POLITICA
Tras el triunfo con Glaciares, el Gobierno buscará discutir una ley clave para el vínculo con Estados Unidos

Luego del triunfo que significó para el oficialismo la aprobación definitiva de la ley de Glaciares, el Gobierno se prepara para debatir en el Congreso la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), una norma clave para las relaciones con los Estados Unidos.
En el acuerdo de libre comercio que firmó meses atrás con Washington, la Argentina se comprometió a cumplir con una serie de puntos, entre los cuales está el de sancionar esta medida antes del próximo 30 de abil.
La contraparte norteamericana está especialmente interesada en que se modernice a nivel local toda la legislación vinculada a la propiedad intelectual, ya que advierte que se trata de una de las regiones con más complicaciones en esta área.
En el informe “Special 301″ del 2025, por ejemplo, la Oficina del Representante de Comercio de la Casa Blanca señaló que nuestro país “continúa presentando desafíos de larga data y ampliamente conocidos para las industrias intensivas” y menciona como caso paradigmático “el mercado físico de La Salada, en Buenos Aires”.

“Las ventas de falsificaciones en otros lugares físicos siguen siendo elevadas, con aumentos repentinos en la venta de productos falsificados en ferias pequeñas, por vendedores ambulantes ilegales y en el Barrio Once”, remarca el estudio.
Para que entre en vigencia, las autoridades nacionales no solo tienen que lograr que el acuerdo comercial sea ratificado en el Congreso, sino que también deben aprobar otras normas complementarias, como este tratado sobre patentes.
Si bien la Argentina es miembro de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y firmó el Convenio de París, todavía no se adhirió al PCT, que ha sido históricamente una cuestión de intenso debate interno.
Ahora, la el oficialismo quiere volver a discutir la cuestión y analiza hacerlo retomando un proyecto que ya consiguió media sanción en el Senado en 1998, pero nunca se votó en Diputados.
Aunque la regla general es que una iniciativa venza un año después de su aprobación parcial si no es tratada por la otra Cámara, esto no aplica para los convenios internacionales.

Sin embargo, la cúpula libertaria todavía está planificando la estrategia que se llevará adelante: algunos integrantes del espacio aseguran que ya la semana que viene se va a presentar el texto, mientras que otros actores involucrados reconocen que se podría demorar un poco más.
En cuanto al contenido, en la Casa Rosada sostienen que la iniciativa de la década de los 90 va a ser enviada con modificaciones, por lo que necesariamente deberá volver al Senado después de que se apruebe en Diputados.
“Se van a hacer retoques, porque estamos hablando de un texto muy viejo, tiene algunas cosas que quedaron obsoletas y además se tiene que adaptar a los requisitos del acuerdo que firmamos con Washington ahora”, manifestó un miembro del cículo íntimo de Javier Milei.
Por el contrario, algunas de las fuentes que están trabajando desde hace meses en el proyecto aseguraron a Infobae que eso no es necesario y que, por lo tanto, lo más probable es que se envíe la misma propuesta de la época de la presidencia de Carlos Menem, para aprovechar la media sanción y reducir los tiempos parlamentarios.
“La media sanción del Senado de 1998 es el instrumento correcto y suficiente para avanzar. No es necesario ni conveniente reabrir el debate con un nuevo proyecto de ley”, explicó un integrante del Gabinete que está atrás de la redacción.
El conflicto, puntualmente, está en que la medida que se debatió en ese momento no incluía la posterior actualización de los plazos de ingreso al tratado, que se detallaron en el artículo 22, adoptado recién en 2001.
Al respecto, el funcionario remarcó que los cambios adoptados por la Asamblea de la Unión PCT y vigente desde el 1° de abril de 2002, únicamente extendió el plazo estándar de entrada en fase nacional de 20 a 30 meses a partir de la fecha de prioridad. “Esta es la reforma más relevante para los solicitantes desde la creación del tratado”, señaló.

Sobre la necesidad de un nuevo proyecto, la posición oficial es que “el PCT opera como un sistema unitario administrado por la OMPI”, por lo que “no existen versiones paralelas del tratado para distintos adherentes”.
“Quien adhiere, ingresa al sistema tal como está configurado al momento de la adhesión, con su texto consolidado y su Reglamento vigentes”, sostuvo.
