POLITICA
Diputados: la oposición espera definiciones del Gobierno sobre los proyectos por Malvinas y reclama que se traten en dos comisiones clave
Luego de la cadena nacional de Javier Milei, la oposición pidió convocar a las comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores para tratar el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El mismo establece en uno de sus capítulos el endurecimiento del régimen de sanciones y, en otro, la creación del nuevo esquema de Seguridad Nacional. Ambos serán enviados al Congreso la semana que viene.
También deberá tratarse el DNU que amplió partidas presupuestarias para el Ministerio de Defensa, que ingresará a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que controla la senadora oficialista María Belén Monte de Oca. Ella podrá convocar a los legisladores en cuanto la iniciativa esté habilitada.
El diputado Carlos Zapata (LLA), titular de la Comisión de Defensa, le adelantó a TN que abrirá su comisión si el proyecto le es girado: “Siempre estamos listos para discutir las iniciativas del Poder Ejecutivo”.
La medida del jefe de Estado permitirá avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y reforzará las capacidades de telecomunicaciones. El Ejecutivo busca convertir el complejo austral en un polo logístico de referencia para el Atlántico Sur y ampliar la capacidad de proyección hacia la Antártida.
Para el radical crítico Pablo Juliano, las medidas llegan tres años tarde: “Convoque al Consejo Nacional de Malvinas, creado por la Ley 27.558 y que usted mismo debe presidir (lleva más de 2 años sin funcionar). Dé marcha atrás con la venta de los predios de la Armada en Ushuaia y con el vaciamiento operativo de la Base Aeronaval Punta Indio”.
En ese sentido, agregó: “Restituya el financiamiento específico del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF), que su Presupuesto 2026 eliminó, y deje de desfinanciar nuestra presencia científica y logística en la Antártida. Garantice el abastecimiento y las obras de nuestras bases”.
El legislador radical adelantó que estudiarán la propuesta del Poder Ejecutivo: “Le pedimos al oficialismo un debate sereno. Sin empujones ni victorias pírricas. Una política de Estado exige acuerdos amplios y duraderos”.
Sanciones por la exploración en Malvinas
El Congreso deberá tratar con carácter de urgencia la norma que enviará el Poder Ejecutivo para modificar la Ley 26659, que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
En su mensaje por Cadena Nacional, Javier Milei detalló que endurecerá las sanciones que contempla la ley sancionada por el Congreso en épocas de la expresidenta Cristina Kirchner.
“Para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas. Los proveedores de estos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboran”, planteó Milei.
En el mismo sentido, el presidente aseguró: “Los infractores no podrán contratar en territorio argentino, sea con el sector público o privado; y se dispondrá cuando corresponda la aplicación del juicio en ausencia. Además, extenderemos este régimen a otras actividades en las islas que afectan nuestros recursos naturales”.
Lee también: Qué es el juicio en ausencia que anunció Javier Milei para quienes exploten petróleo en Malvinas
Esta determinación se da ante la explotación petrolera offshore vinculada al proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum (israelí) y Rockhopper Exploration (británica). Según expresó Javier Milei, la iniciativa podría permitir que el Reino Unido avance sobre recursos que la Argentina considera propios.
“ADNOC, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, tiene participación accionaria en XRG (filial internacional de inversiones energéticas de la compañía ADNOC de Abu Dhabi), que es el grupo que desarrolla el proyecto de gas natural licuado en la Patagonia argentina y es socia de YPF en los desarrollos”, advirtió Sebastián Galmarini.
En esa línea, señaló: “Tienen un director, Paul Mayland (director independiente Senior en la junta de la empresa inglesa Rockhopper), que forma parte de la empresa que ya está desarrollando actividades económicas en la Argentina en sociedad. Es decir, habría que avisarle a Milei, al canciller Quirno y a todas las autoridades argentinas que esto ya está pasando y que la ley está vigente. No entiendo por qué no lo hicieron hasta acá”.
