POLITICA
Un abogado de Milei habló sobre la presentación de CFK ante la ONU: “Puede abrir una revisión de la condena”

La presentación que la defensa de Cristina Kirchner realizó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas podría abrir una nueva discusión judicial en la Argentina. Al menos esa es la interpretación del abogado Francisco Oneto, quien representa al presidente Javier Milei en distintas causas y sostuvo que un eventual pronunciamiento del organismo internacional habilitaría una vía extraordinaria para revisar la condena de la exmandataria, aunque aclaró que ello no implica que la sentencia pueda revertirse automáticamente.
Durante una entrevista en Infobae al Regreso, Oneto cuestionó una de las afirmaciones que más se repitió desde que se conoció la presentación internacional: que el trámite ante la ONU no tendría ningún efecto en el ámbito local.
“Es desacertado afirmar que eso no tiene efectos”, sostuvo el abogado, antes de explicar que el Código Procesal Penal Federal contempla la posibilidad de promover un recurso de revisión cuando existe un pronunciamiento de un organismo internacional de derechos humanos en el marco de una comunicación individual.
El letrado, que aclaró que no es el abogado personal de Javier Milei sino que lo patrocina en distintas causas, remarcó que la eventual intervención del Comité de Derechos Humanos abriría, en todo caso, una discusión procesal dentro de la Justicia argentina y no una modificación automática de la condena.
La vía judicial que podría abrir un pronunciamiento internacional
Según explicó Oneto, el eventual debate comenzaría recién si el Comité de Derechos Humanos emitiera un pronunciamiento sobre el caso. En ese escenario, los tribunales argentinos deberían resolver si ese dictamen reúne los requisitos para habilitar una revisión de la condena y cuál es el alcance que corresponde otorgarle dentro del derecho interno.
“Si hay un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos, eso habilita la admisibilidad de un recurso de revisión conforme al artículo 366 del Código Procesal Penal Federal”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que la apertura de esa instancia no garantiza un cambio en la situación judicial de Cristina Kirchner. “Que el recurso de revisión sea admisible no quiere decir que sea procedente. Son cosas distintas”, explicó.
Oneto sostuvo además que la defensa de la expresidenta no solo promovió el reclamo de fondo ante Naciones Unidas, sino que también solicitó una medida cautelar. A su entender, la redacción del artículo 366 permite que ese tipo de pronunciamientos sean considerados por la Justicia argentina. “La Corte Suprema tiene una jurisprudencia histórica según la cual donde la ley no distingue, no corresponde distinguir”, señaló.

El abogado agregó que, si eventualmente la revisión fuera admitida, el propio Código Procesal Penal Federal prevé que los jueces puedan analizar el alcance de determinadas medidas cautelares mientras se resuelve el planteo. Para Oneto, el verdadero interrogante no pasa por determinar si la ONU puede revocar una condena argentina, sino por establecer qué efectos procesales puede generar un pronunciamiento internacional dentro del sistema judicial local.
Los tiempos del trámite ante la ONU
Más allá del eventual debate judicial en la Argentina, Oneto explicó que el procedimiento ante el Comité de Derechos Humanos tiene etapas definidas antes de que exista cualquier resolución.
Según indicó, la Observación General Nº 33 establece que el Estado dispone de seis meses para responder sobre la cuestión de fondo una vez que la presentación es admitida. En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner solicitó una medida cautelar, cuyo tratamiento sigue un trámite distinto.
El abogado advirtió además que los plazos podrían extenderse debido a la reducción de recursos que afectó el funcionamiento del organismo internacional y disminuyó la frecuencia de sus reuniones.

El impacto político de la estrategia
Además de las consecuencias jurídicas, durante el programa también analizaron el efecto político que podría tener la decisión de la defensa de Cristina Kirchner de acudir a un organismo internacional. Para Diego Iglesias, la estrategia busca mantener abierto el escenario político de la expresidenta mientras avanza el proceso.
“Lo que buscan es volver a instalar la posibilidad de una candidatura de Cristina y sumar una herramienta de presión internacional para revertir la situación, más allá de los efectos jurídicos”, sostuvo.
Oneto coincidió en que el proceso puede producir consecuencias políticas incluso antes de que exista una resolución. “La incertidumbre abre una ventana para la negociación”, resumió, al señalar que la falta de definiciones mantiene abiertos distintos escenarios y fortalece la capacidad de negociación dentro del peronismo.
Por ahora, el expediente recién comienza su recorrido ante el Comité de Derechos Humanos. Si el organismo decide pronunciarse sobre el caso, la discusión dejará de ser exclusivamente política para trasladarse nuevamente a los tribunales argentinos, donde deberá resolverse una cuestión que prácticamente no registra antecedentes: cuál es el alcance que puede tener un dictamen de la ONU sobre una condena firme dictada por la Justicia nacional.
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Se abrió una negociación entre el hotel de Salta que debe pagar $100 millones por juicios y sus ex empleados