Además, se aclaró que la iniciativa con media sanción “no genera por sí sola el riesgo de quedar atrapados en el plazo de 20 meses”, porque “la modificación de 2001 se aplica a todos los Estados contratantes sin necesidad de ratificación parlamentaria separada”.
EN este sentido, la fuente consultada indicó que, frente a eventuales dudas, “puede subsanarse mediante una declaración al momento del depósito del instrumento de adhesión ante la OMPI”, una opción que “ha sido aclarada e indicada por el propio organismo internacional”.
“El mecanismo de incompatibilidad del artículo 22 del PCT es opt-in: solo si Argentina notifica expresamente al Director General de la OMPI la incompatibilidad del plazo de 30 meses con su legislación interna, se aplicaría el plazo de 20 meses. En ausencia de tal notificación, el plazo de 30 meses opera como regla por defecto, con independencia del texto de la ley aprobatoria”, se argumentó.
POLITICA
Gustavo Carrara: “El problema del trabajo es una preocupación central y es el eje de la cuestión social”

El trabajo que Cáritas, el brazo social de la Iglesia, realiza desde hace 70 años en el país es persistente y crece en los tiempos de crisis en la Argentina. Mientras el presidente Javier Milei celebra como un logro la sostenida baja de la inflación, el arzobispo de La Plata y presidente de la organización caritativa de la Iglesia, monseñor Gustavo Carrara, entiende que el freno a la suba de precios no es suficiente y advierte que existe “un parate en el financiamiento de obras y programas sociales y en la presencia inteligente y eficiente del Estado, que consolida una pobreza multidimensional y estructural”.
“El problema del trabajo es una preocupación central y, de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia, es el eje de la cuestión social”, define el arzobispo, que expresa la mirada de la Iglesia sobre la problemática que castiga a los sectores más vulnerables. Y amplía: “En un barrio, una persona puede haber recibido una mayor transferencia por la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero se paralizaron obras que llevaban agua, electricidad segura, cloacas, un centro de salud cercano o una escuela nueva”, enumera, en una entrevista con para explicar los alcances de la principal colecta anual de la Iglesia.
Con los $14.230 millones recaudados en la colecta de 2025, Cáritas llevó adelante programas de educación, alimentos, prevención de adicciones, seguridad alimentaria, integración de barrios populares y atención en emergencias. En medio de la crisis actual, enfrenta la decisión del gobierno libertario de desfinanciar programas, como el de autoconstrucción de viviendas, que quedaron a mitad de camino y que la Iglesia intenta hoy retomar a partir de acuerdos con gobiernos provinciales, como los de Buenos Aires, Córdoba y Chubut.
-¿En qué contexto social se realiza esta colecta de Cáritas?
-La colecta anual de Cáritas es el 6 y 7 de junio, con el lema “70 años alentando la esperanza”. Tuvimos un encuentro en la Villa Marista de Luján y allí presentamos las líneas de acción para los próximos tres años, a partir de una escucha realizada en todo el país para relevar las inquietudes de 1320 comunidades. La principal preocupación es el tema del trabajo. No alcanza y existe el miedo a perder el empleo. Otros problemas son la salud mental, las adicciones, la ludopatía, la problemática del proyecto de vida y los suicidios que constatan las comunidades. A eso se suman los programas que venimos trabajando, como la primera infancia, la educación, las becas, la integración de los barrios populares y las villas.
–¿Cómo financia Cáritas sus programas de ayuda y promoción integral?
-Se financian con la recaudación de la colecta anual, con acuerdos con sectores privados y el Estado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Un tercio de lo que se recauda va a las parroquias, otro tercio va a las diócesis y el tercio restante se asigna a Cáritas Nacional, con programas de intervención de distintas escalas. El año pasado se recibieron 190.000 donaciones y trabajan 50.000 voluntarios en todo el país.
-¿La problemática del empleo es mayor que en años anteriores?
-El problema del trabajo es una preocupación central y, de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia, es el eje de la cuestión social. Si bien en algunas mediciones la pobreza por ingreso pudo haber bajado, sobre todo por la transferencia directa de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar, desde la perspectiva multidimensional se mantienen graves déficits. Una persona puede haber recibido más ingresos por la AUH, pero se paralizaron obras que llevaban agua, electricidad segura, cloacas, un centro de salud cercano o una escuela nueva en un barrio precario. Hay un parate en el financiamiento y en la presencia inteligente y eficiente del Estado, lo que consolida una pobreza multidimensional y estructural.