Desde Unión por la Patria (UxP), el jefe de la bancada, Germán Martínez, aclaró que el lugar de consensos es el Congreso: “En 33 meses, Milei no aportó nada significativo por la cuestión Malvinas, gobernó en contra de la soberanía nacional e impidió todo tipo de consenso en el rumbo de la política exterior y la defensa nacional. ¿Por qué no hizo el mismísimo 10 de diciembre de 2023 lo que hoy anunció? Tenía todos los elementos normativos disponibles y antecedentes concretos sobre todos los temas”.
El legislador pidió convocar a las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación. “Si efectivamente quieren trabajar estos temas en clave de consenso, todo se tiene que discutir en los ámbitos institucionales. Tenemos propuestas y proyectos para aportar al debate”.
La diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici adelantó que votarán el proyecto de la Casa Rosada y la prioridad es defender la soberanía: “La Antártida Argentina y las Islas Malvinas merecen políticas de Estado que honren nuestra historia, defiendan nuestra soberanía y preparen a las futuras generaciones para ocupar el lugar que nuestro país nunca debió perder. Estamos preparados para votar las leyes que envíe Javier Milei”.
Mientras que la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, señaló: “La defensa de nuestra soberanía se hace con hechos: medidas contra empresas que operan en las islas, aumento del presupuesto y fortalecimiento de nuestra presencia estratégica en Tierra del Fuego. Y hay un cambio histórico: por primera vez, un presidente de Estados Unidos comienza a reconocer que la soberanía argentina sobre las Malvinas es una cuestión que debe ser escuchada. Se rompe una cadena histórica de respaldos a la posición colonialista”.
La norma para modificar
La Ley 26659 regula las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, protegiendo los recursos naturales y reafirmando la soberanía sobre las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes.
Fue sancionada en el año 2011 y ahora el presidente Javier Milei busca que el Parlamento la modifique, agravando esas condiciones para la explotación y la exploración.
El presidente de la Nación advirtió que las empresas involucradas “tendrán que elegir entre una apuesta ilegal, en un territorio disputado, y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”.
En el artículo segundo se establece: “Se prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, que realice o se encuentre autorizada a realizar actividades en la República Argentina y sus accionistas”.
Lee también: Cómo se gestaron las medidas sobre Malvinas que anunció Milei y quiénes fueron los funcionarios que impulsaron los proyectos
Detallando como actividades prohibidas el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina o que presten servicios para dichos desarrollos.
Mientras que el séptimo se refiere a las sanciones: “Será reprimido con prisión de cinco a diez años, multa equivalente al valor de mercado de 20 mil a cien mil barriles de petróleo crudo (WTI) con capacidad de 42 galones estadounidenses, equivalentes a 159 litros, e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial, el que, sin autorización de la autoridad competente, encargue o realice, por cuenta propia o de terceros, cualquier actividad de búsqueda de hidrocarburos mediante la exploración en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos”.
Aumentando las penas de prisión de diez a 15 años y multas de un millón 500 mil barriles de petróleo crudo la actividad de extracción de hidrocarburos de yacimientos situados en las áreas marítimas argentinas.
El DNU aumentando fondos a Defensa
Otro punto para debatir por el Congreso, en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, es el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa destinados a la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y al fortalecimiento de las capacidades de telecomunicaciones.
El argumento de la Casa Rosada fue que esa nueva infraestructura permitirá convertir a la Argentina en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
Un punto que ya generó diferencias en la Cámara de Diputados entre dos exministros de Defensa, el libertario Luis Petri y el peronista Jorge Taiana.
Petri declaró: “Ese futuro exige profundizar el camino iniciado en 2023: equipar a nuestras Fuerzas Armadas, fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y defender nuestra soberanía mediante la diplomacia, el derecho internacional y todas las herramientas legítimas del Estado”.
“La Base Naval Integrada, la protección efectiva de nuestro espacio aéreo con los F-16, los P3 Orión y la recuperación de nuestras capacidades navales serán pilares de una política de Estado sostenida en el tiempo. La paz no se construye desde la debilidad. Se construye con la fuerza de nuestras razones, y la fortaleza de una sociedad unida detrás de una causa justa”, agregó.
