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El Senado avanza con el proyecto que busca regularizar la tenencia de 800 mil armas de fuego

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Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales del Senado avanzaron con el proyecto para regularizar la tenencia de armas y prorrogar el programa de entrega voluntaria. Los dictámenes se firmaron tras la exposición del titular del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan.

Durante su presentación, Allan cuestionó el funcionamiento actual del sistema y apuntó contra la burocracia. “La papelización del registro alejó al legítimo usuario de armas”, sostuvo. En ese sentido, explicó que la gestión busca digitalizar el sistema y facilitar el registro para quienes están dentro de la ley. “La instrucción es que cumplir sea fácil, y eso ya se refleja en las cifras”, afirmó.

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El funcionario también defendió la extensión del Programa de Entrega Voluntaria de Armas por cuatro años, con el objetivo de evitar interrupciones y consolidarlo como una política de Estado. “Es una herramienta muy válida”, señaló.

En el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich respaldó la iniciativa y puso el foco en la trazabilidad del armamento. “El arma registrada es el arma trazable. Permite identificar sus características y seguir su recorrido en casos de robo o uso delictivo”, explicó. Y advirtió: “Cuando está fuera del sistema, es un riesgo para la sociedad”.

Juan Pablo Allan, director del Registro Nacional de Armas (RENAR). Foto: Charly Díaz Azcue / Comunicación Senado).-

Bullrich vinculó además el proyecto con la situación de seguridad actual, incluidas amenazas en ámbitos escolares, y reclamó mayor adhesión de las provincias al esquema federal. “Aporta herramientas de prevención y protección para las familias”, sostuvo.

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La legisladora también remarcó que el proceso de regularización requiere continuidad. “Hay armas en la irregularidad, no en la ilegitimidad. Esa distinción es central”, planteó. En esa línea, consideró que ampliar el universo de armas registradas permite mejorar el control sobre el mercado ilegal.

Qué establece el proyecto

La iniciativa, que ya tiene media sanción de Diputados desde octubre de 2024, incorpora un procedimiento simplificado para regularizar la tenencia de armas mediante una declaración virtual.

Entre los cambios, establece que quienes renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento no deberán volver a acreditar idoneidad ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

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Reunión plenaria de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y Justicia y Asuntos Penales del Senado, Juan Pablo Allan, director del RENAR; senadoras Patricia Bullrich (LLA) y María Emilia Orozco (LLA). Foto: Senado
Reunión plenaria de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y Justicia y Asuntos Penales del Senado, Juan Pablo Allan, director del RENAR; senadoras Patricia Bullrich (LLA) y María Emilia Orozco (LLA). Foto: Senado

El texto también prorroga el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2027. El plan permite entregar armas de manera anónima para su destrucción, sin consecuencias legales.

Además, fija un plazo de 360 días para que quienes tengan armas no autorizadas puedan regularizar su situación o entregarlas. Como incentivo, se prevé un pago a través de un cupón canjeable por efectivo.

El trámite se realiza de forma virtual mediante el número de serie del arma, lo que permite detectar si tiene pedido de secuestro y ponerla a disposición de la Justicia. Una vez entregada, el arma es inutilizada en el momento y luego destruida.

Desde la ANMaC aclararon que la iniciativa se centra en la tenencia legítima y no modifica el régimen de portación, que sigue restringido a fuerzas de seguridad y personal autorizado.

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Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800.000 armas en situación irregular en la Argentina. La última prórroga del programa había sido sancionada en 2022.

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Guillermo Francos volvió a elogiar a Santilli y analizó el futuro del Gobierno: “El presidente va a ser reelecto”

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El ex jefe de Gabinete de la administración libertaria Guillermo Francos volvió a elogiar la decisión de nombrar a Diego Santilli como sucesor de Manuel Adorni. Según admitió, ambas desvinculaciones del Gobierno se produjeron por motivos similares. “El presidente consideró que era el momento oportuno para cambiarlo, como en su momento lo hizo conmigo”, argumentó. En sus declaraciones, trazó un diagnóstico sobre el presente político del Gobierno, el escenario electoral de 2027 y la agenda legislativa pendiente. “Yo creo que el presidente Milei va a ser reelecto el año próximo”, destacó.

En materia electoral, Francos argumentó que un segundo mandato le permitiría a LLA consolidar las reformas ya en marcha y avanzar con las que aún no lograron consenso parlamentario, dado que una nueva victoria electoral ampliaría el poder legisltativo del oficialismo. “Cuando uno compara la gestión de gobierno actual con las anteriores… el pueblo argentino lo va a ver”, dijo.

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Descartó que la figura de Mauricio Macri y una posible candidatura, ponga en riesgo al oficialismo. “¿Cuántos dirigentes importantes de este gobierno provienen del PRO?“, cuestionó. E inmediatamente explicó su teoría: ”Yo creo que se va generando una amalgama de fuerzas políticas y de dirigentes muy importantes. Al final va a tener menos importancia si viene de la Libertad Avanza o viene del PRO, si no si son fuerzas que confluyen en las ideas de la libertad”.