—¿No es suficiente que haya bajado la inflación?
-No es suficiente para abordar una pobreza que es multidimensional. Claramente es muy bueno que baje la inflación y se sostenga esa baja. Pero si se pierden puestos de trabajo es muy preocupante, porque la gente no va a tener para comprar lo mínimo, aunque haya un descenso del índice inflacionario. El análisis tiene que ser integral. Puede haber crecimiento económico en un sector de la economía, pero no necesariamente eso genera mayor cantidad de empleos que reemplacen los puestos que se perdieron. Y se puede generar un crecimiento de empleo en torno de Vaca Muerta, pero la gente que perdió el empleo en el conurbano bonaerense no va a poder ir a trabajar allí. El análisis tiene que ser integral.
-Muchas veces se asocia la tarea de Cáritas a la asistencia en alimentos. ¿Hubo una reducción de la ayuda del Estado para el funcionamiento de comedores?
-Cáritas realiza asistencia directa, a través de los comedores, con donaciones que recibe en las parroquias y programas con el Estado que permiten comprar alimentos, aunque hoy existen menos espacios para ofrecer el servicio. La demanda ha crecido y se sostiene en las parroquias. Pero Cáritas no solo da de comer. Ha tenido programas de autoconstrucción de viviendas, con una perspectiva del desarrollo humano integral.
-¿Estos programas de autoconstrucción de viviendas se redujeron?
-Cáritas estaba construyendo 1200 viviendas en todo el país y el programa se frenó al pararse la obra pública. Tenían un fuerte impacto en comunidades muy pobres. Se llevaban adelante en acuerdos con el Estado nacional y se desfinanciaron. Algunas viviendas se hacen por aportes puntuales, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal Italiana, para viviendas temporales y comunitarias destinadas a jóvenes de los Hogares de Cristo que han salido de la calle y del consumo.
-¿Hay canales de diálogo con el Gobierno para plantear estas preocupaciones?
-Sí, hay instancias de diálogo; la Iglesia siempre trata de tender puentes. Por la cuestión alimentaria hablamos con el Ministerio de Capital Humano; por la crisis del área de discapacidad conversamos con el Ministerio de Salud. Intentamos llevar las inquietudes de la gente a la que acompañamos.
—¿Qué respuestas encuentran?
-Distintos niveles de respuestas. En lo alimentario se ha sostenido el plan que el Ministerio de Capital Humano desarrollaba con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), con la conversión de comedores en centros de familia. El de autoconstrucción de viviendas se ha cortado e intentamos continuarlo con el financiamiento de gobiernos provinciales, como los Buenos Aires, Córdoba y Chubut, por ejemplo. En Salud y discapacidad se pudieron destrabar algunos pagos de prestaciones que ya se habían dado, pero aún falta aceitar este mecanismo, porque muchas instituciones siguen en jaque. Los cottolengos de Don Orione, por ejemplo, acompañan a 1200 personas muy frágiles y enfrentan situaciones extremadamente críticas.
-¿Los sectores vulnerables tienen capacidad para reclamar derechos?
-Hay que crecer en la conciencia de mirar a quienes no se pueden movilizar para demandar sus derechos. Asistimos a las marchas universitarias multitudinarias en defensa de la educación pública, un reclamo genuino y necesario, porque un país progresa si hay educación y trabajo. Pero hay personas que no pueden movilizarse para reclamar sus derechos y el área de discapacidad es una fragilidad a cuidar.
—¿Hay insensibilidad en el Gobierno frente a estos reclamos?
-El objetivo del Gobierno es mantener el déficit cero, equilibrar las cuentas y el presupuesto. Pero no se puede hacer eso dejando gente afuera. Habría que ver dónde hacer el ajuste, dónde se pueden liberar ciertos impuestos o retenciones, ver el modo adecuado. Los que más posibilidades tenemos debemos aportar más. El ajuste no puede ir por los que menos tienen. Es un tiempo complejo a nivel mundial.
-El arzobispo de Buenos Aires planteó estos temas en el tedeum, como el reclamo por el terrorismo en las redes, y el Presidente respondió que había sido un poco exagerado. ¿Cómo evalúa esa reacción?
