La morosidad en créditos otorgados por comercios y empresas no bancarias pegó un salto preocupante en los últimos seis meses. El sector de proveedores no financieros de crédito (PNFC) incluye casas de electrodomésticos, cadenas de retail, supermercados y empresas de venta directa que financian compras con tarjetas propias o préstamos personales.

El segmento de venta de electrodomésticos alcanzó un récord de 44,3% de préstamos irregulares en febrero de 2026. Este valor se ubicó 15,3 puntos porcentuales por encima del registro de agosto de 2025.

La cartera total de los PNFC registró una irregularidad del 26,9% en febrero de 2026. Esto representa un incremento de 9,7 puntos porcentuales respecto a agosto de 2025.

Si se compara con febrero de 2025, el aumento asciende a 17,4 puntos porcentuales desde mínimos históricos. El deterioro se aceleró en el último semestre.

Préstamos personales y tarjetas: dos frentes con mora creciente

El análisis por tipo de asistencia muestra una tendencia similar en préstamos personales y en el uso de tarjetas de crédito. Los primeros exhibieron una suba de 12,7 puntos porcentuales entre agosto de 2025 y febrero de 2026.

El nivel de irregularidad de los préstamos personales alcanzó el 34,1% en febrero de 2026. Esta cifra refleja el deterioro del poder adquisitivo de las familias argentinas.

Las tarjetas de crédito presentaron un incremento de 7,4 puntos porcentuales en ese período. Su nivel de morosidad cerró en 19,4% a febrero de 2026.

Este fenómeno también impactó al sistema financiero en general. La irregularidad de los préstamos a familias subió de 6,6% a 11,2% en los últimos seis meses relevados.

Los préstamos personales del sistema bancario cerraron en 13,8%. La diferencia con los PNFC evidencia el mayor riesgo crediticio del sector no bancario.

Qué pasa en cada segmento de proveedores no financieros

Entre los distintos grupos de PNFC, casi todos mostraron aumentos en las tasas de irregularidad. La única excepción fue el segmento de Leasing & Factoring, que opera con un enfoque orientado a personas jurídicas y préstamos garantizados.

El grupo de otras emisoras de tarjetas de crédito reportó un nivel de morosidad del 20,7% en febrero de 2026. Registró una suba de 8,4 puntos porcentuales desde agosto de 2025.

El sector Fintech se ubicó en 26,2%. Acumuló un incremento de 6,6 puntos porcentuales en el mismo lapso.

La categoría identificada como Resto está compuesta por empresas sin una característica específica y con baja incidencia en el mercado. Registró un nivel de irregularidad del 58,4%, con un salto de 20,3 puntos porcentuales.

El segmento de venta de electrodomésticos se destacó como uno de los más afectados. Su tasa de préstamos en mora superó ampliamente al promedio del resto del sector.

El drama detrás de los números: 5,3 millones de argentinos en problemas

Según un informe de la consultora 1816, en base a datos de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU), la morosidad en los créditos otorgados a familias por entidades no financieras volvió a incrementarse en abril. El índice de irregularidad alcanzó el 31,5% en abril, frente al 30,7% registrado en marzo.

Las financiaciones de entidades no financieras a familias representan cerca del 17% del total de préstamos a familias. Este cálculo considera tanto entidades financieras como no financieras.

Ya hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular. Se considera irregular un préstamo impago hace al menos 90 días, sea con entidades financieras o no financieras.

El universo total de personas con préstamos alcanza los 20 millones. Esto significa que el 26,7% de la gente que tiene algún crédito en el sistema tiene un préstamo en situación irregular.

Puede ser con bancos, billeteras o cualquier otra entidad, financiera o no financiera. El porcentaje refleja la magnitud del problema de endeudamiento de las familias argentinas.

La zona gris: créditos con seguimiento especial que preocupan

Dentro de la cartera de los PNFC existe una porción en situación intermedia. Se denomina «con seguimiento especial» y corresponde a créditos con entre 30 y 90 días de mora.

Si bien estos todavía no se clasifican formalmente como irregulares, presentan un riesgo de incobrabilidad mayor. Son préstamos que podrían convertirse en mora definitiva en los próximos meses.

Este segmento representó en febrero de 2026 el 5,9% de la cartera total. Mostró un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto a agosto de 2025.

Frente a febrero de 2025, el incremento fue de 0,9 puntos porcentuales. La tendencia sugiere que más créditos están entrando en zona de riesgo.

El análisis de los saldos reales según la situación muestra que, durante los últimos seis meses, se registró por primera vez desde principios de 2024 una contracción en los saldos en situación regular, fenómeno que se intensificó en los últimos tres meses, donde únicamente el saldo irregular evidenció un crecimiento.

Este dato confirma que el deterioro no es solo nominal. Hay menos créditos al día y más créditos en mora, lo que agrava la situación del sector no financiero y anticipa mayor cautela en el otorgamiento de nuevos préstamos.

