El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este jueves, retomando la racha que inició el miércoles luego de un martes sin participación en el mercado, lo que había encendido luces de alerta en parte del mercado.

Sin embargo, este jueves la autoridad monetaria adquirió u$s117 millones, un valor considerablemente más alto que el del miércoles (fueron u$s36 millones).

Las reservas del Banco Central, de todas formas, presentaron una leve merma y cerraron en u$s49.001 millones, u$s199 millones por debajo de la rueda previa. 

El dólar volvió a caer y se alejó del techo de la banda cambiaria

En tanto, el dólar oficial volvió a bajar este miércoles y cerró en $1.488 para la venta en el mercado mayorista, su nivel más bajo en más de una semana. Con esta cotización, el tipo de cambio quedó 23,9% por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado para la jornada en $1.843,63.

La rueda estuvo marcada por un importante volumen de operaciones y por la expectativa del mercado respecto de la licitación del Tesoro y la estrategia oficial para sostener la estabilidad cambiaria.

En el segmento de contado se negociaron más de u$s539,5 millones, mientras operadores del mercado señalaron que, por el momento, el Gobierno mantiene el control sobre la dinámica cambiaria.

Según Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, el tipo de cambio mayorista comenzó a mostrar una mayor estabilidad luego de la volatilidad observada la semana pasada.

«En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó $1, contra una suba de $5 registrada en el mismo período de la semana anterior«, explicó.

Los contratos de dólar futuro también reflejaron un escenario de menor presión cambiaria.

Las posiciones para 2026 registraron bajas de hasta 0,6%, mientras que el volumen negociado alcanzó los u$s1.680 millones. Las cotizaciones implícitas del mercado proyectan:

• Julio 2026: dólar mayorista en torno a $1.488.
• Diciembre 2026: alrededor de $1.631.

En el mercado minorista, dólar en el Banco Nación se ubicó en $1.510 para la venta. Mientras el oficial retrocedió, el comportamiento fue diferente en el mercado informal. El dólar blue cerró en $1.565 para la venta, luego de alcanzar un máximo intradiario de $1.570.

Con esa cotización, el paralelo acumula un incremento de $50 durante julio, equivalente a una suba del 3,3%. De esta manera, continúa siendo la segunda cotización más alta del mercado, solo por detrás del dólar contado con liquidación (CCL).

El precio del dólar, en la mira de la City

Este escenario ocurre luego que la semana pasada el vocero presidencial, Adrián Ravier, indicó que es «una posibilidad» que el precio del dólar mayorista pueda llegar a los $1.800 en los próximos meses, algo que generó ruido en la City, por considerar imprudente que desde el Gobierno se barajen posibles cotizaciones que condicionen al mercado.

Hoy el precio de dólar mayorista ronda los $1.500, por lo que estas palabras oficiales indican que el tipo de cambio podría avanzar 20% en los próximos meses.

«Con declaraciones como esas es obvio que ahora suba el precio del dólar. La verdad, no me parece prudente ese tipo de menciones, sobre todo viniendo de un funcionario de alto nivel. Puede tener consecuencias en el corto plazo, alimentando la demanda y disminuyendo la oferta. No creo que nadie pueda definir con relativa certeza lo que puede pasar a fin de año, Argentina es un país muy volátil en esa materia y es difícil hacer anticipos», había indicado Quintana en ese momento.

En ello coincidió Jorge Colina, economista de IDESA, al sentenciar: «El Gobierno no tiene que fijar, ni tampoco predecir, al precio del dólar, sino que tiene que salir por completo del cepo cambiario y dejar que el mercado determine el tipo de cambio. Esa es la solución de fondo».

Más allá de eso, para el mercado es contradictorio que, por un lado, el vocero presidencial busque convalidar un tipo de cambio más alto, mientras que, por otra parte, el Banco Central interviene con ventas en los futuros y con bonos dólar linked para que el billete mayorista no supere los $1.500.

En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el BCRA a inicios de julio, en la que encuestó a 44 economistas nacionales, se pronosticó un tipo de cambio nominal de $1.673 para diciembre que viene, lo que arroja una variación interanual esperada de 15,5%.

Una cifra similar fue prevista días atrás por el informe mundial FocusEconomics, construido en las estimaciones de 45 economistas de bancos y consultoras nacionales y mundiales de inversión, en el que develan qué cotización esperan para el tipo de cambio mayorista es de $1.659 para fin de año.