-Hay un nivel de violencia innegable en las redes sociales. Y es difícil que ese nivel de violencia no se traslade después en acciones. Hay que mirar lo que fue entre los adolescentes el desafío viral, se tradujo en las escuelas, con escritos y amenazas. No tenemos que preguntarnos qué le pasa al adolescente, sino qué nos pasa a los adultos. Somos nosotros los responsables. La violencia que se da en las redes es real y se traduce después en acciones. También hay violencia en los barrios, en el Congreso de la Nación. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, dijo que bajemos todos esos niveles de violencia. Es la línea del papa León XIV, que llamó a “desarmar” el lenguaje.
-¿Cómo se está trabajando para lograr la visita del papa León XIV a la Argentina?
-En la Conferencia Episcopal estamos atentos y preparándonos interiormente para la visita, que no está confirmada oficialmente. Habría posibilidades e interpreto que irá acompañada del viaje a Perú, una tierra muy significativa para el Papa porque allí fue misionero. Cuando terminó más tarde su gestión de 12 años como superior de los agustinos en Roma decidió volver a Perú y Francisco lo nombró obispo. En el corazón del Santo Padre añora una vuelta a la diócesis de Chiclayo. Veremos si se anuncia la visita.
-¿Qué resultados puede tener la visita del Papa a la Argentina?
-La visita del Papa moviliza la fe del pueblo. Yo era adolescente cuando Juan Pablo II visitó por segunda vez la Argentina en 1987. Me acuerdo que recibíamos peregrinos de Uruguay y de otros países y la noche previa a la misa final dormí en la calle con otros jóvenes. Puede movilizar mucho la fe del pueblo y eso puede hacer mucho bien.
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Pobreza,Conforme a,Iglesia,,»Es una mala señal». Preocupa en la Iglesia el proyecto del Gobierno que no restringe la publicidad de las apuestas online,,La última visita de un papa. El viaje de Juan Pablo II en 1987: fue recibido por Alfonsín y recorrió diez ciudades en seis días,,Difunta Correa. Un estudio encabezado por la Iglesia y una universidad de San Juan intentará dilucidar si existió
POLITICA
Javier Milei se reunió con empresarios farmacéuticos y anunció inversiones por US$8000 millones

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) anunció este viernes una agenda de inversiones por US$8000 millones para investigación clínica en la Argentina durante los próximos seis años, en el marco de un acuerdo presentado junto al Ministerio de Salud de la Nación y con la participación del presidente Javier Milei.
El anuncio se realizó durante una audiencia en Casa Rosada encabezada por Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, junto a representantes de la entidad que nuclea a compañías farmacéuticas y biofarmacéuticas dedicadas a la investigación y desarrollo de medicamentos innovadores.
Participaron del encuentro el Presidente de CAEME, Gastón Domingues Caetano; el Gerente General de Merck & Co., Carlos Annes; la Gerente General de Roche, María Pía Orihuela; la Gerente General de Bristol Myers Squibb, Silvana Kurkdjian; el Gerente General de Novartis, Francisco García; el Gerente General de GlaxoSmithKline, Maximiliano Gutiérrez; la Gerente General de Sanofi, Carolina López Camelo; y la Gerente General de Pfizer, Agustina Ruiz Villamil.
Según informó CAEMe, el compromiso contempla promover que los laboratorios asociados concreten una inversión acumulada de US$8000 millones en investigación clínica entre 2026 y 2032. La iniciativa apunta a fortalecer una actividad que actualmente representa cerca del 50% de toda la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D) realizada por el sector empresario argentino.
La entidad destacó que el desarrollo clínico es uno de los principales generadores de divisas vinculadas a la economía del conocimiento. De acuerdo con los datos difundidos, de cada diez dólares que ingresan al país para financiar actividades empresariales de investigación y desarrollo, 9,5 corresponden a investigación clínica, mientras que las compañías asociadas a CAEMe explican el 95% de esa inversión.
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Actualmente participan más de 50.000 pacientes en alrededor de 1000 estudios clínicos que se desarrollan en el país. Además, durante 2025 se aprobaron 290 nuevos estudios, una cifra que representó un incremento del 8% respecto del año anterior. El sector también genera más de 4000 nuevos contratos anuales en centros de investigación clínica.
