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POLITICA

Detectan a un funcionario del Gobierno con propiedades y sociedades sin declarar en Estados Unidos

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El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, no declaró ante las autoridades argentinas al menos cinco propiedades en Estados Unidos que verificó en registros oficiales del estado de Florida. Otras tres unidades fueron mencionadas en una revelación del canal A24, lo que elevaría a ocho el total de inmuebles bajo sospecha.

Frugoni controla algunos de esos inmuebles a través de dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en 2021 y 2025 en el estado de Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de los Estados Unidos. Identificadas como Genova LLC y Waki LLC, habrían servido como vehículos para adquirir y administrar departamentos cuyos valores oscilan entre los 140.000 y 310.000 dólares en Florida.

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Máximo responsable de las áreas de Infraestructura y Transporte del gobierno de Javier Milei, bajo el ala específica del ministro Luis Caputo, Frugoni ya estuvo bajo la lupa pública años atrás, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se desempeñó como presidente de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), empresa a cargo de la obra del “Paseo del Bajo” en la ciudad de Buenos Aires.

Según surge de la documentación societaria y registral disponible en los Estados Unidos que obtuvo , Genova LLC y Wika LLC fueron creadas en Delaware por Harvard Business Services Inc. como agente registrador (registered agent), en 2021 y 2025, respectivamente. Frugoni figuraría como su controlante y beneficiario final, de acuerdo con la documentación que exhibió al aire el canal A24.

El registro de una propiedad a nombre de Frugoni en Palm Beach, Florida, Estados Unidos

Cinco de las propiedades inmuebles que Frugoni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) —ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), según reveló A24, están ubicadas en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida.

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La primera propiedad sería el departamento 309 de 300 Waterway Drive South, en la localidad de Lantana, con una valuación fiscal de 187.000 dólares, según el registro oficial de propiedades inmobiliarias del condado. La segunda, en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach, valuada en 216.000 dólares. La tercera, el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, también en West Palm Beach, tasada en 193.000 dólares. Y la cuarta, el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, en South Palm Beach, valuado en 212.000 dólares.

Una de esas propiedades aporta una particularidad. Al consignar cuál es el “domicilio postal” asociado a ese inmueble, se anotó “Avenida Juan Domingo Perón, Benovidor [sic], provincia de Buenos Aires, Prov Bueno [sic] Aires 7245 B1621 Argentina”. Esa dirección coincide con la sede del club Newman, en la localidad bonaerense de Benavídez.

Frugoni egresó del Colegio Newman en 1977 y, según su propio perfil de LinkedIn, trabajó para el club entre 1997 y 2008 como project manager y representante técnico, en el marco de un estudio de arquitectura, tanto en la sede de Benavídez como en España.

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El eslabón documental más concluyente, sin embargo, está a nombre propio del funcionario. Se trata de un quinto inmueble, también ubicado en el condado de Palm Beach: el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en la ciudad de Delray Beach. De acuerdo con la ficha oficial del “Property Appraiser” del condado, Frugoni lo adquirió el 1 de julio de 2021 por 215.000 dólares, mediante una “warranty deed” asentada en el registro oficial 32692, página 845.

La valuación fiscal de la propiedad para 2025 asciende a 230.000 dólares, según ese mismo registro, aunque la tasación que circula en portales inmobiliarios ronda los 310.500 dólares. La unidad, de tres ambientes y dos baños, tiene 136 metros cuadrados cubiertos y el funcionario del Ministerio de Economía figura como su único titular.

Las propiedades a nombre de la sociedad Genova

Según la misma ficha del “Property Appraiser”, el inmueble obtuvo una exención especial de 50.500 dólares durante el ejercicio fiscal 2021, un beneficio que, bajo la legislación del estado de Florida, se otorga exclusivamente a quienes declaran la propiedad como su residencia principal permanente, aunque Frugoni reside y trabaja como funcionario público en la Argentina.