Se abrió un espacio de negociación entre el dueño del Hotel Provincial de Salta, Carlos Issa, que podría cerrar el establecimiento que fundó su familia en 1971 si tiene que pagar 100 millones de pesos en indemnizaciones, y los empleados despedidos por haber bloqueado su empresa y que la Justicia imputó penalmente por considerar que la protesta excedió el marco protegido por el derecho de huelga.
La instancia se abrió este jueves durante una audiencia entre ambas partes, presidida por la jueza Paola Marocco y el fiscal Rodrigo Guerra, en donde, tras escuchar las posiciones de Issa y de los ex empleados, la magistrada propuso un cuarto intermedio hasta dentro de 10 días para que se explore una solución al conflicto.
Pablo Abdón Torres Barthe, abogado del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que estuvo en la audiencia en Salta para asesorar a Issa, dijo a Infobae que la fórmula propuesta por la jueza consiste en que el dueño del hotel desista de la denuncia penal a cambio de que la otra parte renuncie a los juicios laborales.

Se trata de un mecanismo de resolución alternativa del conflicto llamado conciliación penal, que rige en algunas provincias y mediante el cual la víctima y el imputado, con intervención del fiscal y control judicial, pueden llegar a un acuerdo que pone fin al proceso penal o evita que continúe. Su finalidad principal es reparar el daño causado a la víctima y resolver determinados conflictos penales sin necesidad de llegar a un juicio.
Según Torres Barth, la jueza dejó la causa “lista para ir a juicio” si no hay un entendimiento entre las partes.
El abogado señaló que hay que revisar la situación de quienes ya cobraron resarcimientos por los despidos dispuestos tras el bloqueo del hotel. Hasta ahora, precisó, a valores actualizados por inflación, Issa ya pagó 68 millones de pesos en indemnizaciones y todavía quedan 7 juicios laborales más contra Issa que podrían elevar el monto por abonar a unos 100 millones de pesos.
Torres Barth afirmó que la defensa de los despedidos pidió la inconstitucionalidad del delito de turbación de la posesión, como está caratulada la acusación penal contra los 17 empleados que bloquearon el hotel, junto con 2 dirigentes que pertenecen a la Seccional Salta de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

El argumento en contra de la imputación penal es que afectaba el derecho a huelga, pero la jueza, según Torres Barthe, “rechazó ese planteo de inmediato”.
De todas formas, el abogado insistió en que desde el MEAB buscarán una reunión con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a quien le pidieron una audiencia que aún no fue concedida, para explicarle en detalle los problemas que atraviesa el empresario: “Le está pagando indemnizaciones a los que están imputados por la Justicia y que probablemente -estimó- salgan condenados en el juicio penal, algo que es una locura”.
Además, advirtió que Issa “no tiene margen para pagar” 100 millones de pesos a los imputados penalmente por los bloqueos, por lo que, en ese caso, debería cerrar el hotel, uno de los más tradicionales de la capital salteña.

El abogado Nicolás Corregidor, que representa a 15 de los 17 empleados despedidos, había anticipado que en la audiencia iba a plantear el sobreseimiento de sus defendidos ya que la investigación fue mal conducida, parte de los acusados no estuvo en el lugar de los hechos y el conflicto tuvo origen salarial y laboral.
Corregidor aseguró que hubo un exceso en las imputaciones formuladas por la fiscalía y cuestionó un requerimiento previo de elevación a juicio porque, según dijo, no se ajustó a lo ordenado por el juez y aun así derivó en nuevas imputaciones contra trabajadores.
Uno de los ejes de la defensa es que las filmaciones del hotel ubican a los imputados en la vereda y en la calle, no en la puerta del establecimiento. Para el abogado, esa ubicación descarta la hipótesis de bloqueo contra el hotel respecto de las personas que representa y debe diferenciarse de la eventual actuación del Sindicato de Gastronómicos de Salta durante la protesta.