Para la cámara empresaria, estos indicadores reflejan el crecimiento de una actividad que combina ciencia, tecnología, innovación y generación de divisas. En ese sentido, el presidente de CAEMe, Gastón Domingues Caetano, afirmó que el acuerdo constituye “un hito para la salud y la ciencia en Argentina”.
“El acuerdo no solo promueve mayores inversiones de escala internacional en ciencia y salud, sino que hace posible que los pacientes de nuestro país accedan a tratamientos de vanguardia en simultáneo con los países más avanzados del mundo”, sostuvo el directivo.
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Desde la entidad señalaron que los fondos previstos permitirán continuar trabajando junto al Ministerio de Salud en iniciativas orientadas al fortalecimiento del ecosistema sanitario. Entre ellas mencionaron estímulos para centros de investigación, capacitación de profesionales de la salud e impulso de proyectos en hospitales públicos.
CAEMe también planteó que la expansión de la investigación clínica puede contribuir a mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario. Según indicó, las empresas que patrocinan los estudios asumen los costos de atención integral de los pacientes participantes, lo que genera un ahorro para el sistema de salud y, al mismo tiempo, incrementa la exportación de servicios vinculados al sector.
Domingues Caetano señaló además que el programa de inversiones busca reforzar la posición internacional del país en materia de innovación. “Este plan de inversiones nos permite reforzar las condiciones para que la Argentina vuelva a ganar lugar en la agenda global, se consolide como un socio confiable y atractivo para la innovación, y traduzca ese liderazgo en oportunidades concretas para pacientes, profesionales y el desarrollo federal”, afirmó.
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El anuncio se produjo en un contexto de discusión sobre la política de propiedad intelectual vinculada al sector farmacéutico. En particular, coincide con el debate legislativo sobre la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una iniciativa respaldada por los laboratorios internacionales agrupados en CAEMe y que forma parte de los temas observados por Estados Unidos dentro de la agenda comercial bilateral.
La cámara sostiene que una mayor convergencia con estándares internacionales puede favorecer las inversiones en investigación y desarrollo, además de impulsar la innovación médica. Del otro lado, los laboratorios nacionales vienen expresando reparos sobre algunos aspectos del tratado y su posible impacto sobre la competencia, los medicamentos genéricos y el mercado local.
Aunque el encuentro entre Milei y las autoridades de CAEMe tuvo como eje principal la presentación de la agenda de inversiones, se desarrolló mientras el Gobierno mantiene abierta la discusión sobre el futuro del PCT, que ya obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados pero todavía no tiene fecha definida para su tratamiento en el recinto.
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CAEMe destacó que la Argentina cuenta con ventajas competitivas para expandir la investigación clínica, entre ellas la calidad de sus científicos y la infraestructura profesional desarrollada durante décadas. Según la entidad, el objetivo es consolidar al país como un referente regional en investigación clínica, con impacto en generación de empleo, ingreso de divisas e innovación.
La cámara, que este año cumple un siglo de trayectoria, agrupa a empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas de investigación y desarrollo. De acuerdo con los datos difundidos por la entidad, sus compañías asociadas emplean a unas 9000 personas de manera directa y a más de 20.000 de forma indirecta, además de operar diez plantas productivas propias en el país.
Javier Milei, Mario Lugones, Medicamentos, Laboratorios
POLITICA
Milei se reunió con empresarios farmacéuticos para anunciar una inversión de US$8000 millones en el sector de la salud

El presidente Javier Milei se reunió este mediodía con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que representa a laboratorios farmacéuticos asociados de todo el país, que presentó una iniciativa para invertir 8 mil millones de dólares en investigación clínica en el país, según confirmaron fuentes oficiales a .
Del encuentro también participó el ministro de Salud, Mario Lugones, un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.
El anuncio llegó en medio de la tensión que provocó entre el Gobierno y los laboratorios farmacéuticos nacionales el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa que forma parte de los compromisos que asumió Milei cuando firmó, en febrero pasado, el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con su par norteamericano Donald Trump. Los laboratorios argentinos rechazan la modificación y el oficialismo postergó sin fecha el tratamiento del tratado en el Congreso.