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Frugoni se suma así a otros funcionarios del Gobierno que afrontaron cuestionamientos e investigaciones por no declarar bienes ante las autoridades argentinas. Entre ellos, el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el actual titular de ARCA (exAFIP), Andrés Edgardo Vázquez, quien adquirió cuatro propiedades en el condado de Miami-Dade, valuadas en conjunto en más de US$ 2 millones mediante un entramado de sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

Vázquez enfrenta una investigación penal por la presunta comisión de los delitos de omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos, a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Guillermo Marijuán.

Andrés Vázquez, en la foto de su pasaporte, incluida en los registros de constitución de sus sociedades offshore

La ley de Ética Pública obliga a los funcionarios, además, a presentar una declaración jurada patrimonial anual ante la Oficina Anticorrupción. Allí deben constar la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, así como su participación en sociedades nacionales y extranjeras.

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La omisión de bienes puede derivar en una condena por el delito de omisión maliciosa, con penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua.




Hugo Alconada Mon,Conforme a

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POLITICA

Milei puso en marcha su estrategia electoral para evitar una interna con Bullrich y complicar los planes de Kicillof

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No es necesario odiarnos. No es necesario usar un lenguaje violento. Hay que ocuparse de los más pobres. Son tres de las observaciones que, hace una semana y a puertas cerradas, el papa León XIV le hizo a Javier Milei.

Milei es un hombre muy espiritual, pero sus dogmas económicos son más fuertes que cualquier religión y lo ubican en las antípodas del Sumo Pontífice. Durante bastante tiempo, se guardó sus respuestas.

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El lunes por la noche, en la cena organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Milei les pidió a los empresarios que se jueguen e inviertan, porque son ellos los que van a sacar el país adelante. Un aparente elogio al sector que, en realidad, encubre una advertencia: son ustedes, los empresarios, y el resto de las personas los encargados de generar recursos; es decir, no esperen nada del Estado. Y el jueves reiteró que no habrá ningún plan de estímulo.

Pero Milei sentía que necesitaba decir algo sobre la justicia social. Sin ser agresivo ni confrontar con el Papa, quería expresarse, y finalmente lo hizo: afirmó que la justicia social (uno de los pilares de la doctrina social de la Iglesia) es “un robo, una estafa, algo moralmente incorrecto”.

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POLITICA

El incómodo conflicto de intereses que enfrenta el Gobierno y traba dos proyectos clave en Diputados

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La sesión en la Cámara de Diputados que este miércoles fracasó por falta de quórum fue un llamado de atención para el oficialismo y ahora las espadas legislativas de La Libertad Avanza analizan alternativas para destrabar los dos proyectos que la Casa Rosada había marcado como prioritarios: el de Defensa de la Soberanía Nacional (Ley Malvinas) y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Los principales responsables de hacer naufragar la convocatoria fueron los diputados de Provincias Unidas que, entre otros puntos, reclamaban avances concretos en la ley de biocombustibles, un lugar en el Consejo de la Magistratura -se disputan un representante con el PRO-, una rebaja en el Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos para las cajas previsionales provinciales y obras viales.

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Según pudo saber Infobae, el bloque donde pisan fuerte los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) no recibió hasta el momento ninguna señal concreta por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre ninguno de estos reclamos.

Este viernes se venció el plazo para dictaminar en comisión la ley de biocombustibles y eso dificulta aún más la situación ya que debería tratarse en una sesión “sobre tablas” (sin dictamen) para lo que se necesita una mayoría especial de dos tercios. Fuentes libertarias adelantaron que tratar este proyecto el mismo día que el Presupuesto sería inviable porque el debate podría durar “unas 32 horas”. Por otro lado, no están seguros de poder conseguir los dos tercios.

Maximiliano Luna

Sin embargo, el proyecto que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% es prioritario para provincias como Córdoba y Santa Fe, donde están ubicadas las grandes plantas productoras.

