A la espera de que el proyecto por Malvinas inicie su tratamiento en comisiones en la Cámara de Diputados, el Gobierno justifica la nueva normativa no en una cuestión de timing político, como le achaca la oposición. Dicen en la Casa Rosada que la ley vigente, la 26.659, sancionada por Cristina Kirchner en 2011, tiene “problemas serios en su aplicación” y que se necesita aggiornarla. Todo va encaminado a que el debate en Diputados comience el 30 de septiembre.

Fuentes oficiales aseguran que si la nueva iniciativa -llamada formalmente “de Defensa de la Soberanía Nacional”- se sanciona, tienen la voluntad de ir “con el cuchillo entre los dientes” contra las compañías que operen ilegalmente en el Atlántico, contra sus accionistas y sus proveedores.

Más allá de que la redacción se apuró después de la cadena nacional que montó Javier Milei el pasado 4 de septiembre, en el Gobierno afirman que ya cuentan con una serie de empresas en la mira para aplicarles el proceso de penalidades que contempla la nueva ley ni bien salga, si consigue apoyo parlamentario.

El texto remitido al Congreso, de 43 páginas, no solo baraja esas sanciones, sino que también aborda otros ejes que formarán parte de la discusión en el Congreso con las bancadas opositoras.

“Una vez que se sancione, la idea es ir con el cuchillo entre los dientes contra aquellas empresas que están explotando nuestros recursos, o proveyéndoles servicios, o contra sus accionistas. No son tantas, tenemos un universo más o menos visto; en principio no hemos detectado muchísimas”, afirma a una alta fuente del Gobierno respecto de cómo procederán en el caso de que la iniciativa anunciada por Milei logre aval del Congreso.

“La ley vigente tiene deficiencias técnicas, más allá de que es bien intencionada. Puede ser que haya existido un tema político de no utilizar esa ley, pero fundamentalmente tampoco se usó porque tiene problemas serios en su aplicación”, refiere la misma voz, para defender el proceso que inició la Casa Rosada y que es cuestionado por la oposición, que le achaca a Milei un sesgo electoralista y estar subido a los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la sede del Ejecutivo destacan, en primer término, que la ley no solo permitiría inhabilitar a las empresas, sino también aplicarles multas o ambas cosas. Pero sobre todo hacen énfasis en lo que decidieron llamar “el Régimen de Desistimiento y Regularización”, como principal diferencia con la legislación vigente.

“La ley actual establece una sanción de cinco a 20 años y así estamos expulsando a las empresas de la Argentina e incentivándolas a que sigan radicadas en terreno en disputa. Nosotros no necesitamos excluir, sino que vengan. La ley vigente pone mal los incentivos. El proyecto nuevo resuelve este problema, que es muy serio, y da la solución para que esas empresas que están en Malvinas se retiren de las islas, pero que también vengan acá”, explican en el Gobierno y añaden: “Desde que se las notifica hasta si son sancionadas se las incentiva a adherirse al régimen de desistimiento, que implica que hagan un compromiso, desistan de su acción, y que elijan una de estas dos opciones: o vienen a invertir o pagan una multa”.

En la Casa Rosada están convencidos de que el cambio en los incentivos hará el régimen “más aplicable” del que rige actualmente en el país. Según el texto del proyecto, los sujetos que desarrollen o hubieren desarrollado actividades alcanzadas por las prohibiciones podrán requerir, en cualquier momento del procedimiento o luego de dispuesta la sanción, su incorporación a este Régimen de Desistimiento y Regularización. Si es aceptado su ingreso, a la compañía se le suspenderán los sumarios administrativos en trámite, así como también los efectos de los actos administrativos sancionatorios.

Autoridad de aplicación

En el texto que entró al Congreso, la autoridad de aplicación de la ley no está especificada. Dice la iniciativa que será el Poder Ejecutivo quien la designe. A esta hora, todo va a que la autoridad de aplicación de esta ley, si sale, sea la Cancillería.

¿Cómo se pondría en marcha el procedimiento sancionatorio para una empresa que está en falta, si solo opera en Malvinas o si actúa tanto en terreno en disputa como en otras partes de la Argentina? De acuerdo a lo que detallan en la Casa Rosada, el proceso es así: a la compañía primero se le hace una notificación y se le da un plazo para que efectúe un descargo. Después, se habilita la producción de prueba y, de no ser convincente, se decide qué sanción o no corresponde aplicar, de acuerdo al grado de ilegalidad.

En el caso de las empresas proveedoras, que también quedan sujetas a las sanciones, desde el Gobierno aclaran: “Tienen que ser proveedores estratégicos para que las compañías que están en falta puedan llevar adelante esas conductas, no es que se va a aplicar contra los proveedores de resmas de papel, o de agua”.

En su contenido, la ley crea el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano a cargo del Presidente e integrado por el jefe de Gabinete; los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía; el jefe de la SIDE y el titular de la Secretaría de Legal y Técnica. Desde la Casa Rosada aseguran que este Consejo no implicará una nueva estructura para el Estado o lo que en la jerga se conoce como un “nuevo raviol”.

Además, refieren que la ausencia del Ministerio de Seguridad en ese Consejo es porque trabajará sobre “amenazas externas”; mientras que esa cartera -que hoy está a cargo de Alejandra Monteoliva- se encarga de la seguridad interior.

En el proyecto hay otro capítulo, vinculado a la “protección de la soberanía aeroespacial”, donde el Gobierno propone una secuencialidad respecto de potenciales derribos en la Argentina, para aeronaves o “vectores” que ingresen o sobrevuelen el espacio aéreo local de manera irregular. Esas normas regirán para todo el país y no solamente para el entorno Malvinas, refieren fuentes oficiales.

Para defender este apartado, que no fue anunciado en el plan original, fuentes de la Casa Rosada alegan: “Al régimen de derribos [Mauricio] Macri lo hizo por decreto. Nosotros lo proponemos por ley y con una regulación muy precisa, entendiendo el derribo como el último ratio”.