En noviembre pasado, el juez Diego Nicolás Rodríguez Pipino, a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 de Salta, dio por probado que entre el 10 y el 27 de abril de 2021 el hotel sufrió “el bloqueo de las puertas principales, la imposibilidad de ingreso y egreso de empleados, huéspedes y alumnos de la escuela hotelera, así como daños con pintadas en puertas y muros”.
Ese fallo se basó en declaraciones testimoniales, informes policiales, inspecciones oculares, fotos y filmaciones. El juez advirtió, además, que el derecho constitucional de huelga no ampara “actos como daños materiales ni turbación de la posesión” y que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por ese derecho que consagra la Constitución Nacional.
Según Issa, los 18 días que duró el bloqueo contra su hotel le causó pérdidas por 600 millones de pesos ya que tuvo que derivar huéspedes y cancelar reservas.
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Milei acusó a Cristina Kirchner de haber robado “10.000 millones de dólares” con el Banco Central

El presidente Javier Milei arremetió este jueves contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y la acusó de haber “robado 10.000 millones de dólares” con el Banco Central en 2010, durante su primera gestión.
En un discurso difundido por cadena nacional para presentar el proyecto de reforma del Banco Central, el mandatario vinculó a Fernández de Kirchner con maniobras de corrupción durante su gestión e hizo énfasis en su actual condena por “delitos de corrupción” en la causa Vialidad.
“La voracidad y la pasión por robar de la alta política no terminaron allí”, inició el mandatario, al recordar medidas económicas pasadas como la convertibilidad.
Y acto seguido agregó: “En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidenta y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares”, expresó Milei.
El jefe de Estado señaló que esos “10.000 millones de dólares, expresados a moneda de hoy, equivalen a 15.000 millones de dólares”.
“A partir de dicha estafa y para esquivar las consecuencias legales de la misma, en 2012 se creó una nueva carta orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos”, señaló Milei sobre la gestión de Marcó del Pont, ya en el segundo mandato de Fernández de Kirchner.
Y añadió: “Frente a esta pasión expropiatoria de la alta política decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la carta orgánica del Banco Central”.
La reforma
Milei presentó este jueves por la noche en cadena nacional el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, una de las prioridades legislativas del oficialismo para las próximas semanas.
El Presidente enumeró las “cinco premisas fundamentales” en las que se basa la reforma de la carta orgánica. “Se termina con la bestialidad de tener cinco objetivos para un solo instrumento. La misión del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda. La nueva carta orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación: se trata de un fenómeno generado por un exceso de oferta”, dijo como primer punto.
Y añadió que también “se prohíbe de manera taxativa el financiamiento del Estado, tanto del Tesoro nacional como de las provincias y los municipios, así como toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario”.
El mandatario estuvo acompañado de Luis Caputo (ministro de Economía); Santiago Bausili (titular del BCRA); Karina Milei (secretaria general de la Presidencia); Diego Santilli (jefe de Gabinete), Patricia Bullrich (jefa del bloque libertario en el Senado) y Martín Menem (titular de la Cámara Baja).
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Y un día Milei descubrió el nacionalismo