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En la vereda de enfrente, durante el debate en comisión el PRO propuso mantener la participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiesel, bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores. Eso frenó las negociaciones

“Primero biocombustibles, después hablamos lo que quieran. Ellos -por el Gobierno- tienen que hacer alguna propuesta”, explicaron a Infobae desde Provincias Unidas.

Cerca de Martín Menem reconocen que una solución podría ser incluir el proyecto de biocombustibles en las sesiones extraordinarias de diciembre y que el decreto de la convocatoria salga antes de la sesión prevista para la semana que viene donde se tratará el Presupuesto 2027.

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Martín Menem y Cristian Ritondo

En cambio, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central podría sumarse el temario de la próxima sesión ya que tiene dictamen y su debate no debería ser demasiado extenso dado que ya pasó por Diputados, solo se deben ratificar los cambios que hizo el Senado.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados tiene en sus manos otra controversia que lo obliga a hacer equilibrio. Esta semana los bloques mayoritarios enviaron a sus representantes para el Consejo de la Magistratura. La Ley 24.937 establece que el bloque mayoritario, en este caso La Libertad Avanza, tendrá dos lugares (Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo), mientras que la primera y la segunda minoría se repartirán un lugar para cada uno. Unión por la Patria eligió al massista Guillermo Michel, pero el cuarto lugar se lo disputan Provincias Unidas y el PRO.

Provincias Unidas postuló a Juan Brügge, porque asegura que con sus 18 diputados es la segunda minoría. No obstante, el PRO, que tiene 12 integrantes, pretende quedarse con ese lugar para la ritondista Florencia De Sensi porque según su visión Provincias Unidas en realidad no es un bloque sino un interbloque. “Es un espacio político que se hizo solo para conseguir cargos. Es lo mismo que la Corte rechazó en el caso de Luis Juez”, señalaron desde el bloque PRO.

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La Presidencia de la Cámara ya elevó los tres primeros nombres a la Corte Suprema. Pero no tomó ninguna definición respecto al cuarto lugar. “No vamos a mandar nada que se judicialice. La Corte ya fue clara: la política no debe judicializar sus temas. Esto se debe resolver puertas adentro. Es algo que tienen que charlar ambos bloques, incluso sus presidentes son del mismo partido”, explicaron en referencia a Ritondo y Scaglia, ambos formalmente parte del PRO.

“El lugar en el Consejo nos corresponde, no lo negociamos con nadie”, adelantó un importante integrante de Provincias Unidas.

Ante la consulta de Infobae, desde la mesa parlamentaria de La Libertad Avanza aseguraron que están concentrados en avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027, que se tratará en el recinto el próximo miércoles. Según sus cálculos, los números favorecen al oficialismo, incluso sin contar con el apoyo de Provincias Unidas.

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Mansión de Pilar: la nueva pista que seguirá la Justicia para reconstruir el origen del dinero y su vínculo con la AFA de Chiqui Tapia

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La investigación por la mansión de Pilar vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrá una nueva etapa después de que la Corte Suprema resolviera que el expediente quede en manos del juez federal Daniel Rafecas. El foco estará puesto en reconstruir el origen y el recorrido del dinero utilizado para adquirir la propiedad y los vehículos de lujo encontrados en el lugar.

Según pudo saber TN, tanto la Justicia buscará determinar si existió un circuito de lavado de activos detrás de la adquisición de esos bienes, que podrían haber sido comprados con fondos provenientes de presuntas maniobras ilícitas vinculadas con la AFA.

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De esta manera, la investigación no se limitará a establecer quién es el verdadero dueño de la mansión, sino que intentará reconstruir cómo se generaron y circularon los fondos utilizados para comprarla, además de identificar a todas las personas y sociedades que pudieron haber intervenido en esas operaciones.

En ese sentido, las fuentes consultadas señalaron que el análisis tampoco se concentrará exclusivamente en Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes aparecen como titulares de Real Central SRL, la sociedad propietaria de la quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar.

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