Para Francos, la figura de Macri es “absolutamente respetable”. De igual forma, alcaró que si quiere posicionar al partido que fundó, no debe olvidarse que “tiene varios dirigentes que están dentro del Gobierno”.

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En materia de gestión, el ex funcionario mencionó el vínculo con las provincias, y sobre ese punto destacó el rol de Santilli. En diálogo con el canal LN+, aseguró que el perfil del nuevo jefe de Gabinete responde a la necesidad de tender puentes. El Presidente “hizo una excelente elección”, sostuvo, dado que quería volver a la forma en la que habían comenzado a trabajar al principio de la gestión “para conseguir acuerdos en un momento muy complejo”. “Realmente teníamos en ese momento una debilidad muy grande en el Parlamento”, profundizó Francos, lo cual demandaba el apoyo de los gobernadores.

La elección del ex ministro del Interior apunta a reconstruir ese vínculo “para poder aprobar leyes importantes, obtener los acuerdos para la justicia”, entre otras cosas, indicó.

Con Manuel Adorni en el Gobierno “la atención estaba centrada en un hecho político”, opinó, provocando una falta de atención en los temas que debían tratarse en el Congreso. “Creo que se resolvió finalmente el tema”.

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Para Francos las PASO son un invento costoso

En esa misma línea, se refirió a las PASO y se pronunció a favor de la eliminación. Las definió como “un invento” que nació para resolver una interna partidaria y que derivó en transferirle a la ciudadanía la responsabilidad de elegir candidatos, algo que le parece “mal desde todo punto de vista”.

“La responsabilidad de poner los candidatos es de los partidos no es de la gente, son los partidos los que tienen la responsabilidad de ofrecerle al pueblo las candidaturas que considere cada uno más conveniente”, argumentó y apoyó la iniciativa de eliminarlas definitivamente, “que sería lo mejor, pero si no hay acuerdo, por lo menos suspenderlo hasta que se consigan los números para terminar con esto”. “Se ha convertido en un sistema muy costoso, que es evitable y no tiene sentido político ni institucional”, sostuvo.

Adorni y Francos (@madorni)

Entre las prioridades legislativas que mencionó figura la autonomía del Banco Central y la reforma que busca prohibirle a la entidad financiar el déficit del sector público, iniciativas que el exfuncionario consideró fundamentales para la estabilidad económica del país.

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“Con la reforma de la Carta Orgánica, el kirchnerismo había bajado el cuadro de esa autonomía que tenía el Banco Central porque lo veían como un arma de emisión política o de emisión de dinero”, repasó Francos.

Pese a sus consideraciones respecto del Gobienro nacional y la gestión, el ex jefe de Gabinete descartó regresar a la gestión. “´Pero como siempre dije, yo estoy dispuesto a participar. Llevo la política en la sangre, como se podría decir”, aclaró.

Por último, reconoció: “Estamos pasando un momento difícil, porque no se pasa de una situación como la que vivíamos a una situación de bienestar total de un día para otro. Son procesos que llevan su tiempo. Pero si un país invierte lo que se está invirtiendo en la Argentina, si hay grupos económicos, países, empresas que eligen la Argentina para invertir, es porque se generó un cambio tan importante en estos dos años y medio que ha generado fundamentalmente confianza en el mundo”.

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El Gobierno otorgó un anticipo financiero a Córdoba de hasta $400 mil millones para afrontar compromisos urgentes

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El Gobierno nacional aprobó otorgar un anticipo financiero de hasta $400.000.000.000 para la provincia de Córdoba durante el Ejercicio Fiscal 2026. La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 584/2026 en el Boletín Oficial.

La decisión, instrumentada por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, responde a la solicitud presentada por las autoridades provinciales ante la imposibilidad transitoria de atender compromisos presupuestarios y amortización de deudas.

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El mecanismo elegido por el Gobierno nacional se ampara en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto, que habilita al Ministerio de Economía a anticipar fondos a las provincias sobre la base de su participación en la recaudación de impuestos nacionales.

El monto máximo a desembolsar será determinado por la Secretaría de Hacienda, considerando la capacidad de repago de Córdoba y su participación en el régimen de coparticipación federal. La devolución del anticipo deberá realizarse dentro del ejercicio fiscal en curso, a través de retenciones automáticas sobre los fondos coparticipables que la provincia percibe del Tesoro Nacional. La tasa de interés fijada es del 15 % nominal anual, que se aplicará sobre el saldo pendiente desde el desembolso hasta la efectiva devolución.

El decreto faculta a la Secretaría de Hacienda a definir el cronograma de desembolsos, las formas de cancelación y cualquier otra condición aplicable al acuerdo con la provincia. La administración cordobesa, por su parte, deberá afectar su participación en el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias —establecido por la Ley N° 23.548— y en otros recursos coparticipables, hasta cubrir el monto anticipado más los intereses generados.

