POLITICA
Reforma electoral: el Gobierno envió el proyecto al Senado, pero choca con resistencias para eliminar las PASO
Golpeado por las peripecias patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno de Javier Milei busca recuperar la iniciativa con el anuncio del envío de una reforma política al Congreso. Sin embargo, los primeros indicios muestran que el Senado, la cámara que elegiría el Poder Ejecutivo para iniciar el debate, sería un terreno adverso a la posibilidad de eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
El mal clima se percibe incluso en los cuarteles oficialistas, donde ya se manejan propuestas alternativas ante la eventualidad de que la eliminación permanente de las PASO no reúna la mayoría absoluta que establece la Constitución para aprobar una reforma electoral. En el caso del Senado se necesitan 37 votos afirmativos, la mitad más uno de los 72 miembros de la Cámara alta.
Por lo pronto, el radicalismo se inclinaría en su mayoría por modificar la ley y convertir las elecciones primarias en optativas, pero bajo ningún punto de vista apoyarían su eliminación. El mismo camino seguirían algunas fuerzas provinciales. El Pro, por su parte, recién tomará una definición cuando se reúna la mesa del partido con Mauricio Macri a la cabeza.
Si los votos escasean en la oposición dialoguista, son menos aun en el lado peronista de la Cámara alta. El kirchnerismo puro rechazará de manera cerrada la eliminación de las PASO. Y si bien se espera el apoyo al Gobierno nacional de mandatarios como el catamarqueño Raúl Jalil, es muy difícil que otros gobernadores sigan el mismo camino cuando las primarias se perfilan como el proceso que podría ordenar al PJ de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
En algunos despachos libertarios ya se manejan ideas alternativas, como implementar un proceso optativo, con un sistema de inscripción voluntario de los ciudadanos para votar en las primarias de aquellos partidos que decidan dirimir sus internas en las urnas. Este registro sería oficial e invalidaría al ciudadano de participar en la compulsa de otra fuerza, “como ocurre con las primaras en lo Estados Unidos”, le explicó a un legislador del oficialismo.
“Si yo fuera radical o del Pro, no lo votaría”, se sinceró ante un senador de La Libertad Avanza, que entiende que en este momento la propuesta sólo favorece al oficialismo, que tiene en la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a “E jefe” que pretende llevar al partido con rienda corta desde su despacho de la Casa Rosada.
Antes de que el proyecto ingresara de manera oficial en el Congreso, el propio presidente Milei se encargó de informar que uno de los puntos centrales de la reforma política será la eliminación de las PASO.
Con esa premisa, este diario consultó a legisladores de la oposición dialoguista. Y la primera impresión, ya que todavía falta mucho camino por recorrer, muestra números adversos a las pretensiones del oficialismo.
Por lo pronto, la UCR votaría en masa en contra de la eliminación lisa y llana de las primarias que propone el Gobierno. Tampoco estaría de acuerdo con la suspensión de la herramienta, como sí lo hizo la gran mayoría de la bancada del centenario partido en febrero del año pasado.
En el radicalismo coinciden con el argumento oficialista de que hay que bajar los costos de la política en general y los que implica la realización de las PASO, en particular; pero consideran que no se le puede quitar a las fuerzas políticas una herramienta que les permita ordenar sus vidas internas. Más cuando el próximo turno electoral es presidencial.
En ese sentido, en el radicalismo también proponen “tomar en consideración la experiencia de los Estados Unidos”, encontrar mecanismos para que las internas sean optativas y hasta la posibilidad de permitirle a las fuerzas políticas elegir las fechas de la elección y, por lo tanto, que no haya una convocatoria simultánea. El mecanismo para hacerlo es, todavía, una incógnita.
Esta no sería la primera vez que el Gobierno busca cancelar las PASO por considerarlas un gasto innecesario. Tras amagar con su eliminación, el año pasado debió conformarse con la suspensión ante la inminencia del proceso electoral de cara a la definición de las listas legislativas. Era la única opción que reunía las mayorías necesarias para poder sancionar la ley en el Congreso.