Contratar una niñera o una cuidadora de adultos mayores se volvió uno de los gastos más importantes para muchas familias argentinas. Aunque existe una escala salarial oficial para el personal de casas particulares, la realidad muestra que los valores efectivamente abonados suelen ubicarse bastante por encima de esos mínimos.

Según la escala vigente para junio de 2026, las trabajadoras encuadradas en la categoría «Asistencia y cuidado de personas» deben cobrar un mínimo de $3.862 por hora con retiro y $4.295 por hora sin retiro. En caso de jornada mensualizada, los salarios mínimos ascienden a $488.326 y $541.255 respectivamente.

Sin embargo, esos montos funcionan únicamente como piso legal. En el mercado privado, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, las familias pagan cifras considerablemente superiores para conseguir personal con experiencia, referencias y disponibilidad horaria.

Cuánto cobra realmente una niñera

Diversos relevamientos de mercado y testimonios de empleadores y trabajadoras muestran que las tarifas reales se ubican actualmente entre $6.000 y $10.000 por hora para el cuidado de niños. En foros especializados y comunidades laborales, los valores más frecuentes para una niñera con experiencia oscilan entre $7.000 y $8.000 por hora, mientras que quienes cuidan bebés, trabajan horarios nocturnos o realizan tareas adicionales pueden superar los $10.000 por hora.

La diferencia respecto de la escala oficial responde a varios factores. Por un lado, muchas familias buscan personal con capacitación en primera infancia, conocimientos de primeros auxilios o experiencia comprobable. Por otro, la oferta de trabajadoras calificadas sigue siendo limitada frente a una demanda creciente.

Incluso plataformas especializadas en contratación de niñeras muestran valores promedio superiores a los mínimos legales. Según datos relevados por Babysits y difundidos recientemente, la tarifa promedio en Argentina ronda los $4.150 por hora, aunque en Buenos Aires asciende a casi $4.731 y en algunas provincias supera los $5.000.

Cuidadoras de adultos mayores: un mercado cada vez más demandado

El envejecimiento de la población y las dificultades económicas para afrontar residencias geriátricas impulsaron la demanda de cuidadoras domiciliarias. Las escalas oficiales son las mismas que para las niñeras, ya que ambas actividades están incluidas dentro de la categoría «Asistencia y cuidado de personas». Sin embargo, los valores de mercado suelen ser superiores cuando el trabajo implica administrar medicación, asistir en la higiene personal, acompañar turnos médicos o realizar guardias nocturnas.

Distintos relevamientos privados ubican el costo de una cuidadora particular entre $5.000 y $7.000 por hora para tareas de acompañamiento general, mientras que los servicios más complejos pueden superar ampliamente esos montos.

Testimonios recientes de trabajadores del sector en la Ciudad de Buenos Aires indican que las guardias hospitalarias nocturnas suelen cobrarse entre $7.000 y $10.000 por hora, especialmente cuando se realizan en horarios poco habituales o durante feriados.

Por qué se paga más que el mínimo

Especialistas del mercado laboral explican que las escalas oficiales quedaron rezagadas respecto de la evolución del costo de vida. Como consecuencia, muchas contrataciones terminan pactándose por encima de los valores fijados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Entre los factores que más influyen en el precio figuran:

• Experiencia y referencias comprobables.
• Cuidado de bebés o personas con movilidad reducida.
• Turnos nocturnos.
• Trabajo en fines de semana o feriados.
• Capacitación en primeros auxilios.
• Tareas complementarias como cocina o limpieza.

Quienes necesitan contratar una niñera o una cuidadora para adultos mayores suelen recurrir a agencias especializadas porque realizan la búsqueda, evaluación y selección previa del personal. Estas empresas verifican antecedentes, referencias laborales, experiencia y, en muchos casos, ofrecen reemplazos si la persona contratada no se adapta a las necesidades de la familia.

Entre las opciones más reconocidas del mercado se encuentran Agencia Enrique, SELECTA SELECMADE «Personal Doméstico», Edna Personal Household Agency, Seniorcare Argentina y Canguros Niñeras, que ofrecen servicios de reclutamiento y provisión de personal para tareas de cuidado en el hogar.

Otra alternativa es contratar a través de consultoras especializadas como ImagoToi, que además de seleccionar personal brindan capacitación y seguimiento de las cuidadoras y niñeras. Según destacan las propias empresas del sector, la tendencia es que las familias prioricen perfiles con formación específica, referencias comprobables y experiencia en primeros auxilios o asistencia a personas dependientes.

Al momento de contratar, los especialistas recomiendan solicitar entrevistas personales, verificar referencias recientes y definir claramente horarios, tareas y responsabilidades antes de la incorporación. Esto ayuda a reducir la rotación y garantiza una mejor adaptación tanto para los niños como para los adultos mayores que recibirán el cuidado.

