POLITICA
Diputados: el oficialismo logró dictaminar la reforma del Banco Central entre cruces con sus aliados y el retiro de Unión por la Patria

En medio de un nuevo tironeo con sus aliados, el oficialismo dictaminó esta tarde en Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con pequeñas modificaciones técnicas respecto del texto original.
La iniciativa apunta a concentrar el funcionamiento de la autoridad monetaria en la preservación del valor de la moneda, prohibir el financiamiento al Tesoro y la emisión sin respaldo y hacer más exigente la remoción de sus autoridades.
El dictamen de mayoría obtuvo 42 firmas y fue acompañado por los aliados habituales de La Libertad Avanza: Pro, UCR y otros bloques provinciales. Fue durante un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto, encabezadas por los libertarios Santiago Pauli y Alberto “Bertie” Benegas Lynch. Unión por la Patria (UP) presentó un dictamen de rechazo.
Se incorporó un cambio técnico sobre los encajes, es decir, el dinero que los bancos están obligados a mantener como reserva y no pueden prestar. Hasta ahora, debían ser depositados en el Banco Central. Con la modificación, el efectivo que los bancos guardan en sus propias cajas también podrá contar como parte de esa reserva obligatoria.
El Gobierno buscará darle media sanción el próximo 29 de agosto en la Cámara de Diputados.
Para defender el proyecto, el oficialismo convocó a cinco economistas identificados con las ideas económicas del Gobierno: Miguel Boggiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira, Aldo Abram y Claudio Zuchovicki. Sin embargo, lo que estaba previsto como una exposición técnica derivó desde el comienzo en una discusión política que incomodó incluso a los bloques aliados.
Boggiano abrió su intervención con el dato sobre la inflación acumulada que Javier Milei había utilizado para justificar el envío del proyecto al Congreso. Atribuyó el deterioro de la moneda a una práctica que, aseguró, atravesó gobiernos peronistas, kirchneristas, radicales y macristas. “Utilizaron al Banco Central para estafar sistemáticamente a la sociedad argentina hasta destruir por completo el valor de su moneda nacional”, afirmó.
El enojo de Pro
La acusación provocó el enojo de sus aliados y puso en peligro la firma del dictamen. Uno de los que primero cruzó al oficialismo fue el diputado de Pro Fernando de Andreis, que se levantó para cuestionar tanto a Boggiano como al presidente del plenario.
La secretaria parlamentaria de LLA, Silvana Giudici, intentó bajar la tensión. “No compartimos la primera parte de la exposición, cuando hizo alusión a cuestiones políticas”, aclaró cuando tomó la palabra. Y agregó: “Si el Pro, el MID o la UCR han tenido algún tipo de disquisición, les pido perdón”.
Benegas Lynch también extendió las disculpas a los aliados. Aunque después aclaró que no eran por el contenido político de los discursos de los expositores sino por no saber que iban a hablar de eso ni avisar antes.
La tensión alcanzó además a UP. Itai Hagman cuestionó directamente la convocatoria de los economistas: “Parece un programa de streaming, falta que venga el Gordo Dan a explicar el proyecto”. Y agregó: “No vamos a escuchar a personas que no sabemos quiénes son ni en calidad de qué vienen a explicar. Son cuatro amigos del Gobierno que no tienen ninguna función pública”.
Minutos después, el peronismo decidió retirarse del plenario.
La decisión generó cuestionamientos entre los bloques que permanecieron en la reunión. “Es una falta de respeto lo que dijeron estos señores”, sostuvo Eduardo Falcone, del MID. “¿Quiénes son para decir que hay que ponerle una perimetral a la política?”, agregó, en referencia a una expresión utilizada durante la exposición de Castiñeira. Falcone decidió luego no firmar el despacho oficial.
Más allá de la polémica, los cinco economistas hicieron una defensa similar de la iniciativa, centrada en la necesidad de independizar al Banco Central del poder político y limitar sus objetivos a la estabilidad monetaria.
