POLITICA
Tras el triunfo con Glaciares, el Gobierno buscará discutir una ley clave para el vínculo con Estados Unidos

Luego del triunfo que significó para el oficialismo la aprobación definitiva de la ley de Glaciares, el Gobierno se prepara para debatir en el Congreso la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), una norma clave para las relaciones con los Estados Unidos.
En el acuerdo de libre comercio que firmó meses atrás con Washington, la Argentina se comprometió a cumplir con una serie de puntos, entre los cuales está el de sancionar esta medida antes del próximo 30 de abil.
La contraparte norteamericana está especialmente interesada en que se modernice a nivel local toda la legislación vinculada a la propiedad intelectual, ya que advierte que se trata de una de las regiones con más complicaciones en esta área.
En el informe “Special 301″ del 2025, por ejemplo, la Oficina del Representante de Comercio de la Casa Blanca señaló que nuestro país “continúa presentando desafíos de larga data y ampliamente conocidos para las industrias intensivas” y menciona como caso paradigmático “el mercado físico de La Salada, en Buenos Aires”.

“Las ventas de falsificaciones en otros lugares físicos siguen siendo elevadas, con aumentos repentinos en la venta de productos falsificados en ferias pequeñas, por vendedores ambulantes ilegales y en el Barrio Once”, remarca el estudio.
Para que entre en vigencia, las autoridades nacionales no solo tienen que lograr que el acuerdo comercial sea ratificado en el Congreso, sino que también deben aprobar otras normas complementarias, como este tratado sobre patentes.
Si bien la Argentina es miembro de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y firmó el Convenio de París, todavía no se adhirió al PCT, que ha sido históricamente una cuestión de intenso debate interno.
Ahora, la el oficialismo quiere volver a discutir la cuestión y analiza hacerlo retomando un proyecto que ya consiguió media sanción en el Senado en 1998, pero nunca se votó en Diputados.
Aunque la regla general es que una iniciativa venza un año después de su aprobación parcial si no es tratada por la otra Cámara, esto no aplica para los convenios internacionales.

Sin embargo, la cúpula libertaria todavía está planificando la estrategia que se llevará adelante: algunos integrantes del espacio aseguran que ya la semana que viene se va a presentar el texto, mientras que otros actores involucrados reconocen que se podría demorar un poco más.
En cuanto al contenido, en la Casa Rosada sostienen que la iniciativa de la década de los 90 va a ser enviada con modificaciones, por lo que necesariamente deberá volver al Senado después de que se apruebe en Diputados.
“Se van a hacer retoques, porque estamos hablando de un texto muy viejo, tiene algunas cosas que quedaron obsoletas y además se tiene que adaptar a los requisitos del acuerdo que firmamos con Washington ahora”, manifestó un miembro del cículo íntimo de Javier Milei.
Por el contrario, algunas de las fuentes que están trabajando desde hace meses en el proyecto aseguraron a Infobae que eso no es necesario y que, por lo tanto, lo más probable es que se envíe la misma propuesta de la época de la presidencia de Carlos Menem, para aprovechar la media sanción y reducir los tiempos parlamentarios.
“La media sanción del Senado de 1998 es el instrumento correcto y suficiente para avanzar. No es necesario ni conveniente reabrir el debate con un nuevo proyecto de ley”, explicó un integrante del Gabinete que está atrás de la redacción.
El conflicto, puntualmente, está en que la medida que se debatió en ese momento no incluía la posterior actualización de los plazos de ingreso al tratado, que se detallaron en el artículo 22, adoptado recién en 2001.
Al respecto, el funcionario remarcó que los cambios adoptados por la Asamblea de la Unión PCT y vigente desde el 1° de abril de 2002, únicamente extendió el plazo estándar de entrada en fase nacional de 20 a 30 meses a partir de la fecha de prioridad. “Esta es la reforma más relevante para los solicitantes desde la creación del tratado”, señaló.

