POLITICA
El oficialismo convocó al Senado para avanzar con el debate del Súper RIGI y busca conseguir dictamen
El Senado comenzará la próxima semana el tratamiento del proyecto conocido como super-RIGI, el nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones que impulsa el Gobierno. El oficialismo convocó para el miércoles 5 de agosto a un plenario de tres comisiones con el objetivo de emitir dictamen y avanzar con una de las iniciativas económicas consideradas prioritarias por la Casa Rosada.
La reunión fue convocada para las 15.30 en el Salón Azul y participarán las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, todas presididas por senadores de La Libertad Avanza.
El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado el pasado 24 de junio con 130 votos a favor, 106 en contra y siete abstenciones. En esa oportunidad, el oficialismo consiguió el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, un esquema de apoyos que ahora busca repetir en la Cámara alta para avanzar con el despacho de comisión.
De lograr el dictamen, el Gobierno no podrá llevar el proyecto al recinto al día siguiente, ya que el reglamento del Senado establece un plazo mínimo de siete días entre la firma del despacho y su tratamiento en sesión, salvo que se habilite una excepción con el respaldo de los dos tercios del cuerpo.
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El tratamiento del super-RIGI se dará en una semana en la que el oficialismo también intenta reunir los votos necesarios para debatir en el recinto el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, conocido como “ley de tierras”, previsto para la sesión convocada para el 6 de agosto.
La iniciativa propone un régimen especial de promoción para atraer inversiones de gran escala en actividades que el Gobierno considera estratégicas y de alto contenido tecnológico. Entre los beneficios contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un esquema de amortización acelerada para inversiones en bienes de capital e infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos y utilidades distribuidas.
El texto también prevé arancel cero para la importación de bienes destinados a los proyectos alcanzados y elimina las retenciones a las exportaciones vinculadas a esas inversiones. Además, fija un tope del 0,5% para el impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias que adhieran al régimen y prohíbe que los municipios apliquen tasas calculadas sobre la facturación de las empresas. A cambio, garantiza estabilidad regulatoria y tributaria durante 30 años.
A diferencia del RIGI incorporado en la Ley Bases, el nuevo esquema eleva de manera significativa el umbral de ingreso. Solo podrán acceder los proyectos que comprometan inversiones por al menos US$1.000 millones y que ejecuten un mínimo equivalente a $200.000 millones durante los dos primeros años desde su aprobación.
El Gobierno apunta a que esos desembolsos se concentren en sectores que actualmente tienen escaso desarrollo en el país. Entre ellos figuran la inteligencia artificial, los centros de datos, la fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y proyectos vinculados con la cadena de valor del uranio, con el objetivo de diversificar la matriz productiva e incorporar nuevas tecnologías.
Durante el debate en Diputados, uno de los cambios introducidos estuvo vinculado al denominado “compre nacional”. Finalmente, el proyecto incorporó la obligación de presentar un plan de desarrollo de proveedores locales y estableció que, cuando existan empresas con capacidad técnica, disponibilidad y condiciones competitivas de precio y calidad, al menos el 20% de las contrataciones de proveedores deberá realizarse con firmas locales.
En materia cambiaria, el proyecto mantiene el esquema de libre disponibilidad progresiva de divisas previsto en el RIGI original: las empresas podrán disponer del 20% de las divisas generadas por exportaciones durante el primer año, del 40% en el segundo y de la totalidad a partir del tercero. El régimen también contempla beneficios en el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios y una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales vinculadas a los nuevos empleos que generen los proyectos.
RIGI, Senado, Gobierno
POLITICA
Ley de Tierras: la oposición busca votos en Diputados para limitar la compra de campos por extranjeros y recurre a la Justicia
Las bancadas de la oposición en la Cámara de Diputados buscan alternativas ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la Ley de Tierras Rurales, que había sido derogada por Javier Milei con el dictado del DNU 70/2023.
Este viernes se presentó una medida cautelar formada por los diputados Miguel Pichetto y Nicolás Massot. Buscan suspender la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023,hasta que el Congreso se pronuncie.
“Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros. Tras el fallo de la Corte, pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, explicó Pichetto, jefe de la bancada de Encuentro Federal.
POLITICA
Casación decidirá si se reunifican los juicios contra Máximo y Cristina Kirchner por Hotesur y Los Sauces
El Tribunal Oral Federal 5 decidió que sea la Cámara Federal de Casación Penal la que revise su decisión de partir en dos los juicios por Hotesur y Los Sauces, en los que están acusados Cristina Kirchner y Máximo Kirchner por lavado de dinero y asociación ilícita.