Dejar la casa de los padres ya no depende únicamente de una decisión personal. Para una parte importante de los jóvenes argentinos, la posibilidad de independizarse quedó condicionada por una ecuación económica que cada año resulta más difícil de resolver: el costo de sostener un hogar crece a un ritmo muy superior al de los ingresos.

Ese escenario quedó reflejado en un estudio del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), que reveló que el 44% de los jóvenes argentinos todavía vive con sus padres, un porcentaje que muestra cómo la emancipación dejó de ser un paso natural hacia la adultez para convertirse, cada vez más, en una meta difícil de alcanzar.

En diálogo con Infobae a la Tarde, el investigador especializado en movilidad, vivienda y urbanismo de la Fundación Tejido Urbano, Matías Araujo, explicó que hoy una persona necesita $1.321.651 mensuales para vivir sola, mientras que el salario promedio de los jóvenes ronda los $900.000. Esa diferencia, sostuvo, explica buena parte del fenómeno y obliga a muchos a permanecer en el hogar familiar, aun cuando desean independizarse.

Según detalló, los jóvenes que efectivamente lograron dar ese paso perciben, en promedio, ingresos de entre $1,4 y $1,6 millones, mientras que quienes continúan viviendo con sus padres suelen ubicarse entre los $600.000 y $750.000. La distancia entre ambos grupos deja en evidencia que el problema ya no pasa únicamente por conseguir trabajo, sino por alcanzar un nivel de ingresos que permita afrontar el alquiler, los servicios y el resto de los gastos cotidianos.

Araujo señaló que la dificultad para emanciparse responde a una combinación de factores. El primero es el deterioro del mercado laboral, que demora el acceso a empleos estables y mejor remunerados. El segundo es la prolongación de las trayectorias educativas, que retrasa el ingreso pleno al mercado de trabajo. Y el tercero es el cambio en los proyectos familiares, que llevó a postergar decisiones como formar pareja, tener hijos o comprar una vivienda.

En ese sentido, sostuvo que el mercado laboral “se corrió aproximadamente diez años”. Mientras que hace dos décadas era habitual acceder a un primer empleo formal alrededor de los 20 años, hoy muchos profesionales recién consiguen posiciones iniciales —como puestos junior o de analista— entre los 28 y los 31 años.

Ese retraso tiene consecuencias que trascienden lo laboral. Incluso quienes logran independizarse deben destinar una parte muy importante de sus ingresos al alquiler. En muchos casos, explicó el investigador, ese gasto representa hasta el 60% del salario, una proporción que prácticamente elimina cualquier posibilidad de ahorro y vuelve muy difícil proyectar la compra de una vivienda propia.

La informalidad constituye otro de los principales obstáculos. Actualmente, alrededor del 36% de los jóvenes trabaja sin registrar, una situación que limita el acceso al crédito, dificulta la firma de contratos de alquiler y reduce la previsibilidad económica necesaria para sostener un hogar.

En ese contexto, también se modificaron los tiempos en que los jóvenes alcanzan distintos hitos de la vida adulta. Si hace dos décadas la edad promedio de emancipación se ubicaba entre los 24 y los 25 años, hoy ronda los 27,5 años, mientras que la posibilidad de acceder a una vivienda propia pasó de proyectarse alrededor de los 35 años a ubicarse, en muchos casos, entre los 40 y los 44.

Las diferencias territoriales también muestran que el fenómeno no responde a una única realidad. Araujo explicó que en la Ciudad de Buenos Aires apenas uno de cada cuatro jóvenes logra independizarse, mientras que en varias provincias del norte los porcentajes son considerablemente más altos. Sin embargo, aclaró que esa mayor emancipación no necesariamente implica mejores condiciones económicas. En muchos casos responde a dinámicas familiares distintas o a contextos donde los jóvenes forman hogares propios antes, aunque con mayores niveles de vulnerabilidad. En otros, ocurre exactamente lo contrario: permanecen en la vivienda familiar porque su aporte resulta indispensable para sostener la economía del hogar.

Más allá de las estadísticas, el investigador advirtió que el retraso en la emancipación también tiene un fuerte impacto sobre las expectativas de una generación que ve cómo objetivos históricamente asociados al progreso —como conseguir un empleo estable, alquilar una vivienda o acceder a una casa propia— se vuelven cada vez más difíciles de concretar. Esa sensación, explicó, alimenta la frustración y la comparación permanente con generaciones anteriores, que atravesaron la transición hacia la vida adulta en un contexto muy diferente.