Sobre la necesidad de un nuevo proyecto, la posición oficial es que “el PCT opera como un sistema unitario administrado por la OMPI”, por lo que “no existen versiones paralelas del tratado para distintos adherentes”.
“Quien adhiere, ingresa al sistema tal como está configurado al momento de la adhesión, con su texto consolidado y su Reglamento vigentes”, sostuvo.
Además, se aclaró que la iniciativa con media sanción “no genera por sí sola el riesgo de quedar atrapados en el plazo de 20 meses”, porque “la modificación de 2001 se aplica a todos los Estados contratantes sin necesidad de ratificación parlamentaria separada”.
EN este sentido, la fuente consultada indicó que, frente a eventuales dudas, “puede subsanarse mediante una declaración al momento del depósito del instrumento de adhesión ante la OMPI”, una opción que “ha sido aclarada e indicada por el propio organismo internacional”.
“El mecanismo de incompatibilidad del artículo 22 del PCT es opt-in: solo si Argentina notifica expresamente al Director General de la OMPI la incompatibilidad del plazo de 30 meses con su legislación interna, se aplicaría el plazo de 20 meses. En ausencia de tal notificación, el plazo de 30 meses opera como regla por defecto, con independencia del texto de la ley aprobatoria”, se argumentó.
POLITICA
Aliados en duda y presión opositora: el Gobierno entró en la recta final para destrabar una ley clave

El jueves de la semana que viene el Senado de la Nación retomará el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, a pocos días de que termine el receso invernal, el oficialismo todavía no cuenta con los votos para asegurar la media sanción, principalmente por el rechazo de los aliados al capítulo del proyecto que propone eliminar los límites para la venta de tierras a extranjeros.
Si bien el amplio proyecto que diseñó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también contempla mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego y modificaciones a la ley de expropiaciones, el principal escollo gira en torno a la venta de tierras. Justamente por diferencias en torno a la redacción de este capítulo es que la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich tuvo que pedir un cuarto intermedio en la sesión que naufragó al día siguiente de la victoria de la Selección Nacional contra Inglaterra en el Mundial, en medio del fervor que despertó la bandera que desplegaron los jugadores reivindicando la soberanía de las Islas Malvinas.
El gobierno de Milei pretende modificar la Ley de Tierras vigente desde 2011, que limita la tenencia extranjera al 15% de la superficie nacional y a 1.000 hectáreas por titular. Así apuestan a facilitar el ingreso de capitales extranjeros al mercado rural.

El borrador del proyecto fue objeto de intensas negociaciones durante el debate en comisión y se llegaron a redactar 15 borradores. En la última versión, a la que tuvo acceso Infobae, se estipulaba en el artículo 25 que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites y ejercen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus respectivos territorios de conformidad con los arts. 121 y 124 de la Constitución Nacional”. Y a pedido de las provincias se aclaraba también que “en ejercicio de sus competencias, cada provincia podrá establecer el régimen jurídico aplicable a tal efecto”.
Esta redacción no había dejado satisfecho al ministro Sturzenegger pero la semana pasada, en una reunión de más de una hora, este habría aceptado los términos que Bullrich negoció con las provincias.
Los libertarios tienen 21 votos propios y cuentan con 3 del PRO, otros 4 aliados como Carlos Espínola (Provincias Unidas), Flavia Royón (Salta), Julieta Corroza (Neuquén) y Beatriz Ávila (Tucumán).
Hasta el momento generan incertidumbre los votos de los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia, que están afectados por la pelea interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y su ex jefe político Carlos Rovira; la dupla de senadores de Santa Cruz; y el radicalismo, que se alza con 10 votos determinantes.