Mientras tanto, los jueces del tribunal mantuvieron el cronograma: los debates empezarán por Los Sauces el viernes 23 de octubre y las audiencias por Hotesur darán comienzo el viernes 19 de marzo de 2027.
Los magistrados José Antonio Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Paliotti concedieron por unanimidad los recursos de casación presentados por el fiscal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante.
Ambos habían cuestionado el desdoblamiento que el tribunal dispuso el 17 de septiembre último. Pero lo hicieron “sin efecto suspensivo”, es decir, la separación del juicio en dos sigue en pie hasta que resuelva la Cámara de Casación.
Dos de los jueces creen que el recurso no debería prosperar, pero lo concedieron solo para evitar más demoras; en cambio, Paliotti considera que la fiscalía tiene razón.
Michilini, que encabezó el acuerdo, sostuvo que la decisión de separar los debates no es recurrible en Casación y que “no hay dos juicios”, sino un proceso en dos partes. Solo se define cómo se organizan los juicios, algo que está dentro de las facultades del tribunal, dijo.
Para el juez, los perjuicios que invocaron la UIF y la fiscalía de perder prueba o partirla, o que no se pueda juzgar el segundo caso porque concluyó el primero con una sentencia de cosa juzgada, son hipótesis futuras.
Dijo Michilini que Hotesur gira alrededor de la explotación hotelera y de Valle Mitre y Los Sauces abarca alquileres, operaciones inmobiliarias y transferencias del Grupo Báez y del Grupo Indalo.
El juez dedicó varios párrafos a reprochar el tono del escrito fiscal. Enumeró expresiones que consideró irónicas o descalificantes hacia el tribunal: “raro”, “cínicamente”, “mal que le pese al tribunal”, “una partecita de la feria”, “cuando el tribunal entiende que le conviene”, “vaya uno a saber” y un “Falso” en mayúsculas y negritas.
Michelini sostuvo que ese modo de expresarse no es compatible con la “mesura, objetividad y respeto institucional” que se espera de quien deberá sostener o desistir de la acusación en un juicio de esta trascendencia. Aun así, el magistrado propuso conceder el recurso para evitar demoras.
Machado Pelloni también señaló que el fiscal no discutió que en Hotesur falta prueba por producir, que es la razón que impide el juicio conjunto y concluyó que “lo más conveniente es que [el asunto] sea definido por el tribunal del recurso”, que es Casación, por lo que votó por conceder.
Paliotti acompañó la concesión del recurso, pero aclaró que no comparte los fundamentos de sus colegas. Para ella, el planteo de la fiscalía es atendible en el fondo. Recordó que las causas llegaron al tribunal en momentos distintos y que fueron acumuladas en junio de 2019.
La jueza hizo suyo el argumento del fiscal de que la acusación “deberá reconstruir por separado tramos de una misma operatoria económica”, con el riesgo de que la prueba se examine fuera de su contexto.
Ahora el expediente subirá a la Cámara Federal de Casación Penal, con los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.
Allí la fiscalía y la UIF tendrán tres días para mantener sus recursos desde que las actuaciones lleguen a esa instancia.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Hotesur y Los Sauces: el TOF 5 habilitó la revisión en Casación, pero mantuvo las fechas de los juicios
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) concedió los recursos de casación contra el desdoblamiento de los debates de Hotesur y Los Sauces y mantuvo vigentes las fechas fijadas para el inicio de los juicios: Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026 y Hotesur, el 19 de marzo de 2027.
La decisión habilita la revisión por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, pero no modifica el cronograma establecido para ambos tramos del proceso.
Los jueces José Antonio Michilini, Fernando Marcelo Machado Pelloni y Adriana Paliotti coincidieron en conceder las impugnaciones presentadas por la Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF).
El tribunal sostuvo que el desdoblamiento no dejó sin efecto la unificación procesal, sino que modificó la secuencia de las audiencias, ya que Los Sauces completó las medidas de instrucción suplementaria, mientras que en Hotesur todavía quedan diligencias pendientes.
Finalmente, rechazó por mayoría el recurso de reposición presentado por el defensor público coadyuvante Gerardo Miño, quien había pedido que los debates comenzaran de manera simultánea y que se incorporara otra causa vinculada con Ernesto Clarens.