Mientras que desde UxP el exministro Jorge Taiana recordó: “En el año 2022, cuando era ministro de Defensa, iniciamos las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que durante tres años fueron paralizadas por (Javier) Milei y que hoy, ante el creciente interés de la causa Malvinas, el Gobierno vuelve a reactivar. No es estrategia geopolítica, es oportunismo electoral”.
Malvinas Argentinas, Javier Milei, Congreso
POLITICA
El Gobierno acordó con los aliados restituir los límites a la venta de tierras para blindar el DNU 70/23
El oficialismo acordó con sus aliados en la Cámara de Diputados la restitución de límites a la venta de tierras a extranjeros y logró dictaminar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en el recinto en la sesión del 21 de octubre. La decisión va en la misma dirección que el último fallo de la Corte Suprema, que mediante una cautelar interina, repuso temporalmente la vigencia de la ley de tierras que había sido derogada por el mega DNU 70/23.
El plenario de Legislación general y Asuntos Constitucionales tuvo lugar apenas 24 horas antes de la sesión convocada por la oposición para derogar el mega decreto desregulador que el presidente Milei firmó al inicio de su gestión. El objetivo de La Libertad Avanza fue facilitarle una salida elegante a los bloques aliados que rechazan la venta de tierras sin límites pero no desean derogar por completo el decreto que desreguló amplios sectores de la economía.
El mega decreto 70/23 eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advertían que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal.
“Los límites a la venta de tierra podría haber juntado cierto consenso, pero eliminar por completo el DNU 70 tendría un costo terrible por la incertidumbre que generaría”, explicó un referente de La Libertad Avanza.
El inicio de la reunión de comisión, el diputado de la UCR Diógenes Gonzáles propuso formalmente incluir en el dictamen dos nuevos artículos: el 38, que deja sin efecto al artículo 134 del DNU 70 (que derogaba la ley de tierras), y el 39, que restituye la vigencia de la ley 26.737.
La diputada peronista Paula Penacca, señaló el cambio de posición del oficialismo, que en el Senado impulsó la eliminación de los límites para la venta de tierras y ahora da marcha atrás: “Qué manotazo de ahogado que pegaron. Tuvieron que desempolvar una media sanción que venía del Senado. Me sorprende que los libertarios firme un dictamen que va en contra de lo que piensa el Presidente, porque le puso la firma al DNU 70. Van a reponer una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, presa por haber defendido los intereses de los argentinos. ¿Van a retroceder en chancletas?”.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto, incluye además restricciones para las expropiaciones (el Estado debe justificar de forma expresa y estricta la declaración de utilidad pública), modifica la forma de calcular el pago por expropiaciones (según valor de mercado y contemplando el lucro cesante), regula la restitución sumaria de inmuebles ocupados (72 horas si el dueño acredita con la documentación correspondiente) y contempla desalojos por falta de pago (el locador debe intimar al inquilino y darle 10 días para cancelar la deuda). En caso de ser aprobado con la reciente modificación por Diputados, el texto deberá volver al Senado para su aprobación definitiva.
La ley de tierras aprobada en diciembre de 2011, que quedó vigente tras el último fallo de la Corte, establece que una persona física o jurídica extranjera no puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, la misma nacionalidad no puede no puede concentrar más del 30% del cupo de tierras habilitado para extranjeros. También restringe la adquisición de tierras rurales con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Marcha Federal Universitaria: gremios, organizaciones sociales y partidos se movilizan contra el gobierno de Milei
La convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes, no docentes y rectores, sumó el respaldo de organizaciones sociales, gremios y distintos sectores políticos, que se movilizarán este jueves al Congreso mientras la oposición intentará abrir una sesión especial en Diputados para tratar una serie de proyectos que el oficialismo busca frenar.
El reclamo por la educación pública, una causa que reúne apoyos más allá de las diferencias partidarias, volverá a representar un desafío político para el gobierno de Javier Milei, que enfrenta cuestionamientos por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una nueva resolución judicial en su contra.