El bonaerense Maximiliano Abad ya dio señales de rechazo a la ley mientras que el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger juegan al misterio.
Otra muestra de las tensiones internas que atraviesa el radicalismo fue el comunicado que difundieron desde el Comité Nacional del partido, que lidera Leonel Chiarella, en contra de la iniciativa oficialista y de los propios gobernadores radicales que juegan como aliados de Milei.
“La Unión Cívica Radical rechaza la modificación de la Ley de Tierras que el gobierno promueve en el Senado de la Nación por considerar que se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”, plantearon.
Y agregaron: “Para la UCR defender la soberanía es hacer cumplir la ley vigente porque hoy en Argentina hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas, equivalente al 5% del país y ya existen más de 30 zonas que ya pasaron el límite permitido del 15%. Todos los países que buscan promover el desarrollo promueven una protección responsable de sus recursos estratégicos. Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria. Nueva Zelanda, entre otros, regulan la compra de tierras por extranjeros”.

Sin al menos 9 votos radicales, el oficialismo podría verse en problemas en las sesión del jueves 6 de agosto para llegar a los 37. A esto se suma la presión de la oposición, que ante la impotencia legislativa apuesta por la presión popular y convocó a una movilización a la plaza del Congreso el día de la sesión.
Las dos CTA ya convocaron formalmente a participar de la marcha. También se sumarán el peronismo, partidos de izquierda, organizaciones sociales y distintas agrupaciones ambientales.
POLITICA
Con los apoyos en duda y la letra chica en discusión, el Gobierno evalúa mandar en partes la reforma del BCRA


Mientras tantea, aún, el nivel de apoyos legislativos para el proyecto que más entusiasma a Javier Milei, el Gobierno evalúa enviar en partes y en momentos distintos el paquete que engloba la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), un eventual cierre de la administración y una posible penalización para quienes recurran a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.
Las “baterías” de proyectos de ley suelen girarse al Congreso de una vez. Pero en este caso, si bien señalan que se trata de un “paquete”, en el Gobierno reconocen que deberán mandarlo por segmentos, en diferido, por falta de apoyos y por dudas en torno a la letra chica. Primero avanzarán con la reforma de la Carta Orgánica de la entidad monetaria. Y luego con el segundo tramo de las reformas, que englobarían, respectivamente, un “shutdown” y cambios en el Código Penal. El segundo y tercer punto, hipotéticamente, se enviaría “dentro del segundo semestre”, pero sin fecha definida, dijeron en la Casa Rosada.
Las tres iniciativas son parte de un mismo combo que anunciará el presidente mañana. El jefe de Estado grabará un mensaje sobre el envío de la iniciativa desde el señorial Salón Blanco de Balcarce 50, y luego lo emitirá por cadena nacional, decidido a darle toda la relevancia posible a un plan que considera “estructural”.
En Gobierno dicen que la división de proyectos es porque “conviene no mezclar”. “Son dos temas distintos, si lo metes en el mismo se confunden las discusiones”, señalaron.
Quienes trajinan los pasillos del Congreso reconocen que no están los apoyos para todo el combo, y quieren asegurarse que la reforma del Banco Central salga o salga. “Es una de las grandes propuestas de Javier para su gobierno, no sería una buena estrategia mandarlo todo junto”, deslizaron en el bloque libertario.
Según aseguran en el oficialismo, el segmento central, sobre la carta orgánica, tiene “mucho envión” y creen que “puede salir relativamente fácil”. Distinto es el panorama para el proyecto de cierre administrativo, que en principio consistiría en obligar a los gobiernos a pasar por el Congreso para aprobar cualquier aumento del presupuesto por fuera de lo planificado, bajo apercibimiento de forzar el cierre de áreas de la administración.
Ante la alarma opositora, ya les aclararon que en la letra chica quedarían exceptuados los llamados gastos gatillo -seguridad, salud y educación-, y “sólo” se verían afectados gastos corrientes, o pagos a proveedores. El detalle de este punto aún no está definido, y en parte por eso es que se demorará su presentación ante el Legislativo. “Hay que ver el alcance de lo que vamos a entender por cierre del gobierno”, reconocen en el Gobierno. Y admiten que, junto con la reforma del Código Penal, es el frente más sensible: “El shutdown y Código Penal es lo más discutible o lo que puede traer más resistencia”.
Todavía no se definió si ingresarán por el Senado y no por Diputados, donde respectivamente tienen roles centrales Patricia Bullrich, que acuerda con el primer tramo, y Martín Menem. En principio, no quieren que enturbie las negociaciones con los gobernadores, a los que Karina Milei junto a Diego Santilli, por otro lado, buscan convencer para que apoyen la eliminación de las elecciones Primarias al menos el año que viene.
El proyecto tendrá impacto sobre la independencia de la autoridad monetaria y el financiamiento del Tesoro. Milei lo armó con Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y el titular del BCRA, Santiago Bausili. A priori, se apoya en dos puntos: la modificación del artículo tres de la Carta Orgánica vigente, que habilita un mandato múltiple incorporado en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, y la prohibición de los adelantos transitorios al Tesoro.
“No sabemos bien aún cómo vamos a hacer la tipificación del delito”, admitió una fuente con conocimiento del proyecto.
POLITICA
A qué hora es la cadena nacional de Milei el jueves