Boggiano sostuvo que la reforma busca terminar con la subordinación de la política monetaria a las necesidades fiscales de los gobiernos. “El Banco Central deja de ser la caja de financiamiento de la política”, sintetizó. También defendió el saneamiento del balance de la entidad, la protección de las reservas y la adecuación de sus normas a estándares internacionales.
Sobre el final endureció su discurso y afirmó que quien no acompañe la iniciativa se convierte en “cómplice del saqueo más grande que la clase política le haya hecho a los ciudadanos de a pie”.
La oposición cuestiona sobre todo el esquema de designación y remoción de autoridades que propone el proyecto. Varios diputados objetaron que la salida del presidente y los directores del Banco Central quede supeditada a una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, mientras que su designación requiere el aval de mayoría simple únicamente del Senado. Advirtieron que esa asimetría podría volver prácticamente inamovibles a las autoridades una vez nombradas.
También hubo planteos para fijar un plazo máximo a las designaciones “en comisión” y evitar que puedan extenderse indefinidamente, una cuestión que el proyecto no regula.
Desde Pro ratificaron que, pese a los cruces con los expositores, acompañarán la reforma. “Vamos a acompañar. Queda perfectamente claro por qué hay que aprobar este proyecto”, sostuvo Daiana Fernández Molero. “No está condicionado nuestro apoyo a cómo nos traten”, agregó.
La iniciativa se estructura sobre cinco ejes principales: establece como mandato central del Banco Central la preservación del valor de la moneda; elimina el financiamiento monetario al Tesoro mediante adelantos transitorios y la compra directa de títulos públicos; restringe la distribución de utilidades a ganancias líquidas destinadas únicamente a cancelar deuda; endurece el régimen de remoción de las autoridades para fortalecer la independencia de la entidad; y cierra el mecanismo de las letras intransferibles, que, según el Gobierno, permitió durante años financiar al Tesoro con reservas del Banco Central.
Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
POLITICA
El respaldo de Trump a Milei en la cumbre del Escudo de las Américas: “Tuvimos una gran victoria en la Argentina”

Javier Milei volvió a recibir un respaldo público de Donald Trump durante la segunda reunión del Escudo de las Américas, la alianza sobre seguridad regional impulsada por la Casa Blanca. En plena cumbre realizada en la sede de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense destacó a su par argentino al recordar sus triunfos electorales.
“Tuvimos una gran victoria en la Argentina… bueno, ya hace un tiempo de eso, y por partida doble”, afirmó Trump durante su discurso ante los mandatarios de la región, mientras dirigía la mirada hacia Milei. El republicano repasaba una serie de victorias políticas de aliados latinoamericanos cuando hizo esa referencia al presidente argentino.
El encuentro se realizó en la Room 6 de la ONU y reunió a representantes de los 15 países que integran el Escudo de las Américas, una iniciativa lanzada por Trump para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional y reforzar la cooperación en materia de seguridad. Aunque la Casa Blanca había previsto una participación más extensa, el mandatario estadounidense permaneció unos 14 minutos en la reunión.
Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el representante comercial, Jamieson Greer; y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, entre otros funcionarios de alto rango. La presencia de ese equipo reflejó la relevancia que la administración republicana le asigna a la estrategia hemisférica.
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ADEPA advierte sobre posibles impactos negativos para la libertad de prensa en el proyecto de ley de soberanía

La Asociación De Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) remitirá a los miembros del Congreso un análisis jurídico del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en el que pondrá el foco en aspectos que podrían causar un impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
En un comunicado, ADEPA destacó: “La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo. Pero las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto”.
El proyecto en cuestión, enviado la semana pasada al Congreso por el Poder Ejecutivo, incorpora el artículo 225 bis al Código Penal, en el que propone castigar con prisión de 5 a 12 años (de 8 a 15 si hay coerción) a quien, financiado u ordenado por un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
El análisis de ADEPA advierte sobre la amplitud de conceptos como “desinformación”, “manipular la opinión pública”, “campaña coordinada”, “alterar procesos electorales” y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios.