En ambos expedientes se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas a través de negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner.
Entre los principales imputados figuran Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice y el excontador Víctor Manzanares.
En Los Sauces se analiza si la inmobiliaria fue utilizada para canalizar dinero mediante contratos de alquiler de propiedades por más de $25 millones entre 2009 y 2016. La acusación sostiene que empresas de los grupos Báez e Indalo realizaron pagos que podrían haber constituido retornos por beneficios, contratos, concesiones, licencias o ventajas impositivas.
En Hotesur se evalúa si la empresa hotelera recibió dinero de firmas vinculadas a Báez -en particular, mediante el gerenciamiento de Valle Mitre y el alquiler de habitaciones- para blanquear fondos que, según la hipótesis acusatoria, provenían de la obra pública vial en Santa Cruz.
Los fundamentos
El TOF 5 sostuvo que se trata de un único juicio y que la organización temporal de sus etapas puede adecuarse para que el tramo que ya está preparado avance mientras continúan las medidas pendientes en la otra parte del expediente.
Consideró que postergar el inicio hasta marzo mantendría paralizada una porción de la causa que ya se encuentra en condiciones de ser juzgada.
También cuestionó al fiscal general Diego Velasco al señalar que, pese a haber reclamado reiteradamente la fijación de una fecha de debate, presentó luego planteos que -según los magistrados- dificultaron la organización del juicio y demoraron su preparación.
La discusión llegará ahora a Casación, que deberá determinar si la modalidad dispuesta por el TOF 5 respeta la unidad del proceso y las garantías de las partes.
El presidente del tribunal, José Michilini, afirmó que la decisión cuestionada tiene carácter organizativo y no equivale a una sentencia definitiva. Al explicar por qué admitió los recursos pese a esa conclusión, señaló que impedir su revisión en esta etapa podía generar nuevas incidencias y mayores demoras antes de los debates ya programados.
El magistrado precisó que la apelación fue concedida para evitar que la discusión sobre su admisibilidad se convirtiera en un nuevo obstáculo procesal: “La concesión del recurso no supone reconocer carácter definitivo a la resolución impugnada ni implica modificar el criterio anteriormente expuesto acerca de la ausencia, en esta etapa, de un gravamen actual de imposible reparación ulterior”.
Además, distinguió los objetos de las acusaciones. Indicó que Hotesur se concentra principalmente en la explotación hotelera y la intervención de Valle Mitre, mientras que Los Sauces incluye operaciones inmobiliarias y hoteleras, contratos de locación y transferencias de empresas vinculadas tanto con el Grupo Báez como con el Grupo Indalo.
Por su parte, el juez Machado Pelloni consideró que ni la Fiscalía ni la UIF refutaron de manera concluyente que aún resta producir prueba para realizar un juicio conjunto.
No obstante, votó por conceder sus recursos de casación para que el tribunal revisor defina si la separación de Los Sauces y Hotesur afecta la valoración integral de la prueba, la estrategia de las acusaciones y las garantías de las partes.
En esa línea, reconoció que el desdoblamiento podría incidir en la valoración de pruebas comunes y en la posibilidad de profundizar los interrogatorios de testigos sobre hechos vinculados al otro expediente, pero remarcó que la organización del debate también debe resguardar el debido proceso y las garantías de las defensas.
Adriana Paliotti coincidió con la concesión de los recursos, aunque se apartó de los fundamentos expuestos por sus colegas. La jueza recordó que Los Sauces ingresó al tribunal en octubre de 2018 y Hotesur en mayo de 2019, y que la acumulación fue dispuesta el 13 de junio de ese año con el consentimiento de las partes.
Señaló que los recursos de la Fiscalía y la UIF describen afectaciones al ejercicio de sus funciones acusatorias que podrían resultar de reparación imposible o insuficiente.
Los planteos de la Fiscalía y la UIF
El fiscal Velasco planteó que el desdoblamiento posterga el juzgamiento de Hotesur y altera la estructura de causas que habían sido acumuladas. También cuestionó que el tribunal hubiera resuelto la separación sin una discusión previa entre las partes durante la audiencia preliminar del 4 de septiembre de 2026.
Por su parte, la UIF pidió que se restableciera un único debate oral y público. La querella planteó que la realización de dos juicios separados podría limitar el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos, duplicar actos procesales y derivar en valoraciones parciales de la documentación contable, bancaria, societaria y contractual.
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