En ese sentido, remarcó que los jóvenes de hoy enfrentan una realidad estructural distinta, marcada por una mayor informalidad laboral y un acceso mucho más complejo a la vivienda. Por eso, consideró que las trayectorias de ambas generaciones no son comparables: mientras antes el trabajo formal y la posibilidad de comprar una casa constituían un horizonte alcanzable para buena parte de la población, hoy esos objetivos aparecen mucho más lejanos para quienes recién comienzan su vida laboral.

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El programa fiscal argentino entró en un terreno distinto. Luego de dos años seguidos de superávit, la caída de la recaudación asociada, entre otros factores, a la debilidad de la actividad económica empieza a reducir el margen del Gobierno, aun cuando el gasto permanece contenido.

Ese es el diagnóstico de Barclays en su último informe sobre las cuentas públicas de América Latina. El banco proyecta que el superávit primario argentino se reducirá cerca de 0,4 puntos porcentuales del PBI durante 2026 y se ubicará alrededor de 1% del producto.

La cifra representa un deterioro frente al 1,4% registrado en 2025 y el 1,7% alcanzado en 2024. Sin embargo, la institución británica considera que el resultado es «decente» y positivo en términos históricos, por lo que lo considera suficiente para mantener la deuda pública «ampliamente estable».

La tabla de proyecciones del informe coloca el superávit primario de 2026 en 1,1% del PBI y el de 2027 en 1%. En ambos años, el resultado financiero total, después del pago de intereses, se mantendría apenas positivo, en torno al 0,1% del producto.

La advertencia del banco está en el origen del deterioro: el problema no es una expansión significativa del gasto público, sino una recaudación que pierde fuerza por la debilidad de los sectores no primarios de la economía y por «la reducción de algunas alícuotas impositivas». Una decisión que el Gobierno tomó.

La recaudación se convierte en el nuevo límite

Durante el primer semestre, el superávit primario acumuló 0,6% del PBI, unos 0,3 puntos porcentuales menos que en el mismo período de 2025.

Barclays atribuye este retroceso principalmente al desempeño de los ingresos públicos. La recaudación real se contrajo 7% entre enero y junio, con caídas tanto en los impuestos vinculados con la actividad doméstica como en aquellos relacionados con el comercio exterior.

Las principales caídas registradas fueron:

• El IVA retrocedió 8%
• Los aportes y contribuciones a la seguridad social disminuyeron 4%
• Los derechos de exportación registraron una caída de 41%
• Los impuestos a las importaciones bajaron 19%

La magnitud de estas cifras muestra que el ajuste fiscal ingresa en una etapa más exigente. En la primera fase, el equilibrio de las cuentas públicas se consiguió principalmente mediante una fuerte reducción del gasto. Ahora, sostener el resultado depende cada vez más de que la economía genere una base imponible capaz de recomponer los ingresos.

Barclays identifica precisamente esa dinámica como el principal riesgo para el programa. La debilidad de la actividad no primaria ya comienza a afectar una de las principales fortalezas del esquema económico: la consolidación fiscal, dice el banco.

El gasto sigue contenido

Del lado del gasto, el informe no identifica todavía un cambio significativo de tendencia. En junio, el gasto primario creció 3% interanual en términos reales. Sin embargo, cuando se considera el conjunto del primer semestre, acumuló una contracción del 2%.

Esto implica que el deterioro del resultado fiscal no responde, por el momento, a una reapertura generalizada del gasto, sino a que los ingresos caen más rápido que las erogaciones.

La diferencia es relevante para el mercado. Una reducción del superávit causada por mayor gasto podría ser interpretada como un cambio en la política fiscal. En cambio, una caída vinculada con menor recaudación muestra que el programa mantiene la disciplina presupuestaria, pero enfrenta los límites de una economía con bajo dinamismo fuera de los sectores primarios.

El riesgo es que ese cuadro se prolongue. Si la recaudación sigue contrayéndose, el Gobierno deberá optar entre aplicar nuevos recortes, aceptar un superávit menor o esperar que una recuperación de la actividad recomponga los ingresos.

El riesgo económico se convierte en un riesgo político

Barclays señala que el principal riesgo para el programa es la debilidad de la actividad no primaria y sus consecuencias políticas.

La advertencia conecta dos dimensiones. Una economía débil reduce la recaudación y achica el superávit, pero también puede aumentar las demandas de reducción de impuestos, recomposición del gasto o asistencia a los sectores más afectados.