Ahora, el panorama parece más complejo. La mayoría de las fuerzas políticas también rechaza la suspensión, ya que pretende reservarse esa herramienta para ordenar sus internas ante lo que será la contienda en 2027 por la presidencia y ya no sólo una elección legislativa, como la del año pasado.
peripecias patrimoniales del jefe de Gabinete,envío de una reforma política,April 21, 2026,Gustavo Ybarra,Elecciones primarias,Senado de la Nación,Conforme a,,Contra la prensa. El Gobierno denunció a dos periodistas por grabar en los pasillos de la Casa Rosada,,El raid del pastor. Dante Gebel se reunió con la CGT, empresarios y un gobernador, pero dilata su candidatura,,Una opción «racional». Rocca le pidió a Macri sostener la participación de Pro en las próximas elecciones nacionales,Elecciones primarias,,El pastor empresario. El nexo entre el principal socio de Dante Gebel en Estados Unidos y su armado político en la Argentina,,Chaco. Un gobernador aliado de Milei se adelanta y busca suspender las PASO en su provincia,,Presión en la Legislatura. La oposición a Kicillof refuerza su intento de modificar la forma de votar en la provincia
El Tribunal Oral Federal N° 7 escuchará hoy a Roberto Lavagna, Leonardo Fariña y Mariana Zuvic, en una nueva audiencia de la causa Cuadernos.
Lavagna, que se desempeñó como ministro de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner, también declaró en el juicio por la causa Vialidad.
En aquella oportunidad recordó su salida del ministerio y mencionó una investigación interna por presunta cartelización en la adjudicación de obras viales en distintas zonas del país, que derivó en la suspensión de alrededor de veinte proyectos dependientes del Ministerio de Planificación Federal.
Fariña, arrepentido en la causa “Ruta del dinero K”, también declaró en Vialidad y en la etapa de instrucción de Cuadernos ante el fiscal Carlos Stornelli. En sus declaraciones previas sostuvo que el dinero de Lázaro Báez pertenecía en realidad a Néstor Kirchner y señaló similitudes entre la operatoria de lavado de dinero detectada en aquella causa y el esquema que se investiga en la actualidad.
Por su parte, Zuvic, impulsó varias denuncias públicas sobre corrupción en la gestión kirchnerista.
En el juicio por la causa Cuadernos, la acusación fiscal sostiene que al departamento de Recoleta llegaban bolsos con dinero proveniente de sobornos vinculados a la obra pública y que eran recibidos por Muñoz.
La expresidenta está acusada en el expediente como supuesta jefa de una asociación ilícita que, según la acusación, habría funcionado entre 2003 y 2015 dentro del Poder Ejecutivo. En el proceso también son juzgados exfuncionarios, empresarios y exchoferes vinculados a la investigación.
La situación de Miriam Quiroga
El TOF 7 deberá decidir también si acepta los certificamos médicos presentados por Miriam Quiroga, la exsecretaria de Néstor Kirchner, que estaba citada a declarar la semana pasada pero aseguró que no está en condiciones por problemas de salud.
Los certificados incorporados a la causa aseguran que Quiroga padeció un aneurisma aórtica, hipertensión, depresión y estrés severo. La fiscal de juicio, Fabiana León solicitó que, de concretarse la declaración, se realice en una sede judicial de Córdoba o con presencia de personal de seguridad en el domicilio de la testigo.
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Quiroga es considerada una testigo relevante en el expediente porque en 2013 declaró públicamente que había visto movimientos de bolsos con dinero durante los años de gestión kirchnerista.
Su testimonio quedó vinculado al entramado que investiga el presunto circuito de recaudación ilegal atribuido a exfuncionarios y empresarios contratistas del Estado.
Leonardo Fariña, Roberto Lavagna, Mariana Zuvic
POLITICA
Universidades: el Gobierno prepara una oferta para cerrar el conflicto por el financiamiento antes del fallo de la Corte
A la espera de una definición de la Corte Suprema sobre la Ley de financiamiento universitario, el Gobierno continúa las negociaciones con los rectores de universidades y evalúa realizar una convocatoria esta semana para cerrar el conflicto judicial por los fondos.
Las tratativas fueron confirmadas a TN por fuentes oficiales al tanto de las conversaciones. Abarcan desde los reclamos por la recomposición salarial de los docentes y las becas hasta la distribución de los fondos pendientes para los hospitales universitarios, entre otros puntos.