Era la estación que faltaba, pero a la que finalmente llegó. Un día Javier Milei descubrió el nacionalismo como insumo para tratar de recuperar imagen y soporte político. Lo que hasta ahora había estado ausente en su narrativa y lo diferenciaba de sus pares de la nueva derecha mundial lo encontró en el último campeonato mundial de fútbol.
La llamada “ola antiargentina”, calificada por el Gobierno como “campaña antiargentina”, desatada e instalada en redes sociales, especialmente en las instancias finales de la Copa, aportó el contexto para que un nuevo eje discursivo y de acción fuera adoptado por Milei.
El monitoreo permanente del universo digital, que hace el comando liderado por Santiago Caputo, había detectado ahí un terreno fértil, especialmente entre sus seguidores, para intentar cultivar un nacionalismo que ya otros gobiernos populistas habían explotado en circunstancias adversas.
En las últimas semanas se habían encendido luces amarillas en la Casa Rosada por la consolidación de una tendencia negativa en el humor social respecto del Gobierno y se buscaba con urgencia un nuevo repertorio para recuperar el protagonismo en la agenda pública. La usina comunicacional mileísta recurrió, entonces, al manual: en tiempos de crisis, la construcción de un enemigo externo y la instigación al nacionalismo pagan.
Por eso, no debería sorprender (y, menos aún, resultar indiferente) que en las primeras horas de este jueves el Gobierno lanzara (y publicitara) un decreto reglamentario de la ley de migraciones que habilita el rechazo o la expulsión de extranjeros “que hubieren dirigido mensajes de odio, ya sea en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en alidad de este último”.
El escenario parecía propicio y las circunstancias por las que atraviesa el oficialismo lo explican y lo autojustifican. El horario y la forma en la que se difundió no fueron casuales: por las redes sociales y apenas despuntaba el día para que ocupara los títulos de apertura de los portales de noticias y programas de radio y televisión, de forma que se viralizara.
La decisión presidencial no pasó inadvertida. De inmediato circuló, fue celebrada por las milicias digitales libertarias y defendida por los voceros habituales del oficialismo. Pero también despertó la crítica de un muy amplio espectro de constitucionalistas, de distintas organizaciones de la sociedad civil y de dirigentes opositores, alarmados, sobre todo, por el margen de discrecionalidad que otorga a las autoridades el decreto respecto de conductas no detalladas ni tipificadas. “¿Quién define qué es un mensaje de odio?”, es la pregunta del momento.
Nada de eso, sin embargo, pareció afectar al súper asesor y su equipo, impulsores y ejecutores del decreto, con el que dicen solo haber dado forma y curso a una idea que tiene un único autor, que es el Presidente, cuya figura, algo dañada en las últimas encuestas de las consultoras más serias, se pretende reparar. Al mismo tiempo, ellos necesitan recupera su confianza. Eso sí, nadie oculta que la autoría material corresponde a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, la muy caputista María Ibarzabal Murphy.
“Es, por lejos, el comunicado más likeado de la historia de la OPRA (Oficina del Presidente de la República Argentina) desde su creación. Cuadruplica los números de los mejores comunicados, que rondaban los 40.000 likes y está ya está superando los 200.000. Y en Instagram y en X es también el más likeado y compartido”, se jactaba ayer a media tarde una de las personas más cercanas al gurú, que también se afana por recuperar influencia y cree haber encontrado en la veta nacionalista la clave de bóveda.
El entusiasmo del colectivo caputista pareció no reparar en que esa admisión implica, por contraste, subrayar el relativo interés público despertado por centenares de anuncios presidenciales previos. Incluido el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, una de las mayores obsesiones de Milei, que motivó la flamígera cadena presidencial de anoche. Otro ladrillo más en la construcción del enemigo.
“Evidentemente, nos metimos en la mesa de la gente. Cuando pasan esas cosas es porque eso ya se estaba hablando y lo único que hiciste fue sumarte a la conversación. Si estás conectado con la realidad, se nota muchísimo cuando comunicás”, ampliaban con notable euforia desde la oficina de Santiago Caputo. Quizás en un tiro por elevación a sus adversarios internos del karinismo que le vienen ganando la disputa por la estrategia política.
Sin embargo, diversas consultoras que hacen seguimiento de redes sociales relativizan esa afirmación y advierten que si bien lo de “la ola antiargentina” tuvo una atención transversal, no ocurrió lo mismo con las reacciones oficiales y, menos aún, con el decreto nacionalista.
“Por el seguimiento que hicimos, advertimos que el tema se encapsula en una burbuja oficialista que lo apoya, pero casi no incluye a sectores ajenos al oficialismo. Y si se potenció fue por la reacción negativa de opositores políticamente comprometidos, pero no por la interacción de personas comunes, de sectores sociales no politizados”, señala Patricio Hernández, director de la consultora Méthodo, especializada en el comportamiento en el universo digital.
Así, la conexión con la realidad de la que hablan el asesor y su equipo parece centrarse en las muy difundidas reacciones de un orgullo nacional herido que se sucedieron tras las críticas generalizadas a los argentinos como racistas y transgresores, por un lado, y por haber gozado el seleccionado nacional de supuestos beneficios por parte de la FIFA.