El Gobierno enfrenta así una tensión cada vez más visible: necesita sostener el ancla fiscal, pero la propia debilidad de la economía erosiona los ingresos que permiten mantenerla.

Hasta ahora, el gasto permanece contenido y el resultado es positivo. El escenario base de Barclays no contempla una pérdida del equilibrio fiscal ni un aumento de la deuda. Por el contrario, proyecta superávit financiero y una reducción del ratio de endeudamiento durante los próximos dos años.

La señal de alerta está en el margen. El superávit se achica, la recaudación cae y el ajuste comienza a depender más de la recuperación económica.

Según señaló, la caída del superávit primario en la comparación de los últimos doce meses respondió «a una combinación de una recaudación muy débil y un aumento estacional del gasto, impulsado por el pago del aguinaldo, las jubilaciones y los subsidios energéticos«, cuyo impacto depende del momento en que se efectivizan los desembolsos.

La economista agregó que también comenzó a sentirse el efecto de las decisiones del propio Gobierno de reducir la presión tributaria, «mediante la baja o eliminación de retenciones, la reducción de derechos de importación y otros impuestos».

De cara a los próximos meses, Castiglione sostuvo que la evolución de la recaudación dependerá, principalmente, «del desempeño de los impuestos vinculados al nivel de actividad».

«No creo que el Gobierno incumpla la meta fiscal», afirmó, aunque advirtió que el superávit podría ubicarse «cerca del 1% o incluso algo menos». En ese sentido, remarcó que también habrá que considerar el aporte de las privatizaciones y de otros ingresos extraordinarios durante el segundo semestre.

Aun así, enfatizó que el equilibrio fiscal es el eje de la política económica. «La lógica del Gobierno para armar el presupuesto y para el funcionamiento del Estado es el equilibrio fiscal. De hecho, está sancionado por ley. El punto de partida es el equilibrio fiscal», ratificó.

Por eso, consideró que si los ingresos resultaran insuficientes, el Gobierno recurrirá a nuevos recortes de gasto antes que resignar la meta fiscal. «Siempre hay partidas que se pueden recortar. No es lo ideal, pero no veo un problema en que el Gobierno no cumpla con el equilibrio fiscal», sostuvo.

Finalmente, Castiglione señaló que su principal preocupación no pasa por el frente fiscal, sino por la recuperación de la actividad económica. En particular, indicó que será clave observar cómo evolucionan los sectores que todavía muestran menor dinamismo, tanto por su impacto sobre las expectativas como por su incidencia futura en la recaudación.

Además, advirtió que las comparaciones interanuales del primer semestre deben analizarse con cautela, ya que en la segunda mitad del año pasado la actividad ya se había desacelerado y eso afectó la base de comparación.

Qué dicen los analistas sobre el margen político del ajuste

En tanto, Federico Vaccarezza, analista económico y profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, advirtió que es habitual que los procesos de ajuste fiscal prolongados terminen por afectar la recaudación.

«Es normal que los ciclos de ajuste, cuando se prolongan demasiado, comiencen a erosionar la recaudación», señaló.

Para el economista, frente a ese escenario solo existen dos alternativas: reactivar el consumo y la producción o profundizar el ajuste. «Hay dos salidas: o bien se reactiva el consumo y la producción o se ajusta más», sintetizó.

Sin embargo, Vaccarezza remarcó que el margen político para «extender el ajuste» no es el mismo que al comienzo de una gestión. «Una cosa es ajustar cuando se tienen cuatro años por delante y otra es profundizar el ajuste, con tres años de ajuste que recayeron sobre la actividad doméstica y cuando ya se entra en tiempo de descuento para unas elecciones presidenciales», afirmó.

En ese sentido, sostuvo que los costos políticos empiezan a ganar relevancia. «Hay un umbral de opinión pública que, una vez que se cruza, es difícil retornar», advirtió.

Además, planteó que el objetivo de un programa de estabilización no puede limitarse al ajuste permanente. «Un plan de estabilización tiene por finalidad estabilizar y reactivar. No se puede convertir un plan de estabilización en un plan de ajuste permanente sin pagar las consecuencias políticas», aseguró.

Consultado sobre si el Gobierno todavía tiene margen para seguir recortando el gasto, Vaccarezza respondió: «Puede seguir ajustando, sí. ¿Va a tener consecuencias? Claramente que sí.»