El presidente Javier Milei volverá a utilizar la cadena nacional para anunciar una de las iniciativas más relevantes de su gestión. Este jueves 30 de julio, a las 20 horas, el mandatario presentará oficialmente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), un proyecto que el Gobierno considera clave para consolidar su programa económico.
La confirmación fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien explicó que el mensaje será grabado previamente y estará destinado a detallar los principales cambios que impulsa el Poder Ejecutivo antes de enviar la iniciativa al Congreso.
“Comienzo anunciando que el presidente Javier Milei realizará una cadena nacional el próximo jueves a las 20 horas para explicar los ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Como saben, es un tema fundamental para este gobierno porque el principal mandato que nos han mandado tiene que ver con bajar la inflación. Y estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo”, informó Ravier.
Según adelantó el Gobierno, la reforma buscará redefinir el rol del Banco Central y restablecer como objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda. Entre los principales cambios previstos también se encuentra la prohibición expresa de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y un fortalecimiento de la independencia de la autoridad monetaria.
En los últimos días, el propio Presidente anticipó que la iniciativa incluirá sanciones para quienes vulneren ese principio. “Se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financie al fisco”, sostuvo Milei al referirse al proyecto. Además, el oficialismo analiza endurecer los requisitos para modificar la conducción del organismo, con el objetivo de darle mayor estabilidad institucional al Banco Central.
Una vez realizado el anuncio, el Gobierno prevé enviar el proyecto al Congreso durante los primeros días de agosto. Hasta el momento no fue confirmado por cuál de las dos cámaras comenzará su tratamiento legislativo.
Desde la Casa Rosada consideran que se trata de una de las reformas económicas más importantes del semestre y esperan avanzar con su discusión parlamentaria en las próximas semanas.
La decisión de presentar un proyecto de ley mediante cadena nacional representa un hecho poco frecuente. Ni siquiera la denominada Ley Bases, una de las iniciativas más ambiciosas impulsadas por el Gobierno, fue anunciada a través de este mecanismo.
Durante su gestión, Milei recurrió a la cadena nacional en contadas ocasiones para comunicar decisiones consideradas de alta trascendencia institucional. La primera fue en diciembre de 2023, cuando anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Posteriormente la utilizó para informar el superávit fiscal del primer trimestre de 2024 y, más adelante, para realizar el balance de su primer año de gobierno y presentar el proyecto de Presupuesto.
El uso de esta herramienta está contemplado en el artículo 75 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que el Poder Ejecutivo puede disponer de la cadena nacional en “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”.
la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA),pic.twitter.com/wiWGEOsmg9,July 28, 2026,Javier Milei,Agenda
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