Los letrados que patrocinan al mapuche Facundo Jones Huala, quien permanece detenido desde hace más de un año en la unidad penitenciaria federal de Rawson, denunciaron que su asistido fue obligado a permanecer a la intemperie durante cuatro horas, lo que podría haber atentado contra su vida.

La presentación por la presunta comisión del delito de acción pública fue radicada este martes ante la Justicia Federal.

El mapuche está detenido desde junio de 2025, en el marco de una investigación configurada como compleja, por los supuestos delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y apología del crimen.

Los patrocinantes Gustavo Franquet y Gustavo Soares, integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, denunciaron que Jones Huala fue obligado a permanecer al aire libre durante cuatro horas, sin contemplar que desde el 27 de abril sostiene una huelga de hambre, medida que posteriormente endureció con la interrupción de la ingesta de líquidos, lo que afectó de forma notoria su estado de salud.

En diálogo con Infobae, los abogados manifestaron su malestar con el proceder de los empleados del Servicio Penitenciario Federal, quienes actuaron de igual manera con otros internos que comparten pabellón con su cliente.

El mapuche inició la medida para exigir su traslado a la cárcel federal de Esquel, con el objetivo de acortar la distancia entre esa unidad penitenciaria y la residencia de su familia, con domicilio en Bariloche.

La falta de nutrientes y líquidos afectó el estado de salud de Jones Huala, quien el domingo pasado tuvo que recibir asistencia en el centro médico Santa Teresita, de la ciudad de Rawson.

“La acción de someterlo al rigor de la temperatura ambiente durante cuatro horas en las condiciones físicas en las que se encontraba evidenciada una intención clara de que resultara víctima de cualquier tipo de enfermedad pulmonar o respiratoria, lo que podría haber atentado contra su vida”, denunciaron los abogados.

A partir de esa denuncia, Franquet y Soares solicitaron una investigación para determinar si los empleados penitenciarios y sus superiores actuaron de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, aunque aseguran que deben ser investigados “como comisivos del delito tipificado en el artículo 80, inciso 9°, del Código Penal, bajo el supuesto contemplado en el artículo 42 del mismo cuerpo legal”.

Pidieron además investigar “la cadena de mando que ordenó mantener a Jones Huala al aire libre, desde el Ministerio de Seguridad hasta el personal de la unidad penitenciaria”. Mencionaron como testigos a los demás internos del pabellón 5 de la Unidad Penitenciaria.

Confirman traslado a Esquel

El juez federal Ezequiel Andreani, semanas atrás, autorizó el traslado del detenido a la Unidad 14 de Esquel, aunque la derivación quedó en suspenso a partir de una presentación de la Fiscalía descentralizada de Bariloche, a cargo del fiscal Fernando Arrigo.

A pesar de la postergación del traslado, el Colegio de Jueces de Revisión de General Roca declaró mal concedida la impugnación de los fiscales y dejó sin efecto la presentación que realizó para evitar el traslado del activista.

A partir de esa resolución, el traslado de Jones Huala a la cárcel federal de Esquel podría concretarse en las próximas horas. Cuando ocurra, abandonará la huelga de hambre que inició a fines de abril.

El MPF se opuso al traslado argumentando razones de seguridad carcelaria y el perfil criminológico del imputado, respaldándose en un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación que desaconsejó su alojamiento en la cárcel de Esquel por tratarse de una dependencia de seguridad media.

El Colegio, con la firma de los magistrados Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano, rechazó ese planteo con sustento en su propia jurisprudencia y declaró mal concedida la impugnación.

Paz García Pastormerlo,Conforme a

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dictó un decreto que obliga a las empresas de subtes, colectivos y recolección de residuos a mantener entre el 50% y el 75% de su operación durante paros y medidas de fuerza gremiales. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó la norma y la justificó como una respuesta directa al impacto que los conflictos sindicales generan sobre la vida cotidiana de quienes habitan o transitan la capital.

El decreto adhiere a las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral 27.802, que clasifica determinadas actividades como “esenciales” o de “importancia trascendental” y fija para cada categoría un umbral mínimo de prestación. La medida apunta a impedir que una huelga suspenda por completo servicios que millones de personas utilizan a diario para desplazarse o para acceder a condiciones básicas de higiene urbana.

La iniciativa cubre tres sectores que el propio texto del decreto identifica como críticos para el funcionamiento de la Ciudad: el transporte público de superficie, la red de subterráneos y el Premetro, y la recolección de basura. Cada uno quedó encuadrado en una categoría jurídica distinta, con porcentajes mínimos diferenciados según el nivel de esencialidad que la ley nacional les asigna.

Las empresas de recolección de residuos fueron clasificadas como prestadoras de un servicio esencial, la categoría de mayor jerarquía dentro del esquema de la Ley 27.802. En consecuencia, deberán garantizar una cobertura operativa mínima del 75% ante cualquier medida de fuerza. El transporte público de pasajeros —colectivos, subte y Premetro— recibió la denominación de “actividad de importancia trascendental”, categoría que habilita un piso algo menor: el 50% de la prestación habitual.

Esa exigencia del 50% no se aplica al sistema de transporte en su conjunto, sino de forma individual a cada línea. Tanto las líneas de subterráneo como las de Premetro y los recorridos de colectivos que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño deberán alcanzar ese umbral por separado. La aclaración no es menor: impide que una empresa compense el déficit de una línea paralizada con el excedente de otra en funcionamiento.

Para poner en marcha la norma en el sistema de subterráneos, el decreto instruye a la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a definir, junto a la concesionaria Emova Movilidad S.A., las modalidades operativas concretas bajo las cuales se garantizará la circulación de trenes durante un conflicto gremial. La resolución de esos detalles quedó en manos de ambas partes, con la obligación de respetar el porcentaje fijado por la norma.

En paralelo, la Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad, recibió la orden de convocar a las partes involucradas y arbitrar los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de los porcentajes. El decreto lleva las firmas del ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; del ministro de Justicia, Gabino Tapia; y del jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny.

El marco legal es la Ley 27.802 y sus modificaciones al artículo 24. La norma porteña no crea obligaciones desde cero, sino que se apoya en modificaciones ya vigentes a nivel nacional. La Ley de Modernización Laboral 27.802 introdujo cambios al artículo 24 de la Ley 25.877, que regula los convenios colectivos de trabajo cuando estos pueden afectar servicios esenciales o actividades de importancia trascendental. Ese artículo establece las garantías mínimas de prestación durante conflictos sindicales, y el decreto de Macri hace operativas esas disposiciones en el ámbito de la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires asumió en forma exclusiva la regulación y fiscalización de las líneas de colectivos que operan dentro de su territorio, lo que le otorga competencia directa para exigir el cumplimiento de los porcentajes fijados. Esa transferencia de atribuciones es el sustento jurisdiccional sobre el que descansa buena parte del decreto.

En su cuenta de la red social X, Macri describió la medida. “Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios”, escribió el jefe de Gobierno. Y agregó: “Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad”.

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