genuinos” aún acompañan al gobierno nacional, aunque reconoció diferencias en la interpretación del rumbo ideológico y la representatividad bonaerense. Respecto al futuro electoral, alertó sobre la importancia estratégica de Buenos Aires: “En la provincia de Buenos Aires cuando vos querés aspirar por la gobernación no hay ballotage. Lo más inteligente sería desdoblar la elección, porque además eso ya lo vimos en las legislativas, lo vimos en el 23”.
Las declaraciones de Alejandro Sarubbi Benítez evidencian tensiones crecientes. El llamado del referente libertario a “votar otra cosa” en la provincia de Buenos Aires expone un momento de incertidumbre interna, con reclamos abiertos dentro de La Libertad Avanza y presión para revertir la exclusión de la militancia digital en la toma de decisiones.
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POLITICA
Murió el padre de Germán Giuliani, el argentino secuestrado en Venezuela: “Falleció esperando verlo libre”

La familia de Germán Giuliani enfrenta una nueva tragedia. Carlos Giuliani, padre del abogado argentino detenido en Venezuela desde mayo de 2025, falleció este viernes sin haber podido reencontrarse con su hijo, quien permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas.
La información fue difundida públicamente por Elisa Trotta, ex embajadora de Venezuela en Argentina y miembro del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), una de las dirigentes que siguió de cerca el caso del abogado argentino y que en reiteradas ocasiones reclamó su liberación inmediata.
“Lamentablemente, este viernes falleció el señor Carlos Giuliani, padre del abogado argentino Germán Giuliani, quien desde hace casi un año está secuestrado por la dictadura chavista”, expresó Trotta a través de sus redes sociales.
En el mismo mensaje, agregó: “La salud del señor Carlos se deterioró con mayor velocidad precisamente por lo que está pasando con Germán. Murió sin poder abrazar de nuevo a su hijo. Murió esperando verlo libre”.
La muerte del padre del abogado argentino se produjo en medio de la creciente preocupación internacional por la situación de los presos políticos en Venezuela y mientras continúan las denuncias por violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles del régimen venezolano.
Trotta vinculó además el fallecimiento con el impacto emocional provocado por la detención prolongada de Giuliani y recordó que en las últimas horas también se conoció la muerte de otro familiar de un preso político venezolano.
“En menos de 24 horas hemos recibido dos noticias desgarradoras, ambas ligadas a los presos políticos en Venezuela. Primero, la muerte de Víctor Quero, a quien su madre no pudo despedir. Ahora, la muerte de Carlos Giuliani, a quien su hijo, secuestrado todavía por el régimen de Delcy Rodríguez, tampoco pudo despedir”, afirmó.

La detención de Germán Giuliani y el reclamo internacional
En ese contexto, volvió a reclamar la liberación inmediata del abogado argentino y sostuvo que el caso ya cuenta con decisiones internacionales favorables que no fueron cumplidas por Caracas.
“Germán tiene una boleta de excarcelación desde febrero. Tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Y aun así, la dictadura sigue violando todos sus derechos”, señaló.
Giuliani permanece detenido desde el 21 de mayo de 2025 y es actualmente el único ciudadano argentino que continúa preso en Venezuela. Su familia y distintos organismos de derechos humanos denunciaron en reiteradas oportunidades que fue víctima de desaparición forzada, torturas y condiciones inhumanas de detención.
En abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a su favor al considerar que existían condiciones de “gravedad y urgencia” respecto de su integridad física y su salud. La CIDH sostuvo además que el Estado venezolano no había aportado información suficiente sobre las condiciones de detención del abogado argentino.
En las últimas semanas, el caso volvió a cobrar relevancia después del motín registrado en la cárcel de Yare III, donde permanece detenido Giuliani, y que dejó al menos cinco muertos. Su esposa, Virginia Rivero, denunció entonces que durante horas no tuvieron información sobre si el abogado seguía con vida.
El Gobierno argentino también reactivó los reclamos diplomáticos ante organismos internacionales. Días atrás, la representación argentina volvió a exigir ante la OEA la liberación de los presos políticos en Venezuela y reclamó específicamente por Giuliani, a pocos días de cumplirse un año de su detención.
En su publicación, Trotta cerró con un fuerte cuestionamiento al régimen venezolano: “Basta ya de tanta barbarie, de tanto dolor causado por la decisión de unos cuantos. Basta ya de todo esto. Liberen a Giuliani. Liberen a los más de 500 presos políticos en Venezuela. Cierren los centros de tortura. ¡Ya!”.
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