A eso se sumó el impacto generado por la aparición de la bandera reivindicatoria de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, que portaron algunos jugadores del seleccionado en la cancha después del épico triunfo, en los minutos finales, sobre Inglaterra, que fue celebrada por una buena parte de la sociedad y cuestionada desde el exterior.
Poco importaba que la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, hubiera admitido antes del partido que había acordado con la FIFA que no se pudiera ingresar al estadio con elementos que pudieran considerarse “políticos o provocativos”, entre los que incluyó expresamente referencias al archipiélago ocupado por el Reino Unido.
Si, como señala Giuliano Da Empoli, “la nueva política es ira más algoritmo”, las condiciones estaban dadas y se habían probado potentes. Aunque pocas veces haya correlación entre pasión futbolera y política, la fibra del nacionalismo herido alimentaba a los ideólogos del ensayo.
Sobraba enojo y las redes lo potenciaban. Solo faltaba tratar de capitalizarlo, porque “una vez que la ira se ha desatado se hace posible construir cualquier clase de operación política”, sentencia el sociólogo y escritor italiano, autor de Los ingenieros del caos. Por algo a Santiago Caputo se lo ha bautizado como El mago del Kremlin, otra creación de Da Empoli.
La línea del tiempo de la conducta oficialista es tan recta que muestra y explica con claridad el derrotero que va de las derivaciones mundialistas al decreto de ayer. En eso se inscribe la denuncia de “una campaña antiargentina” por parte de Milei, a la que le agregó la acusación de haber sido financiada en “un 25% por el gobierno de Brasil” para justificar los insultos proferidos en ese país contra el presidente brasileño y un ministro del Tribunal Superior, que derivó en el mayor conflicto diplomático con el principal socio comercial de la Argentina.
En el medio, apareció un oportunista proyecto de ley del diputado caputista bonaerense Agustín Romo para imponer cargos a los extranjeros que estudien o sean atendidos en centros de salud públicos. Globos de ensayo que precedieron la norma presidencial. Además de potenciadores de las acusaciones de xenofobia de los críticos. El fomento de la polarización no sabe de fronteras.
Legalidad más que dudosa
La viabilidad legal de la disposición presidencial y la probabilidad de su aplicación sin ser judicializada parecen, por eso, ser cuestiones poco relevantes para el Presidente y sus asesores.
El objetivo, admiten en la cima del oficialismo, es netamente político. Parte de una construcción de una ola de acontecimientos para recuperar el centro de la escena política y desplazar de la agenda datos negativos para el Gobierno, que estaban pregnando en la opinión pública, a pesar de que algunos indicadores macroeconómicos seguían mostrando signos positivos.
La máxima de Steve Bannon, el estratega norteamericano de la nueva derecha, de “inundar la zona” con anuncios, golpes de efecto y medidas de alto impacto social, se había seguido al pie de la letra una vez más. Un regreso a las fuentes que llevaron a Milei a la Presidencia. Aún cuando el clima ya no sea tan benigno.
Sin embargo, las debilidades legales del decreto, advertidas por numerosos expertos, obligarán al Gobierno a potenciar esa táctica, generar constantes hechos de fuerte repercusión y lograr en forma urgente algunos resultados positivos que desplacen este asunto del primer plano, ya que se prevén uno o varios reveses judiciales, si es que el Estado de Derecho sigue gozando de buena salud. Podría ser una prueba de fuego.
“Por un lado, no está justificada la necesidad y urgencia, porque es evidente que no hay una legión de odiadores extranjeros que quieran entrar o que estén en el país. Por otro lado, la categoría de discurso de odio tiene una indeterminación y una vaguedad absoluta y estaría en colisión con el derecho de entrar, salir y permanecer en territorio argentino que establece el artículo 14 CN”, advierte el abogado y excamrista federal Ricardo Gil Lavedra.
“El decreto es un verdadero dislate. Tiene dos problemas serios. Primero, afecta el principio de legalidad, ya que la idea es que las normas deben ser previas a los hechos y en este decreto se castiga las expresiones previas. Segundo, se afirma que es para proteger el ‘honor’ del Estado argentino, pero solo las personas humanas tenemos honor. Es decir, se usan argumentos falsos. Y, tercero, ya existen normas en el código penal o en el Pacto de San José, que priorizan la libertad de expresión y sólo responsabilizan civil o penalmente por los actos que afecten los derechos de terceros. Ergo, se debe hacer juicios para acreditar si esos extranjeros cometieron actos que dañaron a alguien. Por lo tanto, es un acto inconstitucional”, afirma el abogado Hugo Wortman Jofré, expresidente y actual directivo de Poder Ciudadano.
En la misma línea, el constitucionalista Roberto Gargarella sostiene: “Me parece una aberración inconstitucional. No puede decidirse sobre esta materia por DNU; no puede modificarse la ley de migraciones dejando de lado al Congreso; contradice su discurso e iniciativas en otras áreas (como la Ley de Tierras). Sin contar con que esto se lleve pésimo con la (burda) retórica alberdiana que suelen invocar cuando les conviene”.
En el plano legal, por lo tanto, parece que sobrará trabajo para los tribunales. Habrá que ver, entonces, si con el (re)llenado y reconfiguración que con tanta celeridad está llevando a cabo el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Gobierno logra fallos que refuten los argumentos de los críticos.
Mientras tanto, queda instalada la nueva retórica nacionalista adoptada por el presidente anarco-libertario aperturista. Todo sea por recuperar terreno y ocupar el centro de la escena en días complicados.
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