A la espera de que el proyecto por Malvinas inicie su tratamiento en comisiones en la Cámara de Diputados, el Gobierno justifica la nueva normativa no en una cuestión de timing político, como le achaca la oposición. Dicen en la Casa Rosada que la ley vigente, la 26.659, sancionada por Cristina Kirchner en 2011, tiene “problemas serios en su aplicación” y que se necesita aggiornarla. Todo va encaminado a que el debate en Diputados comience el 30 de septiembre.

Fuentes oficiales aseguran que si la nueva iniciativa -llamada formalmente “de Defensa de la Soberanía Nacional”- se sanciona, tienen la voluntad de ir “con el cuchillo entre los dientes” contra las compañías que operen ilegalmente en el Atlántico, contra sus accionistas y sus proveedores.

Más allá de que la redacción se apuró después de la cadena nacional que montó Javier Milei el pasado 4 de septiembre, en el Gobierno afirman que ya cuentan con una serie de empresas en la mira para aplicarles el proceso de penalidades que contempla la nueva ley ni bien salga, si consigue apoyo parlamentario.

El texto remitido al Congreso, de 43 páginas, no solo baraja esas sanciones, sino que también aborda otros ejes que formarán parte de la discusión en el Congreso con las bancadas opositoras.

“Una vez que se sancione, la idea es ir con el cuchillo entre los dientes contra aquellas empresas que están explotando nuestros recursos, o proveyéndoles servicios, o contra sus accionistas. No son tantas, tenemos un universo más o menos visto; en principio no hemos detectado muchísimas”, afirma a una alta fuente del Gobierno respecto de cómo procederán en el caso de que la iniciativa anunciada por Milei logre aval del Congreso.

“La ley vigente tiene deficiencias técnicas, más allá de que es bien intencionada. Puede ser que haya existido un tema político de no utilizar esa ley, pero fundamentalmente tampoco se usó porque tiene problemas serios en su aplicación”, refiere la misma voz, para defender el proceso que inició la Casa Rosada y que es cuestionado por la oposición, que le achaca a Milei un sesgo electoralista y estar subido a los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la sede del Ejecutivo destacan, en primer término, que la ley no solo permitiría inhabilitar a las empresas, sino también aplicarles multas o ambas cosas. Pero sobre todo hacen énfasis en lo que decidieron llamar “el Régimen de Desistimiento y Regularización”, como principal diferencia con la legislación vigente.

“La ley actual establece una sanción de cinco a 20 años y así estamos expulsando a las empresas de la Argentina e incentivándolas a que sigan radicadas en terreno en disputa. Nosotros no necesitamos excluir, sino que vengan. La ley vigente pone mal los incentivos. El proyecto nuevo resuelve este problema, que es muy serio, y da la solución para que esas empresas que están en Malvinas se retiren de las islas, pero que también vengan acá”, explican en el Gobierno y añaden: “Desde que se las notifica hasta si son sancionadas se las incentiva a adherirse al régimen de desistimiento, que implica que hagan un compromiso, desistan de su acción, y que elijan una de estas dos opciones: o vienen a invertir o pagan una multa”.

En la Casa Rosada están convencidos de que el cambio en los incentivos hará el régimen “más aplicable” del que rige actualmente en el país. Según el texto del proyecto, los sujetos que desarrollen o hubieren desarrollado actividades alcanzadas por las prohibiciones podrán requerir, en cualquier momento del procedimiento o luego de dispuesta la sanción, su incorporación a este Régimen de Desistimiento y Regularización. Si es aceptado su ingreso, a la compañía se le suspenderán los sumarios administrativos en trámite, así como también los efectos de los actos administrativos sancionatorios.

Autoridad de aplicación

En el texto que entró al Congreso, la autoridad de aplicación de la ley no está especificada. Dice la iniciativa que será el Poder Ejecutivo quien la designe. A esta hora, todo va a que la autoridad de aplicación de esta ley, si sale, sea la Cancillería.

¿Cómo se pondría en marcha el procedimiento sancionatorio para una empresa que está en falta, si solo opera en Malvinas o si actúa tanto en terreno en disputa como en otras partes de la Argentina? De acuerdo a lo que detallan en la Casa Rosada, el proceso es así: a la compañía primero se le hace una notificación y se le da un plazo para que efectúe un descargo. Después, se habilita la producción de prueba y, de no ser convincente, se decide qué sanción o no corresponde aplicar, de acuerdo al grado de ilegalidad.