El gobierno de Javier Milei modificó de forma significativa el régimen técnico para la comercialización y la importación de pilas y baterías primarias, con una reforma que elimina trámites previos, reconoce certificaciones extranjeras y digitaliza los procedimientos.

El cambio fue oficializado por la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Coordinación de Producción a través de la Resolución Conjunta 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en la política de simplificación y modernización administrativa impulsada por la administración libertaria.

De acuerdo a la visión oficial, la iniciativa responde a una demanda de fabricantes, importadores y usuarios frente a la complejidad y el costo asociado al régimen anterior, que requería certificaciones locales incluso para productos ya validados internacionalmente. El nuevo marco normativo reglamenta los cambios introducidos por el Decreto 431/2025 a la Ley de Energía Eléctrica Portátil N.º 26.184.

El objetivo central de la reforma es reducir las cargas administrativas y modernizar los mecanismos de control. Según detallaron las autoridades, el régimen anterior implicaba una serie de autorizaciones previas y certificaciones reiteradas, que debían realizarse en el país incluso si las pilas o baterías ya habían sido evaluadas por organismos reconocidos en otros mercados. Bajo la lógica libertaria, esta duplicación generaba sobrecostos y demoras, encareciendo productos de uso cotidiano como relojes, juguetes, controles remotos, calculadoras y linternas.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la reforma busca eliminar trabas burocráticas que hasta ahora encarecían bienes esenciales sin aportar mayores garantías. “Si una pila ya acreditó su conformidad ante organismos técnicos reconocidos internacionalmente, Argentina reconoce esa acreditación sin obligar a repetir todo el procedimiento desde cero”, sostuvo.

El funcionario también puntualizó que desaparecen las autorizaciones previas para importar y comercializar, y que el cumplimiento se acreditará a través de una declaración jurada de conformidad, acompañada por informes de ensayo o la certificación internacional correspondiente.

A través de su cuenta oficial de X, Sturzenegger amplió su crítica al sistema previo: “Resultaba un impedimento para la importación y un sobrecosto para relojes, juguetes, controles remotos, calculadoras, linternas, teclados inalámbricos y miles de productos de uso cotidiano. Como toda barrera, tiene su ‘cara linda’: el supuesto objetivo de evitar la comercialización de productos con niveles peligrosos de mercurio, cadmio y plomo. Pero la realidad era un lobby atrás que encarecía el precio de esos productos”.

El nuevo régimen, según la Resolución, reemplaza los procedimientos previos por un sistema basado en declaraciones juradas y controles posteriores, tanto documentales como físicos. Las autoridades indicaron que este esquema permite una fiscalización más eficiente, enfocada en el cumplimiento efectivo de los requisitos técnicos y ambientales, y no en trámites formales previos a la importación o comercialización.

La normativa también reconoce la validez de certificaciones emitidas por organismos técnicos extranjeros habilitados, lo que evitaría la duplicación de trámites y reduciría costos para los operadores del sector.

La nueva reglamentación mantiene las exigencias vinculadas a los límites máximos permitidos de mercurio, cadmio y plomo en pilas y baterías, en línea con la legislación vigente destinada a proteger la salud pública y el ambiente. De acuerdo con el texto oficial, los productos que incumplan esos parámetros serán considerados residuos peligrosos y quedarán sujetos a las sanciones y procedimientos previstos por la normativa ambiental.

La reforma deroga los regímenes anteriores establecidos en las Resoluciones 443/2020 y 31/2023, aunque preserva la vigencia de los certificados ya emitidos hasta la fecha de su vencimiento. Además, la norma otorga un período de transición para que los organismos certificadores, laboratorios y empresas adapten sus procesos al nuevo esquema. De este modo, se busca garantizar una implementación ordenada y evitar interrupciones en el abastecimiento del mercado.

Todos los trámites vinculados a la comercialización e importación de pilas y baterías deberán realizarse de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), lo que refuerza la política de digitalización y modernización administrativa que el Gobierno impulsa en distintas áreas.

El texto oficial subraya que la comercialización de estos productos no requerirá autorizaciones previas, salvo disposición expresa en contrario, y que los controles se enfocarán en la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales. De este modo, el Estado buscaría preservar los estándares de calidad y seguridad sin generar obstáculos innecesarios para la producción, importación o venta de pilas y baterías.

En su mensaje, Sturzenegger ejemplificó el alcance de la reforma con el caso de una pila botón fabricada en Japón para un reloj, que se comercializa en Europa, Estados Unidos y Japón tras ser ensayada por laboratorios especializados y certificada por organismos reconocidos internacionalmente. Bajo el régimen anterior, para vender ese mismo producto en la Argentina era necesario certificarlo nuevamente en el país, repetir el trámite para cada modelo y volver a hacerlo cada año. Según el ministro, para el sector de los juguetes, por ejemplo, esto se traducía en una barrera de entrada y un beneficio para los certificadores locales, que definió como “la política industrial más exitosa fue el de la industria de las certificaciones”.