“Estamos conversando de todo”, ratificaron a este medio desde el Gobierno, donde señalaron que hay buena voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo. Aún así, el encuentro con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) todavía no fue confirmado “Podría ser esta semana”.
El motivo radica en la complejidad de la estrategia legal del Gobierno, hoy en manos de la Procuración del Tesoro que conduce Sebastián Amerio.
La estrategia del Gobierno para desactivar la demanda de las universidades
Según había anticipado TN, el Gobierno les había ofrecido a los rectores transferir los fondos previstos en el proyecto de financiamiento que había enviado el oficialismo al Congreso en febrero. La iniciativa buscaba reformar la ley vigente y amortiguar su impacto fiscal, ya que planteaba solo reconocer la pérdida salarial de los docentes durante 2025, omitiendo la caída entre diciembre 2023 y 2024.
A cambio, el Ejecutivo les pide a las universidades retirar la cautelar que presentaron contra el Gobierno, que actualmente espera por la resolución de la Corte Suprema. La misma exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC.
En caso de que el máximo tribunal falle en contra del Gobierno, deberá desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos a las universidades.
En ese contexto, la defensa del Gobierno busca definir la estrategia legal de un acuerdo para garantizar que los rectores suspendan las acciones judiciales en caso de avanzar con la transferencia de fondos.
“Estamos viendo el tema y analizando la situación”, aseguraron a TN desde la Procuración del Tesoro, donde los abogados del Estado trabajan en la letra chica del trato.
Desde el CIN sostuvieron que el Gobierno todavía no realizó ninguna oferta concreta y se mantienen a la expectativa de una propuesta formal.
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En el mientras tanto, los docentes universitarios continúan con una serie de medidas para visibilizar los reclamos. Entre ellas, el martes pasado la UBA realizó una nueva jornada de clases públicas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con un acto central frente al Palacio de Tribunales, mientras que la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) encabezó un paro total de actividades por 24 horas el último viernes.
En ese contexto, los gremios anticiparon posibles nuevas acciones para el inicio del segundo cuatrimestre en función de la evolución de las negociaciones salariales y de la situación presupuestaria de las universidades nacionales.
Gobierno, universidades
POLITICA
Etiquetado frontal: por qué el Gobierno quiere derogar la ley y qué cuestionan los especialistas de la industria alimentaria
El Gobierno avanza con una propuesta para dejar sin efecto la Ley de Etiquetado Frontal, aprobada en el Congreso en 2021 para informar a los consumidores sobre los excesos de nutrientes críticos en alimentos y bebidas. En paralelo, legisladores del oficialismo y espacios aliados impulsaron proyectos para derogar la normativa, mientras el Ejecutivo prepara un nuevo esquema alineado con los criterios del Mercosur.
La legislación actual exige que los productos incorporen sellos negros de advertencia cuando presentan altos niveles de azúcares, sodio, grasas o calorías. La intención de la Casa Rosada es reemplazar ese sistema por otro modelo de rotulado, aunque primero buscará avanzar con la eliminación de la ley vigente, enfocada en promover hábitos de alimentación saludable.
Al respecto, los legisladores Daiana Fernández Melero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) presentaron en los últimos días una iniciativa conjunta que busca dejar sin efecto la ley de sellos. “Es un exceso de paternalismo”, apuntó el legislador libertario a TN.
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Ambos diputados ya lo habían intentado por separado en 2024 y ahora que los proyectos perdían estado parlamentario, presentaron uno nuevo juntos. “Una cosa es la información y otra que te digan que un producto es malo”, enfatizó Bongiovanni.
“Lo que hacen es poner una mancha a los productos para demonizarlos al igual que a la industria”, indicó el legislador de LLA. “Odian a los ultraprocesados”, remarcó.
Entre las críticas que le hacen a la norma, los libertarios hacen hincapié en que no genera incentivos para que la industria haga alimentos más saludables. “Complica al comercio exterior, los demás productos de otros países no los tienen”, aseguran.
En el oficialismo confían en tener los votos para aprobar la derogación de la ley.