“ADEPA considera conveniente que cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables —como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral— y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones”, continúa el comunicado.
Y concluye: “Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural”.
Ley de Defensa de la Soberanía Nacional,Periodismo,Adepa,Conforme a
POLITICA
Máximo Kirchner presentó un proyecto para cobrar un impuesto a las transferencias internacionales de capital

El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital, un mecanismo para cobrar una alícuota del 3% y destinar los fondos a obras en provincias y municipios, salud, discapacidad, educación, jubilaciones y el PAMI.
La iniciativa de Máximo Kirchner establece que se aplicará la alícuota del 3% propuesta a “toda operación que implique la salida efectiva de capitales del país, ya sea en forma de divisas, valores negociables o activos virtuales, realizadas de manera directa o indirecta por los sujetos alcanzados”, según se informó en un comunicado. En caso de que la transferencia sea hacia un destino “de baja o nula tributación”, se adicionará un 2% a la alícuota.
El destino de los fondos recaudados será repartido, según el proyecto, en un “60% para las provincias y municipios (obras de infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria, de vivienda y vial, y recomposición salarial en salud y educación); 10% [para] salud y discapacidad; 10% [para] educación; 10% [para] jubilaciones y pensiones; 10% [para] medicamentos y atención médica de PAMI”.
Con el nuevo impuesto, Máximo Kirchner asegura que se recaudarán, al menos, 2,89 billones de pesos. Ese monto, se especificó en el comunicado del diputado, “equivale a diez veces lo enviado en 2025 a las provincias por transferencias de capital”. Como un fundamento del proyecto, se sostiene que, entre 2023 y 2025, “las transferencias automáticas de la Nación a las provincias y municipios se redujeron un 8,4% en términos reales, mientras que las no automáticas —que comprenden buena parte de los recursos destinados a obra pública, programas, convenios y asistencia territorial— cayeron un 72,8%”.
La iniciativa no “incluye la tenencia de dólares de los argentinos y argentinas; no grava el consumo, el ahorro interno y la inversión productiva; tampoco están incluidas las compras de bienes que ingresan regularmente al país (siempre que sean importaciones genuinas, documentadas y trazables); también quedan excluidas la compra de dólares, bonos, Cedears o fondos, (siempre que los activos permanezcan en la Argentina)”, se aclaró sobre el proyecto.
En el comunicado, se emparentó la iniciativa con el “Aporte Solidario y Extraordinario” (conocido como impuesto a la riqueza), aprobado en el gobierno de Alberto Fernández por impulso de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados.
El anuncio de la iniciativa coincide con el inicio de una gira del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por Estados Unidos, que incluye reuniones con fondos de inversión y empresas de aquel país. Máximo y Cristina Kirchner mantienen una dura interna con el gobernador.
Esa interna sumó otro capítulo, de escala bonaerense, este martes, cuando el senador provincial Emmanuel González Santalla (dirigente de La Cámpora en Avellaneda), le reclamó a Kicillof que ponga en funcionamiento una ley que limita el uso de teléfonos celulares en las escuelas. “En la provincia de Buenos Aires, desde diciembre del año pasado aprobamos una ley para restringir el uso de celulares en escuelas primarias de la provincia, por unanimidad en las dos Cámaras, y estamos esperando que el señor gobernador Axel Kicillof y la ministra [por la directora general de Cultura y Educación, Flavia] Terigi se hagan cargo de implementar esta ley, que es urgente”, dijo Santalla en su cuenta de la red social Instagram.
los fondos,“Esas cosas se hablan adentro”. El pedido de la mesa política a Bullrich tras sus críticas a los recortes en Discapacidad,Máximo Kirchner,Impuestos,Conforme a
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