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La provincia deberá reintegrar los fondos durante 2026 mediante retenciones automáticas sobre recursos coparticipables y a una tasa de interés anual del 15 % (REUTERS/Irina Dambrauskas)

La decisión de otorgar anticipos financieros a las distintas provincias se fundamenta en la necesidad de brindar soluciones inmediatas a las dificultades de liquidez que pueden atravesar las provincias. El artículo 124 de la Ley N° 11.672 establece la obligatoriedad de reintegrar los anticipos dentro del mes de su otorgamiento, aunque el Poder Ejecutivo puede ampliar ese plazo hasta el cierre del ejercicio fiscal, previa opinión favorable del Ministerio de Economía.

A lo largo de los últimos meses, se implementaron medidas similares para otras jurisdicciones. Por ejemplo, en enero de este año, la Provincia de Entre Ríos recibió un adelanto de $220.000 millones, posteriormente ampliado, y en el mismo año se otorgaron anticipos de hasta $400.000 millones a las provincias de Santa Fe y Jujuy, entre otras, en condiciones equiparables a las de Córdoba.

La normativa establece que el anticipo se destina exclusivamente a cubrir necesidades financieras transitorias y no implica recursos adicionales de libre disponibilidad. El Gobierno de Córdoba deberá formalizar acuerdos con la Secretaría de Hacienda para precisar las condiciones de desembolso y devolución. Además, la intervención de la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General garantiza el registro y control de la operación en el marco del presupuesto nacional.

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En la fundamentación del decreto, se destaca que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía tomó intervención, y que la medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional.

Luis Toto Caputo,ExpoEFI,economía,Argentina,ministro,política,finanzas,discurso,conferencia

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El Gobierno avanza con la reorganización del esquema comunicacional tras los cambios en el gabinete

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Mediante un decreto que lleva su firma y la del presidente Javier Milei, el flamante jefe de Gabinete Diego Santilli apuntó a terminar de ordenar el esquema de comunicación del Gobierno, luego de la salida de Manuel Adorni. La publicación se hizo en Boletín Oficial esta madrugada donde transfirió unidades que estaban bajo la Jefatura que conduce a la Secretaria de Vocería Presidencial y a la de Comunicación y Medios.

Este cambio deviene de la publicación del decreto 571/26 hace dos semanas, que suprimió el Ministerio del Interior -al que antiguamente representaba Santilli- y redistribuyó sus competencias en la Jefatura de Gabinete. La reciente normativa definió su arquitectura interna y los recursos que recibirán ambas secretarías dependientes ahora de la Presidencia.

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“Corresponde transferir diversas unidades dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, estableció el texto oficial. De esta manera, la Secretaría de Vocería Presidencial quedó estructurada con una Unidad Gabinete de Asesores y una Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, para la cual también designaron una representante. Para su funcionamiento, la Secretaría General de la Presidencia le brindará apoyo administrativo, financiero, presupuestario y de recursos humanos.

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Asimismo, la Secretaría de Comunicación y Medios absorbió cuatro subsecretarías: la de Coordinación Administrativa y Legal, la de Prensa y Actos de Gobierno, la de Comunicación y Medios Públicos y la de Análisis y Planificación de Gobierno. Esta última proviene de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. También se le transfirió la Dirección de Dictámenes de Comunicación y Prensa, que dependía de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la misma Jefatura. Por su parte, la Subsecretaría legal también intervendrá “como enlace de acceso a la información pública”.

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Las transferencias incluyen créditos presupuestarios, bienes, unidades organizativas y personal con sus cargos y dotaciones vigentes.

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El decreto también actualizó el organigrama del cargo ministerial con la incorporación de dos nuevas figuras con jerarquía de Secretario: la Vicejefatura de Gabinete, con competencias en proyectos estratégicos, relaciones parlamentarias, innovación, ciencia, tecnología, turismo, ambiente y deportes; y la Vicejefatura de Gabinete del Interior, cuyo fin es gestionar los vínculos con las provincias, los municipios y los asuntos políticos.

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En paralelo el Gobierno completó la puesta en marcha de la Secretaría de Vocería Presidencial con la designación de las dos funcionarias que ocuparán sus cargos de conducción. El decreto 586/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, nombró a la licenciada Pamela Fernanda Morales Jourdan al frente de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, y a Alexia Carolina Sagemuller como titular de la Unidad Gabinete de Asesores de esa secretaría.

Con estos nombramientos, la reorganización del área de comunicación de la Presidencia queda formalmente operativa en su nivel de conducción superior.

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Mediante el decreto 571/26 Santilli pasó a tener a cargo dos vicejefaturas: una de Gabinete y otra que corresponderá a las tareas abordadas por Interior. Ignacio Devitt, por su parte, quedó al frente de la vicejefatura de Gabinete y Gustavo Coria lo hizo al frente de la Vicejefatura del Interior. Ambos son funcionarios de confianza de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario.

El Decreto 574/2026 formalizó el pase de Devitt desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos a su nuevo cargo, mientras que el Decreto 575/2026 actualizó el estatus de Coria desde secretario a vicejefe del Interior. Según voceros de la Casa Rosada, la reorganización apunta a una mayor eficiencia y coordinación entre áreas, y replica el esquema que aplicó Guillermo Francos cuando asumió la titularidad de la Jefatura de Gabinete.

Con estos movimientos, la Presidencia de la Nación amplió su órbita directa al absorber las áreas de comunicación del Poder Ejecutivo.

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