En la previa, el Presidente se vio el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y a una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
En la Casa Rosada se mostraban expectantes en las horas previas a la reunión entre Milei y los empresarios farmacéuticos. “Las inversiones serán impulsadas por las empresas nucleadas en CAEME y permitirán consolidar al país como un polo regional de investigación biomédica, innovación y desarrollo científico”, señalaron.
Según consignaron fuentes de Balcarce 50, las empresas asociadas en CAEME “tienen la intención de impulsar” el programa de inversión en investigación clínica “durante los próximos seis años”.
Desde el Ejecutivo afirmaron que los empresarios apuestan a posicionar a la Argentina como “un hub regional de investigación clínica”. En concreto, los funcionarios confían en que la inversión podría generar “empleo calificado” y fomentar el “ingreso de divisas”, a través de la exportación de servicios científicos y tecnológicos. A su vez, apuestan a reforzar el desarrollo de la economía del conocimiento y el acceso temprano “a terapias innovadoras”.
Hoy, concurrieron a la audiencia con Milei el presidente de CAEME, Gastón Domingues Caetano; Carlos Annes (Merck & Co.); María Pía Orihuela (Roche); Silvana Kurkdjian (Bristol Myers Squibb); Francisco García (Novartis); Maximiliano Gutiérrez (GlaxoSmithKline); Carolina López Camelo (Sanofi)y Agustina Ruiz Villamil (Pfizer).
Satisfechos, cerca de Milei afirman que la actividad moviliza “una amplia cadena de valor”, que integran desde profesionales de la salud, centros de investigación y laboratorios hasta proveedores tecnológicos y servicios especializados».
En Balcarce 50 consideran que la inversión propuesta “es motivada por la consolidación de un contexto de previsibilidad y respeto a la propiedad intelectual impulsado por el Gobierno nacional”.
En la cúpula del Ejecutivo había entusiasmo por el anuncio. “El sector salud es un actor central en la generación de empleo, inversión y desarrollo en el país”, indicaron allegados al Presidente.
CAEME había firmado el mes pasado un convenio para impulsar la investigación clínica en hospitales públicos porteños, a través del Ministerio de Salud de la Ciudad. Ese acuerdo establece un marco de colaboración entre el sector público y la industria farmacéutica para promover investigaciones clínicas bajo estándares internacionales de calidad, ética y seguridad.
El encuentro con Milei se desarrollará en el despacho presidencial. Allí, el primer mandatario recibió más temprano al empresario y filántropo británico Maurice Ostro, quien estaría interesado en invertir en centros de procesamiento de datos. Una hora después, Milei se reunió con una delegación de republicanos la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quienes llegaron acompañados por el embajador norteamericano, Peter Lamelas.
Recobrar la iniciativa
La serie de tres reuniones que Milei mantuvo hoy se dio en el final de una semana en la que el Gobierno buscó dejar atrás el último capítulo de la interna libertaria, que estuvo marcada por la pelea entre el asesor Santiago Caputo y al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, mano derecha de Karina Milei.
Tras los cruces en redes, Caputo y Menem volvieron a verse las caras el lunes pasado en la Casa Rosada. Fue en la reunión de Gabinete, que se dio luego del Tedeum en la Catedral Metropolitana, por el 25 de Mayo. El martes, en tanto, se reencontraron durante la reunión de la mesa política del oficialismo.
Según coinciden fuentes al tanto de las reuniones, el tema de la interna no se abordó. Milei, por su parte, intentó apaciguar los ánimos y ensayó gestos salomónicos para contentar a todos los sectores involucrados. Fue la forma en que encontró de dejar atrás el episodio, que se dio a cielo abierto.
Sin embargo, la feroz interna sigue latente. De hecho, en las últimas horas los tuiteros caputitas redoblaron su ofensiva contra la diputada nacional Lilia Lemoine, cercana al ala de Karina Milei y los Menem.
Ayer, el Presidente se presentó en el Latam Economic Fortum, evento organizado por el asesor financiero Darío Epstein -fundador de Research for Traders- y coorganizado por la Fundación de Acción Social de Jabad. Ante ese auditorio, reforzó el mensaje electoral con miras a 2027: defendió su gestión y atacó a la prensa. “Si no nos subimos al tren, se nos va la última oportunidad”, aseguró.
Maurice Ostro,Cecilia Devanna,Conforme a
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