La movilización, que se prevé que será nuevamente multitudinaria, tendrá como escenario central la Plaza de los Dos Congresos, donde confluirán las columnas universitarias con sindicatos y organizaciones que también reclamarán el rechazo del DNU 70/2023, medidas para las familias endeudadas y respuestas a la situación de las personas con discapacidad.
La disputa por el financiamiento universitario sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando el juez federal Martín Cormick impuso una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir una medida cautelar que exige actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos destinados a las becas. La sanción se sumó a las resoluciones judiciales que obligan al Gobierno a aplicar una ley que Milei vetó y que el Congreso ratificó.
Quiénes se suman a la quinta Marcha Federal Universitaria
La movilización convocada por estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de universidades públicas contará además con la participación de la CGT, las dos CTA, ATE y organizaciones políticas y sociales. Entre ellas estarán el Movimiento Derecho al Futuro, que conduce Axel Kicillof; La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner; el Frente Renovador, de Sergio Massa; sectores de la Unión Cívica Radical no alineados con Milei; el Movimiento Evita, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
Las primeras concentraciones universitarias en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán a las 12.30 y la convocatoria principal será desde las 13 en Plaza Houssay. Las columnas marcharán hacia el Congreso, donde a las 16 está prevista la lectura de un documento conjunto. También habrá manifestaciones en distintas ciudades del país, entre ellas Córdoba, Rosario y San Nicolás.
El Movimiento Evita y la UTEP anunciaron que se concentrarán desde las 14 en la Plaza de los Dos Congresos para exigir el rechazo del DNU 70/2023 y acompañar los reclamos por el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.
Libres del Sur convocó desde las 13 para reclamar que el Congreso avance con medidas contra lo que considera “tasas de interés abusivas” y las “prácticas de cobranza ilegales”. Su dirigenta nacional, Silvia Saravia, también exigió el cumplimiento de la legislación universitaria y de discapacidad.
El SUTNA, por su parte, concentrará a las 13.30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, con reclamos en defensa de la educación pública y la industria nacional. ATE convocó a un paro de 24 horas y a movilizarse al Congreso, mientras el Gobierno confirmó que descontará el día a los empleados públicos nacionales que adhieran a la huelga.
La marcha coincidirá con el intento opositor de sesionar en Diputados
Mientras las organizaciones se concentren frente al Congreso, los bloques opositores intentarán reunir los 129 diputados necesarios para habilitar una sesión especial que incluye el rechazo del DNU 70/2023 y proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.
“En la Plaza de los Dos Congresos se va a expresar una agenda muy amplia de reclamos vinculada a la universidad, a las familias endeudadas, a la discapacidad, al DNU 70/23”, afirmó el secretario general de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro “Peluca” Gramajo.
En la Casa Rosada sostienen que la oposición todavía no cuenta con el quórum y trabajan con bloques aliados para impedir que comience el debate. La convocatoria de sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos coincidirá así con una negociación parlamentaria en la que el oficialismo busca evitar que avancen iniciativas contrarias a su agenda.
POLITICA
El Gobierno deberá pagar una multa de $100 mil diarios por el incumplimiento del financiamiento universitario – Nexofin
El juez federal Martín Cormick impuso sanciones económicas de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La medida responde al incumplimiento de la cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución exige actualizar los salarios del personal docente y no docente de las casas de altos estudios. Asimismo, el fallo obliga al Gobierno a garantizar los fondos para las becas estudiantiles.
Ante la falta de ejecución, Cormick hizo efectivo el apercibimiento y dispuso “la aplicación de astreintes diarias al funcionario”. El pedido fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional para presionar el pago.
Diego Santilli, jefe de Gabinete
La norma prevé una recomposición del 40,25% para compensar la inflación registrada hasta julio de 2025. Sin embargo, el magistrado consideró que las autoridades nacionales no acreditaron el cumplimiento total de las obligaciones requeridas.
La sanción judicial coincide con la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso. Los manifestantes reclamarán el jueves el cumplimiento de la ley durante la jornada de protestas en todo el país.
La entrada El Gobierno deberá pagar una multa de $100 mil diarios por el incumplimiento del financiamiento universitario se publicó primero en Nexofin.
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