Los detalles del proyecto para derogar la Ley de Sellos
Entre los principales argumentos del proyecto, los impulsores sostienen que la actual Ley de Etiquetado Frontal “genera confusión” en los consumidores y no cumple con el objetivo de brindar información clara sobre el contenido nutricional de los productos. Según plantean, el sistema argentino utiliza criterios de medición basados en la proporción de nutrientes respecto del total de calorías, lo que puede derivar en que alimentos con igual cantidad de azúcar o sodio reciban advertencias diferentes.
La iniciativa también cuestiona la efectividad de los octógonos negros para incentivar cambios en la industria alimenticia. De acuerdo con los fundamentos, el esquema vigente no promovió una reformulación significativa de productos y terminó generando una “sobreabundancia” de sellos: aseguran que en 2023 el 85% de los alimentos envasados tenía al menos una advertencia, lo que —afirman— reduce el impacto informativo del sistema.
Otro de los ejes del proyecto apunta contra las diferencias regulatorias dentro del Mercosur. Los autores sostienen que la coexistencia de distintos modelos de etiquetado en la región obliga a las empresas a modificar envases y fórmulas según el país de destino, lo que incrementa costos y afecta especialmente a las pymes exportadoras. En ese marco, proponen avanzar hacia un sistema unificado de etiquetado nutricional para todo el bloque regional.
Además, el texto remarca que las recientes modificaciones introducidas por la ANMAT en la reglamentación de la ley implicaron un reconocimiento implícito de las “fallas” del sistema actual, aunque considera que esos cambios administrativos no alcanzan para resolver los problemas estructurales de la norma. Por eso, los legisladores plantean que la derogación es la única vía para establecer un nuevo esquema con “certeza jurídica” y reglas armonizadas con el Mercosur.
La opinión de los nutricionistas
“Este intento de derogación de la ley es un intento por tapar la verdad”, señaló a TN la presidenta de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, Ana Cáceres. “La evidencia es sólida en relación a que el consumo impacta directamente en la malnutrición y en enfermedades no transmisibles”, agregó.
“Es una ley que se debatió profundamente con toda la evidencia científica”, indicó Cáceres. Además, destacó que del debate participaron científicos, representantes de la industria y la política. “Se construyó el mejor proyecto posible”, destacó.
“Derogar una ley que costó tanto conseguir, que es la mejor ley de la región, es invalidar una discusión que se saldó en el Congreso y se aprobó por amplia mayoría”, manifestó Cáceres. “Fue una construcción democrática y participativa y se está atacando todo eso. No se entiende el motivo”, añadió.
“Es un capricho libertario. La ley informa de manera clara y sencilla”, señaló la nutricionista, al tiempo que resaltó: “Es muy valorada por los sectores más vulnerables”.
Además, Cáceres explicó que la norma tuvo un alcance más profundo que el visual en los productos. “Muchas provincias avanzaron en ofrecer alimentación más saludable en las escuelas”, detalló.
“Derogar la ley es volver a la letra chica, donde hay que ser experto para interpretar lo que dice”, dijo la nutricionista. Frente a las críticas recibidas, Cáceres retrucó: “La industria alimenticia está siendo perjudicada pero no por el etiquetado, aunque la ley busca desalentar el consumo de ultra procesados, que se alimenten más saludablemente”.
Rumbo al debate que impulsa el Gobierno para derogar la ley, desde FAGRAN no se van a quedar de brazos cruzados. “Ya pedimos audiencias con diputados y senadores, con los recursos que tenemos. Nos vamos a movilizar en la medida que podamos”, indicó.
“La ciudadanía acompaña la ley, le sirve y la valora. Lo tenemos comprobado”, aseguró Cáceres. “Es muy violento derogar una ley que favorece tanto a la población”, remarcó.
Respecto del lobby empresario para derogar la ley, la titular de FAGRAN afirmó: “Hay una industria que siempre estuvo en contra de la ley y hoy está posible con esta posible derogación, pero hay otra que lo está padeciendo porque está comprometida”. Luego, cuestionó al gobierno de Javier Milei: “La gente no necesita derogar esta ley, necesita una economía que funcione y pueda comprar los alimentos que necesita para vivir”.
Ley de etiquetado frontal, Gobierno, Congreso
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