En el caso de las empresas proveedoras, que también quedan sujetas a las sanciones, desde el Gobierno aclaran: “Tienen que ser proveedores estratégicos para que las compañías que están en falta puedan llevar adelante esas conductas, no es que se va a aplicar contra los proveedores de resmas de papel, o de agua”.

En su contenido, la ley crea el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano a cargo del Presidente e integrado por el jefe de Gabinete; los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía; el jefe de la SIDE y el titular de la Secretaría de Legal y Técnica. Desde la Casa Rosada aseguran que este Consejo no implicará una nueva estructura para el Estado o lo que en la jerga se conoce como un “nuevo raviol”.

Además, refieren que la ausencia del Ministerio de Seguridad en ese Consejo es porque trabajará sobre “amenazas externas”; mientras que esa cartera -que hoy está a cargo de Alejandra Monteoliva- se encarga de la seguridad interior.

En el proyecto hay otro capítulo, vinculado a la “protección de la soberanía aeroespacial”, donde el Gobierno propone una secuencialidad respecto de potenciales derribos en la Argentina, para aeronaves o “vectores” que ingresen o sobrevuelen el espacio aéreo local de manera irregular. Esas normas regirán para todo el país y no solamente para el entorno Malvinas, refieren fuentes oficiales.

Para defender este apartado, que no fue anunciado en el plan original, fuentes de la Casa Rosada alegan: “Al régimen de derribos [Mauricio] Macri lo hizo por decreto. Nosotros lo proponemos por ley y con una regulación muy precisa, entendiendo el derribo como el último ratio”.

El Gobierno argentino presentó este martes una nota formal de protesta en la embajada de Reino Unido luego de que la administración británica decidiera extender las licencias petroleras offshore por cinco años. La medida fue anunciada por el canciller Pablo Quirno.

En un comunicado, la Cancillería acusó la medida de un “acto ilícito” y advirtió que las empresas que continúen con la explotación petrolera en la plataforma continental argentina sufrirán las sanciones correspondientes.

“Se presentó una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la que se expresa el enérgico rechazo del Gobierno argentino ante el reciente anuncio formulado por las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas respecto de la pretendida extensión de ‘licencias’ de producción de hidrocarburos offshore, así como de la pretendida aprobación para la adquisición de participaciones por parte de la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited en la licencia PL0001″, expresó en el comunicado.

El anuncio del gobierno de Malvinas, con aprobación del Reino Unido, no precisó la cantidad de empresas beneficiadas. Sin embargo, aquellas de principal interés para el gobierno argentino son las involucradas en el proyecto Sea Lion: la británica Rockhooper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, las que serán las más beneficiadas por la medida.

“La República Argentina reafirma categóricamente que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina”, sostuvo la cartera.

La Cancillería recordó que toda actividad hidrocarburífera sobre la plataforma continental argentina que no cuente con la expresa autorización de las autoridades argentinas constituye “un acto ilícito tanto para el derecho internacional como para el derecho argentino”.

“La República Argentina no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna otra autoridad que no sea la propia para establecer las condiciones que hagan posibles las actividades referidas a hidrocarburos en la plataforma continental argentina”, remarcó.

Además, reiteró que usará “todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales a su alcance” para “defender sus derechos soberanos y asegurar que quienes pretendan explotar de manera ilegal nuestros recursos naturales respondan ante la ley”.

Y advirtió de las sanciones: “Quienes intervengan directa o indirectamente en estas actividades ilegales quedan expuestos a las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes”.

La extensión de las licencias petroleras se conoció casi una semana después de que Reino Unido publicara una guía de respaldo a las empresas que operan en el archipiélago y tres días después de que la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, calificara de “inaceptables” los procedimientos argentinos contra esas compañías.

La extensión de licencias petroleras

El gobierno de las islas Malvinas anunció la prórroga de todas las licencias de producción de hidrocarburos en alta mar vigentes el pasado lunes a través de un comunicado en su sitio web. Allí detallaron que las licencias, que actualmente se encuentran en fase de exploración, se extenderán por un período inicial de cinco años, con la opción de dos años adicionales a discreción del gobierno local.

También aprobó la adquisición por parte de Navitas de una participación del 65% en la zona de licencia PL001, el bloque adyacente al campo Sea Lion en la cuenca norte de Malvinas.

La diputada Cheryl Roberts, responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales, declaró que las prórrogas “brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles seguir invirtiendo y desarrollando sus terrenos”.

“Estos son nuestros recursos para desarrollar, y nos aseguraremos de que se desarrollen de manera responsable, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en materia de normas ambientales y de seguridad, con el fin de generar beneficios a largo plazo para las generaciones presentes y futuras de los habitantes de las Islas Malvinas”, sostuvo.